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Un fiscal denunció a Macri por “instigación al delito y desobediencia”, pidió a los intendentes no apoyar las medidas del Gobierno nacional


| Denuncia | Medidas sanitarias. La presentación la hizo Javier Ignacio Baños, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante la fiscalía general de ese departamento.


 

|Un fiscal de Morón denunció al expresidente Mauricio Macri por “instigación al delito y desobediencia” por un posteo en sus redes sociales en el que pidió a los intendentes de la provincia de Buenos Aires “no apoyar las medidas” del gobierno nacional y mantener las clases presenciales.

La denuncia la impulsó Javier Ignacio Baños, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante la fiscalía general de ese departamento.

Según la presentación, el fiscal pidió que se investigue si Macri cometió los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia, que prevén penas de entre seis meses y dos años de prisión.

El tuit del ex presidente

En el escrito se citó un tuit del expresidente de este jueves en el que posteó: “Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”.

El fiscal consideró que “sucintamente, el expresidente de la Nación Argentina realiza a través de la mentada red social un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

“Es que, más allá que puedan no resultar de su agrado, todas las medidas que los Estados -el provincial y los municipales- adopten para hacer frente a la pandemia y que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, serán siempre limitadas temporalmente, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y por lo tanto legítimas y obligatorias”, graficó.

“El derecho a la libre expresión no es absoluto”

Agregó que en este marco de situación “debemos recordar que el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio”.

“En particular, como en el caso, cuando los dichos emanan de un anterior primer mandatario y los mismos conllevan una gravedad institucional tal que invita al caos en el Gobierno provincial”, resaltó.

Sostuvo también que con sus manifestaciones “arenga adicionalmente al público en general para que desobedezca disposiciones lícitas emanadas del Ejecutivo provincial, y en definitiva, frustrándose toda legitimación y eficiencia concreta de los protocolos que se buscan implementar”.

     
 

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Cafiero se refirió a la causa dólar futuro donde fue sobreseída Cristina Kirchner: “Cinco años después, el lawfare quedó al descubierto”


| Lawfare | El jefe de Gabinete lo sostuvo en relación a la causa por supuestas irregularidades en la compra-venta de dólar futuro, por las que fueron sobreseídos la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.


 

|El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que la causa por supuestas irregularidades en la compra-venta de dólar futuro, por las que fueron sobreseídos la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, “surgió en 2015 como parte de la campaña electoral” del entonces mandatario Mauricio Macri y fue el “inicio de una nueva persecución judicial contra el peronismo”.

La Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó este martes Fernández de Kirchner, Kicillof y al resto de los acusados en ese expediente.

La decisión fue adoptada de forma unánime por los jueces de la sala I del máximo tribunal penal, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes entendieron que la conducta reprochada a los imputados es atípica, por lo que deben ser sobreseídos por “inexistencia de delito”.

 
 

“La causa por la que fueron sobreseídos Cristina Fernández, Axel Kicillof y exfuncionarios del Banco Central surgió en 2015 como parte de la campaña electoral de Macri y fue el inicio de una nueva persecución judicial contra el peronismo”, expresó Cafiero desde su cuenta de Twitter.

Al respecto, el ministro coordinador apuntó que “cinco años después, el lawfare quedó al descubierto”.

     
 

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Kicillof se refirió a la “mesa judicial” durante el gobierno de Macri: “Se habían propuesto perseguir a los dirigentes del kirchnerismo”


| Lawfare | El gobernador bonaerense se refirió a la causa de la que resultó sobreseído junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró que “la cuestión era acusar a todos lo que estábamos en contra de la política económica del macrismo” para disciplinarlos.


 

|El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, atribuyó a la causa por dólar futuro, de la que resultó sobreseído junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la pretensión de “persecución” a los dirigentes opositores, y lamentó que “una parte de la sociedad haya sido víctima de esos engaños”.

 

“Se habían propuesto perseguir a los dirigentes del kirchnerismo y los opositores”, sostuvo Kicillof, en referencia a la “mesa judicial” que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri, y recordó que la causa por dólar futuro fue la “primera” que el fallecido juez Claudio Bonadio “elevó rápidamente a juicio oral” después de que terminara la gestión de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta.

 

En declaraciones a radio El Destape, el mandatario provincial sostuvo que el fallo “manifiesta el escándalo que fue toda esta causa, creada, construida, ficticia, sin delito y con un solo propósito de hacer una persecución judicial”.

“La cuestión era acusar a todos lo que estábamos en contra de la política económica del macrismo para disciplinarnos. Una parte de la sociedad, lamentablemente, fue víctima de estos engaños, y lo es todavía”, sostuvo Kicillof.

El gobernador bonaerense consideró además que “las verdaderas víctimas” de esas manipulaciones de la Justicia “son los que más sufren las políticas económicas a las que contribuye el lawfare”.

“La podredumbre de una parte del Poder Judicial hay que corregirla rápido. Está saliendo a la luz el funcionamiento de esa ‘mesa judicial. Una vergüenza el desastre que hicieron”, subrayó.

 

Además, Kicillof cruzó por la red social Twitter al expresidente provisional del Senado Federico Pinedo, uno de los denunciantes de la causa en 2015, y le señaló que si “realmente le preocupara lo que hace el Banco Central y su efecto sobre la gente, tendría que haber denunciado mil veces el desastre del gobierno de Macri, el endeudamiento, la fuga, y la bicicleta. Pero no engaña a nadie”.

   

 

Pinedo había escrito, por esa red, que “la denuncia de dólar futuro fue importante porque frenó en seco una operatoria del Banco Central que había vendido el equivalente a US 17400 millones”.

“El mercado de futuro cambió las reglas de operación, lo que ahorró a los argentinos la emisión de $ 11 mil millones”, completó Pinedo.

 

Kicillof remarcó que “claramente el objetivo de la denuncia era generar sospecha sobre los funcionarios y, en particular, forzar la renuncia del presidente del Banco Central para que Macri lo convierta en una mesa de dinero”.

En ese sentido, el exministro de Economía agregó: “Sobre la insensatez en la que insisten, le recomiendo leer el peritaje de la Corte Suprema y el fallo unánime “. “Demuestran que este tema siempre fue político y nunca judicial. Deberían pedir disculpas y ofrecer reponer todos los recursos que gastó el Estado en esta parodia para perseguir al peronismo”, cerró el gobernador bonaerense.

La Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof y al resto de los acusados del expediente en el que se investigan supuestas irregularidades en la compra-venta de dólar futuro.

 

La decisión fue adoptada de forma unánime por los jueces de la Sala I del máximo tribunal penal de país, integrado por Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes entendieron que la conducta reprochada a los imputados es penalmente atípica, por lo que deben ser sobreseídos por “inexistencia de delito”.

       
 

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El ministro Soria recibió a autoridades de la Asociación de Fiscales: Coincidieron en que “Se necesita un Procurador definitivo”


| Justicia | Fiscales. Durante el encuentro, el ministro de Justicia invitó al fiscal Carlos Rívolo a aportar observaciones e ideas sobre el proyecto con media sanción, próximo a tratarse en la Cámara de Diputados, y el fiscal federal se comprometió a presentarlas.


 

|El ministro de Justicia, Martín Soria, recibió a autoridades de la Asociación de Fiscales que encabeza Carlos Rívolo, en procura de consensos y propuestas para la modificación del proyecto de reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal (MPF) y coincidieron en que se “necesita un procurador (general) definitivo para poder poner en vigencia el Código Procesal Penal Federal”.

Soria y Rívolo coincidieron en “avanzar en una nueva ley del MPF y de generar acuerdos para destrabar el proyecto que se encuentra en el Congreso”, indicaron fuentes que participaron del encuentro.

 

 

Durante la reunión, en la que también estuvieron Juan Martín Mena (Secretario de Justicia de la Nación) y Susana Pernas (Secretaria de la Asociación de Fiscales y ffun), todos acordaron que el MPF “necesita un Procurador definitivo” para poner en vigencia el sistema acusatorio, se explicó.

La Procuración General de la Nación está interinamente a cargo del procurador ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal, quien ocupa ese lugar desde la salida de Alejandra Gils Carbó en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Soria y Rívolo “coincidieron en que el cargo de Procurador General debe dejar de ser vitalicio: señalaron que, con el paso a un sistema acusatorio, es necesario establecer un mandato temporal que permita la alternancia de la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal para poder desarrollar políticas criminales y programas institucionales más ágiles y eficientes”, indicaron desde el Ministerio de Justicia.

Las autoridades de la Affun reiteraron su postura en favor de mantener los requisitos actuales para la elección del Procurador General de la Nación (dos tercios de los presentes de la Cámara de Senadores), aunque destacaron que la decisión final es del ámbito de la política, ya que la Constitución Nacional no lo prevé expresamente.

Otro de los puntos de coincidencia de la reunión estuvo dado por la importancia que todos asignaron a la necesidad de que la reforma incorpore la perspectiva de género, tanto en el ámbito del Ministerio Público Fiscal como en el resto del sistema de justicia.

Durante el encuentro, Soria invitó a Rívolo a aportar observaciones e ideas sobre el proyecto con media sanción, próximo a tratarse en la Cámara de Diputados, y el fiscal federal se comprometió a presentarlas.

A su turno, el fiscal se refirió a la regulación del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, órgano encargado de sancionar y remover a los fiscales federales, y a las facultades de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal de la Nación, temas sobre los que mostró discrepancias con el proyecto que ya está en el Congreso.

Tras el encuentro, el ministro Soria subrayó que “sólo a través del diálogo y la búsqueda de consensos lograremos alcanzar la mejor ley posible para que el Ministerio Público Fiscal responda a las necesidades de la gente”.

“Tuve una muy buena reunión de trabajo con Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación: coincidimos en que el Ministerio Público Fiscal necesita un procurador definitivo para poder poner en vigencia el Código Procesal Penal Federal”, subrayó Soria en Twitter.

“También estuvimos de acuerdo en la necesidad de avanzar en una nueva ley que permita terminar con la parálisis institucional que hoy atraviesa la Procuración General”.

Además, dijo, “todos remarcamos la importancia de que la reforma incorpore la perspectiva de género, tanto en el ámbito del MPF como en el resto del sistema de justicia”.

El lunes, Soria había recibido a un grupo de 14 fiscalas con las cuales abordó la temática de la necesaria perspectiva de género para MPF; mientras que también dialogaron sobre propuestas de reforma.

     
 

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La Procuración del Tesoro solicitó ser querellante en la causa por la deuda generada por el expresidente Macri con el FMI


| FMI | Procuración del Tesoro. El pedido tiene que ver sobre si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” por parte del expresidente Macri, luego de la denuncia que había sido presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción.


 

|La Procuración del Tesoro Nacional, que encabeza Carlos Zannini, solicitó ser tenida como querellante, en representación del Estado, en la causa que investiga si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” de parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el FMI.

La denuncia había sido presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, ante el juzgado federal número 5 y sostenía que a través de la violación de una serie de normas el gobierno de Macri había contraído una millonaria deuda con el FMI cuyo monto, además, era idéntico al de la cifra de dólares que se habría fugado en el mismo período de tiempo.

 

“Vengo a solicitar que el Estado nacional sea tenido como parte querellante en las actuaciones antes individualizadas, a fin de que se esclarezcan y en su caso se sancionen, conductas que prima facie comprometerían la responsabilidad del ex presidente de la nación, ingeniero Mauricio Macri” y de sus exministros y expresidentes del Banco Central de la República Argentina, Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, dice la presentación.

 

El texto lleva la firma de Zannini y del subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quienes señalaron que “a través de la violación de múltiples normas legales y reglamentarias se asumieron obligaciones de orden financiero que comprometieron el crédito de la República por un importe del orden de los 44.5 millones de dólares estadounidenses”.

Los representantes de la pretensa querella señalaron que según la información y antecedentes aportados por el Banco Central de la República Argentina y por la Sindicatura General de la Nación “un monto de moneda extranjera similar al de la totalidad de los desembolsos efectuados por el FMI fue adquirido, en el mismo periodo, por personas jurídicas y humanas, para concretar inmediatamente la formación de activos externos de la libre disponibilidad (comúnmente edificada como ‘fuga de divisas)”.

En su presentación ante el juzgado que conduce la jueza María Eugenia Capuchetti, Zannini y Diez remarcaron que “la pretensión estatal de dirigirse en querellante de modo alguno tiene por finalidad impulsar la criminalización de la política económica que desarrolló la gestión gubernamental iniciada el 10 de diciembre de 2015”.

“En el caso del último endeudamiento asumido por la nación con el Fondo Monetario Internacional se presentan conductas que, en principio, resultarían reprochables en términos penales”, señalaron.

Tal como fue anticipado en la denuncia de la Oficina Anticorrupción, los pretensos querellantes aseguraron que “existen elementos de juicio que fundadamente permiten atribuir a los funcionarios del gobierno argentino responsable de las operaciones celebradas con el FMI el incumplimiento de múltiples normas de orden público de naturaleza constitucional y administrativa”.

El acuerdo con el FMI -aseguraron- “fue celebrado prima facie en violación a normas procedimentales y de asignación de competencias, circunstancia que vicia desde el punto de vista jurídico lo actuado por funcionarios del gobierno argentino intervinientes en la operación”.

La querella fue presentada luego de que así lo dispusiera el presidente Alberto Fernández a través de un decreto que se publicó el último viernes en el Boletín Oficial y que llevó también la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria, y de su par de Economía, Martín Guzmán.

En el marco de la Asamblea Legislativa del 1 marzo pasado, el Presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Zannini.

Allí el Presidente reveló que había “instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

     
 

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Por irregularidades en colocación de deuda pública durante el gobierno de Macri procesaron al entonces secretario de Finanzas


| Procesado | Deuda Pública. Se trata de Santiago Bausili, integrante del gobierno de Cambiemos y acusado de “negociaciones incompatibles con la función pública” por participar de la contratación del Deustche Bank.


 

|El exsecretario de Finanzas Santiago Bausili, integrante del gobierno de Cambiemos, fue procesado hoy por “negociaciones incompatibles con la función pública” por participar de la contratación del Deustche Bank como intermediario en la colocación de deuda pública pese a que había trabajado en esa entidad bancaria hasta poco antes de asumir en la función estatal.

El procesamiento, sin prisión preventiva, fue dictado por el juez federal Sebastián Casanello, quien además ordenó trabarle un embargo hasta cubrir la suma de 10 millones de pesos, según surge del fallo.

El exsecretario de Finanzas “prestó conformidad para que, entre otras cosas, el Deutsche Bank, entidad de la cual él tenía acciones y otras por recibir, fuese designado como banco colocador y reciba, por ello, un 0,12% del monto colocado, recuérdese nuevamente las cifras: 7 mil millones de dólares”, dijo Casanello.

“El rol ocupado por Bausili excedía el marco formal -al momento de tomar decisiones- de nexo administrativo entre el órgano coordinador y el rector, tal como fuera deslizado por la defensa. En efecto, el nombrado comentó que tenía reuniones constantemente con (Luis) Caputo y que allí debatían las condiciones que debían presentar los bancos para ser elegidos”, repasó el magistrado.

Del expediente judicial surge que Bausili se desvinculó del Deustche Bank en 2016 y lo sobrevivió, hasta 2018, un plan de pagos acordado entre el encartado y el banco por su desempeño en años anteriores a su despido.

“Al considerar la relación laboral y que el Deutsche Bank tuvo obligaciones pecuniarias con Bausili que finalizaron dos años después de su nombramiento en la función pública -conforme lo establece la ley de ética pública-, éste debió abstenerse de intervenir en todos los asuntos que tuvieran vinculación con esa empresa por al menos tres años”, remarcó Casanello.

En ese sentido, y tal como había señalado el fiscal Federico Delgado al requerir la indagatoria del exfuncionario, el juez sostuvo que “se vislumbra, con meridiana claridad, que Bausili no podía intervenir en ningún asunto relacionado o vinculado a su ex empleador hasta septiembre de 2021”, por lo que remató: “En otras palabras, todas las acciones llevadas a cabo por el nombrado, en ese período, se encontraban prohibidas por ley”.

La prueba reunida en el expediente “demuestra el desapego por parte de Bausili de los altos estándares de ética y transparencia que su rol le exigía. El caso bajo análisis excede un mero conflicto de interés. El nombrado conocía desde su ingreso a la función pública que tenía vedada la intervención en actos vinculados con el Deutsche Bank”, añadió el juez.

En concreto, se le endilgó al exfuncionario “haberse interesado, en miras a la obtención de un beneficio propio y de terceros, mientras se desempeñaba, en primer lugar, como Subsecretario de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, y luego como Secretario de Finanzas del Ministerio de Finanzas Públicas de la Nación (posteriormente la secretaría quedó bajo la órbita del Ministerio de Hacienda de la Nación), en los procesos administrativos de designación y pago de los bancos que intervinieron en la colocación de los títulos de deuda pública”.

Esos títulos, recordó, fueron “emitidos por el Estado argentino (en el marco de la reestructuración de la deuda pública -ley 27.249-), entre los cuales se encontraba postulado el Deutsche Bank”.

El actuar interesado del imputado, dijo, “nace a partir del estrecho vínculo que lo unía a esa firma”: fue director del área Latin American DCM en Treasury Solutions de ese banco (entre los años 2007 y 2016) y tenía acciones de dicha compañía. El 31 de enero de 2016, al desvincularse del Deutsche Bank, recibió en cuotas un total de 13.025 acciones de la entidad, con un valor nominal en la bolsa de Nueva York de U$S 13.80 cada una, que terminó de cobrar en el mes de septiembre del año 2018.

El Deutsche Bank fue elegido de manera directa para intervenir en los pagos acordados en el llamado “Megacanje II”, según había definido el fiscal Delgado al referirse a la colocación de deuda pública para pagar a los fondos buitre durante el gobierno de Macri.

     
 

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Presidente Fernández: “Vemos con preocupación que pretende reiniciarse la persecución a Lula”


| Brasil | Advertencia del mandatario Argentino. “Dar marcha atrás en la decisión tomada por el Supremo Tribunal Federal por presiones mediáticas y políticas significaría un retroceso institucional para Brasil”, expresó el Presidente en redes sociales.


 

|El presidente Alberto Fernández advirtió este domingo que “pretende reiniciarse la persecución” al exmandatario de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva y afirmó que sería “un retroceso institucional” y “un daño incalculable” que se diera “marcha atrás” en la decisión del Supremo Tribunal Federal de ese país que anuló los juicios al líder brasileño “por presiones mediáticas y políticas”.

“Dar marcha atrás en la decisión tomada por el STF por presiones mediáticas y políticas significaría un retroceso institucional para Brasil y un daño incalculable para quienes reivindicamos el Estado de Derecho como base de sustento de la democracia”, dijo Fernández en Twitter.

“El STF de Brasil dispuso días atrás anular los juicios que habían determinado la condena de Lula, apartando al juez y a los fiscales que intervinieron en el caso”, dijo el Presidente en el primero de una serie de tuits en los que incluye una foto del exmandatario.

“La decisión tuvo singular relevancia porque dejó en evidencia el accionar de distintos factores de poder (políticos y mediáticos) que condicionaron la administración de Justicia para restarle a un ciudadano la posibilidad competir electoralmente”, continuó Fernández haciendo referencia a la decisión del STF de anular cuatro procesos en los que Lula fue condenado por supuesta corrupción en la llamada “Operación Lava Jato”, relacionada con sobornos.

“La nulidad dictada por el STF dejó en todos nosotros, defensores del Estado de Derecho, la convicción que el sistema judicial de nuestro querido Brasil había preservado la institucionalidad democrática”, siguió Fernández antes de señalar su preocupación, por entender que existen presiones sobre el sistema judicial brasileño.

“En estos días, vemos con preocupación que pretende reiniciarse la persecución a Lula utilizando las mismas malas prácticas que ya antes fueron usadas”, advirtió el mandatario argentino.

“Lula es un líder democrático no solo para Brasil sino también para todo el continente latinoamericano. La persecución que lo encarceló y condenó indebidamente representa una mácula que Brasil no merece y que el STF ha comenzado a limpiar”, cerró el presidente argentino.

El expresidente de Brasil dijo hace una semana que tiene la intención de ser candidato en las elecciones de 2022 “si es necesario”.

     
 

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El ministro Soria vuelve a reclamar la reforma judicial: “Casación es un tribunal que ha quedado muy contaminado”


| Reforma Judicial | Casación – Ministerio Público – Comodoro Py. El ministro de Justicia volvió a pedir que se apruebe la reforma judicial y los cambios en el Ministerio Público para avanzar en la designación de un reemplazante del procurador Eduardo Casal.


 

|El ministro de Justicia, Martín Soria, consideró que la Cámara de Casación es un “tribunal que ha quedado muy contaminado” y volvió a pedir que se apruebe la reforma judicial y los cambios en el Ministerio Público para avanzar en la designación de un reemplazante del procurador Eduardo Casal.

En un reportaje en Página/12 publicado este domingo, el funcionario nacional manifestó su preocupación por “la fuerte politización de la justicia” y cuestionó a los miembros de Casación que rechazan excusarse en causas vinculadas al expresidente Mauricio Macri pese a que salieron a la luz sus visitas a la Casa de Gobierno y a la residencia presidencial de Olivos durante la gestión de Cambiemos.

“La Casación es un tribunal que lamentablemente, por culpa de unos pocos, ha quedado muy contaminado. Ha quedado con algunos integrantes que demuestran la intoxicación de los tribunales con la política”, dijo el ministro de Justicia.

Soria recordó que “en las últimas semanas han salido a la luz los ingresos a escondidas a Casa Rosada y las visitas a Olivos, los mensajes que intentó borrar el secretario privado del expresidente Macri, que era un recordatorio de que tenían que hablar con Mariano Borinsky sobre una denuncia”.

“A esto se le suma el hecho de que, cuando les pidieron informes sobre quiénes ingresaban a Olivos y a la Rosada, ese mismo secretario, Darío Nieto, alteró los registros. Es evidente que estaba mal, que no era lícito lo que estaban haciendo con la mesa judicial que crearon para presionar a la justicia y para armar causas, para perseguir a opositores, a empresarios, a todo aquel que se opusiera a su modelo económico”, agregó el titular de Justicia.

 

Sobre la decisión de algunos jueces de rechazar la excusación en su contra, Soria señaló: Recusan a un juez por el escándalo público de haber ido a Olivos, supuestamente a jugar al paddle mientras intervenía en causas que eran del interés del entonces presidente, y había mensajes del secretario de Macri que decía que tenían que hablar de causas, o sea no era solamente una relación deportiva. El umbral de la vergüenza de algunos de estos personajes está por el suelo”

“Hay que ver qué dice el Código Procesal sobre qué es lo que debe hacer un juez: yo me considero imparcial, pero no es algo que deba resolver yo, le remito el expediente a un colega para que resuelva. Lo que hizo este magistrado de Casación fue, una vez más, tirar el Código a la basura al resolver él mismo rechazar su recusación. Borinsky resolvió que Borinsky es imparcial. Es insólito”, aseveró el funcionario.

También señalo que le “corresponde al Consejo de la Magistratura determinar si actuaron con imparcialidad e independencia, si debieron haberse inhibido en causas en las que el principal interesado era Macri y su gobierno”.

Soria también destacó la necesidad de una reforma de la Justicia y señalo que “es un poder que “ha quedado con las estructuras del siglo XIX, asociado a privilegios corporativos”.

“Algunos quieren aferrarse a sus privilegios corporativos y creen que nada va a avanzar o que cuentan con la complicidad de aquellos que los utilizaron para sus fines políticos o económicos”, advirtió en ese sentido.

Sobre si impulsará la creación de una bicameral parlamentaria para analizar el funcionamiento del Poder Judicial, Soria señaló que “en la historia del Poder Legislativo, no es la primera vez que se crean este tipo de comisiones para analizar distintas situaciones. Se creó la bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal. La oposición se opone a todo: desde el diálogo hasta la posibilidad de crear una bicameral para analizar el funcionamiento o cómo se afectó la independencia del Poder Judicial”

El ministro de Justicia también se quejó del rechazo de la oposición a reformar la ley del Ministerio Público y dijo que “se van a oponer a cualquier reforma al Ministerio Público, pero ni siquiera han leído los proyectos que ellos mismos presentaron. Ahora Garavano va a la OEA, pero están los registros de cuando él mismo hablaba de reformar las mayorías para elegir al procurador”.

   
 

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Félix Crous y la investigación de la deuda con el FMI: “Queremos saber si los dólares están bajo un colchón o en las off shore”


El titular de la Oficina Anticorrupción se refirió a la investigación que se lleva adelante para determinar si hubo “administración fraudulenta y malversación de caudales públicos” por parte de Mauricio Macri en la toma de deuda con el FMI.


 

|El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, dijo este sábado que con la investigación que busca determinar si existió “administración fraudulenta y defraudación” por parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se busca determinar si “los dólares están bajo un colchón o en las off shore”.

“Queremos que se investigue si hubo una administración fraudulenta y malversación de caudales públicos”, dijo Crous en declaraciones a Radio 10, tras puntualizar que con la toma de la deuda bajo la gestión de Cambiemos “como nunca se endeudó al país para garantizar que los que estaban especulando con las letras del Tesoro pudieran obtener ganancias”.

“No tenemos información precisa pero lo que sí se puede rescatar es si el dinero se fue o se quedó dentro del país, si está en un colchón o en las off shore”, y que “antes de eso necesitamos saber quién los compró para saber quienes se beneficiaron”.

“Queremos saber si dentro de ellos están los mismos funcionarios que dictaron estas medidas”, sintetizó.

Este viernes,el Gobierno instruyó al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante en representación del Estado en la causa que investiga si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” por parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el Fondo.

La decisión fue tomadas a través del Decreto 239/2021 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.

En sus declaraciones, Crous deseó que “pronto la jueza levante el secreto bancario” y aseguró también que “fue monstruoso cuántos dólares se fugaron entre las PASO y el 10 de diciembre del 2019”.

“Argentina fugó la mitad de toda la deuda que tomó la dictadura”, graficó el titular de la OA.

También dijo que en el caso de toma de deudas “hay dictámenes que deben emitir organismos competentes que tienen que ver con la factibilidad de las decisiones del préstamo que no se hicieron bajo la gestión de Cambiemos, para evitar ser controlados”.

Sobre la evaluación que debe hacer la Sigen, Crous sostuvo que “es un órgano muy robusto y calificado” que hizo “un trabajo muy afinado en la evaluación normativa que para nosotros fue de mucha utilidad y todo el tiempo está haciendo este tipo de auditorías”.

“De manera que con el trabajo del Banco Central y la Sigen podemos tener pronto una idea del daño producido”, finalizó Crous.

     
 

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Ex juez Canicoba Corral: “Ha habido lawfare y una persecución en el gobierno de Macri”


| Lawfare | Persecusión judicial. El ex magistrado federal dijo que “nunca” vio cosas como “las que se resolvieron en estos últimos cuatro años”.


 

|El ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral aseguró este sábado que existió el lawfare y que “ha habido una persecución” durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

 

“Es un término muy técnico pero sí creo que ha habido, está probado, no es un tema de creencias. Ha habido una persecución clara de determinados personajes, y de eso hablo cuando digo que no lo había visto en tantos años”, aseguró Canicoba Corral.

 

El ex magistrado renunció a mediados de 2020 al borde de cumplir la edad que marca la ley para jubilaciones en la Justicia, sumado a la tensa situación que vivió durante los últimos años con el macrismo.

“Fue una presión. Por supuesto que hay un componente político en todo esto, todo esto se hace por política para alinear a los jueces e hicieran lo que se suponía que tenían que hacer. Tengo 30 años en el fuero federal y otros 25 en provincia, nunca vi las cosas que se resolvieron en estos últimos cuatro años”, afirmó en declaraciones radiales.

 

Canicoba Corral se refirió además a la información que se conoció sobre jueces que tenían que resolver casos de corrupción y visitaron Casa Rosada o la Quinta de Olivos durante el macrismo, como los casos de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

 

“El problema es si hay correlación entre esas visitas y determinadas disposiciones judiciales. Hay algunas que son ‘extrañas’, raras, infrecuentes ¿No es cierto? Entonces la correlación entre esas resoluciones, esas visitas, y algunas noticias que publican algunos de los medios hegemónicos, es lo que se está viendo todos los días”, agregó.

Por otra parte, al ser consultado sobre las denuncias en su contra por presunto enriquecimiento, el juez Canicoba Corral dijo que hubo “presión” y que estuvo sometido 3 años a investigación y no se encontró nada.

     
 

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