Archivos de la categoría Judiciales

PABLO MOYANO, LAS CTA Y LA CORRIENTE FEDERAL CONTRA LOS TARIFAZOS

   

| EL FRENTE SINDICAL CONTRA LOS TARIFAZOS | En una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Pablo Moyano (Camioneros), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Pablo Micheli (CTA Autónoma), Walter Correa (Curtidores – Corriente Federal de los Trabajadores/CGT) y numerosos gremios opositores al Gobierno, precisaron que el 17 de enero realizarán una marcha en Rosario, una semana después en Mar del Plata y el último día del mes en Mendoza. Entrevista a Graciela Cano – Secretaria General del SUPDE     AUDIO  |

     Por Oscar Dufour | (*)       

Los líderes sindicales confirmaron que realizarán “acciones judiciales” incluyendo una “acción penal contra los funcionarios responsables de los aumentos de tarifas”

Sindicatos opositores anunciaron hoy que realizarán acciones legales y marchas de “velas y antorchas” en distintos puntos del país contra los aumentos de tarifas. Las movilizaciones serán todos los jueves de este mes, comenzando con una marcha hacia el Congreso el próximo 10 de enero.

Consideran que los tarifazos son una “nueva medida del ajuste brutal que viene llevando adelante el Gobierno del Presidente Macri y el FMI”, por lo que afirmaron que acudirán a la Justicia para frenar las subas de agua, luz, transporte y electricidad.

Entrevista a Graciela Cano – Secretaria General del SUPDE

                                                                    Graciela Cano y Pablo Moyano

El Gobierno dispuso la semana pasada aumentos escalonados para micros, trenes y subterráneo, que llevará el mínimo de colectivos a $18 y el subte a $21. En el caso de la luz, aumentará en la primera parte de 2019 un 48% y el gas un 35%. Las alzas irán incrementándose a lo largo del tiempo: serán del 26% en febrero, 14% en marzo, 4% en abril y 4% en agosto, en el caso de la energía eléctrica; mientras que el gas incrementará su precio a lo largo de todo el año.

Hugo Moyano advirtió al respecto que “se puede ser cualquier cosa menos ser cómplice de una política de hambre y miseria como la del Gobierno. No conozco empresarios conformes con la economía actual. He conversado con muchísimos trabajadores, empresarios, comerciantes. Todo aquel que lo votó está completamente defraudado. Me parece raro que los números digan que todavía CAMBIEMOS sigue en condiciones para las elecciones”.

Los que quieran oír… que oigan

(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista. Director General de 5minutosdenoticias y Revista Tiempo30. Columnista de medios internacionales. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires.

                  

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LOS JUDICIALES BONAERENSES AFIRMARON QUE LA CÁMARA PENAL DE MAR DEL PLATA ES “CORPORATIVA, ANTIDEMOCRÁTICA Y PATRIARCAL”

   

| FEMICIDIO & REPUDIO| Así calificó la AJB a la presentación efectuada por los camaristas penales de Mar del Plata con motivo de los cuestionamientos del gremio judicial al fallo por el femicidio de Lucía Pérez. “La AJB solicita el más amplio repudio a la respuesta corporativa y al ataque de estos magistrados contra la organización sindical”

                                                                                  

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) repudia la presentación efectuada recientemente por los magistrados integrantes de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, mediante la cual exigen a la Suprema Corte provincial una respuesta institucional -con pedido de sanciones incluido- frente al cuestionamiento público que organizaciones sindicales, sociales, políticas, organismos de derechos humanos y colectivos feministas efectuaron ante el fallo machista y misógino dictado por el Tribunal en lo Criminal N°1 de esa ciudad, por el que resultaron absueltos los acusados del femicidio de Lucía Pérez.

| Cruces entre el gremio judicial y la Cámara por el caso Lucía Pérez |

Los camaristas sostienen que el cuestionamiento popular constituye un ataque a la independencia e imparcialidad de la judicatura, soslayando que las sentencias judiciales constituyen actos de gobierno, y por lo tanto la crítica pública de la ciudadanía sobre aquéllas configura una manifestación propia del régimen republicano vigente bajo un Estado democrático de derecho, que bajo ningún aspecto afecta la necesaria imparcialidad e independencia que el Poder Judicial debe tener frente a los otros poderes del Estado.

| “La AJB solicita el más amplio repudio a la respuesta corporativa y al ataque de estos magistrados contra la organización sindical” |

El posicionamiento de los integrantes de la Cámara Penal de Mar del Plata expresa una reacción corporativa, en su doble carácter de magistrados y varones, representativa de un Poder Judicial que mayoritariamente ignora el amplio y contundente consenso social existente en torno a la imperiosa necesidad de avanzar hacia procesos judiciales y fallos con perspectiva de género. Fallos y procesos que no garanticen impunidad, sino la reparación integral de la víctima y el castigo estatal de aquellos que cometen actos de violencia de esa naturaleza.

El Estado argentino tiene la obligación legal de prevenir, sancionar y erradicar las violencias hacia las mujeres y las disidencias, en cumplimiento con las garantías que establece la Constitución Nacional, la CEDAW, la Convención Belén Do Pará y la Ley 26.485.

Fallos como el del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata y la solicitud de los magistrados de la Cámara Penal, lejos están de garantizar la erradicación de ese tipo de violencias, cuando dejan impune el femicidio de una joven y exigen la aplicación de sanciones a quienes se manifiestan en contra de ese fallo.

Por otro lado, la solicitud de una respuesta institucional de carácter disciplinario a la Suprema Corte frente a la medida de fuerza impulsada por los Judiciales Bonaerenses constituye un claro avasallamiento a la libertad sindical. La Asociación Judicial Bonaerense tiene la facultad de disponer todas las medidas de acción que estime necesarias en defensa de los intereses laborales -individuales y colectivos- de sus representados, como así también de expresar su opinión sobre cuestiones políticas, económicas y sociales que pudieran afectar la convivencia en una sociedad de la cual los trabajadores son parte fundamental.

La AJB solicita el más amplio repudio a la respuesta corporativa y al ataque de estos magistrados contra la organización sindical, y reafirma su compromiso de continuar bregando por la construcción de un Poder Judicial con perspectiva de género, independiente y al servicio del Pueblo.

       

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GUSTAVO SOOS: “EL FALLO CONTRA MENÉNDEZ ES VERGONZOSO”

   

| Persecución política de la Justicia Bonaerense | Así describió el Senador provincial Gustavo Soos el reciente fallo judicial contra el Intendente de Merlo Gustavo Menéndez en una entrevista realizada por el “Círculo de Periodistas del Oeste (*)”. “Clara intromisión de la Justicia en la Política”

                                                                            

(*) Gentileza Círculo de Periodistas del Oeste

       

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LOS JUDICIALES BONAERENSES REPUDIAN LA CONDECORACIÓN DEL JUEZ JULIO CASANELLO

   

| DERECHOS HUMANOS & DELITOS DE LESA HUMANIDAD | La AJB, junto a diversas organizaciones, realizó un acto de repudio por la distinción que le otorgaría la Suprema Corte al magistrado, quien fuera Intendente durante la última dictadura militar. Repudio a la condecoración del Juez Julio Casanello (foto de portada)

                                                                         

El pasado 15 de noviembre, en el edificio sede del fuero penal del Departamento Judicial Quilmes, la AJB (Asociación Judicial Bonaerense) junto a diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas, realizaron una asamblea de repudio a la entrega de la distinción por cumplir treinta años de servicio en el Poder Judicial al actual integrante de la Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Julio Casanello. Al actual magistrado se le cuestiona haber sido Intendente de Quilmes durante la última dictadura militar, desde octubre de 1979 hasta fines de 1982. Casanello finalmente decidió no asistir a la distinción.

En la oportunidad, Mariano Fernández, Secretario de Derechos Humanos de la AJB manifestó que “durante la ejecución del plan de exterminio implementado por la última dictadura cívico-militar el Poder Judicial fue cómplice, y esa complicidad se manifestó en el rechazo sistemático de todos los hábeas corpus que familiares de detenidos desaparecidos presentaban ante tribunales federales y/o provinciales. Al extremo que en la Provincia de Buenos Aires la Corte emitió una resolución en 1977, que recomendaba a todos los magistrados bonaerenses no pedir informes a las dependencias militares antes las presentaciones de hábeas corpus”.

“Una vez vuelta la democracia, la complicidad consistió en garantizar la impunidad de los ejecutores del horror, y una muestra de ello es que el Poder Judicial mantiene, en roles de alta responsabilidad institucional, a ex funcionarios de la dictadura militar como Casanello, quien goza de fueros por su condición de Juez sobre los que podría resguardarse ante una eventual imputación penal por delitos de lesa humanidad”.

Al cierre del acto Gonzalo Cianis, secretario general de la Departamental Quilmes y secretario de Interior de la AJB, subrayó que “es inconcebible que un ex funcionario de un gobierno de facto, que actuó al margen de la Constitución Nacional y pisoteó las garantías constitucionales de toda la población, sea en democracia aquél que desde un rol de magistrado deba garantizar su vigencia”.

Además, recordó también que era tal “el compromiso de Casanello con la dictadura, que siendo funcionario participó en la organización del encuentro de Videla con la selección juvenil campeona del mundo en 1979, con cuya publicidad el gobierno de facto intentaba desviar la atención de la opinión pública en el contexto de la visita de una misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país por las denuncias existentes en el orden internacional contra Argentina”.

Por último, sentenció que “si fue parte de ese gobierno no puede ser Juez y menos aún, condecorado por su trayectoria en el Poder Judicial”.

Oportunamente, la Asociación Judicial Bonaerense -tanto a nivel provincial como departamental- realizó una presentación a la Suprema Corte junto a un conjunto de organismos de derechos humanos de Quilmes, solicitando que no entregase la distinción por cumplir treinta años de servicio en el Poder Judicial a Julio Casanello. La presentación nunca tuvo respuesta alguna.

En la antesala de la asamblea, el Honorable Consejo Deliberante del Municipio de Quilmes emitió una declaración de rechazo al otorgamiento del reconocimiento y en igual sentido se manifestaron en el Congreso de la Nación los diputados Mayra Mendoza, Juan Manuel Huss, Eduardo E. de Pedro, Adrián E. Grana, Fernanda Vallejos, Mónica Fernanda Macha, José Arnaldo Ruiz Aragón, Roberto Salvarezza, Cecilia Moreau, Horacio Pietragalla, Romina Del Pla y Luana Volnovich.

La asamblea contó con la presencia del cuerpo de delegados ATE de la Universidad Nacional de Quilmes; Walter Ornazabal, de la APDH Quilmes; Nora Huertas, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Viviana Buscaglia , por el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Quilmes; CORREPI Quilmes; Agrupación Poder Popular; Pedro Gómez, de Nuevo Encuentro; Oscar Troya por el Centro de Derechos Humanos Paulo Freyre; Alicia Juárez por Encuentro por la Memoria; y contó además con la adhesión del Dr. Martín Almada, premio Nobel Alternativo de la Paz, integrante de la mesa ejecutiva de la Asociación Americana de Juristas y descubridor de los Archivos del Plan Cóndor en Paraguay.

          

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PARITARIA 2018 | LA ACCIÓN JUDICIAL IMPULSADA POR LA AJB REBELA LA FALTA DE INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL BONAERENSE

   

| En contra de los trabajadores | El máximo Tribunal provincial resolvió conceder el recurso federal del Ejecutivo, por lo que será la Corte Suprema de la Nación quien resuelva sobre la efectividad de la medida cautelar. Paritaria 2018 de los Judiciales Bonaerenses

                                                                             

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -integrada con Eduardo De Lazzari y seis Jueces del Tribunal de Casación Penal-, finalmente resolvió conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la Fiscalía de Estado. A partir de esta decisión, la Corte Suprema federal deberá resolver la suerte de la medida cautelar que ordenó al Ejecutivo retomar la negociación paritaria con la AJB y la actualización de los salarios por inflación hasta que se arribe a un nuevo acuerdo salarial.

Con la oposición de De Lazzari y Víctor Violini el Tribunal, luego de un mes de deliberaciones, dicta una resolución contraria a la que había resuelto el pasado 12 de septiembre, en oportunidad de analizar la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley. Al voto de los jueces de Casación Carlos Natiello, Fernando Mancini y Mario Kohan, se sumó el llamativo y repudiable viraje producido por Ricardo Maidana y Daniel Carral, que en la primera resolución habían conformado la mayoría por el rechazo del recurso. En esta oportunidad Maidana decidió cambiar su voto, mientras que Carral se escuda detrás de una licencia para no votar, luego de tener a disposición el expediente durante tres semanas.

La decisión de la Suprema Corte completa un proceso en el cual -salvo honrosas excepciones que resulta necesario reconocer-, el Poder Judicial garantiza impunidad a un Poder Ejecutivo que decidió mantenerse al margen de la ley, negando sistemáticamente el derecho constitucional a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras judiciales.

Esa impunidad no sólo es atribuible a los magistrados que tomaron esta última decisión, sino también a quienes fueron partícipes de una demora de cuatro meses en la resolución sobre la vigencia de la medida cautelar. Tal es el caso de los magistrados del Tribunal de Trabajo 3 de San Martín, que en su oportunidad como Tribunal de feria concedió sin fundamentos el recurso de inaplicabilidad de ley; así como de los Ministros de la Suprema Corte (Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani y Negri), que luego de un mes de demorar el expediente se excusaron con argumentos falaces para no asumir el costo de un virtual enfrentamiento con el Poder Ejecutivo.

El resultado de la acción judicial impulsada por la AJB pone de manifiesto la falta de independencia del Poder Judicial provincial, cuya obligación inexcusable es imponer el cumplimiento del orden jurídico vigente a los otros poderes del Estado.

La subordinación a las necesidades del poder político marca un perfil de magistrados y magistradas más preocupados por mantener sus privilegios que por asumir la responsabilidad propia del Poder Judicial como último garante de los derechos fundamentales de la población.

       

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ASiMM EXPRESÓ SU SOLIDARIDAD CON EL MENSAJERO REPARTIDOR DE GLOVO BALEADO EN LA PLATA

   

| IRREGULARIDADES, ROBO & SOLIDARIDAD | ASiMM expresó su solidaridad con el trabajador mensajero que se encontraba prestando servicios de reparto domiciliario para la empresa GLOVO, cuando fue asaltado y resultó herido de gravedad por un disparo en el pecho que le impactó muy cerca del corazón. Desde el gremio denuncian irregularidades

                                                                              

La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM) que conduce Marcelo Pariente, expresó su solidaridad con el trabajador baleado en La Plata en ocasión de robo, y se puso a disposición de la familia. “Existe una doble problemática, por un lado la inseguridad en sí misma, y por el otro la desprotección absoluta por la falta de cobertura que plantean estas empresas tecnológicas que invocan a la ‘economía colaborativa’ para no registrar a sus trabajadores”, afirmaron desde el Sindicato.

Nota Relacionada: ASIMM DENUNCIÓ PENALMENTE A LA EMPRESA GLOVO POR PRESUNTO TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES   

El trabajador mensajero se encontraba prestando servicios de reparto domiciliario para la empresa GLOVO, cuando fue asaltado y resultó herido de gravedad por un disparo en el pecho que le impactó muy cerca del corazón.

“Kevín Sanhuesa, de 27 años, se encuentra en terapia intensiva en el hospital San Martín y su pronóstico es reservado. Estamos en contacto permanente con los compañeros de La Plata, y hemos charlado telefónicamente con su novia para ponernos a disposición”, manifestaron desde la organización gremial

“Nos comunicamos con los representantes de la empresa tecnológica quienes se mostraron preocupados por la situación, y aseguraron que se iban a hacer cargo de determinados gastos para ayudar a la familia a que pueda acompañar a Kevín, ya que son de la Provincia de Neuquén. Pero esto no se soluciona con gestos de buena voluntad, el trabajador tiene derecho a un sueldo digno, capacitación, ART, y Obra Social. Si se cumple con las regulaciones vigentes, Kevín no necesitaría de las dádivas de nadie”, afirmó Maximiliano Arranz Secretario Adjunto del gremio.

“La economía colaborativa es un gran negocio para los empresarios, y una desgracia sin atenuantes para los trabajadores. Los que hicimos de la logística en dos ruedas nuestro oficio, vemos tambalear los derechos adquiridos por la gran competencia desleal que representan las empresas tecnológicas que no cumplen con nada; y aquellos que están en esta actividad solo de paso, también pagan las consecuencias de someterse a un régimen laboral sin ninguna clase de protección ni cobertura”, agregó Arranz.

Para finalizar desde el gremio sentenciaron que “la situación de las empresas como GLOVO y RAPPI, que hacen mensajería y reparto domiciliario mediante aplicaciones, es insostenible no solo desde lo laboral, sino también por un tema de seguridad pública. Acá no existe zona gris, la logística en dos ruedas está completamente regulada, pero al parecer estas sociedades tienen vía libre para no cumplir la ley”.

ASIMM cuenta con más de 4.000 afiliados en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, de los cuales mil quinientos pertenecen a mensajerías virtuales (app/plataformas). El Sindicato agrupa a los trabajadores que realizan sus tareas laborales utilizando como herramienta de trabajo una moto, triciclo, ciclomotor, cuatriciclo, bicicleta y/o todo vehículo de dos ruedas que realice gestiones, entregas y retiro de sustancias alimenticias, comercio electrónico, y elementos varios de pequeña y mediana paquetería en cualquiera de los vehículos citados en un plazo menor a las 24 horas.

       

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LOS JUDICIALES BONAERENSES REPUDIAN EL ARCHIVO DE UNA DENUNCIA CONTRA EL FISCAL FERNÁNDEZ GARELLO

   

| DELITOS DE LESA HUMANIDAD | La AJB (Asociación Judicial Bonaerense) expresa su rechazo a la resolución del Procurador General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conté Grand. Dispuso el cierre y archivo de las actuaciones seguidas al Fiscal Fabián Fernández Garello. “Delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar”

                                                                                 

| Derechos Humanos | A través de la resolución 728/18, el Procurador General de la Suprema Corte, Julio Conté Grand, dispuso el cierre y archivo de las actuaciones seguidas a Fabián Fernández Garello, actual Fiscal General del Departamento Judicial Mar del Plata. El magistrado había sido denunciado ante las autoridades del Ministerio Público por su participación en delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.

| La denuncia | Fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, en base a la información que se desprende de los legajos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que el organismo de derechos humanos gestiona desde el año 2001.

Los documentos de la DIPPBA involucran al actual Fiscal General de Mar del Plata en la causa por los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982, y de la detención de otros tres militantes de la misma organización el 23 de Julio de 1981. Fernández Garello reconoció en el Jury de enjuiciamiento haber participado en procedimientos de detención de personas en julio de 1981. Sin embargo, intentó minimizar su intervención afirmando que la misma se había limitado a la redacción de las actas de procedimientos en los domicilios donde se producían las detenciones, mientras que la custodia de los detenidos se encontraba a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Policía con sede en Caseros.

| Los procesos judiciales | Durante todos los procesos judiciales donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar quedó de manifiesto que la tarea de espionaje desplegada por los organismos estatales de inteligencia fue clave para la ejecución del plan represivo. Por ello resulta llamativo que frente a las pruebas obrantes en contra del Fiscal, el Procurador Julio Conte Grand haya decidido cerrar el sumario disciplinario sin profundizar la pesquisa de esos hechos, justo en momentos en que la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, Alicia Vence, dispuso recientemente la ampliación de la declaración indagatoria del magistrado en la causa penal donde se investigan los mismos hechos denunciados ante la Procuración General..

| Desestiman la investigación | Inexplicablemente, a pesar de conocer todo este material probatorio el Procurador General, Julio Conté Grand, resolvió desestimar la investigación en base a meros formalismos y razones endebles que no sólo desconocen la gravedad institucional de este hecho, sino que contrarían las obligaciones propias de la Procuración General en su rol de Superintendencia.

| Repudio de la AJB | “Resulta preocupante que Conté Grand argumente que el tema excede los límites de su actuación por tratarse de hechos anteriores y ajenos a la función actual de Fernández Garello, dada la gravedad institucional que implica que un Fiscal General de la democracia haya sido parte del aparato represivo y que, además, haya ocultado su condición de ex espía de la DIPPBA en sus antecedentes al momento de concursar por ese cargo”, señaló Mariano Fernández, Secretario de Derechos Humanos de la AJB

“La propia Constitución provincial indica que todos los funcionarios judiciales deben acreditar solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los Derechos Humanos. Es por eso que la decisión tomada implica, en los hechos, la protección del Fiscal y la tolerancia de actos contrarios al estado de derecho por parte un miembro destacado del Ministerio Público Fiscal, cuya función esencial es defender los intereses generales de la sociedad”, finalizó Fernández.

Es por ello, que la Asociación Judicial Bonaerense repudia la decisión tomada por el Procurador General y reitera el pedido de destitución del Fiscal General de Mar del Plata.

       

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LOS JUDICIALES BONAERENSES PARAN ESTE JUEVES EN TODA LA PROVINCIA

   

| PARITARIA 2018 | Los Judiciales nucleados en la AJB rechazan el aumento unilateral que dispuso el Gobierno Bonaerense y paran este jueves 8 de noviembre por la continuidad de la paritaria además del cumplimiento de la medida cautelar. Los Judiciales Bonaerenses también participarán de la carpa instalada frente a la Legislatura provincial para debatir el presupuesto 2019

 

   Por Oscar Dufour | (*)  

 

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convocó a un paro total con acciones locales para este jueves 8 de noviembre, es en rechazo al aumento salarial impuesto en forma unilateral por el Ejecutivo provincial. La medida de fuerza fue resuelta por mandato mayoritario de las asambleas realizadas el pasado 2 de noviembre.

| CARPA & DEBATE PARA DEBATIR EL PRESUPUESTO 2019 | La AJB participará -a partir de las 10 horas- en un panel donde se debatirá la situación de la Justicia y los Derechos Humanos en la Provincia de Buenos Aires, y su relación con la inversión presupuestaria en esas áreas.

La actividad se realizará en el marco de la carpa que un importante número de organizaciones sindicales y sociales acordaron instalar frente a la Legislatura provincial, donde durante toda la semana se debatirá contra el proyecto de presupuesto 2019 que la Gobernadora María Eugenia Vidal presentó el lunes 5.

| LOS JUDICIALES EXIGEN LA URGENTE CONVOCATORIA A PARITARIAS | Con esta nueva medida de fuerza el gremio judicial exige al Ejecutivo provincial la urgente convocatoria a paritarias y el cumplimiento de la medida cautelar que obliga al Gobierno a retomar las negociaciones con la AJB y a ajustar los salarios según la evolución del índice inflacionario publicado por el INDEC.

Finalmente, la AJB también le exige a la Suprema Corte y la Procuración bonaerense la continuidad de las mesas de diálogo suspendidas unilateralmente, a fin de dar solución en otros reclamos, a las demandas sectoriales de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones, Choferes, y Jardines Maternales.

Los que quieran oír… que oigan

(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista. Director General de 5minutosdenoticias y Revista Tiempo 30. Columnista de medios internacionales. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires.

                 

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ASIMM DENUNCIÓ PENALMENTE A LA EMPRESA GLOVO POR PRESUNTO TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

   

| DENUNCIA PENAL | La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM) que conduce Marcelo Pariente, realizó una denuncia penal por “tráfico de estupefacientes” que involucra a la empresa supranacional GLOVO. “Si los trabajadores están siendo forzados a transportar sustancias ilegales, no podemos hacernos los tontos”, afirmó el Secretario General

    Por Oscar Dufour | (*)     

La denuncia penal (copia al pie) que tramita en el Juzgado Federal N°12 a cargo de Sergio Torres la presunta comisión del delito de “tráfico y comercialización de estupefacientes”, lleva el número de causa 18606/2018, involucra a la Mensajería/aplicación GLOVO.

| SEGURIDAD PÚBLICA & DENUNCIA PENAL | En la misma se hace referencia a “una serie de capturas de pantalla de conversaciones de whatsapp, entre un grupo de mensajeros repartidores de la empresa Glovo (Kadabra SAS) con domicilio en Av. Alvarez Thomas 1131 P 6° Departamento B Capital Federal, que dan cuenta de comercialización de sustancias indicadas como cocaína y marihuana”.

En el texto también se mencionan “entregas en Puerto Madero y la calle Pacheco de Melo”.

Marcelo Pariente – Secretario General de ASiMM

| INCONSISTENCIAS | “Existe una lamentable inconsciencia sobre el peligro que representa la falta de controles sobre la logística ‘en dos ruedas’. En agosto de 2017 explotó una carta bomba en la empresa INDRA, y a la mensajería que llevó el paquete ASiMM la había denunciado ante el ENACOM treinta días antes, por desarrollar sus actividades de manera irregular; tristemente fuimos ignorados. Esperamos que esta vez los organismos correspondientes actúen para que el desenlace sea distinto”, agregó Marcelo Pariente.

| DECLARACIONES DE ASIMM | Desde el gremio sentenciaron que “la situación de las empresas como GLOVO y RAPPI, que hacen mensajería y reparto domiciliario mediante aplicaciones, es insostenible no solo desde lo laboral, sino también por un tema de seguridad pública. Acá no existe zona gris, la logística en dos ruedas está completamente regulada, pero al parecer estas sociedades tienen vía libre para no cumplir la ley”.

Copia denuncia penal 18606 2018 en el Juzgado Federal 12 que involucra a la Mensajeríaaplicación GLOVO

ASiMM cuenta con más de 4.000 afiliados en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, de los cuales mil quinientos pertenecen a mensajerías virtuales (app/plataformas). El Sindicato agrupa a los trabajadores que realizan sus tareas laborales utilizando como herramienta de trabajo una moto, triciclo, ciclomotor, cuatriciclo, bicicleta y/o todo vehículo de dos ruedas que realice gestiones, entregas y retiro de sustancias alimenticias, comercio electrónico, y elementos varios de pequeña y mediana paquetería en cualquiera de los vehículos citados en un plazo menor a las 24 horas.

Los que quieran oír… que oigan

(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista. Director General de 5minutosdenoticias y Revista Tiempo 30. Columnista de medios internacionales. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires.

                

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LOS JUDICIALES BONAERENSES RECHAZAN UNA REFORMA CONTRARIA A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

   

| PROCEDIMIENTO LABORAL | La Legislatura provincial sancionó una nueva ley de procedimiento laboral que agravará los problemas del fuero, haciendo los procesos más lentos y engorrosos. Rechazo de la AJB (Asociación Judicial Bonaerense)

                                                                               

La nueva ley de procedimiento laboral elimina los Tribunales del Trabajo y crea un sistema de doble instancia similar al existente en la Justicia Nacional del Trabajo. Este sistema no sólo no resolverá los problemas que actualmente presenta el fuero del trabajo, sino que previsiblemente los agravará, extendiendo el plazo de resolución de los litigios. Como consecuencia de ello, la posibilidad de reclamar judicialmente por la violación de derechos laborales será cada vez más difícil para los trabajadores y las trabajadoras de la Provincia.

| Desde hace muchos años el funcionamiento del fuero laboral presenta serios problemas | Procesos que se prolongan durante años, falta de integración de los tribunales por la demora en la designación de Jueces, vacantes en la planta administrativa y de funcionarios cuya cobertura se posterga indefinidamente, infraestructura obsoleta y deficiente, e imposibilidad de las asesorías periciales y del sistema público de salud en general para responder adecuadamente a las demandas que surgen de los reclamos laborales en trámite ante los Tribunales de Trabajo. A esto deben sumarse los serios inconvenientes que trajo una digitalización mal planificada y peor ejecutada.

Estos problemas se agravan ante una cantidad creciente de reclamos laborales, que han pasado de alrededor de 46.218 causas en 2007 a un máximo de 91.215 en 2017, sin que este aumento haya sido acompañado por la asignación de mayores recursos por parte del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de la Provincia (frente a un incremento del 97% en el ingreso de causas, el aumento de personal en el fuero sólo alcanzó el 24% en el período mencionado).

| Lamentablemente, la reforma aprobada por la Legislatura estará lejos de resolver estas cuestiones | En primer lugar, porque su tratamiento no fue precedido de un diagnóstico acerca de las causas de los problemas que actualmente enfrenta el fuero laboral, cuya resolución está más vinculada a decisiones del Poder Ejecutivo y de la Suprema Corte de Justicia que a obstáculos derivados del procedimiento laboral, aun cuando éste siempre pueda ser perfectible.

En segundo lugar, porque la creación de un sistema de doble instancia, si no va acompañada de un incremento sustancial del presupuesto asignado al fuero, no hará más que empeorar la situación actual. Los problemas de los tribunales colegiados se trasladarán a los juzgados unipersonales y a las cámaras de apelaciones, duplicando trámites e instancias. En este contexto, los plazos procesales que se establecen en el texto de ley serán materialmente incumplibles en la práctica y el incentivo para arribar a un acuerdo conciliatorio será cada vez mayor para los trabajadores y las trabajadoras, situación que implicará una renuncia parcial a sus derechos.

Cabe destacar que el proyecto original era aún más regresivo, en tanto directamente habilitaba que las sentencias laborales fueran revisadas, en segunda instancia, por las Cámaras de Apelación Civil y Comercial hasta tanto se pusieran en funcionamiento las Cámaras del Trabajo, lo que presumiblemente demoraría años. Dicha solución desnaturalizaba por completo la especialización que requieren los reclamos por violaciones al derecho del trabajo. Este aspecto fue duramente cuestionado desde la Asociación Judicial Bonaerense en conjunto con la Asociación de Abogados Laboralistas -criterio también compartido por el Colegio de Magistrados-, y fue dejado de lado en el proyecto aprobado por la Legislatura.

| Impacto negativo | Finalmente, el nuevo procedimiento, tal como está planteado, también impactará negativamente sobre la situación y derechos de los trabajadores y las trabajadoras judiciales que prestan tareas en el fuero laboral, que enfrentarán una sobrecarga de trabajo con recursos manifiestamente insuficientes. En este sentido, desde la Asociación Judicial Bonaerense vuelven a señalar que es necesario impulsar acciones urgentes para mejorar el funcionamiento del fuero laboral, comenzando por garantizar los niveles básicos en materia de infraestructura y cantidad de personal y de organismos.

El nuevo sistema, en las actuales condiciones, no sólo no aborda estos problemas, sino que tiende a agravarlos, haciendo aún más difícil el ejercicio de los derechos laborales para los trabajadores y las trabajadoras de la Provincia.

       

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