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A cinco años de la prisión política de Milagro Sala, como sociedad tengamos Dignidad & Conciencia


| Presos Políticos | Dignidad & Conciencia. A cinco años de la prisión política de la dirigente social Milagro Sala, mi análisis donde sostengo que dignidad & conciencia son nuestros mejores aliados. Muchos coincidirán que ya no hay grieta en Argentina, que es lo más parecido a un abismo moral.


     Por Oscar Dufour | (*)

|A comienzos de Diciembre de 2016, la CIDH urgió al entonces Gobierno del Presidente Macri a que libere inmediatamente a la dirigente social Milagro Sala, a quien califico una vez más desde este editorial de Presa Política, cuya detención es considerada “arbitraria” también por organizaciones internacionales de DDHH. Allí se había presentado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para pedir una medida cautelar.

Como rápido ejercicio de memoria, voy a volver a sostener lo que tantas y tantas veces realizara durante la gestión de la administración del Presidente Macri, refutando las salvajes represiones que ejecutó su nefasto gobierno: la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado, y no sujeto a criminalización u otras formas de represión. Este concepto claro y preciso debería ser tenido presente no sólo por la sociedad en su conjunto, sino también por quienes tengan las elevadas responsabilidades de Estado, cualquiera sea el color político que ostenten. De no ser así las democracias dejan de ser tales, se transforman en “entelequias” y no en pocos casos, dictaduras.

Como paradoja, la protesta fue la primera imputación a Milagro Sala, donde si bien una orden judicial dispuso su libertad, continuó detenida pues se le imputaron otros cargos mediante “tres burdas causas judiciales” bajo la jurisdicción de la Provincia de Jujuy, la Provincia que el Gobernador Gerardo Morales transformó en una vergüenza para la Justicia Argentina. Ante un silencio vergonzoso y cómplice por el nivel de persecución, y ante un mundo que volvió a mirar azorado como en nuestro País a casi 38 años del retorno a la democracia, se volvieron a vulnerar impunemente los derechos; lo que implica en este caso, que la condena a prisión de Sala se opone a los más elementales DDHH, las cláusulas de libertad de pensamiento, de expresión, de reunión o de asociación. Deberíamos tenerlo muy en cuenta.

Continúo sosteniendo que en una democracia no son admisibles los Presos Políticos, interpreto que Milagro Sala no es la única presa política en Argentina, aunque su caso es emblemático. Tratemos de interpretar entonces qué es lo que sucede en Jujuy con la dirigente de la Tupac, y a continuación también tratemos de entender qué significa ser un Preso Político. Despojemos nuestro análisis de todo tipo de connotación ideológica, partidaria, fanatismos extremos y matiz político provenga de donde provenga. No es tarea fácil el ejercicio, pero se puede realizar. Pocos conocen que Milagro está directamente involucrada con acciones de control para que la droga no se instale en Alto Comedero y éste, no es un dato menor.

Si logramos esto en nuestra observación, tal vez entonces podamos comenzar a transitar de la mano de la tolerancia, lejos de los odios, el camino para concientizarnos que el Preso Político es la persona encarcelada por sus convicciones y actividades de tipo político, cuyos ideales son interpretados como una forma de violencia. No la perdonaron, Milagro con una tarea inclusiva anclada en el Peronismo, incomodó al establishment con la figura de Evita, Tupac y el Che.

Un caso paradigmático es el del ex Presidente Sudafricano Nelson Mandela, con certeza el más conocido de nuestra historia contemporánea, y quiero ponerlo en mi análisis como un ejemplo de lo que significa ser un Preso Político, cuya detención por casi tres décadas, fue el resultado de procesos claramente injustos. Detengámonos aquí y tengamos muy en cuenta no en quien fue Mandela, sino en lo que hicieron con él, o mejor dicho, lo que quisieron ilegalmente hacer.

Por lo tanto, en cualquier País democrático del mundo cuando una detención es arbitraria, llámese Preso Político, cuando de “manual” se “arman” causas para ese fin -lawfare- siempre se las vinculan y relacionan con las razones políticas del gobierno de turno, cualquiera sea el fundamento o argumento “técnico-judicial” brindado por las autoridades. Con certeza, su «delito» consiste en haber desafiado con cuerpo indígena y femenino, las potestades patriarcales y conservadoras de su Provincia.

En consecuencia, tal vez sea necesario el debate jurídico sobre este concepto, Preso Político, o la discusión sobre qué es en definitiva la injusticia. Interpreto actualmente una deuda pendiente del gobierno del Presidente Alberto Fernández, en particular, del Ministerio de Justicia a cargo de Marcela Losardo. Mientras tanto, como sociedad no miremos para otro lado, confrontemos de ser necesario con pensamiento propio y no hagamos una evaluación básica sobre este tema. Tengamos como sociedad dignidad & conciencia.

Si esto no alcanza, sin importarnos el tinte partidario o ideológico -realmente restémosle importancia a ello, las “libertades” no tienen patrón- recurramos a quienes sinceramente estén comprometidos con la democracia y entiendan que siempre las sanciones ilegales e injustas, vienen envueltas de argumentos legales.

Como hace cinco años, en cuanta oportunidad personal o institucional tengo, voy a seguir sosteniendo hasta el cansancio, aunque se disgusten algunos amigos y compañeros del gobierno del Frente de Todos -mi Gobierno- que esta mujer, esa “india coya”  líder de organizaciones populares, mi compatriota Milagro Sala, es una Presa Política.

 Los que quieran oír… que oigan

(*) Oscar Dufour es Escritor, Periodista y Ensayista Argentino. Director General de 5Minutos de Noticias y Revista Tiempo 30. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires

             
 

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«La Corte que la corte»: Organizaciones sociales y políticas marchan este sábado por la libertad de la presa política Milagro Sala


| «La Corte que la corte» | Movilización. La concentración de las organizaciones nucleadas en el Comité por la Libertad de Milagro Sala está prevista para el mediodía del sábado en Talcahuano 550, con una movilización previa en avenida Belgrano y Alsina que marchará hacia Tribunales.


 

|Organizaciones sociales, políticas, gremiales y derechos humanos se movilizarán el próximo sábado a la sede del Palacio de Tribunales para reclamar a la Corte Suprema de Justicia por la «libertad» de la referente nacional de la Tupac Amaru Milagro Sala, detenida desde hace cinco años en la provincia de Jujuy.

La concentración de las organizaciones nucleadas en el Comité por la Libertad de Milagro Sala está prevista para el mediodía en Talcahuano 550, con una movilización previa en avenida Belgrano y Alsina que marchará hacia Tribunales.

Así lo informó Eduardo Montes, secretario general de Federación Nacional de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), uno de los organizadores de la convocatoria.

En ese marco, se realizará una intervención artística que se llamará ‘La Corte Suprema de Justicia es el basurero de la democracia´», según informó Montes.

El Comité por la Libertad de Milagro Sala está integrado por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), el Frente Milagro Sala, la Federación Nacional de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), y las organizaciones La Cámpora, Unidos y Organizados, 27 de Octubre, Los Irrompibles y el Frente Barrial de la CTA, entre otras.

La concentración se realizará respetando el distanciamiento social, en el marco de la pandemia de coronavirus: «Queremos hacer la manifestación con la mayor precaución posible», explicó Montes.

El dirigente precisó que la movilización «será por todos los presos políticos, así como ya nos hemos movilizado por Amado (Boudou), por Julio (De Vido), por cada uno de los rehenes de la Justicia que fueron condenados por el solo hecho de pertenecer a un pensamiento político y defender un proyecto de país nacional y popular».

En tanto, el coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini, contó por qué se eligió el Palacio de Tribunales -en cuyo cuarto piso están los despachos de la Corte Suprema- como destino final de la movilización por la libertad de Sala.

«Esta es la Corte del law-fare. Es la Corte que mantiene presos a nuestros compañeros y que mantiene la persecución contra ellos. Lo dice claramente Cristina (Fernández de Kirchner) en su última carta. Es el símbolo de un Poder Judicial que se entregó a la mesa judicial que armó el macrismo para perseguir a los compañeros, como efectivamente nos persiguieron», dijo Garfagnini.

Y agregó: «Me refiero a la mesa judicial que integraban Germán Garavano (exministro de Justicia del macrismo), (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón, Claudio Avruj (exsecretario de DDHH) y que integraba gente de Comodoro Py y ligada a la Corte».

«El inventor de la doctrina de mantener presos a los compañeros a partir de imputaciones, (el camarista federal Martín) Irurzun, es un tipo ligado directamente a (Ricardo) Lorenzetti, a la Corte. Irurzun no hizo lo que hizo solo. La foto de la Corte con el perseguidor de Lula, con (Sergio) Moro, es muy clara», añadió.

El dirigente sostuvo además que la Corte «tiene que reparar lo que hizo, y para reparar lo que hizo tienen que revisar las causas, abrirlas, y dictar fallos que sean jurídicos, que fue lo que no hicieron durante mucho tiempo».

«La Corte que la corte»

«La Corte que la corte», publicó en su cuenta de Twitter el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, junto con la convocatoria de La Cámpora a la marcha del sábado.

Funcionarios, dirigentes políticos y referentes sociales, culturales y de derechos humanos solicitaron la «libertad» de Milagro Sala, al cumplirse el próximo sábado cinco años de su detención, y denunciaron que la «persecución política, judicial y mediática a la que es sometida» tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

Así lo expresaron en una carta abierta titulada «Por una democracia sin presas y presos políticos. Libertad a Milagro Sala», que cuenta hasta el momento con un centenar de firmas.

«5 años de injusticia. 5 años de arbitrariedad. Este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización», comienza el texto.

Entre los funcionarios firmantes se encuentran el ministro de Desarrollo Territorial y Habitat, Jorge Ferraresi; el ministro bonaerense de Justicia, Julio Alak; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós; y las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós.

     


 

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Carta Abierta pidiendo la libertad de Milagro Sala a cinco años de su detención: «Por una democracia sin presas y presos políticos»


| Carta Abierta | En una carta titulada «Por una democracia sin presas y presos políticos», denuncian que la «persecución política, judicial y mediática a la que es sometida» tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.


 
|Funcionarios, dirigentes políticos y referentes sociales, culturales y de derechos humanos solicitaron este miércoles la «libertad» de la titular de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, al cumplirse el próximo sábado cinco años de su detención, y denunciaron que la «persecución política, judicial y mediática a la que es sometida» tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Así lo expresaron en una carta abierta titulada «Por una democracia sin presas y presos políticos. Libertad a Milagro Sala», que cuenta hasta el momento con un centenar de firmas.
«5 años de injusticia. 5 años de arbitrariedad. Este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización», comienza el texto.
Entre los funcionarios firmantes se encuentran los ministros de Justicia bonaerense, Julio Alak; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós; y las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós. También suscriben la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; la titular del Sedronar, Gabriela Torres; la directora del Banco Provincia, Juliana di Tulio; así como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Adhieren asimismo legisladores y referentes como el titular del Frente Patria Grande, Juan Grabois; el diputado nacional Eduardo Valdés; la presidenta de Télam, Bernanda Llorente; la exprocuradora Alejandra Gils Carbo, el padre Francisco «Paco» Olveira (Cura en Opción por los Pobres), José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos Humanos), la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns, entre otros.
«A través de esta carta y de las actividades que se realizarán en distintos lugares del país para denunciar esta injusticia, nos proponemos: dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución de la organización que Milagro lidera, denunciar ante la Justicia la vulneración a los derechos humanos y civiles, exigir el justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras detenidas, y abrazar de solidaridad a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con el pueblo pobre», dice el texto. «La persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy», según denuncian los firmantes. Aclaran asimismo que esa actuación tiene como objetivo «diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar».
También destacan que la obra de la dirigente social «dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social» y agregan que Sala «está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora».
Del mismo modo, remarcan que «Morales logró eliminar formas de organización colectivas reivindicativas de derechos de sectores humildes, derivado de la desarticulación de la Tupac Amaru» pero que «no logró quebrar moral y políticamente a Milagro. Ella y la organización continúan de pie». Los firmantes señalan que en estos cinco años «también lograron acusarla» de «asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y extorsión» así como «sentarla en el banquillo de las acusadas, que vaya a la cárcel, que en la prensa nacional e internacional su obra y su figura sea denostada, pero también reivindicada y conocida». «Sin embargo, Milagro nunca conoció de qué se la acusaba. El auto de requerimiento de juicio no contiene indicación de fechas, ni modos de comisión de los delitos que le imputaban. Milagro llegó a juicio sin conocer concretamente porqué estaba sentada frente a un tribunal», denunciaron. En este sentido, destacaron que «la falta de claridad y sorpresa constante sobre los hechos de la acusación contra Milagro fue continua y no fue despejada en las instancias superiores de revisión. Tampoco le permitieron incorporar pruebas periciales, documentales y testimoniales de descargo». «Para quienes suscribimos esta carta, personas dedicadas a la función pública en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales nacionales y provinciales, referentes políticos, dirigentes sociales y sindicales, profesionales y personas comprometidas con los derechos humanos y la democracia, la libertad de Milagro es urgente», especificaron. «Desde nuestro más profundo compromiso con la República y el Estado de Derecho, exigimos las debidas garantías constitucionales que requiere todo proceso penal, y afirmamos nuestra vocación de promover y concretar una sociedad con pleno y efectivo acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales», sintetizaron los más de cien firmantes.
   

 

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Rafecas dispuso la elevación a juicio oral y público de once represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la PBA


| Lesa Humanidad | Juicios. Seis de los imputados habrían actuado en el circuito represivo que tuvo por eje el centro clandestino de detención Mansión Seré; y cinco se habrían desempeñado en el centro de detención Cuatrerismo.


 

|El juez federal Daniel Rafecas dispuso la elevación a juicio oral y público de once represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar, investigados en el marco de la causa conocida como «Primer Cuerpo de Ejército», informaron fuentes judiciales.

Seis de los imputados habrían actuado en el circuito represivo que tuvo por eje el centro clandestino de detención Mansión Seré; y cinco se habrían desempeñado en el centro de detención Cuatrerismo.

Los seis imputados por los crímenes del circuito represivo de lo que fuera la Subzona 16, a cargo de la Fuerza Aérea y conformada por los partidos de Morón, Merlo y Moreno, se suman a los dieciocho que ya fueron elevados a juicio por los mismos hechos y que resultaron condenados en el marco del juicio oral y público llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.

Entre los nuevos detenidos elevados a juicio están el entonces Vicecomodoro de la Primera Brigada Aérea de Palomar Alejandro Noel Lazo, el Teniente Primero de la misma Brigada, Juan Carlos Herrera, y el entonces Cabo Primero José Juan Zyska; quienes fueron imputados por su actuación en Mansión Seré y por el cautiverio sufrido por víctimas en la Brigada Aérea de Palomar, donde también funcionó un centro de detención clandestino.

Entre los juzgados también están Ernesto Rafael Lynch, quien ocupaba el cargo de Capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno donde también se habría alojado a detenidos ilegales; el Cabo Primero Julio César Leston, y el Personal Civil de Inteligencia Arturo Rafael Giménez, ambos de la Regional de Inteligencia «Buenos Aires» de la Fuerza Aérea Argentina, quienes fueron responsabilizados como autores de la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a las personas alojadas en la Comisaría de Castelar, donde funcionaba uno de los más cruentos centros de tortura del circuito represivo.

En la resolución se señaló que la VIII Brigada Aérea de Moreno, que hasta el momento no tenía visibilidad concreta como centro de detención, constituyó un lugar de torturas y que también de ella dependían la Comisaría de Moreno, el Destacamento de Paso del Rey la Subcomisaría de Francisco Álvarez.

Por otro lado, se hizo una descripción de la actuación de las llamadas «Tres Marías», denominación que habría sido asignada a tres camionetas de la Fuerza Aérea que bajo el mando del Capitán Lynch patrullaban las calles y secuestraban a las víctimas.

En el marco de la misma megacausa que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura, bajo el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, el Juez Rafecas elevó a juicio el tramo referido al centro clandestino de detención Cuatrerismo, que funcionó en la llamada zona de Puente 12, en La Matanza, incluso desde antes del golpe de Estado.

Esa elevación abarca a cinco Oficiales de Policía de provincia que se desempeñaron en el centro clandestino, de los cuales uno de los imputados es el ex Oficial del Ejército, Enrique José del Pino, ya condenado por los crímenes cometidos en el circuito Atlético, Banco, Olimpo.

El juez Rafecas «tuvo por acreditado que Del Pino, como Teniente Primero del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, asistía a Cuatrerismo, en donde interrogaba a los detenidos bajo torturas», señalaron fuentes judiciales.

El resto de los imputados son Enrique Osvaldo Gauna, en aquel momento Oficial Principal de la División Cuatrerismo; Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno, ambos por entonces Cabos de la misma División; y Néstor Alberto Ciaramella, por entonces Oficial de la División.

En la resolución el Juez repasó varios testimonios, a partir de los cuales pudo reconstruir que la División Cuatrerismo, funcionó bajo el mando del Comisario Inspector Juan Modesto Carabajal, fallecido en enero de 1977, exclusivamente como centro clandestino de detención, en donde los detenidos eran sometidos a condiciones inhumanas de cautiverio y a torturas físicas de tal salvajismo, que muchas víctimas murieron por la tortura.

Los cinco elevados a juicio se suman a las 16 personas procesadas por Rafecas por considerarlas responsables de los crímenes de Cuatrerismo, de los cuales 13 fueron ya elevados a juicio.

   
 

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Lesa Humanidad: «los lunes durante la primera quincena de enero habrá audiencias en dos juicios y pueden seguirse en youtube»


| Lesa Humanidad | Juicios. Se trata de los procesos por delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno y por los denominados «vuelos de la muerte» que salieron de Campo de Mayo.


 

|Los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno y por los denominados «vuelos de la muerte» que salieron de Campo de Mayo, continuarán durante la primera quincena de enero y se retomarán en febrero tras la feria judicial de verano, informaron fuentes judiciales.

El juicio a cinco militares retirados por los denominados «vuelos de la muerte» que salieron de Campo de Mayo cargados de militantes que fueron arrojados desde el aire a las aguas del río de la Plata y el océano Atlántico, durante la dictadura cívico militar, proseguirá los lunes durante la primera quincena de enero.

En este proceso se juzga a Santiago Riveros, quien fue jefe de Institutos Militares; y a los aviadores Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi, que integraban diferentes áreas del batallón de Aviación 601 del Ejército que funcionaba en la guarnición militar.

Este juicio integra, junto a más de 800 litigios, la megacausa Campo de Mayo e imputa a cinco mandos del Batallón de Aviación 601 del Ejército por la desaparición de Rosa Novillo Córvalán, Juan Carlos Rosace, Adrián Acrescimbeni y Ramón Arancibia.

Las audiencias pueden seguirse en vivo desde el canal de YouTube de la Dirección General de Tecnología, Videoconferencias, Audio y Video del Consejo de la Magistratura y en el canal de YouTube de La Retaguardia: https://www.youtube.com/user/laretaguardia.

Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno

En tanto, el proceso por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, que incluye a 442 víctimas, entre ellas 18 embarazadas y muchos de sus compañeros, y siete niños/as nacidos/as en cautiverio, tendrá audiencias los martes 5 y 12 de enero.

En la causa por el Pozo de Banfield y Quilmes investiga los delitos sufridos por 419 víctimas, tiene 19 imputados y se prevé que declaren unos 400 testigos.

El Infierno, que funcionó en la Brigada Lanús, tiene cuatro imputados, entre ellos el multicondenado represor Miguel Etchecolatz, quienes llegan acusados de crímenes contra 62 víctimas de secuestro, torturas y violencia sexual.

Las audiencias pueden seguirse en el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura: https://youtu.be/RMDYKS8srnE ; en el Centro de Información Judicial: www.cij.gob.ar

     
 

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Horacio Verbitsky denunció la complicidad de la empresa Saiar en el secuestro y desaparición de trabajadores en la dictadura


| Lesa Humanidad | El periodista y escritor dio detalles sobre la intervención de la patronal en el secuestro de trabajadores de la empresa, varios de los cuales están desaparecidos, y en especial sobre el secuestro del obrero Luis Adolfo Jaramillo, uno de los hechos juzgados por el TOF 1.


 

|El periodista Horacio Verbitsky dio detalles este martes sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar, al declarar en el juicio unificado por los delitos de lesa humanidad cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención.

Verbitsky declaró este martes como testigo de contexto ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde el 27 de octubre último juzga a 18 represores, entre ellos Miguel Etchecolatz, por los secuestros, torturas, crímenes y abusos sexuales cometidos contra las víctimas que estuvieron cautivas en los centros clandestinos de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, también conocido como «Infierno».

El periodista y escritor dio detalles sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores de la empresa Saiar, varios de los cuales están desaparecidos, y en especial sobre el secuestro del obrero Luis Adolfo Jaramillo, uno de los hechos juzgados por el TOF 1.

Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado «Cuentas Pendientes», que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.

«Existió responsabilidad de la patronal en los crímenes cometidos contra sus trabajadores. Luis Adolfo Jaramillo fue secuestrado por los grupos de tareas de la dictadura con la complicidad de la empresa, en noviembre de 1976, cuando acababa de cobrar la indemnización por ser echado de la fábrica», aseguró Verbitsky.

El autor relató que el obrero, oriundo de Chile, «no era militante político, no era delegado, pero tenía una enorme influencia sobre sus compañeros».

«Era además muy culto, tenía estudios de medicina, de relojería, de música, era compositor e intérprete. Y trabajaba en un sector que fusionaba dos líneas productivas», detalló.

El periodista contó en su declaración que Jaramillo había advertido a la empresa que se requería más tiempo para fabricar una pieza, que si se apuraba la producción se corría el riesgo que los termotanques no funcionaran correctamente luego.

«Coincidiendo con la lucha política del regreso de (Juan Domingo) Perón y la convocatoria a elecciones libres sin prescripciones, se dio un crecimiento de los movimientos sindicales combativos dentro del peronismo y la izquierda clasista que lograron reivindicaciones para los trabajadores que las empresas no pudieron evitar y generaron un enorme resentimiento y la promesa de venganza cuando la situación política lo permitiera», remarcó Verbitsky.

El periodista destacó que en ese contexto «tuvo mucha influencia Jaramillo y los trabajadores consiguieron mejoras salariales importantes, como el pago de horas extras en proporciones sin precedentes, y consiguieron que la empresa entregara ropa de protección».

«Los empresarios prometieron venganza y después del Golpe de 1976 militarizaron la planta, secuestraron trabajadores y los torturaron», destacó.

Explicó que para su investigación entrevistó a trabajadores de la firma Saiar y también a un ex gerente de la empresa, quien le detalló que en 1975 «un grupo de empresarios representantes el Conurbano fueron citados a una reunión en el Edificio Libertador, sede del Comando del Ejército, donde en una sala y con una gran mesa los militares pidieron y los empresario suministraron los datos para la represión».

Tras su testimonio, declaró , también como testigo de contexto, Bruno Nápoli, quien expuso sobre una publicación suya en la que detalla los vínculos de la Comisión Nacional de Valores con la última dictadura militar.

«La Comisión Nacional de Valores aportaba información precisa a fuerzas de seguridad como la Policía Bancaria o el Ejército para secuestrar, desapoderar a empresarios, banqueros y financistas y se pudo ver claramente en las actas», afirmó contundente Nápoli, quien publicó un libro al respecto en marzo de 2013.

El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, comenzó a juzgar al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.

También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.

   
 

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Juicios de Lesa Humanidad: «Penúltima audiencia del año en el juicio de Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo»


| Lesa Humanidad | Juicios. El juicio de lesa humanidad de la causa denominada «Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo», que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Número 2 de San Martín tendrá este lunes su penúltima audiencia del año antes del comienzo de la feria de verano.


 

|En este proceso oral y público se aborda la responsabilidad de cinco acusados, responsables del secuestro, torturas y desaparición de cuatro víctimas que estuvieron cautivas en la guarnición militar de Campo de Mayo, y que fueron arrojadas a las aguas del Río de La Plata en los llamados «Vuelos de la muerte», realizados por el personal del Batallón de Aviación 601 del Ejército.

Los cuerpos de las víctimas luego aparecieron en las costa de la provincia de Buenos Aires y fueron inhumados como NN en diferentes cementerios.

Los acusados son Santiago Riveros, quien fue jefe de Institutos Militares; y a los aviadores Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi, que integraban diferentes áreas del batallón de Aviación 601 del Ejército que funcionaba en la guarnición militar.

El juicio se transmite en vivo desde el canal de Youtube de la Dirección General de Tecnología, Videoconferencias, Audio y Video del Consejo de la Magistratura.

El martes continuará, a partir de las 9.30, el juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, que incluye a 442 víctimas, entre ellas 18 embarazadas y muchos de sus compañeros, y siete niños nacidos en cautiverio.

En tanto, el miércoles, en los Tribunales de San Martín seguirá el debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada Zona de Defensa IV.

En Rosario proseguirá el juicio por la causa «Klotzman» que investiga la desaparición de 29 personas, de las cuales sobrevivió solo una.

     
 

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El padre «Paco» Olivera contra el «lawfare» en la marcha a Tribunales: «En Argentina hay presos y presas políticos»


| Lawfare | Corte Suprema. «Los poderes hegemónicos, los poderes reales, buscan y tienen a la Justicia no como brazo armado pero sí como brazo de esa guerra para acabar con los opositores no solo en la Argentina, ocurre en toda América Latina», expresó el sacerdote de la Opción por los Pobres.


 

|El padre Francisco ‘Paco’ Oliveira, integrante del grupo de sacerdotes de la Opción por los Pobres, afirmó este lunes que en el país «hay presas y presos políticos» y defendió la marcha realizada por distintos sectores políticos y sociales que ayer se movilizaron al palacio de Tribunales.

«Yo pongo las manos en el fuego por Boudou», afirmó el religioso, y añadió que si bien «las manos en el fuego no se ponen por nadie porque es algo de muy adentro de las personas», es «muy evidente que el de Amado es un caso de lawfare clarísimo de la nueva guerra jurídica».

En declaraciones a Radio La Red, el sacerdote consideró que «hoy no tenemos dictadura, hoy los poderes hegemónicos, los poderes reales, buscan y tienen a la Justicia no como brazo armado pero sí como brazo de esa guerra para acabar con los opositores no solo en la Argentina, ocurre en toda América Latina».

Ante una consulta sobre si en el título de «presos políticos» están amparados casos como el de José López, el exfuncionario de Obras Públicas que arrojó bolsos con dinero a un convento, Oliveira dijo: «Nada justifica, ni nadie justifica a una persona corrupta. Pero si alguien robó en nuestras Patria fue (Mauricio) Macri durante los últimos cuatro años de su Gobierno».

«Yo si creo que en la Argentina hay presas y presos políticos. Explicar algunos (casos) es más difícil que otros y no es fácil en una nota periodística, porque algunos te quieren mostrar como defensor de cualquier cosa, pero sí», aseveró.

«Pero sí, están por ejemplo los presos de la Tupac Amaru (la organización de la dirigente jujeña Milagro Sala), que es claramente una persecución judicial, con el gobernador Gerardo Morales para sacarse del medio una opositora política», remarcó.

Este lunes, un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas marcharon a la sede del Palacio de Tribunales en reclamo de «una Navidad sin presos políticos».La movilización se realizó días después de que la Corte Suprema de Justicia resolviera a principios de este mes dejar firme la condena a cinco años de prisión del exvicepresidente Amado Boudou en la causa por la ex Ciccone Calcográfica.

Agrupaciones como Tupac Amaru, Miles, Quebracho y MTD Aníbal Verón se concentraron este lunes en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, para movilizarse luego hacia los Tribunales de Talcahuano 550, sede de la Corte Suprema.

«Exigimos el fin de la persecución política y judicial de Milagro Sala», indicó Quebracho, a través de un comunicado, en relación a la referente de Tupac Amaru, quien cumple prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy.

El 4 de diciembre último, diversas organizaciones se habían manifestado en los Tribunales porteños para efectuar un «abrazo solidario» en apoyo de Boudou, después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a 5 años de prisión del exfuncionario, tras rechazar un recurso que había presentado.

En Jujuy, la organización social Tupac Amaru encabezó una marcha por las calles de la capital en la que se reclamó la libertad de su líder, Milagro Sala, y otros presos por causas impulsadas por el gobernador Morales.

Los manifestantes se convocaron poco después de las 18 y avanzaron hasta el centro de San Salvador de Jujuy hasta llegar a la Casa de Gobierno, llevando banderas y consignas como «con presos políticos no hay democracia».

«Nos quisieron matar y aquí estamos vivos», dijo Raúl Noro, esposo de Sala, y transmitió el agradecimiento de la dirigente por luchar «por su liberación».

     
 

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El CELS pidió a la Corte Suprema ser considerado como «amicus curiae» en una causa por la que está detenida Milagro Sala


| CELS | Milagro Sala. El organismo de derechos humanos de Agentina solicitó «que se nos tenga por presentados, por acreditada la representación y se incluya esta causa entre las aptas para la intervención de Amigos del Tribunal».


 

|El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió este martes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ser considerado como «amicus curiae» (amigo del tribunal), en una causa por la que está detenida la dirigente social Milagro Sala.

«Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión por considerarla autora de los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y extorsión», expresó el organismo de derechos humanos en el texto que presentó ante el tribunal.

En ese sentido, sostuvo que «esta Corte debe resolver el recurso de queja presentado por su defensa».

«Sala soportó varios procesos de criminalización como consecuencia de su activismo social», expresó el CELS, y afirmó que eso «no solo implicó la violación de sus garantías constitucionales, sino que también obstaculizó y eliminó formas de organización colectivas reivindicativas de derechos de sectores humildes, derivado de la desarticulación de la organización Tupac Amaru».

El CELS indicó en el escrito que «nos interesa desarrollar argumentos del derecho internacional de los derechos humanos con relación al alcance y contenido del derecho a la revisión de la sentencia condenatoria».

Asimismo, expresó su interés en «acercar argumentos sobre la garantía de Milagro Sala a defenderse de una plataforma fáctica clara y sostenida a lo largo del proceso de investigación, debate, alegatos finales y la sentencia condenatoria».

El CELS también se mostró interesado en el derecho de Sala a producir pruebas de descargo para enfrentar el debate y el derecho a estar presente y participar en el mismo, entre otros puntos.

Tras mencionar esos argumentos, el organismo de derechos humanos solicitó a la Corte Suprema de Justicia «que se nos tenga por presentados, por acreditada la representación y se incluya esta causa entre las aptas para la intervención de Amigos del Tribunal, a los efectos de presentar el memorial correspondiente».

   
 

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Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner encabezaron el acto en la exEsma en el Día Internacional de los Derechos Humanos


En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner encabezaron el acto de entrega de reconocimientos y destacaron el valor simbólico del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos.


 

|El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que el “verdadero reencuentro de los argentinos pasa por no olvidar y pedir justicia», al encabezar la entrega de los premios Azucena Villaflor en el predio de la ExEsma, durante un acto que contó con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios del gabinete.

 

En el día de los Derechos Humanos, y al cumplirse este jueves un año de su gobierno, el jefe de Estado se comprometió además a seguir con la entrega de este galardón a figuras comprometidas con la defensa de los derechos humanos, una usanza que comenzó el exmandatario Néstor Kirchner y que había estado suspendida durante los últimos años.

«Como Gobierno, queremos un país que no olvide, que busque justicia y busque la verdad. El verdadero reencuentro de los argentinos no pasa por el olvido, sino por tener memoria y reclamar Justicia”, señaló el presidente en uno de los tramos de su discurso.

“Hoy cumplimos un año de gobierno, justo el mismo día en el cual se celebra la recuperación de la democracia y el día de los derechos humanos. Estamos aquí para premiar a estas mujeres valiosas que han tenido que afrontar la tragedia más dolorosa que es la de haber perdido a un hijo. Pero a pesar de ello, nunca dejaron de pelear”, destacó el mandatario.

En ese sentido, y en una clara referencia a Madres, Abuelas de Plaza de Mayo y militantes de los organismos que enfrentaron a la última dictadura militar, Fernández reconoció la terea de quienes «buscaron la verdad para que la mayor tragedia de la historia argentina tenga un correlato de justicia”.

El presidente reconoció además la trayectoria de Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y víctima de la masacre de la Iglesia Santa Cruz, a cuya figura se homenajeó con este premio.

“Este premio le asigna valor a los que, como Azucena, lucharon por la justicia. Esa era la idea de esta distinción que durante cuatro años no se entregó. Hoy, me toca seguir a mí con lo que empezaron Néstor (Kirchner) y luego continuó Cristina”, subrayó Fernández.

Antes, la vicepresidenta se dirigió a la concurrencia y recordó que la última vez que había estado en la ExESMA fue hace cuatro años, luego de unas refacciones que habían sido llevadas a cabo por cooperativistas de los planes “Argentina Trabaja” y “Ellas hacen”, muchas de las cuales eran víctimas de violencia de género y que, gracias a los ingresos que obtuvieron por esas tareas, pudieron “formar un nuevo hogar lejos de los hombres que las maltrataban.

 

 

“En aquella oportunidad ya había un presidente electo y se hablaba de los subsidios. Pensaba que ojalá no los tuvieran que extrañar, y fue lo que sucedió. Hace cuatro años no vivíamos en Disneylandia, pero podíamos pagar las tarifas y los servicios. Nos desorganizaron la vida. Eso fue lo que sucedió”, indicó la expresidenta en alusión al gobierno de Mauricio Macri.

Cristina Fernández recordó la primera vez que Néstor Kirchner estuvo en la ExEsma, en 2004, cuando conoció a varios netos recuperados, entre ellos a Juan Cabandié, actual Ministro de Medio Ambiente de la Nación.

“Ese día, Néstor vino a inaugurar la política de Memoria, Verdad y Justicia y a revindicar los valores de una generación que integraba y que quedó diezmada”, remarcó la vicepresidenta

Por último, el Presidente le cedió la palabra a Lita Boitano, referente de la histórica agrupación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, quien a los 89 años manifestó “estar viviendo un día hermoso” junto al jefe de Estado y a Cristina.

“Es un día hermoso el que estoy viviendo, acá en la ESMA. Estoy segura que los más de 5.000 compañeros que pasaron por este lugar, hoy están en el cielo junto a Néstor”, apuntó Lita, quien exhibía un pañuelo verde en una de sus muñecas en apoyo a las luchas feministas, el día en el cual se debate en Diputados la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Entre las personalidades distinguidas con este premio estuvieron un reconocimiento al fallecido Víctor Basterra, el fotógrafo que estuvo cautivo en la ESMA y retrató a sus captores y que fue entregado a sus hijos.

También fue distinguida Rosa Schonfeld de Bru, madre de Miguel Bru, desaparecido por la policía bonaerense en 1993; Lita Boitano; Iris Avellaneda, madre de Floreal Avellaneda, arrojado al mar durante la última dictadura; la Madre de Plaza de Mayo Vera Jarach y la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Rosa Roisnblit.

Autoridades de la AFI, entregaron además información que la ExSide colectó sobre los organismos de derechos humanos durante la última dictadura militar, y el cierre de la ceremonia estuvo a cargo de la cantante Hilda Lizarazu, que entonó la canción “La Cigarra”, de María Elena Walsh.

     
 

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