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El juez federal Juan Pablo Auge rechazó enviar a Comodoro Py la causa por espionaje ilegal de la AFI “M” sobre el Instituto Patria


| ESPIONAJE ILEGAL | AFI “M”. El juez federal Juan Pablo Auge consideró que ese expediente no se puede separar del que investiga maniobras similares contra dirigentes políticos, religiosos, gremiales y periodistas.


 

|El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge rechazó enviar a Comodoro Py la causa por supuesto espionaje ilegal realizado en 2018 desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre el Instituto Patria, tras considerar que ese expediente no se puede separar del que investiga maniobras similares contra dirigentes políticos, religiosos, gremiales y periodistas.

Con esta decisión, el magistrado rechazó la inhibitoria que le planteó la jueza Maria Eugenia Capuchetti a instancias de la Cámara Federal porteña, que le había dado la razón al ex titular de la AFI Gustavo Arribas cuando pidió que ese expediente pasara a tramitar en los tribunales de Retiro.

“Corresponde que esta causa y su conexa continúen tramitando en esta jurisdicción, que es la que previno”, sostuvo el juez Auge, quien demás señaló que “no resulta posible determinar un lugar de comisión analizando un solo segmento de los hechos, cuando existe aquí una organización delictiva conformada para cometer, entre otros delitos, gran cantidad de espionajes y seguimientos ilegales”.

Al referirse específicamente al expediente en el que se investiga el espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el que ya están procesados Arribas y su otrora segunda Silvia Majdalani, el juez recordó que en el afán de intentar dar cobertura legal a ese espionaje se utilizó una causa radicada precisamente en Lomas de Zamora.

“La denuncia presentada por la interventora de la AFI (Cristina Caamaño) ante los Tribunales de esta jurisdicción, pone de manifiesto que en el marco de la causa judicial 82441/2017, también en trámite ante este circuito federal, se introdujeron informes relativos a tareas de investigación que no estaban vinculados con su objeto procesal y que en realidad correspondían a acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25.520”, detalló el juez.

“De ese modo, esos informes ideológicamente falsos pretendían simular que las acciones de inteligencia ilícitas eran en realidad actividad investigativa regular realizada bajo el amparo de una orden del juez en esas actuaciones. Así, el epicentro de la maniobra con la que se pretendió dar cobertura a las acciones prohibidas desplegadas, resultó una causa judicial de esta jurisdicción y fue aquí donde esos informes ideológicamente falsos fueron presentados y produjeron sus efectos hasta la actualidad”, agregó el magistrado.

El juez también recordó que en el informe utilizado para intentar justificar las tareas de inteligencia, se revelaba que la actividad de la AFI incluyó también a la exgobernadora María Eugenia Vidal, otro elemento que prueba que los eventuales delitos se habrían cometido en múltiples jurisdicciones por lo que no correspondería enviar el expediente a Comodoro Py.

Al referirse al fallo de la sala I de la Cámara Federal porteña que el 21 de agosto dispuso que el caso del instituto Patria debía tramitarse en Comodoro Py -en contra de lo que había decidido la jueza Capuchetti en primera instancia-, el juez sostuvo que el camarista Mariano Llornes decidió “confundiendo la acumulación de esta causa, como un hecho independiente o autónomo a la causa Nº 14149/2020, la cual en realidad forma parte de un todo, como ha quedado demostrado, unificándose las pesquisas”.

El fallo de Auge fue firmado el 21 de septiembre mientras que este viernes el incidente quedó radicado ante la sala I de la Cámara Federal de La Plata.

     
 

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La interventora de la AFI entregó un libro con más de 500 fotos de personas perseguidas durante la última dictadura


| AFI | “Álbum de fotos”. Se trata de un libro con más de 500 fotos de personas que los militares querían “neutralizar”, según consta en lo hallado y que habría sido elaborado “por personal del Ejército”.


 

|La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, entregó este jueves a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, un álbum de fotos de personas buscadas y perseguidas por la última dictadura cívico militar hallado en ese organismo de información.

Se trata de un libro con más de 500 fotos de personas que los militares querían “neutralizar”, según consta en lo hallado por el personal de la AFI, y que habría sido elaborado “no por el servicio de Inteligencia de aquel entonces sino por personal del Ejército”.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, al recibir el libro, sostuvo que “el hallazgo de esta documentación es muy importante no sólo por su valor histórico, sino que será relevante para los procesos de lesa humanidad”.

“El contenido, con fotos y datos de personas detenidas, desaparecidas y sobrevivientes de la dictadura cívico militar, constituye un renovado ejercicio de Memoria y Verdad sobre el capítulo más doloroso de nuestra historia, que aún no se ha saldado”, expresó la funcionaria según un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos.

En ese sentido, manifestó que el documento “se incorporará a los fondos y colecciones documentales del Archivo de la Memoria, como un aporte más de la construcción de la memoria colectiva y como testimonio del obrar sistemático del terrorismo de Estado”.

Por su parte, Pietragalla Corti apuntó que “además de contribuir al conocimiento de los hechos, a los procesos judiciales y a la reparación de las víctimas y sus familias, estos documentos ayudarán a desentrañar la historia de los servicios de inteligencia en nuestro país”.

“Como podemos ver en hechos lamentables que nos muestran los alcances del espionaje ilegal hasta el día de hoy, consideramos que esa es sin duda una deuda de la democracia, que ha sido asumida como un compromiso fundamental por este gobierno”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos al recibir el libro.

En tanto, la titular de la AFI destacó que “la Agencia Federal de Inteligencia tiene una posición proactiva en la búsqueda de la verdad histórica”.

“Sanear los sótanos de la democracia es también participar de la construcción de un organismo comprometido con la política de verdad y justicia y con asegurar que Nunca Más se utilicen los recursos del Estado para la persecución política”, expresó Caamaño.

El álbum de fotos

El libro, de color azul oscuro, tiene 77 páginas impresas en un papel de calidad con el logo de la imagen de la Jefatura II del Estado Mayor del Ejército, encargado de la inteligencia en aquellos años.

La Secretaría de Derechos Humanos precisó en el comunicado que el libro fue encontrado en un armario de la Secretaría de Planificación de la AFI y sostuvo que en el mismo figuran personas reconocidas del ámbito cultural, social, político y artístico.

El libro tiene una leyenda impresa en la segunda hoja que explica su objetivo: “El presente álbum tiene como finalidad servir para la detección, identificación y posterior neutralización de personal y material utilizado con fines subversivos”.

     
 

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Rossi y Caamaño denunciaron espionaje ilegal de la AFI “M” a familiares del ARA San Juan: Macri, Arribas y Majdalani, acusados


| AFI “M” | Espionaje ilegal. La AFI denunció este miércoles un mecanismo de espionaje ilegal contra familiares de tripulantes del ARA San Juan, en momentos en el que el submarino aún permanecía desaparecido.


 

|El ministro de Defensa, Agustín Rossi, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, coincidieron en señalar que el espionaje realizado a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan durante el gobierno de Mauricio Macri fue “un acto perverso y violatorio de la ley nacional” que rige esas tareas de seguimiento.

“Los familiares de los tripulantes del ARA San Juan fueron objeto de una doble victimización. Mientras buscaban a sus familiares perdidos fueron espiados de forma perversa. Se trató de un hecho violatorio de la ley de inteligencia nacional”, señaló Caamaño en una conferencia de prensa que ofreció junto a Rossi en la Casa Rosada.

Por su parte, el titular de la cartera de Defensa consideró que el caso se inscribe en “un capítulo más de “la vergonzosa gestión” que el macrismo llevó a cabo en la AFI.

“A los pocos días de haber perdido a sus hijos y sus hermanos, los familiares fueron objeto de un espionaje hecho con recursos del Estado cuando se reclamaba que se siguiera la búsqueda. Es un hecho inhumano”, apuntó Rossi.

Por su parte, Caamaño aseguró que el seguimiento sobre los familiares incluyó fotos e intrusiones a las redes sociales y afirmó que esta información fue encontrada en el organismo cuando se cumplía con un requerimiento judicial sobre otro tema.

“Nos encontramos con esto cuando buscábamos otra cosa y decidimos hacer esta denuncia que se enmarca la decisión del presidente Alberto Fernández de hacer ingresar en la AFI en el Estado de Derecho. Es claro que acá se usaron fondos reservados”, observó.

La funcionaria estimó que las actividades de los familiares le “generaban inquietud” al gobierno anterior y que en los informes se detallaban qué le iban a preguntar a Macri cuando los recibiera.

“Los informes decían que al presidente le iban a preguntar sobre la búsqueda, las órdenes de que el submarino partiera y que le reprocharán al expresidente que había algo que no querían que se supiera”, detalló Caamaño.

En ese sentido, Rossi contó que antes de que la denuncia se efectuara, se les comunicó la noticia a los familiares, quienes “no se sorprendieron” ante el hecho de que eran espiados.

“La jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, Ana Clara Alberdi, está en contacto permanente con los familiares de las victimas del ARA San Juan y les comunicó estos hechos. Ellos reaccionaron sin sorpresa porque sospechaban que eran espiados”, aseveró Rossi.

El titular de la cartera de Defensa aclaró que los denunciados son el expresidente Mauricio Macri, y Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes estaban a cargo de la AFI durante la gestión que terminó en 10 de diciembre de 2019.

“Es un hecho llevado a cabo por la AFI y personal del organismo que se desempeñaba en Mar del Plata (lugar de residencia de muchos familiares) que también fue denunciado. El Ministerio de Defensa no tuvo nada que ver en esto”, remarcó Rossi al ser consultado sobre la responsabilidad que pudo tener en este caso su antecesor, Oscar Aguad.

Ambos funcionarios precisaron que los seguimientos se realizaron en el primer semestre de 2018 y adelantaron que si encuentra nueva información sobre este caso de espionaje, lo presentarán ante la justicia.

“Vamos a seguir buscando información y se la daremos a la Justicia para que actúe. Los familiares de los marinos del ARA San Juan merecen una respuesta”.

Caamaño presentó este miércoles ante la Justicia Federal de Mar del Plata una denuncia por presunto espionaje ilegal realizado durante el Gobierno de Macri sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan, en momentos en el que el submarino aún permanecía desaparecido, entre enero y junio del 2018.

       
 

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La Policía de Larreta reprimió hiriendo a enfermeros y enfermeras frente a la Legislatura porteña. Repudio del Frente de Todos


| REPRESIÓN | Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Peticionaban ante la Legislatura por su derecho a ser reconocidos como profesionales de la Salud en el Día de la Sanidad.


 

“Íbamos a entregar un petitorio en reclamo del reconocimiento de la carrera profesional y nos recibió la policía a los golpes. Fue una situación horrible”

CAROLINA CASERES, DEL HOSPITAL TORNÚ
 

Enfermeras y enfermeros que trabajan en hospitales de la ciudad de Buenos Aires protestaron este lunes en las inmediaciones de la Legislatura porteña para reclamar un reconocimiento profesional y fueron reprimidos por Policías de la Ciudad.

Entre tironeos y empujones, al menos dos enfermeras debieron ser atendida por personal del SAME por cortes en la cabeza.

Los manifestantes reclamaron mejores condiciones laborales y que se considere a los enfermeros como profesionales de la salud, en el marco de la pandemia de coronavirus, que representa una exigencia mayor para el personal del área.

La protesta coincidió con el Día de la Sanidad y los asistentes denunciaron que al intentar ingresar al edificio de la Legislatura para entregar un petitorio fueron agredidos por empleados de la Ciudad.
“Fui agredida por hombres, fui agredida por la Policía. Miren cómo quedé y hay dos o tres compañeras más que fueron agredidas”, señaló Norma, una de las enfermeras que participó de la protesta en declaraciones a la prensa, tras ser atendida por personal del SAME.
Antes de esa protesta, en el Obelisco, la Asociación de Licenciados en Enfermería de la CABA, junto a Asociaciones Sindicales de Salud, realizó una conferencia de prensa para reclamar mejoras para el sector a la Ciudad.
Andrea Ramírez, de la Comisión Directiva de ALE, manifestó: “No alcanza el personal, nos enfermamos y no damos abasto. Larreta nos sigue discriminando. Nos dio la mitad del bono que cobran las otras profesiones, y la mitad de los contagios del equipo de salud son de Enfermería”.

 

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El gobierno bonaerense preocupado por la anulación del procesamiento del fiscal acusado de delitos de lesa en la dictadura


| LESA HUMANIDAD | La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense manifestó este lunes su “preocupación” y “disconformidad” con la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló el procesamiento del Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, imputado por crímenes de lesa humanidad, informó un comunicado de ese organismo.


 
|El fiscal está acusado de la comisión de esos delitos en 1981, cuando actuaba como oficial de la Policía Bonaerense en la Delegación San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). El pasado 18 de septiembre la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Guillermo J. Yacobucci y Carlos A. Mahiques, resolvió “hacer lugar” al recurso de casación interpuesto por la defensa de Fernández Garello, Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos y Guillermo Horacio Ornstein y “anular las decisiones” de la jueza federal Alicia Vence, titular del Juzgado Federal 2 de San Martín. La magistrada los había procesado sin prisión preventiva como partícipes necesarios penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas. El tercer juez de la Sala II, Alejandro W. Slokar, votó en disidencia y se opuso al considerar que la decisión del Juzgado Federal 2 de San Martín y su ratificación en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín “no puede ser impugnada” por la Casación porque no se trata de una sentencia definitiva. El 12 de agosto la jueza Vence, ante los pedidos de la acusación y las querellas, cerró la instrucción y elevó la causa a juicio, que quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. “La decisión de Casación volvió el expediente a la primera instancia e inhibió a la Cámara de Apelaciones de San Martín de volver a intervenir”, destacó la Subsecretaría.
En esa línea, el camarista de Casación Slokar agregó: “La decisión de anular todo lo actuado cuando no se evidencia un perjuicio actual retrotrayendo el proceso a una etapa ya culminada, importa una transgresión a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino”.
Por ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense manifestó su disconformidad con la decisión entendiendo que los secuestros y torturas de los que se acusa al Fiscal General de Mar del Plata cuando era subinspector de la central de inteligencia de la Dippba, contra tres militantes políticos del Partido Comunista, “deben ser investigados en un juicio oral y público, en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado en nuestro país a partir de 2003”.

 

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Presidente Fernández: “construir un Estado de Derecho en el que la hipocresía y los vicios cesen y las virtudes aumenten”


| ESTADO DE DERECHO | Justicia. En un breve posteo en su cuenta de la red social Twitter, el Presidente recomendó hoy la lectura de una nota de la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, en el portal El Cohete a la Luna.


 

|El presidente Alberto Fernández llamó este domingo a “construir un Estado de Derecho en el que la hipocresía y los vicios cesen y las virtudes aumenten”.

En un breve posteo en su cuenta de la red social Twitter, el Presidente recomendó la lectura de una nota de la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, en el portal El Cohete a la Luna.

“Una nota @gracepenafort que merece ser leída”, escribió el Presidente sobre el artículo en el que se analiza el traslado de magistrados a tribunales de otros fueros y advirtió: “Tal vez revisando objetivamente las cosas que vienen pasando, podamos construir un Estado de Derecho en el que la hipocresía y los vicios cesen y las virtudes aumenten”.

“El traslado de un juez a un tribunal con distinta competencia implica un nuevo nombramiento de ese juez en el nuevo tribunal. Y ese nuevo nombramiento implica un nuevo acuerdo del Senado”, explicó Peñafort en el artículo.

Días atrás, el Gobierno nacional dejó sin efecto, a través de tres decretos, los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes deberán regresar a sus juzgados originales luego de que se expidiera el Senado en ese sentido.

Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal con sede en Comodoro Py 2002 y, durante el Gobierno de Mauricio Macri fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña.

En tanto, el juez Castelli fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, el 9 de octubre de 2018, hacia el Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene que juzgar la causa abierta a partir de fotocopias de los denominados “cuadernos de las coimas” en la obra pública.

Peñafort invocó a la Acordada 4/18 de la Corte Suprema que dice: “El traslado de un juez constituye en rigor un ‘nuevo nombramiento’… y que “así, el constituyente ha regulado un único proceso de designación por el que se obtiene ‘la calidad de juez’, tal la expresión utilizada por esta Corte en el precedente «Rosza» (Fallos: 330:2361, cons.11)”.

“En base a esta única vía de acceso a la magistratura federal, queda descartada la designación permanente de magistrados que ya ostentan tal calidad para ejercer en un tribunal con una competencia específica, en otro tribunal con otra competencia radicalmente distinta bajo la forma de ‘una transformación’ o de ‘un traslado’. Este ‘no está’ previsto en parte alguna de la Constitución Nacional y no constituye una categoría constitucional autónoma respecto del nombramiento”, apuntó.

Además, Peñafort aludió a los “niveles de hipocresía con los que buena parte de la oposición y de muchos periodistas se manejan en estos días”.

“Con toda seriedad les digo que se nota mucho como son todos parte del operativo ‘Disparen contra Les Fernández'”, escribió.

La funcionaria parlamentaria vinculó los cuestionamientos de la oposición al inicio del debate del proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas en la Cámara de Diputados.

“Doble moral, doble discurso y según las causas que investigan los aportes ilegales, doble contabilidad”, advirtió Peñafort y concluyó: “la democracia es además de la mejor forma de gobierno que hemos encontrado, una forma de virtud. No la ensucien con su hipocresía, y con sus homenajes vacíos de virtudes y de razones”.

       
 

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Juicios de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura continuarán de manera virtual esta semana


| LESA HUMANIDAD | Juicios. En el marco de numerosos juicios en todo el país, esta semana comienzan dos nuevos procesos de manera virtual donde algunos de quienes serán juzgados están acusados por primera vez.


 

|Los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar continuarán de manera virtual esta semana con el inicio de dos debates, uno en Rosario por la denominada causa “Klotzman”, y otro en Mendoza en el que se analiza la responsabilidad que tuvieron funcionarios judiciales con los crímenes que se cometieron en esa provincia.

El miércoles, a partir de las 9.30, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario comenzará a juzgar a Luis Paulino Coronel, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López, exintegrantes de la sede Rosario de la Policía Federalacusados por primera vez de delitos de lesa humanidad.

Se les imputa el secuestro y la desaparición de 29 personas y de la apropiación de una niña, cuya identidad resultó luego restituida.

También está acusado Jorge Fariña, quien durante la última dictadura se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército.

Los crímenes de lesa humanidad endilgados a los imputados tuvieron como eje el centro clandestino de detenciones llamado “Quinta de Fisherton”, en las afueras de Rosario.

El viernes, en tanto, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza iniciará un juicio oral luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revisara una sentencia dictada el 25 de julio de 2017.

El máximo tribunal penal dispuso que el tribunal vuelva a tratar absoluciones dictadas respecto de Antonio Indalecio Garro Rodríguez, José Antonio Lorenzo Constantino, Juan Carlos Ponce Ochoa, Héctor Rubén Camargo Granda, Miguel Ángel Ponce Carrera, Otilio Irineo Roque Romano Ruiz y Rolando Evaristo Carrizo Elst.

También deberá abordar la anulación parcial de las condenas de Armando Osvaldo Fernández Miranda, Marcelo Rolando Moroy, Rubén Darío González Camargo, Julio Héctor La Paz, Oscar Alberto Bianchi Bartell, Ricardo Benjamín Miranda Genaro y Pedro Modesto Linares Pereyra.

En tanto que el lunes, proseguirán, por plataformas on line, las audiencias del juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura.

El martes y el miércoles continuarán, por medios electrónicos, los alegatos en el juicio Saint Amant III que se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario y en el que se investigan 16 causas con 50 víctimas de secuestros, privación ilegal de la libertad e interrogatorios bajo tormentos.

Durante esos dos días, se desarrollarán en Mar del Plata los alegatos de la Fiscalía en el juicio CNU II, en el que investiga el accionar de la asociación ilícita integrada por miembros de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria.

El miércoles, desde las 10 a través del canal de YouTube del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba (bit.ly/VivoJuicioDiedrichsHerrera), continuará el juicio que juzga a 19 represores, en su mayoría ya condenados por delitos de lesa humanidad en perjuicio de más de 40 víctimas del ERP-PRT.

En esa jornada proseguirá, por la vía remota, el juicio en el cual se investigan delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que comprende a 18 imputados y 84 víctimas y se encuentra en etapa de alegatos de las defensas.

Por la vía remota, seguirá el debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En tanto, el juevesel Tribunal Federal 4 de San Martín seguirá juzgando, a través de la vía remota, a nueve exintegrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por los secuestros, torturas y asesinatos de casi cien personas, en el marco de la causa en la que se investigan los delitos cometidos durante la represión ilegal a la denominada “Contraofensiva montonera”, ocurrida entre 1979 y 1980.

También el jueves se reiniciará en Jujuy el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en “La noche del apagón” y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.

En Tucumán, el jueves y el viernes, proseguirán los alegatos de la Fiscalía en el juicio en el que se investigan crímenes de lesa humanidad contra 366 víctimas, en un proceso que incluye cinco causas acumuladas, entre ellas los hechos del expediente conocido como Operativo Independencia II.

El viernes, en tanto, habrá una nueva audiencia virtual del juicio de la causa Vesubio III, proceso en el cual hay diez acusados de homicidio y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 420 víctimas, detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó hasta septiembre de 1978.

También proseguirá ese día el juicio Orletti V por delitos cometidos contra 11 víctimas en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, y donde se analizan las responsabilidades penales de Eduardo Ruffo, Honorio Carlos Martínez Ruiz, Eduardo Cabanillas y Miguel Ángel Furci, quienes revistaban como personal civil de inteligencia en hechos por los que hasta ahora no fueron juzgados.

Finalmente, en Mendoza se reanudará por la vía remota el denominado juicio acumulado que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

     
 

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La vicepresidenta Cristina Kirchner calificó como “esclarecedor” el documento del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires


| PJ BONAERENSE | Documento. Cristina consideró que hubo un “fake allanamiento” a la quinta de Macri, y “una nueva operación político-judicial”.


 

|La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó este viernes como “esclarecedor” el documento del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que califica el allanamiento realizado a la quinta los Abrojos del expresidente Mauricio Macri como “una nueva operación político-judicial”.

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Comunicado del PJ Bonaerense | “Autoallanamiento de Macri: Un montaje al servicio de la posverdad”

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“Fake allanamiento. Esclarecedor comunicado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter, en la que publicó el documento partidario que cuestionaba la medida ordenada por el juez Juan Manuel Culotta para determinar si el ex mandatario había violado las medidas de aislamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus.

En un documento titulado “Autoallanamiento de Macri: un montaje al servicio de la posverdad”, el PJ bonaerense recordó que Culotta, es casualmente condiscípulo del colegio Cardenal Newman” del expresidente.

“Culotta fue designado, en forma irregular, juez electoral durante la gestión de Cambiemos para ejercer el control político directo de las elecciones de aquel año”, expresó el espacio.

Asimismo, sostuvo que la denuncia contra Macri, por haber incumplido el aislamiento “tras regresar de sus vacaciones europeas, no fue realizada por la Municipalidad de Malvinas Argentinas, conducida por el compañero Leonardo Nardini”.

“Los peronistas no andamos con gorra y uniforme soplándole a la Justicia infracciones o delitos de nuestros oponentes, a quienes les damos pelea en la discusión de ideas y en las urnas”, destacó el documento del PJ bonaerense.

En ese sentido, sostuvo que “considerando el origen espurio de la medida del juez Culotta no nos caben dudas que estamos ante una nueva operación política-judicial de un autoallanamiento tendiente a desacreditar al peronismo para colocarlo en la vereda de la persecución y de la intolerancia”.

Por último, el PJ Bonaerense destacó: “sin embargo, recurre al montaje de un autoallanamiento al servicio de la posverdad, olvidando que ‘la mentira tiene las patas demasiado cortas y enseguida se le alcanza'”.

El juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, ordenó el jueves un procedimiento en la quinta “Los Abrojos”, donde vive el expresidente Macri para acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, con el objetivo de establecer si el exmandatario violó la cuarentena tras su regreso de su viaje a Europa. La medida fue solicitada por el fiscal federal Jorge Sica, quien tiene delegada la investigación.

El expresidente mantuvo una reunión con intendentes bonaerenses del PRO, a una semana de su regreso de Europa, el 3 de septiembre, y antes de concluir los 14 días de cuarentena obligatoria que debía cumplir por volver del exterior.

     
 

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El Gobierno bonaerense convocó a paritarias a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense y a los judiciales


| PARITARIAS | Provincia de Buenos Aires. Tras el llamado a los trabajadores de la administración pública, a quienes recibirá el próximo miércoles, la administración provincial citó a los docentes nuecleados en el FUDB para el jueves y para el día siguiente a los judiciales.


 

|El Gobierno bonaerense convocó a paritarias a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y a los trabajadores judiciales, informaron fuentes gremiales y del Poder Ejecutivo.

Tras el llamado a los trabajadores de la administración pública, a quienes recibirá el próximo miércoles, la administración provincial citó a los docentes para el jueves y para el día siguiente a los judiciales.

 

El encuentro con los dirigentes sindicales que integran el FUDB -Suteba, La Feb, Sadop, Udocba y AMET-, se realizará el jueves próximo a las 14.

 

En un comunicado conjunto, los docentes destacaron la necesidad de “discutir una recomposición salarial que responda al compromiso establecido en el acuerdo paritario de febrero de este año”.

“Los trabajadores de la educación, firmemente comprometidos y día a día, garantizan la continuidad pedagógica afrontando esfuerzos económicos para ejercer dicha tarea”, planteó el Frente y añadió que “resulta fundamental una recomposición salarial para los próximos meses”.

 

En un comunicado, el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Pablo Abramovich, explicó que exigirán “que se ponga fin a la caída de los salarios de las y los judiciales porque es inaceptable que hoy un compañero o compañera que ingresa al Poder Judicial reciba un salario de bolsillo de $29.800 pesos, mientras que la línea de pobreza supera los $44.500″.

 

“Para empezar a salir de esta situación tenemos que recomponer lo perdido en 2020 y avanzar en la recuperación del salario perdido en 2018 y 2019”, apuntó.

El miércoles pasado el Gobierno bonaerense había convocado a los gremios estatales enrolados en la Ley 10.430.

     
 

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Ministra Losardo: “la lucha contra el lavado de activos es prioridad estratégica para el Estado”


| PRIORIDAD ESTRATÉGICA | “Lucha contra el lavado de activos”. La ministra de Justicia y Derechos Humanos lo dijo al participar de manera virtual de una reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organismo que preside la funcionaria.


 

|La ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, afirmó este jueves que la lucha contra el lavado de activos y delitos conexos “constituye una prioridad estratégica para el Estado” argentino.

“Este Comité, de composición variada e interinstitucional, cumple un rol crucial en la estrategia de nuestro país a la hora de prevenir y combatir delitos gravísimos que amenazan la seguridad y el bienestar de la Argentina”, afirmó.

Losardo destacó que “esta lucha constituye una prioridad estratégica para el Estado”.

Y aseveró: “Reitero mi más alto compromiso político e institucional para que la Argentina prevenga y combata eficazmente el lavado de activos y sus delitos conexos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, se informó en un comunicado.

El Ministerio de Justicia tiene a su cargo el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Su misión es “reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional” contra esos delitos “en cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por las Convenciones de la ONU y los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”, se explicó.

Participantes de la reunión

De la reunión participó Adriana García Netto, Coordinadora Nacional del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y representante argentina ante el GAFI y GAFI-LAT.

También estuvieron el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz; la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; el funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Juan Capello y el subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Malavolta.

En representación de la Secretaría de Seguridad estuvo Micaela Laura Méndez; de la Superintendencia de Seguros de la Nación; Juan Carlos Otero; de la Comisión Nacional de Valores; José Morena, del Instituto de Asociativismo y Economía Social; Holger Federico Martinsen, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Roberto Lemos Arias, de la Corte Suprema de Justicia, y Mario Villar, del Ministerio Público Fiscal.

       
 

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