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La defensa del exvicepresidente Amado Boudou plantó una apelación a Casación y pidió que siga con prisión domiciliaria


| Apelación | La defensa del exvicepresidente pidió que siga con el cumplimiento de la condena a 5 años y diez meses de prisión en su casa.


 

|La defensa del exvicepresidente Amado Boudou apeló este lunes ante la Cámara Federal de Casación la decisión de revocar su prisión domiciliaria en la causa Ciccone y pidió que siga con ese beneficio bajo supervisión electrónica.

El recurso fue presentado con «efecto suspensivo» por los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, ante el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4 Daniel Obligado, quien ahora deberá resolver si lo concede y eleva al máximo tribunal penal federal del país.

Obligado revocó la prisión domiciliaria de Boudou el 30 de diciembre último, a horas del inicio de la feria judicial de enero, pero esa decisión todavía no se efectivizó porque es apelable.

La defensa del exvicepresidente condenado a 5 años y 10 meses de prisión, pidió que la apelación se conceda con efecto suspensivo, es decir, que lo resuelto por Obligado no se aplique hasta que quede firme.

En la apelación de 45 carillas, los defensores de Boudou calificaron de «errada» y «arbitraria» por «violarse las garantías del debido proceso» la decisión de Obligado como juez de ejecución de la condena de Boudou de revocar la prisión domiciliaria.

El fallo no fue «correctamente fundado» ni «resulta una derivación debidamente razonada del derecho vigente», agregaron los abogados y fundaron su pedido en el interés superior del niño y la necesidad de cuidado de los hijos mellizos de Boudou, que acaban de cumplir tres años.

Rúa y Peñafort remarcaron que «es imposible» que Boudou reciba en la cárcel de Ezeiza, donde estuvo detenido hasta que se le concedió el arresto domiciliario, la visita de sus hijos «mientras se mantenga la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional y mundial y la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud» ante el coronavirus.

Además, interpretaron que «aún si esa limitación se superase, resulta una afirmación dogmática y alejada de las constancias del trámite la pretensión ensayada en la resolución recurrida acerca de que con ellas podría mantenerse el fortalecimiento del vínculo paterno-filial como en el arresto domiciliario».

«Nuestra sociedad no elige a sus magistrados, jueces o fiscales, por ninguna iluminación que porten y les permita dar por válidas sus opiniones sobre cualquier tema sin respaldo, sino que los elige por la capacidad que demuestren para analizar con sana crítica las constancias incorporadas al proceso en las que funden entonces sus conclusiones», agregaron los abogados.

En este caso «se ha visto no sólo una errada aplicación de la normativa local e internacional de protección sustantiva de derechos, sino además y junto con la desconsideración de información objetiva, pertinente y suficiente para resolver el caso en consonancia con el interés que debe asegurarse en los términos de la normativa citada, la asunción de arbitrarias conclusiones sin respaldo en las constancias del trámite».

El 30 de diciembre último por la noche, Obligado revocó el beneficio que había dado a Boudou en abril pasado, en medio de la pandemia de coronavirus y tras la suspensión de visitas en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

Boudou permanece bajo sistema de monitoreo electrónico con prisión domiciliaria, junto a su esposa de nacionalidad mexicana y los hijos de ambos.

Pero el 4 de diciembre último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena impuesta por el TOF4 en diciembre de 2018, al rechazar por «inadmisible» un recurso extraordinario de su defensa y ello derivó en un pedido fiscal para que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria.

Tras solicitar diversos informes, Obligado decidió que el exvicepresidente siga cumpliendo condena en un establecimiento del SPF.

En la apelación ante Casación, los abogados cuestionaron a Obligado por no haber tenido en cuenta informes incorporados en la causa que avalaron el arresto domiciliario en pos del bienestar de los niños.

«Las constancias del trámite y los informes del equipo interdisciplinario al que se diera intervención, destacan concretamente que “la presencia de Amado Boudou en su hogar, resultaría beneficiosa para que sus hijos vuelvan a contar con la presencia diaria de su progenitor y recibir el acompañamiento, cuidado, atención y contención emocional necesaria para su adecuado desarrollo y crecimiento”, remarcaron.

   
 

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A cinco años de la prisión política de Milagro Sala, como sociedad tengamos Dignidad & Conciencia


| Presos Políticos | Dignidad & Conciencia. A cinco años de la prisión política de la dirigente social Milagro Sala, mi análisis donde sostengo que dignidad & conciencia son nuestros mejores aliados. Muchos coincidirán que ya no hay grieta en Argentina, que es lo más parecido a un abismo moral.


     Por Oscar Dufour | (*)

|A comienzos de Diciembre de 2016, la CIDH urgió al entonces Gobierno del Presidente Macri a que libere inmediatamente a la dirigente social Milagro Sala, a quien califico una vez más desde este editorial de Presa Política, cuya detención es considerada “arbitraria” también por organizaciones internacionales de DDHH. Allí se había presentado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para pedir una medida cautelar.

Como rápido ejercicio de memoria, voy a volver a sostener lo que tantas y tantas veces realizara durante la gestión de la administración del Presidente Macri, refutando las salvajes represiones que ejecutó su nefasto gobierno: la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado, y no sujeto a criminalización u otras formas de represión. Este concepto claro y preciso debería ser tenido presente no sólo por la sociedad en su conjunto, sino también por quienes tengan las elevadas responsabilidades de Estado, cualquiera sea el color político que ostenten. De no ser así las democracias dejan de ser tales, se transforman en “entelequias” y no en pocos casos, dictaduras.

Como paradoja, la protesta fue la primera imputación a Milagro Sala, donde si bien una orden judicial dispuso su libertad, continuó detenida pues se le imputaron otros cargos mediante “tres burdas causas judiciales” bajo la jurisdicción de la Provincia de Jujuy, la Provincia que el Gobernador Gerardo Morales transformó en una vergüenza para la Justicia Argentina. Ante un silencio vergonzoso y cómplice por el nivel de persecución, y ante un mundo que volvió a mirar azorado como en nuestro País a casi 38 años del retorno a la democracia, se volvieron a vulnerar impunemente los derechos; lo que implica en este caso, que la condena a prisión de Sala se opone a los más elementales DDHH, las cláusulas de libertad de pensamiento, de expresión, de reunión o de asociación. Deberíamos tenerlo muy en cuenta.

Continúo sosteniendo que en una democracia no son admisibles los Presos Políticos, interpreto que Milagro Sala no es la única presa política en Argentina, aunque su caso es emblemático. Tratemos de interpretar entonces qué es lo que sucede en Jujuy con la dirigente de la Tupac, y a continuación también tratemos de entender qué significa ser un Preso Político. Despojemos nuestro análisis de todo tipo de connotación ideológica, partidaria, fanatismos extremos y matiz político provenga de donde provenga. No es tarea fácil el ejercicio, pero se puede realizar. Pocos conocen que Milagro está directamente involucrada con acciones de control para que la droga no se instale en Alto Comedero y éste, no es un dato menor.

Si logramos esto en nuestra observación, tal vez entonces podamos comenzar a transitar de la mano de la tolerancia, lejos de los odios, el camino para concientizarnos que el Preso Político es la persona encarcelada por sus convicciones y actividades de tipo político, cuyos ideales son interpretados como una forma de violencia. No la perdonaron, Milagro con una tarea inclusiva anclada en el Peronismo, incomodó al establishment con la figura de Evita, Tupac y el Che.

Un caso paradigmático es el del ex Presidente Sudafricano Nelson Mandela, con certeza el más conocido de nuestra historia contemporánea, y quiero ponerlo en mi análisis como un ejemplo de lo que significa ser un Preso Político, cuya detención por casi tres décadas, fue el resultado de procesos claramente injustos. Detengámonos aquí y tengamos muy en cuenta no en quien fue Mandela, sino en lo que hicieron con él, o mejor dicho, lo que quisieron ilegalmente hacer.

Por lo tanto, en cualquier País democrático del mundo cuando una detención es arbitraria, llámese Preso Político, cuando de “manual” se “arman” causas para ese fin -lawfare- siempre se las vinculan y relacionan con las razones políticas del gobierno de turno, cualquiera sea el fundamento o argumento “técnico-judicial” brindado por las autoridades. Con certeza, su «delito» consiste en haber desafiado con cuerpo indígena y femenino, las potestades patriarcales y conservadoras de su Provincia.

En consecuencia, tal vez sea necesario el debate jurídico sobre este concepto, Preso Político, o la discusión sobre qué es en definitiva la injusticia. Interpreto actualmente una deuda pendiente del gobierno del Presidente Alberto Fernández, en particular, del Ministerio de Justicia a cargo de Marcela Losardo. Mientras tanto, como sociedad no miremos para otro lado, confrontemos de ser necesario con pensamiento propio y no hagamos una evaluación básica sobre este tema. Tengamos como sociedad dignidad & conciencia.

Si esto no alcanza, sin importarnos el tinte partidario o ideológico -realmente restémosle importancia a ello, las “libertades” no tienen patrón- recurramos a quienes sinceramente estén comprometidos con la democracia y entiendan que siempre las sanciones ilegales e injustas, vienen envueltas de argumentos legales.

Como hace cinco años, en cuanta oportunidad personal o institucional tengo, voy a seguir sosteniendo hasta el cansancio, aunque se disgusten algunos amigos y compañeros del gobierno del Frente de Todos -mi Gobierno- que esta mujer, esa “india coya”  líder de organizaciones populares, mi compatriota Milagro Sala, es una Presa Política.

 Los que quieran oír… que oigan

(*) Oscar Dufour es Escritor, Periodista y Ensayista Argentino. Director General de 5Minutos de Noticias y Revista Tiempo 30. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires

             
 

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«La Corte que la corte»: Organizaciones sociales y políticas marchan este sábado por la libertad de la presa política Milagro Sala


| «La Corte que la corte» | Movilización. La concentración de las organizaciones nucleadas en el Comité por la Libertad de Milagro Sala está prevista para el mediodía del sábado en Talcahuano 550, con una movilización previa en avenida Belgrano y Alsina que marchará hacia Tribunales.


 

|Organizaciones sociales, políticas, gremiales y derechos humanos se movilizarán el próximo sábado a la sede del Palacio de Tribunales para reclamar a la Corte Suprema de Justicia por la «libertad» de la referente nacional de la Tupac Amaru Milagro Sala, detenida desde hace cinco años en la provincia de Jujuy.

La concentración de las organizaciones nucleadas en el Comité por la Libertad de Milagro Sala está prevista para el mediodía en Talcahuano 550, con una movilización previa en avenida Belgrano y Alsina que marchará hacia Tribunales.

Así lo informó Eduardo Montes, secretario general de Federación Nacional de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), uno de los organizadores de la convocatoria.

En ese marco, se realizará una intervención artística que se llamará ‘La Corte Suprema de Justicia es el basurero de la democracia´», según informó Montes.

El Comité por la Libertad de Milagro Sala está integrado por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), el Frente Milagro Sala, la Federación Nacional de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), y las organizaciones La Cámpora, Unidos y Organizados, 27 de Octubre, Los Irrompibles y el Frente Barrial de la CTA, entre otras.

La concentración se realizará respetando el distanciamiento social, en el marco de la pandemia de coronavirus: «Queremos hacer la manifestación con la mayor precaución posible», explicó Montes.

El dirigente precisó que la movilización «será por todos los presos políticos, así como ya nos hemos movilizado por Amado (Boudou), por Julio (De Vido), por cada uno de los rehenes de la Justicia que fueron condenados por el solo hecho de pertenecer a un pensamiento político y defender un proyecto de país nacional y popular».

En tanto, el coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini, contó por qué se eligió el Palacio de Tribunales -en cuyo cuarto piso están los despachos de la Corte Suprema- como destino final de la movilización por la libertad de Sala.

«Esta es la Corte del law-fare. Es la Corte que mantiene presos a nuestros compañeros y que mantiene la persecución contra ellos. Lo dice claramente Cristina (Fernández de Kirchner) en su última carta. Es el símbolo de un Poder Judicial que se entregó a la mesa judicial que armó el macrismo para perseguir a los compañeros, como efectivamente nos persiguieron», dijo Garfagnini.

Y agregó: «Me refiero a la mesa judicial que integraban Germán Garavano (exministro de Justicia del macrismo), (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón, Claudio Avruj (exsecretario de DDHH) y que integraba gente de Comodoro Py y ligada a la Corte».

«El inventor de la doctrina de mantener presos a los compañeros a partir de imputaciones, (el camarista federal Martín) Irurzun, es un tipo ligado directamente a (Ricardo) Lorenzetti, a la Corte. Irurzun no hizo lo que hizo solo. La foto de la Corte con el perseguidor de Lula, con (Sergio) Moro, es muy clara», añadió.

El dirigente sostuvo además que la Corte «tiene que reparar lo que hizo, y para reparar lo que hizo tienen que revisar las causas, abrirlas, y dictar fallos que sean jurídicos, que fue lo que no hicieron durante mucho tiempo».

«La Corte que la corte»

«La Corte que la corte», publicó en su cuenta de Twitter el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, junto con la convocatoria de La Cámpora a la marcha del sábado.

Funcionarios, dirigentes políticos y referentes sociales, culturales y de derechos humanos solicitaron la «libertad» de Milagro Sala, al cumplirse el próximo sábado cinco años de su detención, y denunciaron que la «persecución política, judicial y mediática a la que es sometida» tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

Así lo expresaron en una carta abierta titulada «Por una democracia sin presas y presos políticos. Libertad a Milagro Sala», que cuenta hasta el momento con un centenar de firmas.

«5 años de injusticia. 5 años de arbitrariedad. Este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización», comienza el texto.

Entre los funcionarios firmantes se encuentran el ministro de Desarrollo Territorial y Habitat, Jorge Ferraresi; el ministro bonaerense de Justicia, Julio Alak; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós; y las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós.

     


 

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Carta Abierta pidiendo la libertad de Milagro Sala a cinco años de su detención: «Por una democracia sin presas y presos políticos»


| Carta Abierta | En una carta titulada «Por una democracia sin presas y presos políticos», denuncian que la «persecución política, judicial y mediática a la que es sometida» tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.


 
|Funcionarios, dirigentes políticos y referentes sociales, culturales y de derechos humanos solicitaron este miércoles la «libertad» de la titular de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, al cumplirse el próximo sábado cinco años de su detención, y denunciaron que la «persecución política, judicial y mediática a la que es sometida» tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Así lo expresaron en una carta abierta titulada «Por una democracia sin presas y presos políticos. Libertad a Milagro Sala», que cuenta hasta el momento con un centenar de firmas.
«5 años de injusticia. 5 años de arbitrariedad. Este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización», comienza el texto.
Entre los funcionarios firmantes se encuentran los ministros de Justicia bonaerense, Julio Alak; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós; y las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós. También suscriben la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; la titular del Sedronar, Gabriela Torres; la directora del Banco Provincia, Juliana di Tulio; así como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Adhieren asimismo legisladores y referentes como el titular del Frente Patria Grande, Juan Grabois; el diputado nacional Eduardo Valdés; la presidenta de Télam, Bernanda Llorente; la exprocuradora Alejandra Gils Carbo, el padre Francisco «Paco» Olveira (Cura en Opción por los Pobres), José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos Humanos), la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns, entre otros.
«A través de esta carta y de las actividades que se realizarán en distintos lugares del país para denunciar esta injusticia, nos proponemos: dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución de la organización que Milagro lidera, denunciar ante la Justicia la vulneración a los derechos humanos y civiles, exigir el justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras detenidas, y abrazar de solidaridad a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con el pueblo pobre», dice el texto. «La persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy», según denuncian los firmantes. Aclaran asimismo que esa actuación tiene como objetivo «diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar».
También destacan que la obra de la dirigente social «dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social» y agregan que Sala «está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora».
Del mismo modo, remarcan que «Morales logró eliminar formas de organización colectivas reivindicativas de derechos de sectores humildes, derivado de la desarticulación de la Tupac Amaru» pero que «no logró quebrar moral y políticamente a Milagro. Ella y la organización continúan de pie». Los firmantes señalan que en estos cinco años «también lograron acusarla» de «asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y extorsión» así como «sentarla en el banquillo de las acusadas, que vaya a la cárcel, que en la prensa nacional e internacional su obra y su figura sea denostada, pero también reivindicada y conocida». «Sin embargo, Milagro nunca conoció de qué se la acusaba. El auto de requerimiento de juicio no contiene indicación de fechas, ni modos de comisión de los delitos que le imputaban. Milagro llegó a juicio sin conocer concretamente porqué estaba sentada frente a un tribunal», denunciaron. En este sentido, destacaron que «la falta de claridad y sorpresa constante sobre los hechos de la acusación contra Milagro fue continua y no fue despejada en las instancias superiores de revisión. Tampoco le permitieron incorporar pruebas periciales, documentales y testimoniales de descargo». «Para quienes suscribimos esta carta, personas dedicadas a la función pública en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales nacionales y provinciales, referentes políticos, dirigentes sociales y sindicales, profesionales y personas comprometidas con los derechos humanos y la democracia, la libertad de Milagro es urgente», especificaron. «Desde nuestro más profundo compromiso con la República y el Estado de Derecho, exigimos las debidas garantías constitucionales que requiere todo proceso penal, y afirmamos nuestra vocación de promover y concretar una sociedad con pleno y efectivo acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales», sintetizaron los más de cien firmantes.
   

 

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Rafecas dispuso la elevación a juicio oral y público de once represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la PBA


| Lesa Humanidad | Juicios. Seis de los imputados habrían actuado en el circuito represivo que tuvo por eje el centro clandestino de detención Mansión Seré; y cinco se habrían desempeñado en el centro de detención Cuatrerismo.


 

|El juez federal Daniel Rafecas dispuso la elevación a juicio oral y público de once represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar, investigados en el marco de la causa conocida como «Primer Cuerpo de Ejército», informaron fuentes judiciales.

Seis de los imputados habrían actuado en el circuito represivo que tuvo por eje el centro clandestino de detención Mansión Seré; y cinco se habrían desempeñado en el centro de detención Cuatrerismo.

Los seis imputados por los crímenes del circuito represivo de lo que fuera la Subzona 16, a cargo de la Fuerza Aérea y conformada por los partidos de Morón, Merlo y Moreno, se suman a los dieciocho que ya fueron elevados a juicio por los mismos hechos y que resultaron condenados en el marco del juicio oral y público llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.

Entre los nuevos detenidos elevados a juicio están el entonces Vicecomodoro de la Primera Brigada Aérea de Palomar Alejandro Noel Lazo, el Teniente Primero de la misma Brigada, Juan Carlos Herrera, y el entonces Cabo Primero José Juan Zyska; quienes fueron imputados por su actuación en Mansión Seré y por el cautiverio sufrido por víctimas en la Brigada Aérea de Palomar, donde también funcionó un centro de detención clandestino.

Entre los juzgados también están Ernesto Rafael Lynch, quien ocupaba el cargo de Capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno donde también se habría alojado a detenidos ilegales; el Cabo Primero Julio César Leston, y el Personal Civil de Inteligencia Arturo Rafael Giménez, ambos de la Regional de Inteligencia «Buenos Aires» de la Fuerza Aérea Argentina, quienes fueron responsabilizados como autores de la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a las personas alojadas en la Comisaría de Castelar, donde funcionaba uno de los más cruentos centros de tortura del circuito represivo.

En la resolución se señaló que la VIII Brigada Aérea de Moreno, que hasta el momento no tenía visibilidad concreta como centro de detención, constituyó un lugar de torturas y que también de ella dependían la Comisaría de Moreno, el Destacamento de Paso del Rey la Subcomisaría de Francisco Álvarez.

Por otro lado, se hizo una descripción de la actuación de las llamadas «Tres Marías», denominación que habría sido asignada a tres camionetas de la Fuerza Aérea que bajo el mando del Capitán Lynch patrullaban las calles y secuestraban a las víctimas.

En el marco de la misma megacausa que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura, bajo el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, el Juez Rafecas elevó a juicio el tramo referido al centro clandestino de detención Cuatrerismo, que funcionó en la llamada zona de Puente 12, en La Matanza, incluso desde antes del golpe de Estado.

Esa elevación abarca a cinco Oficiales de Policía de provincia que se desempeñaron en el centro clandestino, de los cuales uno de los imputados es el ex Oficial del Ejército, Enrique José del Pino, ya condenado por los crímenes cometidos en el circuito Atlético, Banco, Olimpo.

El juez Rafecas «tuvo por acreditado que Del Pino, como Teniente Primero del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, asistía a Cuatrerismo, en donde interrogaba a los detenidos bajo torturas», señalaron fuentes judiciales.

El resto de los imputados son Enrique Osvaldo Gauna, en aquel momento Oficial Principal de la División Cuatrerismo; Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno, ambos por entonces Cabos de la misma División; y Néstor Alberto Ciaramella, por entonces Oficial de la División.

En la resolución el Juez repasó varios testimonios, a partir de los cuales pudo reconstruir que la División Cuatrerismo, funcionó bajo el mando del Comisario Inspector Juan Modesto Carabajal, fallecido en enero de 1977, exclusivamente como centro clandestino de detención, en donde los detenidos eran sometidos a condiciones inhumanas de cautiverio y a torturas físicas de tal salvajismo, que muchas víctimas murieron por la tortura.

Los cinco elevados a juicio se suman a las 16 personas procesadas por Rafecas por considerarlas responsables de los crímenes de Cuatrerismo, de los cuales 13 fueron ya elevados a juicio.

   
 

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Leopoldo Moreau se mostró a favor de «seguir insistiendo por la vía judicial» en las causas que involucran a dirigentes del kirchnerismo


El diputado nacional del Frente de Todos abogó por agotar la vía judicial y recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos en los que están involucrados referentes kirchneristas.


 

|El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, aseguró este lunes que no cree «ni en la amnistía ni en el indulto» y se mostró a favor de «seguir insistiendo por la vía judicial» en las causas que involucran a dirigentes del kirchnerismo.

«No creo ni en la amnistía ni en el indulto. Hay que seguir insistiendo por la vía judicial», sostuvo Moreau sobre la solicitada con más de 5.000 firmas publicada el fin de semana, en la que dirigentes del oficialismo y personalidades internacionales denunciaron la existencia de una «persecución política» contra exfuncionarios kirchneristas y reclamaron la libertad del exvicepresidente Amado Boudou.

En la solicitada publicada en varios medios nacionales, los dirigentes aseguraron que «la persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones»

Al ser consultado sobre ese texto, Moreau consideró que además de presentar planteos ante la justicia argentina «hay que hacerlo (el reclamo) ante la Corte Interamericana» de Derechos Humanos.

En declaraciones a Radio Con Vos, el diputado nacional coincidió en que se trata de «una persecución política» contra exdirigentes del kirchnerismo y dijo que la Corte Suprema «eludió su responsabilidad», en cuanto a atender las «irregularidades dilatorias y violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso» en las causas que involucran a exfuncionarios.

«El problema de que en Argentina no haya justicia es la Justicia», aseveró el diputado nacional, que preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

Finalmente, Moreau hizo referencia al trabajo de esa comisión y la investigación sobre el espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri, al reiterar que «hubo un plan sistemático que funcionó con la AFI, AFIP, Migraciones y el Servicio Penitenciario que se dedicaron de manera sistemática a eso».

«Las causas en Argentina son una verdadera porquería», aseguró Moreau, quien sostuvo que el expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, «fue un cómplice activo de la persecución política».

     
 

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Graciana Peñafort, abogada de Boudou: «estamos trabajando en la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos»


Graciana Peñafort aseguró que trabajan en una presentación para que el tribunal de Derechos Humanos revise la condena del exvicepresidente. luego de la solicitada que pide su libertad.


 

|La abogada de Amado Boudou, Graciana Peñafort, informó este lunes que ya “están trabajando en la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos» para que revise la condena del exvicepresidente, luego del apoyo internacional expresado en la reciente solicitada que pide su libertad.

Además, en sintonía con el contenido de la solicitada, Peñafort adelantó que “antes que termine la feria (judicial de enero)” apelará el fallo del juez de ejecución penal Daniel Obligado que revocó el arresto domiciliario de Boudou y dispuso que regrese a la cárcel.

“En abril -agregó Peñafort-, el juez (por Obligado) dijo que no era necesario mortificar a un condenado y a su familia con el cumplimiento de la pena. ¿Lo que no era necesario en abril pasa a ser necesario en diciembre? ¿Por qué cambia de criterio? Por la presión mediática”, cuestionó la abogada este lunes en declaraciones a Radio La Red.

Con el título “Libertad a Boudou”, la solicitada publicada este domingo en la edición impresa de Página/12 y en el portal El Destape está encabezada por los de los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Enesto Samper (Colombia, también exsecretario general de Unasur), Fernando Lugo (Paraguay), el ecuatoriano Rafael Correa y Manuel Zelaya (Honduras).

Los exmandatarios encabezan la lista de 4730 firmantes que además integran diplomáticos de la región que se desempeñaron como cancilleres de sus respectivos países: el brasileño Celso Amorim, los ecuatorianos Ricardo Patiño y Guillaume Long, el paraguayo Jorge Lara Castro o el boliviano Diego Pary, entre otros.

El texto de la solicitada cuestiona a “los medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del Poder Judicial” por “generar una estrategia común que envenena la atmósfera política”, entre otras acusaciones ligadas a lo que algunos juristas junto a dirigentes políticos de la región definen como ‘law-fare’, o guerra judicial entablada contra determinados gobiernos de América Latina.

En relación a la solicitada, Peñafort aseguró que el documento fue impulsado “por un grupo de personas que está preocupado y que le está reclamando una respuesta concreta del Poder Judicial y de los medios”.

Además, la abogada acusó a “(Pablo) Bertuzzi”, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 4 que emitió la sentencia de condena contra el exvicepresidente, de estar “negociando con el Poder Judicial su llegada a la Cámara Federal sin concurso” mientras se realizaba el juicio oral.

“Durante todo el juicio fue notorio el tratamiento que tuvo ese tribunal, de manos de Bertuzzi, respecto a una de las acusaciones, que era peculado”, señaló.

Bertuzzi integró el TOF Nº 4 y hoy es camarista. Es uno de los jueces que ascendió a la Cámara Federal sin aval del Senado y que finalmente, tras la intervención de la Corte, fue repuesto en su cargo aunque de manera provisoria, hasta tanto se realice el concurso que requiere el procedimiento establecido por la Constitución para cubrir las vacantes.

“La sentencia de condena ha omitido respetar el debido proceso. Por eso vamos a solicitar en la Corte Interamericana (Corte IDH) que la revise, porque el respeto al debido proceso es una garantía de los Derechos Humanos”, agregó Peñafort sobre la apelación en curso.

La defensa del exvicepresidente tiene un plazo de seis meses desde el dictado de la sentencia para la presentación ante el tribunal hemisférico de protección de los DDHH.

Como en todos estos casos, la apelación tendrá la forma de una denuncia contra uno de los poderes del Estado argentino (en este caso el Poder Judicial, cuyo contralor está en manos de la Corte en tanto máximo tribunal).

De hecho, Peñafort, quien comparte la defensa de Boudou junto al penalista Alejandro Rúa, responsabilizó a la Corte por las “violaciones al debido proceso” que, según denunció, se cometieron a lo largo del caso Ciccone y del juicio oral.

“Nosotros sabemos muy bien por qué la Corte puso el (artículo) 280. Lo hizo porque no podía explicar por qué respecto al testigo Alejandro Vandenbroele, crucial para la causa, no supimos que le habían pagado para esa declaración: más de 4.000.000 de pesos. No podía explicar por qué Boudou había sido espiado por el Estado, es decir por agentes de la AFI, mientras estuvo preso y cuando estuvo en libertad, con seguimiento fotográfico”, acusó la letrada.

En ese sentido, Peñafort recordó que durante un tramo de la gestión de Cambiemos “el sistema de espionaje y las escuchas se hacían desde la Corte”.

“Es sencillo, si la Corte hubiera abierto ese recurso (de queja), habría tenido que averiguar qué es lo que había funcionado mal en la propia Corte”, puntualizó Peñafort.

La sentencia contra Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue, ratificada en Casación y luego llegó a la Corte con un recurso de queja, aunque el máximo tribunal se negó a revisar lo actuado con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita al máximo tribunal a denegar un recurso sin fundamentar las razones del rechazo.

     
 

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Demandan al gobierno de Larreta, pese a la pandemia «decidió interrumpir la prestación alimentaria por haber finalizado el ciclo lectivo»


La cautelar había sido pedida por la Unión de Trabajadores de la Educación de la Capital Federal, la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y particulares.


 

La juez porteña Elena Liberatori decidió habilitar la feria judicial de enero para que prosiga el trámite de una medida cautelar para que la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta continúe prestando durante el receso escolar el servicio alimentario a los alumnos que tuvieron ese beneficio durante el ciclo lectivo.

La habilitación de la feria judicial fue pedida por varias entidades que apelaron la negativa de la magistrada porteña Romina Tesone, quien hace una semana rechazó dictar la resolución provisoria, aunque dispuso «difundir» la promoción de la demanda para que, por tratarse de proceso un «colectivo», los interesados puedan presentase para hacer valer sus derechos.

La cautelar, para que se continuara entregando la Canasta Escolar Nutritiva, había sido pedida en el marco de una acción de amparo colectiva por la Unión de Trabajadores de la Educación de la Capital Federal (UTE), la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad (AODC), la Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y particulares.

Los demandantes expusieron que, tras la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, el Ministerio de Educación de la Nación suspendió el dictado de clases presenciales en los niveles inicial, primario, secundario (medida a la que adhirió el Gobierno porteño), pero el servicio de comedor escolar siguió brindándose con «viandas» a retirar de los establecimientos educativos.

«Pese a que continúa la crisis económica y sanitaria», el gobierno de Juntos por el Cambio «ha decidido interrumpir la prestación alimentaria por haber finalizado el ciclo», lo que «pone en peligro el derecho a la salud y a la alimentación» de los alumnos y estudiantes beneficiarios de la Canasta Escolar Nutritiva, remarcó la demanda.

Al rechazar el pedido, Tesone había afirmado que «no se advierte que la medida peticionada sea la más adecuada a los fines de asegurar y concretizar los intereses generales de la sociedad, ni la que resulte más certera a fin de tutelar los derechos de quienes efectivamente requieran la asistencia alimentaria».

La decisión fue apelada y Liberatori, que actúa como «jueza de feria», habilitó el trámite «en atención a la cuestión comprometida en la causa, las necesidades alimentarias vitales, el interés superior de les niñes y el artículo 39 de e la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires -en cuanto a la obligación que recae en cabeza de la Ciudad con respecto a la protección integral de los mismos».

Siguiendo el criterio de Tesone, Liberatori ordenó al GCBA que emita una circular y la publique en medios oficiales para que los interesados sepan que podrán requerir el soporte alimentario a través de los programas vigentes.

     
 

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Parrilli duro con Macri, Lorenzetti e Irurzun por los «organismos paralelos de inteligencia»: «elegían qué causas se investigaban»


El senador nacional Oscar Parrilli (FdT-Neuquén) afirmó que «estaba la AFI que manejaban Arribas y Macri, y el que manejaba Lorenzetti e Irurzun, y allí elegían qué causas se investigaban».


 

|El senador nacional Oscar Parrilli (FdT-Neuquén) afirmó que durante la administración de Mauricio Macri «se crearon organismos paralelos de inteligencia» y responsabilizó en ese sentido al ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y al camarista Martín Irurzun.

«Estaba la AFI que manejaban Arribas y Macri, y el que manejaba Lorenzetti e Irurzun, y allí elegían qué causas se investigaban», sostuvo Parrilli en declaraciones formuladas este martes.

Parrilli, quien integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, recordó que la semana pasada esta comisión «le entregó a la Vicepresidenta (Cristina Fernández) y al diputado (Sergio) Massa un informe que da cuentas del manejo que tenía la oficina de escuchas telefónicas, que Macri traspasó de la procuradora a la Corte».

En tanto, al referirse al segundo pedido de juicio político que presentó contra el fiscal Carlos Stornelli, recordó que «tiene un procesamiento confirmado por la Cámara», acusado de extorsiones y espionaje ilegal, y consideró que «lo que está claro es que Stornelli ha incumplido sus obligaciones de fiscal».

«Además -continuó- de que estuvo ocho meses prófugo, y el procurador Casal lo protegió», agregó en diálogo con las radios AM990 y El Destape.

Por último, concluyó que «hay una actitud del macrismo de conservar a jueces amigos», tras lo cual nombró a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, y Martín Irurzun, al fiscal Carlos Stornelli, y al Procurador Eduardo Casal.

«Es para que los protejan en los más de cien casos que se están investigando por corrupción que cometieron durante sus cuatro años de Gobierno», advirtió Parrilli.

En otro orden, el senador neuquino refirió a la situación judicial del exvicepresidente Amado Boudou y al respecto se mostró partidario de entablar «apelaciones a nivel internacional». «Habría que buscar la manera de que este fallo sea revisado», subrayó.

Parrilli también cuestionó a la Corte Suprema, que a principios de diciembre pasado rechazó un recurso de queja interpuesto por la defensa del exvicepresidente basándose en el artículo 280 del Código Civil y Comercial, que permite denegar un recurso sin fundar ni dar explicaciones.

Con esa decisión del máximo tribunal no accedió a revisar las irregularidades del expediente denunciadas por la defensa, por lo que quedaron firmes las condenas del caso de la imprenta Ciccone Calcográfica, entre ellas la de Boudou.

«Esta Corte, lo que ha dejado es esto, un fallo arbitrario que se ha convertido en el ejemplo de la mayor arbitrariedad», criticó Parrilli.

Según el legislador del Frente de Todos, el fallo contra el exvicepresidente en el caso Ciccone «tiene que ser revisado».

«El caso de Boudou es la expresión de lo que ha sido el lawfare. Y la Corte tiene una gran responsabilidad en esto», remarcó.

El ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni -al hacer una defensa de Boudou- aseguró -entre otros conceptos- que «la solución inmediata es el indulto» y que, «si no, van a seguir los presos políticos».

«Indultar es reconocer que Boudou fue bien condenado y esta es una condena absolutamente irregular», se diferenció Parrilli en este punto.

     
 

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El ministro Gollan denunció ante la Justicia la «pérdida» de 400 dosis de la vacuna Sputnik en Olavarría


| Denuncia | Vacunas. Según precisó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, se inició un sumario administrativo y se realizó la denuncia judicial para determinar los motivos por los cuales se perdió la cadena de frío.


 

|El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, denunció ante la Justicia la pérdida de 400 dosis de la vacuna Sputnik contra el coronavirus que quedaron inutilizadas tras perder la cadena de frío en un hospital de Olavarría, mientras que el fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, dijo que se investiga si el hecho se trató de una «falla eléctrica» o «un atentado».

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, calificó como «muy lamentable» la pérdida de las dosis por un desvío en la cadena de frío en el Hospital Oncológico de Olavarría, mientras que el intendente de esa ciudad, Ezequiel Galli, advirtió que si fue un sabotaje «habrá que ir hasta las últimas consecuencias».

El ministro de Salud bonaerense explicó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) que cuentan con «160 puntos de vacunación» y sostuvo que esos centros tienen «sus respectivos freezer y termómetro de control, grupo electrógeno por si falla la electricidad y su propio sistema de monitoreo».

«Iniciamos un sumario e hicimos la denuncia judicial», expresó el funcionario al ser consultado sobre la situación registrada en el mencionado centro de salud.

Gollan manifestó que «la perilla que fue dejada a una temperatura a la noche fue girada a 26 grados» y consignó que «la única cámara de seguridad que enfocaba allí, fue apagada».

El ministro consideró que el hecho «es llamativo» y sostuvo que «esto nos lo informaron las autoridades (del Hospital), que una cámara dejó de funcionar en el mismo momento en que la perilla cambió de posición, esa fue la única cámara que dejó de funcionar».

«Queremos que se investigue qué sucedió allí», expresó el ministro.

La investigación judicial

El fiscal general la localidad bonaerense de Azul, por su parte, explicó en declaraciones al canal C5N y a la radio El Destape que la denuncia fue radicada por la directora del Hospital Oncológico ante la Fiscalía N° 10 de Olavarría y precisó que había unas 450 dosis en el centro de salud, que debían permanecer «a una temperatura de entre -18° y -40°».

«Ayer a la mañana, se encontraron con que la graduación del freezer estaba en 26°, con lo cual había que descartar 400 dosis -dado que otras 50 ya se habían inoculado al personal de salud- porque perdieron la cadena de frío», sostuvo Sobrino.

El fiscal apuntó que «se está investigando si fue algo del orden de una falla eléctrica en el freezer o un atentado», afirmó que «se analizan las dos opciones» y agregó que «para eso se tomó rápidamente la denuncia y la fiscal enseguida comenzó con las actuaciones».

Sobrino manifestó que se realizarán pericias técnicas «respecto del freezer» y agregó que se analizarán las cámaras de seguridad «para ver quién ingresó al lugar el fin de semana» y determinar si se manipuló el artefacto.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, en tanto, calificó en declaraciones a la radio AM 750 como «muy lamentable» la pérdida de las vacunas y pidió «una exhaustiva investigación» sobre el hecho.

«Que no se hayan podido aplicar me parece muy lamentable y merece una exhaustiva investigación», destacó Salvarezza y agregó que «es un momento en el cual las dosis son muy apreciadas y esas eran para 400 trabajadores de la salud que son los que están más expuestos con el incremento del número de casos«.

   
 

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