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Al cumplirse tres años de la desaparición de Santiago Maldonado nuevo reclamo de justicia


| NUEVO RECLAMO DE JUSTICIA | Santiago Maldonado. Referentes de derechos humanos y familiares realizaron un acto virtual por el tercer aniversario de la desaparición seguida de muerte del joven artesano.


 

|Referentes de derechos humanos y familiares de Santiago Maldonado realizaron un acto virtual por el tercer aniversario de la desaparición seguida de muerte del joven artesano ocurrida tras una represión de Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen, en Chubut, y advirtieron que el hecho se trató de “un crimen que aún está impunidad” sobre el cual debe “saberse la verdad”.

La conmemoración se realizó de forma virtual por la red social Facebook en función de las limitaciones impuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio determinado por la pandemia de coronavirus.

Participaron de la convocatoria el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, las referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y Nora Cortiñas, y el hermano del joven, Sergio Maldonado.

Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017, durante un procedimiento realizado por personal de Gendarmería para desalojar a integrantes de una comunicad mapuche que manifestaban sobre la ruta 40, y su cadáver fue hallado 55 días después en el río Chubut.

El hermano del joven, Sergio Maldonado, leyó un documento en el que afirmó que, “hasta la fecha, su desaparición y muerte siguen impunes” y destacó que “no hay ninguna persona declarada penalmente responsable”.

“La falta de respuesta del gobierno anterior y del actual garantiza la impunidad para que se vuelvan a repetir hechos como la desaparición forzada”, advirtió Sergio Maldonado y mencionó los casos de “Facundo Astudillo Castro, desparecido hace 92 días, y la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza” ocurrida en Tucumán.

En ese sentido, cuestionó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, e hizo lo propio con la ex ministra de Seguridad de Cambiemos, Patricia Bullrich, y con el expresidente, Mauricio Macri, al señalar que “sigue teniendo un trato especial, sale y entra del país cuando así lo quiere, burlándose de todos nosotros”.

“No pretendemos que el Gobierno interfiera en la justicia, como lo hizo el macrismo, pero sí esperamos que el presidente Alberto Fernández dé un claro mensaje en relación a que acompaña a la familia en el pedido de verdad y justicia”, destacó Sergio Maldonado.

En ese sentido, Sergio reiteró que “la Gendarmería es la principal responsable de la desaparición forzada de Santiago”.

Maldonado hizo un repaso la causa, sostuvo que “el macrismo nos negó el derecho a la verdad durante 28 meses” y dijo que “el actual gobierno, si bien no nos ataca, sigue en estos casi nueve meses negándonos la posibilidad de saber que pasó con Santiago”.

Asimismo, contó que convocó a un grupo interdisciplinario de expertos para “elaborar un informe que desentrañe las mentiras construidas desde 1 de agosto hasta el 24 de noviembre de 2017”.

Taty Almeida, por su, parte exigió “el esclarecimiento del caso: que se investiguen todas las responsabilidades, tanto de los miembros de las fuerzas de seguridad como las autoridades políticas”, y pidió que “que se esclarezca la responsabilidad de Patricia Bullrich”, ya que ella era quien daba las órdenes”.

Carlotto dijo que el aniversario de la desaparición de Santiago es “una fecha nefasta para el país” y afirmó: “Queremos justicia, deseamos que no se repita nunca más esta historia, pero a él no hay que olvidarlo, porque es un héroe”.

“Fue una desaparición forzada seguida de muerte. Un grave crimen que no tiene perdón, que no prescribe en el tiempo. Queremos que la causa tome el cauce que tiene que tomar para que se sepa toda la verdad”, sostuvo Cortiñas.

Pérez Esquivel, por su parte, destacó que “es un crimen que está en la impunidad” y advirtió que “a tres años, tenemos que pedir el derecho de verdad y justicia, y reparación del daño hecho”.

El acto, que comenzó con un video que repasó la desaparición y muerte del joven, finalizó con una canción interpretada por el músico León Gieco, quien pidió “ningún asesino ni genocida en las calles argentinas”.

La secretaría de Derechos Humanos consideró que el Estado “debe mejorar sus herramientas disponibles para prevenir las desapariciones de personas en democracia y fortalecer los procesos de búsqueda”, en un comunicado emitido con motivo de cumplirse tres meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro y tres años del caso Maldonado

En un texto con el título “3 años, 3 meses”, el organismo que encabeza Horacio Pietragalla Corti remarcó que estas desapariciones “obligan al Estado a comprometerse con la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas y sus familiares”.

     
 

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Pietragalla Corti: “la violencia institucional es un mal en democracia y debe ser erradicada”


| VIOLENCIA INSTITUCIONAL | El secretario de Derechos Humanos lo aseguró al encabezar la reunión del Consejo Federal que integran funcionarios del área de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


 

|El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, consideró este miércoles que “la violencia institucional es un mal que tiene la democracia y debe ser erradicada”, al encabezar la reunión del Consejo Federal que integran funcionarios del área de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“La violencia institucional es un mal que tiene nuestra democracia, tenemos que trabajar juntos para generar herramientas y mecanismos que nos permitan erradicarla. Tiene que existir un compromiso de todos los poderes. Es necesario un trabajo serio y profundo que nos permita generar un cambio”, señaló Pietragalla en el inicio de la reunión.

Según un comunicado difundido por la Secretaría de Derechos Humanos, los funcionarios que participaron de este encuentro expresaron “preocupación” por el aumento de casos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad que se registran en el país.

Al respecto, el titular del organismo nacional aseguró que desde el Poder Ejecutivo se trabaja por “fuerzas de seguridad que respeten los derechos humanos”, y aseguró que el Gobierno nacional “no está en contra” de los uniformados.

El encuentro, que se desarrolló de manera virtual, “estuvo destinado a analizar los graves casos de violencia institucional que se registraron en las diferentes jurisdicciones del país, en los que se vieron involucrados miembros de fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales”, indicaron desde la Secretaría.

“Esta reunión es para escuchar la opinión de todos y todas, en todas las provincias y tomar nota de la situación que están atravesando. Es el momento de poder generar un cambio participativo, que no tenga un escudo político, que tenga el compromiso de todos”, agregó el funcionario.

Pietragalla estuvo acompañado por el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, y el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín Di Toffino, quien estuvo a cargo de la coordinación del encuentro.

Durante la reunión, los participantes acordaron la difusión de un comunicado a través del cual expresan su preocupación por el incremento de los casos y se comprometen a “llevar adelante una agenda de políticas contra la violencia institucional, coordinando acciones desde el Consejo Federal de Derechos Humanos”.

Que manifiesta el documento

En el documento, se destacan como “las prioridades de esta agenda la modernización y profesionalización de las fuerzas de seguridad, la puesta en funcionamiento de los mecanismos locales para la prevención de la tortura, la concientización a los/as ciudadanos/as sobre sus derechos y la visibilización de la problemática”, entre otras.

Asimismo, en el texto se manifiesta “la necesidad de que estas iniciativas se transformen en políticas de Estado, independientemente del signo político de los circunstanciales gobiernos, y que las mismas involucren a los tres poderes”

“Necesitamos un Poder Judicial que avance con rapidez en el esclarecimiento de los casos, y en el juicio y castigo de los/as responsables. Un Poder Legislativo que ponga en agenda el tema a nivel normativo; y un Poder Ejecutivo que no dude en tomar decisiones firmes que garanticen el juzgamiento y la sanción de los delitos cometidos”, subrayaron desde el Consejo Federal.

   
 

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La CIDH pidió informes a la Cancillería por la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro


| CIDH | Pedido de informes. La Cancillería Argentina a cargo de Felipe Solá tiene un plazo para responder al pedido del organismo internacional. El joven de 22 años está desaparecido desde el 30 de abril en el partido bonaerense de Villarino.


 

|La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió una serie de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde el 30 de abril en el partido bonaerense de Villarino.

La presentación tiene fecha del 8 de julio último y ahora la Cancillería a cargo de Felipe Solá tiene un plazo de 72 horas para responder al pedido del organismo internacional.

En el escrito, la CIDH solicitó al Ministerio que informe “las acciones que el Estado estaría llevando a cabo para dar con el paradero o localización de Facundo Astudillo Castro”.

Además, pidió saber “el avance en la investigación que se llevarían a cabo por los hechos alegados”.

La presentación de la Comisión se dio luego de haber recibido “medidas cautelares” presentadas por el abogado Luis Cabaleiro con relación a la situación de Fernando.

Fuentes oficiales dijeron que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya le pidió los informes a las Secretarías de Seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires para poder responder la solicitud a la brevedad.

     

 

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Lesa Humanidad: “entran en la recta final juicios por delitos cometidos por la última dictadura en Escobar, Zárate y Campana”


|  LESA HUMANIDAD | Juicios. Inicia la última fase de la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Arsenal Naval de Zárate y otros centros clandestinos con las lecturas de las réplicas y dúplicas por parte de las querellas, la acusación y las defensas.


 

|El juicio que se sigue en los Tribunal Oral Federal 2 de San Martín por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el Arsenal Naval de Zárate y otros centros clandestinos de esa zona entrará mañana en la etapa previa a las sentencias con las lecturas de las réplicas y dúplicas por parte de las querellas, la acusación y las defensas.

En este proceso oral y público en el que se juzgan privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones cometidos en el circuito represivo de Escobar, Zárate y Campana entre marzo y abril de 1976, y las audiencias se harán por vía remota por las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

El miércoles, por videoconferencia, proseguirá en los Tribunales de San Martín, el debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En este juicio están siendo juzgados Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Ángel Rubén Omaecheverría.

Muchas de las víctimas que pasaron por los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en el complejo militar de Campo de Mayo eran trabajadores y militantes, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas.

Ese mismo día y por la vía remota seguirá en Mar del Plata el juicio “La Cueva III”, por delitos cometidos en La Cueva, el centro clandestino de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de Mar del Plata, en el que está acusado Salvador Ullúa, entre otros represores, que está siendo también juzgado en en el juicio “CNU” por ser partícipe necesario en su rol de civil de inteligencia.

Los otros imputados son: Emilio Guillermo Nani, Juan José Banegas, Miguel Ángel Ruiz y Ceferino Silva, quienes además son investigados por participar en “La Noche de las Corbatas”.

Santiago Omar Riveros desempeñó altos cargos durante la última dictadura, entre ellos el de embajador de Argentina en Uruguay entre 1982 y 1983.

El jueves, en los tribunales de Bahía Blanca habrá nuevas audiencias por videoconferencia en el juicio que se sigue por los delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad por la banda parapolicial Triple A antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

Los imputados son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, y están acusados de cometer delitos contra 20 víctimas que desarrollaban actividades gremiales y políticas en Bahía Blanca.

Ese día, en Tucumán seguirán, por medios electrónicos, las audiencias del juicio en el que se investigan crímenes de lesa humanidad contra 366 víctimas en un proceso que incluye cinco causas acumuladas, entre ellas los hechos del expediente conocido como Operativo Independencia II.

El jueves, además, el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín seguirá juzgando a nueve exintegrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por los secuestros, torturas y asesinatos de casi cien personas, en el marco de la causa en la que se investigan los delitos cometidos durante la represión ilegal a la denominada “Contraofensiva montonera”, ocurrida entre 1979 y 1980.

Finalmente, el viernes proseguirá en Mendoza el denominado juicio acumulado que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

El debate es la acumulación de cuatro causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, siendo que dos de ellas -“Destacamento” y “Fuerza Área”- agrupan a 16 de los veinte acusados.

     
 

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La Comisión por la Memoria se presentó como querellante en la causa por espionaje ilegal


| CPM | “Causa por espionaje”. “Las circunstancias por la que las personas detenidas pierden su libertad, no anulan ni deben menoscabar sus derechos humanos de ningún orden, menos aún los civiles y políticos”, precisó la CPM en su presentación.


 

|La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como querellante institucional en la justicia federal de Lomas de Zamora en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a personas detenidas, informó hoy ese organismo.

La CPM hizo la diligencia como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, debido a que en allanamientos se encontraron dispositivos de escuchas en salas de visita de la Alcaidía de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

“La injerencia arbitraria sobre la privacidad de las personas está prohibida por la Ley de inteligencia y viola garantías y pactos internacionales de derechos humanos. Más grave aún resulta si, además, ocurre cuando se trata de detenidos y detenidas bajo la tutela del Estado”, precisó un comunicado de la CPM.

“Las circunstancias por la que las personas detenidas pierden su libertad, no anulan ni deben menoscabar sus derechos humanos de ningún orden, menos aún los civiles y políticos”, precisó la CPM en su presentación.

Recordó que “la Ley 25.520 también establece limitaciones para la injerencia estatal en la intimidad de los ciudadanos: prohíbe explícitamente ‘obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias’. Y en el inciso 5, la misma norma establece la inviolabilidad de las comunicaciones, información, archivos, registros y/o documentos privados”.

“Estos derechos sólo pueden ser limitados mediante manda y control judicial. En caso contrario, se trata de delitos previstos tanto en la Ley Nacional de Inteligencia como en el Código Penal”, afirmó el organismo.

Calificó de “más grave aún, y como se investiga en esta causa, la injerencia en las comunicaciones de las personas privadas de libertad con sus abogados y abogadas, además de ilegal, viola la garantía del debido proceso”.

La CPM destacó que entre 2016 y 2020 “hubo una jerarquización de las áreas de inteligencia con atribuciones para la reunión de información y análisis en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense y en la estructura orgánica del Ministerio de Justicia”.

     
 

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Juez Federal Rafecas: “hicimos un descubrimiento importante”. Encontraron un nuevo Centro Clandestino de Detención


| HALLAZGO | “Centro clandestino de detención”. El juez federal se refirió al hallazgo de un centro clandestino de detención ilegal que funcionó en el barrio porteño de Floresta durante la última dictadura militar.


 

|El juez federal Daniel Rafecas consideró como “un descubrimiento muy importante” el hallazgo de un centro clandestino de detención ilegal que funcionó en el barrio porteño de Floresta durante la última dictadura militar, y que forma parte de la megacausa que se sigue por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército.

“Hicimos un descubrimiento importante para avanzar en las investigaciones. Veníamos con muchos testimonios que nos indicaban que existió un centro clandestino de detención que dependía de la SIDE y que estaba muy cerca de Automotores Orletti, otro lugar de reclusión por el cual hubo un juicio que terminó con más de doce condenados. Pero hasta el momento no podíamos descubrir dónde se encontraba”, sostuvo Rafecas en diálogo con AM 750.

Rafecas, nominado por el Poder Ejecutivo a ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, tiene como juez federal hace 15 años la instrucción de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos mayormente en el área de Capital Federal y el Conurbano.

El juez explicó que el lugar se identificó “gracias a un trabajo en conjunto con el equipo argentino de Antropología Forense y testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado logramos ubicar ese lugar que era una vivienda con sótano en la calle Bacacay, en el barrio de Floresta”.

El lugar estaba ubicado en Bacacay 3570, y el magistrado consignó que “funcionaba como una casa orgánica de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en la época de la dictadura donde estuvieron cautivos, torturados y luego desaparecidos”.

 

El magistrado aclaró que están haciendo una serie de citas testimoniales y de reconocimiento de muchas víctimas que pasaron por allí.

El juez sostuvo que esa información coincide con testimonios recibidos en la causa por el centro de torturas “Automotores Orletti” y con documentos desclasificados por EEUU.

     
 

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Horacio Pietragalla presentó un hábeas corpus colectivo por violencia institucional en Salta


| VIOLENCIA INSTITUCIONAL | “Habeas Corpus Colectivo”. La Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, presentó un recurso a raíz de “numerosas denuncias” recibidas desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio.


 

|La Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, presentó hoy un hábeas corpus colectivo y preventivo a raíz de “numerosas denuncias” recibidas por casos de violencia institucional en la provincia de Salta.

A través de un comunicado, la Secretaría explicó que “la solicitud fue impulsada como consecuencia de las numerosas denuncias recibidas por la Secretaría de Derechos Humanos desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

La acción fue presentada ante el Poder Judicial provincial por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, conjuntamente con Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría.

A través del escrito, se promueve una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo “en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Salta, debido a los graves hechos de violencia policial que se vienen denunciando en el territorio provincial”.

Según se informó, las “numerosas denuncias” fueron “recibidas por la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y la Delegación de la Secretaría en la provincia”.

El organismo aseguró que estas denuncian incluyen “casos de detenciones arbitrarias a partir de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad por el decreto provincial 255/2020, que se alejan de los fines buscados por el decreto nacional 297/2020, cuya finalidad consiste en evitar la propagación del Covid-19, propiciando el menor contacto posible entre personas”.

En el texto de la presentación se transcriben algunas de las denuncias recibidas y los funcionarios advierten que “los hechos descriptos no parecen ser hechos aislados, sino que dan cuenta de un modus operandi extendido en el accionar de la policía provincial”.

Asimismo, aluden a la “constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud, lo que motiva esta presentación en razón del artículo 3° inciso 1° de la Ley 23.098”.

Por tal motivo, la Secretaría solicita la urgente intervención judicial a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del decreto provincial 255/2020 y se ordene al Gobierno de la provincia de Salta adecuarse a las recomendaciones nacionales en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia.

Piden, en este sentido, que las autoridades provinciales deberán “abstenerse de dictar resoluciones o decretos que cercenen aún más el derecho a la libertad ambulatoria de los ciudadanos”.

Según indicó el organismo, “la solicitud está fundada en las atribuciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para llevar adelante todas las acciones necesarias a los fines de proteger los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas”.

Finalmente, la secretaría indica que también se busca con la presentación “evitar sanciones internacionales por incumplimientos del derecho internacional de los derechos humanos”.

     
 

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El fiscal federal de Reconquista investiga delitos de lesa humanidad contra trabajadores de Vicentin


| VICENTIN | Delitos de Lesa Humanidad. La causa que avanza en el juzgado federal de Reconquista, se inició con el relato de un ex trabajador de la empresa, quien reveló que fue secuestrado en enero de 1976, poco antes del inicio de la dictadura y luego en noviembre de ese mismo año.


 

|La Fiscalía Federal de Reconquista, en Santa Fe, investiga si en la empresa Vicentin hubo complicidad con el terrorismo de Estado durante la última dictadura, tras recibir esta semana la declaración de Oscar Zarza, un ex trabajador de la cerealera que contó que en 1976 fue secuestrado en dos oportunidades por su actividad gremial.

El fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, escuchó el pasado jueves el testimonio de Zarza, quien contó que fue secuestrado en enero de 1976, poco antes del inicio de la dictadura y luego en noviembre de ese mismo año, informaron fuentes judiciales.

“Me detuvieron en la fábrica, a poco de entrar a trabajar, y me hicieron un acta con una máquina de escribir que les dio personal de la empresa. Me llevaron a una sala y el que facilitó todo era un capataz que le decíamos ‘El Sapo’ Vicentin, pero no era parte de la familia que era dueña de la firma”, señaló Zarza.

El trabajador, quien en la actualidad tiene más de 70 años, vive en la ciudad santafesina de Avellaneda y es conocido con el apodo de “Cacho”, relató que lo liberaron en febrero de 1976 y que se reintegró a la empresa.

El 2 de noviembre de ese año volvió a ser secuestrado en horas de la tarde, cuando retornaba de su trabajo en Vicentin a su casa. Según el testimonio que brindó ante la Fiscalía, ese día las fuerzas de seguridad secuestraron a 14 trabajadores que tenían actividad como delegados sindicales en Vicentin.

En su declaración aseguró haber visto a efectivos del II Cuerpo de Ejército, pertenecientes al batallón 621, que llegaron desde Rosario para llevar a cabo este operativo.

Zarza, quien también tenía actividad sindical en la firma, dijo que tras su secuestro fue trasladado a la III Brigada Aérea, donde recibió “golpes y patadas” por parte de sus captores.

Luego fue trasladado a la Guardia de Infantería Reforzada de la ciudad de Santa Fe, una dependencia policial donde funcionó un centro clandestino de detención. Zarza terminó “legalizado” en la cárcel de Coronda, a disposición del Poder Ejecutivo, y desde allí recuperó su libertad en la navidad de 1978.

Estos hechos le permitirán a la Fiscalía iniciar un segundo tramo de la causa 050, en la cual se investigaron delitos de lesa humanidad en la zona Reconquista durante la última dictadura militar.

Ese expediente fue instruido por Salum y terminó con un juicio en el que resultaron sentenciados en 2013 el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez, ambos de la Fuerza Aérea, y los policías Carlos Nickisch, Horacio Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Eduardo Luque.

En ese proceso oral y público se comprobó la existencia de un circuito represivo que comenzaba en la III Brigada de Reconquista, seguía en los centros clandestinos de detención ilegales cercanos a la capital santafesina y si los detenidos eran “blanqueados” concluía en las cárceles de Coronda, Devoto o algún penal del Sur del País.

Ahora, la fiscalía aguarda que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe le aporte información y datos para avanzar en la investigación.

La Federación Aceitera, gremio de trabajadores del sector, adelantó su intención de revisar sus archivos para brindar datos que permitan avanzar con la investigación.

“Creemos que como gremio debemos asistir a nuestros afiliados ante la justicia y vamos a revisar nuestros archivos para analizar actas de asambleas y ver si podemos aportar información para la causa en relación a si se llevaron delegados que hablaron en las asambleas”, señaló el abogado Juan Combi, representante legal de Aceiteros.

El sindicato pretende presentarse en esta causa como querellante, algo que hizo en 2014 en la investigación sobre los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la planta de Avellaneda (Buenos Aires) de la empresa Molinos.

“La actual intervención de Vicentin por parte del Estado nos genera alguna expectativa en relación a la información que podamos encontrar en los registros de la empresa”, indicó Combi. Además del gremio, también se presentará como querellante la Liga por los Derechos del Hombre para impulsar esta investigación.

       
 

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El canciller Solá promueve que el tratamiento de coronavirus sea un derecho humano universal


| CANCILLERÍA ARGENTINA | Pandemia coronavirus. El canciller lo manifestó en una conferencia de la Alianza para el Multilateralismo, organizada por sus pares de Alemania, Heiko Maas, y de Francia, Jean-Yves LeDrian.


 

|El canciller Felipe Solá promovió este viernes que el tratamiento contra el coronavirus sea considerado como “un derecho humano universal”, en una conferencia de la Alianza para el Multilateralismo, organizada por sus pares de Alemania, Heiko Maas, y de Francia, Jean-Yves LeDrian.

“La pandemia de Covid-19 es el centro de las conductas que asumen los Estados”, afirmó el canciller argentino y manifestó: “O es un derecho humano universal o es un bien de mercado”.

Solá dijo: “Creemos que el trato individual tiene que ser el mismo para todas las personas que lo requieran en el planeta”.

En la videoconferencia, en la que intercambiaron ideas sobre la necesidad de fortalecer la estructura sanitaria multilateral en el contexto de la pandemia de coronavirus, el canciller estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti, y el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves.

“Las secuelas que han dejado las políticas neoliberales de ajuste al gasto público en salud y otros sectores clave para el desarrollo se hacen mucho más visibles, sobre todo en América Latina”, advirtió Solá según un comunicado de la Cancillería.

En ese sentido, recordó que la región “según la propia Organización Mundial de la Salud, se ha transformado en el epicentro de la pandemia”.

“En la Argentina, nuestro objetivo fue y continúa siendo la contención del contagio, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y asistencial para cuando se den los picos máximos del Covid-19 y la atención de los enfermos en estado crítico con recursos suficientes”, destacó el ministro.

Asimismo, resaltó que el presidente Alberto Fernández “tiene un gabinete de crisis, donde participan los mejores especialistas en infectología y en epimediología” y dijo que “sobre la base de nuestro propio desarrollo científico y tecnológico, impulsamos el diseño de producción de kits de testeo rápido desde nuestras universidades públicas”.

“Argentina comparte con los países miembros de la Alianza para el Multilateralismo la preocupación por la creciente difusión de información falsa o engañosa, creada deliberadamente con el objetivo de influir y confundir a la opinión pública”, expresó Solá.

El canciller afirmó que “las iniciativas tendientes a luchar contra esta amenaza no pueden ser simples ni definitivas visto el ritmo del desarrollo tecnológico”, por lo que advirtió que “debemos meditar con cuidado los compromisos que vamos a asumir”.

“La OMS ha prestado un servicio crucial como agencia normativa e informativa para todos nuestros países”, expresó y sostuvo que “necesitamos dar un salto cualitativo en la acción multilateral, para movilizar recursos humanos, financieros y de conocimiento a fin de mejorar las capacidades en países en desarrollo”.

En otra parte de su intervención, expresó que “la cooperación sanitaria regional es fundamental. Restaurar algunos de los mecanismos políticos y técnicos del proceso de integración sanitaria latinoamericana es clave, en el abordaje de pandemias como la actual, pero también en otras patologías como el dengue, el sarampión y el Chagas”.

“Como argentino, me es imposible eludir una referencia a nuestro primer ministro de Salud, Ramón Carrillo”, expresó el canciller y recordó “él fue quien dijo, en los mismos años que se constituía la ONU, que ‘frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, los virus, como causas de enfermedad, son unas pobres causas’ “.

La Cancillería informó que en la videoconferencia también participaron el director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus y los cancilleres de Senegal, Togo, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Austria, Bulgaria, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Canadá, Países Bajos, Noruega, Chequia, Italia y Marruecos entre otros.

     
 

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Presidente Fernández: “tenemos el compromiso de garantizar y ampliar los derechos de las mujeres y personas LGBTI+ de la Argentina”


| “GARANTIZAR Y AMPLIAR” | El Presidente reivindicó el trabajo en esa línea, tras una reunión que mantuvo con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.


 

|El presidente Alberto Fernández aseguró este martes que tiene “el compromiso” de “garantizar y ampliar” los derechos de las mujeres y personasLGTBIQ+ de la Argentina, tras una reunión que mantuvo con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.

“Me reuní en Olivos con @EliGAlcorta para analizar la implementación de políticas en materia de género y diversidad durante y después de la pandemia”, manifestó el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.

El Presidente expresó, en ese sentido: “Tenemos el compromiso de garantizar y ampliar los derechos de las mujeres y personas LGBTI+ de la Argentina”, y acompañó su posteo con una foto en la que se lo ve junto a la funcionaria en la residencia de Olivos.

Gómez Alcorta, por su parte, compartió la misma foto y escribió en su cuenta de la red social: “Junto al presidente @alferdez estamos trabajando en la planificación estratégica de las políticas y programas en materia de género y diversidad que se vienen”.

En ese sentido, destacó que esa acción se realiza “con la convicción de garantizar los derechos de las mujeres y personas LGBTI+ de nuestro país”.

     
 


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