En el camino siempre aparece la necesidad de ir por la Corte

Por Carlos Pagni

El Poder Judicial estará en vilo esta mañana. El juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari resolvería en las primeras horas la situación de su colega Luis Cabral, quien recurrió a su juzgado por un amparo que lo reponga en la Cámara de Casación para tratar el Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado contra la AMIA. Las versiones anoche eran encontradas. Pero la mayoría se inclinaba por que Furnari aceptaría el pedido de Cabral, sin necesidad de consultar al Consejo de la Magistratura. Se abriría un nuevo capítulo, el más urgente, en este conflicto, que seguirá escalando por la vía jerárquica hasta la Corte Suprema de Justicia.

La discusión general sobre la estrategia por la cual el kirchnerismo pretende controlar causas de enorme sensibilidad política a través de la designación de jueces suplentes que se subordinan al Poder Ejecutivo también terminará en la Corte. Cuando se les informe la nueva integración de la Sala II de la Casación, que trata la constitucionalidad del acuerdo con Irán, las entidades que representan a la comunidad judía recusarán a Claudio Vázquez. Es el conjuez designado por la mayoría oficialista del Consejo para reemplazar al subrogante Cabral. Es probable que el fiscal de la causa, Raúl Pleé, haga lo mismo. La queja será similar en ambos casos. Más allá de que la designación de Cabral sea o no regular, Vázquez no es el juez natural del expediente, ya que no participó de las audiencias ni de la deliberación sobre el fallo, que está en curso. Por lo tanto, la discusión sobre la modalidad de designar a un abogado que no es juez, pero que tiene simpatías por el Poder Ejecutivo, para resolver pleitos en los que el oficialismo está muy interesado, quedará en manos del tribunal supremo y demorará bastante hasta quedar saldada. 

Esta postergación vuelve más relevante la disputa por la integración de la Corte, que incluye un debate sobre su eventual ampliación. La razón es simple: serán los magistrados de esa máxima instancia los que adjudiquen un signo de valor a varias de las iniciativas que definen la identidad del kirchnerismo. La constitucionalidad del pacto con Mahmoud Ahmadinejad, que fue la decisión más controvertida de la Presidenta en el campo de la política exterior, se agrega a una agenda donde figuran el conflicto con el Grupo Clarín por su adecuación a la ley de medios, la política judicial en materia de derechos humanos, la remodelación del Ministerio Público, la ley de abastecimiento y la gestión comercial del Ministerio de Economía, y, por supuesto, los procesos por corrupción que preocupan a la familia Kirchner y a muchos funcionarios. Quiere decir que, más allá de la conveniencia de garantizarse un monto de impunidad, la Presidenta necesita controlar la Corte porque será esa institución la que, tarde o temprano, definirá qué significó, en sus rasgos sobresalientes, su paso por el poder.

La DAIA y la AMIA, por un lado, y el fiscal Pleé, por otro, recusarán al conjuez Vázquez, amigo y vecino del secretario de Justicia y candidato del FPV a la intendencia de Lanús, Julián Álvarez. El argumento de esa recusación es que su intervención en la causa sobre el acuerdo con Irán violaría el derecho de todo ciudadano a que los jueces no sean sustituidos por el poder político para torcer el sentido de un proceso. En este caso, el temor de la Presidenta es que la Cámara de Casación, además de declarar la inconstitucionalidad del entendimiento con Irán, pida sanciones para quienes lo negociaron. Sería una versión atenuada de la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Y una nueva demostración de la torpeza que significó ese acuerdo: es difícil encontrar un líder que haya pagado un precio político tan elevado por una decisión inconducente. La Presidenta renunció a su posición frente al atentado contra la AMIA, y al terrorismo en general, por un convenio que Irán ni siquiera convalidó y que la encaminó hacia un calvario político e institucional. No es para estrenar un buzón de autocríticas. Pero podría escribir una cartita diciendo: «Me equivoqué, sorry».

El problema incomoda a varios jueces. Entre ellos, a la presidenta de la Cámara, Ana Figueroa, quien la semana pasada, antes de que Cabral fuera reemplazado, condenó que se reemplace a un magistrado durante el transcurso de un caso. Según Figueroa, Cabral debería fallar sobre el Memorándum aunque ya no integre el tribunal. Es el criterio de la jurisprudencia local e internacional. Quizá la propia Figueroa se encuentre en esa encrucijada si su colega Ángela Ledesma, a quien ella reemplaza, termina su licencia.

Además de este conflicto, las designaciones que la señora de Kirchner promovió en juzgados estratégicos, se ha abierto una controversia sobre la figura del conjuez. Esta institución, por la cual un abogado es designado para impartir justicia, fue pensada para casos en los que los jueces están impedidos de fallar por un conflicto de interés. Por ejemplo: si un tribunal debe expedirse sobre el pago de impuestos de los magistrados, debe convocarse a conjueces. Nadie discute, sin embargo, que el conjuez es convocado para hacerse cargo de un caso, no de un cargo. Es decir, interviene en una sentencia específica, no en todas las causas de un tribunal. Sin embargo, el kirchnerismo está generalizando la participación de estos funcionarios para ocupar con amigos los juzgados donde se siente amenazado. O donde pretende amenazar a quienes cayeron en su mira.

La propensión a remover al magistrado que está por pronunciarse de manera inconveniente no es novedosa en el Gobierno. Se registra desde sus albores. Cuando Néstor Kirchner pidió, a los pocos días de asumir, la remoción de algunos jueces de la Corte, se basó en la inminencia de un fallo sobre la pesificación, que le resultaba inconveniente. La cirugía corrió por cuenta de su esposa, por entonces presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La destitución de Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor se basó en el contenido de sus sentencias, más que en la incorrección de sus procedimientos. María Angélica Gelli y Marcelo Sancinetti dedicaron un libro a explicar las desviaciones en el juicio.

Si bien la intención de modelar un Poder Judicial a su imagen y semejanza es una pulsión originaria del kirchnerismo -su mejor expresión es la carrera patagónica del ex presidente del Tribunal Superior santacruceño Carlos Zannini-, la receta para alcanzar el objetivo se ha ido degradando. Cristina Kirchner comenzó reformando el Consejo de la Magistratura; como le quedó mal, intentó una segunda refacción con la «democratización de la Justicia»; al fracasar ante la Corte en el dominio de los jueces, otorgó poder a los fiscales y, de inmediato, promovió una ley para someterlos; pero, como la puerta de salida está muy cerca, debió agregar crueldad al cesarismo y ensañarse con un juez porque es anciano. El último escalón de este descenso está a la vista: tomar los tribunales con abogados militantes que oficien de conjueces.

La Corte, y en especial su presidente, Ricardo Lorenzetti, pretenden no quedar atrapados en la tormenta que se desató con la sustitución del juez Cabral. Y, sobre todo, no convertirse en los destinatarios específicos de la movilización del martes próximo hacia Tribunales. Les hará falta una gran ductilidad. En principio, el tribunal ya se manifestó en una causa que tiene una conexión tangencial con el problema: fue en abril, cuando declaró la nulidad de la lista de conjueces aprobada por el kirchnerismo del Senado para cubrir vacantes en la propia Corte. El argumento es que esos reemplazantes no reunían las condiciones que exige la Constitución a los ministros del tribunal supremo. Entre otras, la aprobación de los dos tercios de la Cámara alta.

Con independencia de este antecedente, Lorenzetti recibió ayer una carta de 50 jueces de todo el país expresando su inquietud por la posibilidad de una avalancha de designaciones de conjueces. Y un camarista federal le confesó el temor a que su colega Eduardo Farah, a quien el Gobierno debería agradecer más un pronunciamiento, sea reemplazado por un militante de Justicia Legítima, la liga de magistrados que simpatizan con la Presidenta.

El presidente de la Corte, igual que sus tres colegas, preferiría decidir sobre estos problemas fuera del escenario electoral. Tal vez cuando haya otro gobierno. El rol de Zannini junto a Daniel Scioli modificó la discusión: ahora el duelo, siempre velado, no es con el secretario legal y técnico, sino con el candidato a vicepresidente del oficialismo.

La Corte y la Casa Rosada juegan al póquer. Los máximos jueces del país saben que la señora de Kirchner pretende abrir una negociación para ampliar el tribunal y disolverlos en una nueva composición pactada con la oposición. La transacción estará determinada por el resultado electoral. En el PJ hay quienes aventuran que si Scioli triunfara, la integración de la Corte inauguraría una compleja pulseada con la Presidenta que se va. Scioli guarda bajo siete llaves el nombre de un penalista al que querría ver en el máximo tribunal. Es una preferencia odiosa: ese juez debería encabezar con su voto las sentencias de su especialidad. Y, ya se sabe, la especialidad que más desvela a la familia Kirchner es la penal.

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