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Eduardo Valdés: “No tengo dudas de que Macri condujo el espionaje”


| “ESPIONAJE ILEGAL” | Bicameral de Inteligencia. El diputado nacional, integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia del Congreso, lo aseguró al referirse a las detenciones en la causa que investiga el presunto espionaje durante el gobierno anterior.


 

|El diputado nacional Eduardo Valdés afirmó este miércoles “no” tener “dudas” de que el expresidente Mauricio Macri “condujo el espionaje que salió a la luz” a partir de la denuncia realizada por la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, por la que ayer fueron libradas 22 órdenes de detención, entre ellas la de una ex funcionaria cercana al expresidente Mauricio Macri y varios exmiembros de la AFI.

“Todos los caminos llevan a Roma: los agentes declararon en sede judicial y en la Bicameral que a muchos de los informes los pedía la entonces directora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, que fue jefa de audiencias durante la Jefatura de Gobierno de Macri”, señaló Valdés.

Valdés, integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia del Congreso, sostuvo: “Quien condujo estos espionajes que salieron a la luz por parte del equipo que se llamaba ‘SuperMarioBross’, no tengo ninguna duda que se llama Mauricio Macri”.

De esta forma, hizo referencia al grupo formado en el sistema de mensajería WhatsApp para intercambiar información sobre “objetivos” de vigilancia, en el marco del presunto espionaje ilegal.

El martes, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó detener a 22 personas en el marco de la investigación, varias de las cuales participaban de ese grupo.

Los detenidos, que comenzarán a ser indagados hoy, son Martinengo, María Fermani, Mariano Flores, Andrés Patricio Rodríguez, Juan Rodríguez, Daiana Baldassarre, Denise Tenorio, María Sáez, Jorge Ochoa, Gustavo Ciccarelli, Diego Pereyra, Jorge Sáez, Leandro Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva, informaron fuentes judiciales.

En tanto, para el lunes, a la misma hora, se dispuso la indagatoria para Alan Ruiz, detenido en la causa por supuesto espionaje ilegal contra el Instituto Patria y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sustancia el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

En declaraciones a radio Brigadier López de Santa Fe, Valdés dijo, además, que durante la presidencia de Macri “hubo reuniones que duraron hasta 11 horas con los espías que iban a la Casa Rosada y se quedaban con Martinengo”.

En este marco, el legislador consideró que “la democracia argentina debe resolver esta situación como lo hizo con el terrorismo de Estado a través de los juicios a las Juntas y los de memoria, verdad y justicia”.

En este punto, advirtió que los “intentos por sacarle la causa” al juez federal de Lomas de Zamora para llevarla a los Tribunales de Comodoro Py son “para que no pase nada”.

       
 

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El Gobernador Perotti intervino el puerto de Reconquista que controla Vicentin


| VICENTIN | Puerto de Reconquista. Lo dispuso el gobernador de Santa Fe por 180 días, debido a irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal.


 

|El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, intervino el puerto de la ciudad de Reconquista luego de recibir un informe del representante de la provincia en el Ente Portuario que contenía irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal, perteneciente al grupo Vicentin.

El mandatario provincial firmó el lunes el decreto número 574/20, a través del cual dispuso la intervención del Ente Portuario Puerto Reconquista (EAPRe) por 180 días, según publicó este miércoles el diario Santa Fe.

A través del mismo decreto, Perotti designó como titular de la intervención al actual representante de la provincia en la entidad, Martín Deltin.

En 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA, reseñó el periódico santafesino.

El decreto indicó que el 14 de febrero pasado “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”.

El informe reveló que supuestamente “la ‘Terminal A’, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.

De acuerdo al trabajo realizado por Deltin, “ello es así porque ‘Terminal A’ no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno”, situación que configura “un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual”.

Además, “conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.

 

Deltin denunció ante Prefectura Naval Argentina “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador ‘Cynthia’ matrícula 01478”, el 26 de mayo de este año, lo que indica que sí hubo actividad en la terminal.

 

El decreto añadió que “la ‘Terminal B’ utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya” y que “el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías (de lanchas)” y a un estacionamiento.

Perotti indicó en el decreto de intervención que “por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley”.

También puntualiza el decreto que “según surge de las del Actas de Directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades y que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la Ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.

El decreto también adjudica un “grave incumplimiento en cuanto a la Fiscalización y Control”, que deriva en “que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos”.

“No existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de diciembre de cada año”, añade el decreto, que ordena la intervención del puerto por 180 días “ante la gravedad de los hechos detallados”.

Finalmente, el texto encomienda a la Sindicatura General de la Provincia “una auditoría integral del Ente”, con “facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.

       
 

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Detuvieron a la ex funcionaria durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo y a otros 21 acusados de “espionaje ilegal”


| DETENCIONES | “Espionaje ilegal”. Además de la ex secretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri se ordenó detener al ex jefe de Contraingeligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, y a otros 20 acusados de espiar a funcionarios, políticos y empresarios.


 

|El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena detuvo este martes a la exsecretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo; al exjefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, y dispuso otras 20 detenciones más en la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos.

El magistrado también ordenó apresar a Martín Terra, otro exagente de la AFI que ingresó durante la gestión de Gustavo Arribas y es, además, el exmarido de la modelo Analía Maiorana, la actual esposa del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, según informaron fuentes judiciales.

En la resolución en la que ordenó las detenciones, Villena advirtió que “la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado nacional, provincial y local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal”.

Ante esto, el magistrado ordenó detener a todos los involucrados para ser indagados ante el peligro de fuga o entorpecimiento de la pesquisa. Las declaraciones de los detenidos comenzarán mañana, según pudo saber esta agencia de fuentes de la investigación.

El juez advirtió estar ante “una organización criminal con inserción en el Estado nacional, provincial y local, cuyos integrantes cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado”.

Villena ordenó detener además a los exagentes de la AFI Jorge Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo, como parte de un total de 22 órdenes firmadas este martes.

El listado incluye a Emiliano Matta, María Mercedes Funes Silva, María Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Tenorio, María Sáez, Jorge Ochoa, Andrés Rodríguez, Gustavo Ciccarelli y Juan Carlos Rodríguez, entre otros.

Entre los detenidos hay exagentes de la AFI, expolicías de la Ciudad de Buenos Aires y empleados del Gobierno porteño y del Ministerio del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, según las fuentes.

También quedó detenido a disposición de Villena el exjefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, quien ya está preso en otra causa que investiga espionaje ilegal al instituto Patria, a cargo de otro magistrado de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.

Ruiz aparece en la investigación como el encargado de reclutar a los agentes que conformaron la banda investigada por supuestas maniobras de espionaje ilegal, mientras que su jefe directo en la estructura de la AFI era Dalmau Pereyra.

“Debe tenerse en consideración que, en virtud de la labor que ejercían los imputados, es dable sostener fundadamente que dada su expertise podrían entorpecer el desarrollo del proceso mediante la alteración de elementos de prueba o utilizar sus influencias para sustraerse de sus obligaciones”, fundamentó el juez al firmar las órdenes de detención.

Según Villena, “los profusos elementos de prueba que se encuentran siendo analizados por este Tribunal, permiten inferir que los nombrados mantendrían vínculos con personal de distintas fuerzas de seguridad y sujetos aun no individualizados, que podrían facilitar su injerencia para frustrar la pesquisa”.

El juez remarcó que se investigan tareas de inteligencia y/o espionaje ilegal en infracción a la ley 25520 “en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones”.

Algunas maniobras habrían consistido en “obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias”, enumeró entre otras.

Las órdenes de detención se libraron a primera hora de la mañana del martes y, hasta el momento se habrian concretado 16, mientras que uno de los acusados ya estaba detenido en otra causa y otros cinco (entre ellos Terra) no habían sido localizados por las fuerzas de seguridad aunque sus abogados negociaban sus respectivas entregas.

A medida que se concretaron los procedimientos algunos de los acusados fueron trasladados a la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal y otros a la División de Investigaciones.

Villena investiga presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri a dirigentes políticos, sociales y religiosos; entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes se presentaron como querellantes en el caso.

También, a exfuncionarios detenidos en la cárcel de Ezeiza por distintas causas penales, así como a empresarios, sindicalistas -entre ellos Pablo y Hugo Moyano- y periodistas.

Los exagentes de la AFI detenidos integraron el llamado grupo “SuperMarioBross”, que formaron en el sistema de mensajería WhatsApp para intercambiar información sobre sus “objetivos” de vigilancia.

La investigación se inició a partir de los dichos de un detenido por narcotráfico, Sergio Rodríguez, quien declaró ante Villena que el abogado Facundo Melo, de la AFI, lo contactó para distintas tareas, entre ellas colocar un explosivo en la casa de un exfuncionario del gobierno de Macri para darle un “susto”.

Villena abrió una investigación, allanó la casa de Melo y en su teléfono celular secuestrado se detectó la existencia de un grupo llamado “Argentina” en la aplicación WhatsApp que integraban exagentes de la AFI.

Posteriormente, en otra pericia hecha al celular de otro exagente investigado se dio con el grupo “SuperMarioBross” que integraban varios de los ahora detenidos.

       
 

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Cristina Caamaño denunció a Mauricio Macri y Gustavo Arribas por la venta irregular de armas en la AFI


| DENUNCIA JUDICIAL | “Venta irregular de armas”. La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia aseguró que durante la gestión anterior se dictaron resoluciones que permitieron la venta a precio “irrisorio” a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas “aptas para el disparo y utilización”.


 

|La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció este lunes al ex presidente Mauricio Macri y a las ex autoridades del organismo durante la gestión anterior, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.

La denuncia por supuesto abuso de autoridad, violación de deberes y defraudación por administración fraudulenta resultó sorteada en el juzgado federal de Daniel Rafecas e intervendrá el fiscal Federico Delgado, según el trámite cumplido en los tribunales federales de Retiro, informaron fuentes judiciales.

En el caso de Macri, se lo denunció “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art 12, Ley N 25520)” como máxima autoridad nacional del Sistema de Inteligencia”, según explicaron fuentes del organismo.

En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por el ex titular de la AFI, Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, supuestamente “carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico”.

Estas resoluciones abrieron la puerta a la venta a precio “irrisorio” a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas “aptas para el disparo y utilización”.

Los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían “el 20 por ciento del valor real de un arma usada en el mercado formal”, según la denuncia, en la que se subraya que se vendieron “armas de colección que no se consiguen en el mercado” como revólveres Ruger y Colt Trooper.

El Ruger “tenía la leyenda que decía ‘200 años de la libertad de América’”, destacó la presentación de Caamaño.

Además, la funcionaria remarcó en la denuncia que “no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca MOSSBERG, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento” a un ex funcionario.

“La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso”, sostuvo.

Por otro lado, la AFI denunció que “permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad”.

De acuerdo a lo denunciado por Caamaño, cada funcionario o agente podía comprar hasta cinco armas a “un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad” y “prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso”.

Además de Macri, Arribas y Majdalani fue denunciado otro ex funcionario de la AFI cuya identidad se mantuvo en reserva en base a los lineamientos de la Ley Nacional de Inteligencia.

Las resoluciones que permitieron las ventas declararon al armamento “en condiciones de rezago” porque no resultaba “económicamente rentable ni factible su recuperación”.

Ante ello se autorizó la venta a los agentes “pertenecientes a la Agencia” con credencial de legítimo usuario de arma de fuego con pago que se realizaba a través de descuento de haberes.

Para autorizar la operación, Arribas se habría basado en un informe según el cual, según denunció ahora su sucesora Caamaño, no surgía que el armamento era de rezago sino que lo clasificaba “como material en desuso”.

El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20 por ciento de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper.

Este lote fue parte de una primera operación en tanto que en 2018 hubo una segunda venta de otras 38 armas “bajo la misma modalidad”.

“La tasación de las armas no respetó el procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado”, concluyó la denuncia que aludió a un “perjuicio a la administración pública”.

   
 

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El ministerio de Justicia denunció en la justicia federal el “hallazgo de documentos de empresas de Báez en el despacho de Mahiques”


| “MESA JUDICIAL” | Denuncia. El Ministerio de Justicia de la Nación presentó una denuncia para que se investiguen si una serie de documentos vinculados con empresas del empresario detenido Lázaro Báez pudieron haber sido utilizados por el gobierno de Mauricio Macri para el desarrollo de las actividades de la llamada “mesa judicial” acusada de interferir en el desempeño de la Justicia.


 

|La presentación fue realizada el viernes por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós, ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González que tiene la causa en la que se investiga si el gobierno de Cambiemos ejerció presiones indebidas sobre el Poder Judicial para lograr distinto tipo de resoluciones.

La documentación fue hallada el 22 de junio, en la oficina del cuarto piso del ministerio, ubicado en Sarmiento al 300, que hasta el 10 de diciembre del 2019 ocupó el exsubsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relación con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, Juan Bautista Mahiques, quien en la actualidad se desempeña como fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los documentos fueron encontrados dentro de un sobre en el que además tenía escrito un apellido y un número de teléfono en el marco de la reacomodación de oficinas y la mudanza al edificio de la flamante subsecretaria Garrigós de Rébori.

“Se encontraron documentos originales correspondientes a la firma austral Construcciones, aparentemente vinculadas con acciones de índole comercial desarrollada por esa empresa y su apoderado Martín Báez con la empresa YPF Gas S.A.”, informaron las fuentes consultadas por esta agencia.

Los documentos fueron encontrados dentro de un sobre en el que además tenía escrito un apellido y un número de teléfono en el marco de la reacomodación de oficinas y la mudanza al edificio de la flamante subsecretaria Garrigós de Rébori.

El hallazgo de la documentación y su contenido específico fue certificado por un escribano público convocado para la ocasión, según informaron las fuentes que, además, aseguraron que no se detectó ningún elemento que justificara que esa documentación estuviera allí.

Para quienes encontraron el sobre, su contenido “podría relacionarse con las actividades de la llamada mesa judicial del gobierno anterior”, por lo que lo presentaron ante el juzgado de Ramos, donde ya se tramita un expediente vinculado con esa materia.

La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada “mesa judicial” durante la gestión de Cambiemos e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo, mientras estuvo a cargo del expresidente Mauricio Macri.

En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza Ana María Figueroa, quien dijo en un programa de la Radio AM750, que en 2015 recibió la visita de un funcionario del ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración) que le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum con Irán.

Los denunciantes sindicaron como “responsables de los hechos” a los funcionarios “de altísimo nivel en el gobierno del presidente Macri”, que integraron lo que públicamente se conoció como “la mesa judicial” de aquella administración.

En ese sentido, apuntaron al expresidente; su jefe de asesores, José Torello; el exministro de Justicia, Germán Garavano; el exsecretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el exconsejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; el último procurador general del Tesoro del anterior gobierno, Bernardo Saravia Frias, el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el expresidente de Boca, Daniel Angelici.

La semana pasada también quedaron imputados en el expediente el exjefe de Gabinete, Marcos Peña, señalado como quien convocaba a las reuniones de la “mesa judicial” y el exministro de Trabajo, Jorge Triaca, acusado de visitar jueces laborales con el objetivo de acordar resoluciones judiciales durante la gestión de Cambiemos.

       
 

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El fiscal federal de Reconquista investiga delitos de lesa humanidad contra trabajadores de Vicentin


| VICENTIN | Delitos de Lesa Humanidad. La causa que avanza en el juzgado federal de Reconquista, se inició con el relato de un ex trabajador de la empresa, quien reveló que fue secuestrado en enero de 1976, poco antes del inicio de la dictadura y luego en noviembre de ese mismo año.


 

|La Fiscalía Federal de Reconquista, en Santa Fe, investiga si en la empresa Vicentin hubo complicidad con el terrorismo de Estado durante la última dictadura, tras recibir esta semana la declaración de Oscar Zarza, un ex trabajador de la cerealera que contó que en 1976 fue secuestrado en dos oportunidades por su actividad gremial.

El fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, escuchó el pasado jueves el testimonio de Zarza, quien contó que fue secuestrado en enero de 1976, poco antes del inicio de la dictadura y luego en noviembre de ese mismo año, informaron fuentes judiciales.

“Me detuvieron en la fábrica, a poco de entrar a trabajar, y me hicieron un acta con una máquina de escribir que les dio personal de la empresa. Me llevaron a una sala y el que facilitó todo era un capataz que le decíamos ‘El Sapo’ Vicentin, pero no era parte de la familia que era dueña de la firma”, señaló Zarza.

El trabajador, quien en la actualidad tiene más de 70 años, vive en la ciudad santafesina de Avellaneda y es conocido con el apodo de “Cacho”, relató que lo liberaron en febrero de 1976 y que se reintegró a la empresa.

El 2 de noviembre de ese año volvió a ser secuestrado en horas de la tarde, cuando retornaba de su trabajo en Vicentin a su casa. Según el testimonio que brindó ante la Fiscalía, ese día las fuerzas de seguridad secuestraron a 14 trabajadores que tenían actividad como delegados sindicales en Vicentin.

En su declaración aseguró haber visto a efectivos del II Cuerpo de Ejército, pertenecientes al batallón 621, que llegaron desde Rosario para llevar a cabo este operativo.

Zarza, quien también tenía actividad sindical en la firma, dijo que tras su secuestro fue trasladado a la III Brigada Aérea, donde recibió “golpes y patadas” por parte de sus captores.

Luego fue trasladado a la Guardia de Infantería Reforzada de la ciudad de Santa Fe, una dependencia policial donde funcionó un centro clandestino de detención. Zarza terminó “legalizado” en la cárcel de Coronda, a disposición del Poder Ejecutivo, y desde allí recuperó su libertad en la navidad de 1978.

Estos hechos le permitirán a la Fiscalía iniciar un segundo tramo de la causa 050, en la cual se investigaron delitos de lesa humanidad en la zona Reconquista durante la última dictadura militar.

Ese expediente fue instruido por Salum y terminó con un juicio en el que resultaron sentenciados en 2013 el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez, ambos de la Fuerza Aérea, y los policías Carlos Nickisch, Horacio Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Eduardo Luque.

En ese proceso oral y público se comprobó la existencia de un circuito represivo que comenzaba en la III Brigada de Reconquista, seguía en los centros clandestinos de detención ilegales cercanos a la capital santafesina y si los detenidos eran “blanqueados” concluía en las cárceles de Coronda, Devoto o algún penal del Sur del País.

Ahora, la fiscalía aguarda que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe le aporte información y datos para avanzar en la investigación.

La Federación Aceitera, gremio de trabajadores del sector, adelantó su intención de revisar sus archivos para brindar datos que permitan avanzar con la investigación.

“Creemos que como gremio debemos asistir a nuestros afiliados ante la justicia y vamos a revisar nuestros archivos para analizar actas de asambleas y ver si podemos aportar información para la causa en relación a si se llevaron delegados que hablaron en las asambleas”, señaló el abogado Juan Combi, representante legal de Aceiteros.

El sindicato pretende presentarse en esta causa como querellante, algo que hizo en 2014 en la investigación sobre los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la planta de Avellaneda (Buenos Aires) de la empresa Molinos.

“La actual intervención de Vicentin por parte del Estado nos genera alguna expectativa en relación a la información que podamos encontrar en los registros de la empresa”, indicó Combi. Además del gremio, también se presentará como querellante la Liga por los Derechos del Hombre para impulsar esta investigación.

       
 

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Cristina Kirchner: “las mentiras mediáticas y causas armadas se derrumban como castillo de naipes”


| “LAWFARE AL PALO” | Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia al informe que Interpol Argentina le envió al juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa por el Memorándum con Irán, donde se manifiesta que ‘las alertas rojas siempre estuvieron vigentes’.


 

|La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo este sábado que “el macrismo, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial armaron una causa judicial para perseguir, destruir y encarcelar opositores”, y dijo que “se cayeron todas y cada una de las mentiras” relacionadas con el Memorándum de Entendimiento con Irán.

Asimismo, consideró que “las mentiras mediáticas y las causas armadas se derrumban como un castillo de naipes”, en referencia al informe que Interpol Argentina le envió al juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa por el Memorándum con Irán, donde se manifiesta que “las alertas rojas siempre estuvieron vigentes”.

“Lawfare al palo”, sostuvo la Vicepresidenta en una publicación que realizó esta mañana en su cuenta de Twitter, junto a un video en el que dice que le hubiese gustado que el excanciller Héctor Timerman estuviera vivo para que viera cómo “las mentiras mediáticas y causas armadas se derrumban como un castillo de naipes”.

En ese marco, la ex Presidenta compartió también una nota del diario Página/12, titulada “Interpol enterró el corazón de la causa por el Memorándum con Irán: punto final a la historia de las alertas rojas”, que informa que Martínez de Giorgi recibió el informe pedido por los propios querellantes que acusaban a la exPresidenta y el excanciller por traición a la patria.

“El pasado 22 de junio se cayeron todas y cada una de las mentiras con que armaron la causa sobre el Memorándum de entendimiento con Irán, y quedó demostrado como el macrismo, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial de la Argentina armaron una causa judicial para perseguir, destruir y encarcelar a opositores políticos”, añadió la ex mandataria.

Asimismo añadió que fue Interpol quien “respondió en detalle en un informe a un juez de Comodor Py -cuando no- lo que siempre supieron todos y todas: que las famosas alertas rojas dictadas en el 2007 absolutamente siempre estuvieron vigentes y permanecieron inalteradas”.

“Como me hubiera gustado que Héctor pudiera ver esto, donde las mentiras de denuncias mediáticas y causas armadas se derrumban como castillo de naipes. Una pena que Héctor no esté con nosotros, una inmensa pena”, expresó.

En su publicación, Cristina Kirchner consideró que “es una real pena que un organismo internacional como Interpol tenga que venir a mi país a hacer un poco de justicia”.

En el mismo sentido se había manifestado ayer el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, quien expresó que “se terminó la mentira que inventaron para perseguir” a la vicepresidenta, Timerman y al ministro bonaerense Andrés Larroque.

En su mensaje, el ministro del Interior también posteó la nota de Página/12 según la cual el informe de Interpol local, que fue emitido por la División Asuntos Internacionales de la Policía Federal Argentina, se limita a transcribir la documentación que se corresponde con las comunicaciones entre Interpol Argentina y la Secretaría General Interpol en Lyon (Francia) entre noviembre de 2006 y agosto de 2017.

En un pasaje de ese informe, el escrito sostiene que “sólo el juzgado federal 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, tiene potestad para levantar las órdenes de captura con alertas rojas y, por lo tanto, esas alertas rojas están plenamente vigentes contra los prófugos de nacionalidad iraní”.

Según público el matutino, en el informe también figura que “la Secretaría General de Interpol fue informada respecto de que el 27 de enero de 2013 se firmó un acuerdo entre Argentina e Irán, por el atentado de 1994, relacionado con la presente notificación de las órdenes de captura, con el fin de resolver la cuestión por la vía diplomática”.

“El status de la presente notificación de las capturas permanece inalterado, según lo decidido por la Asamblea General”, agrega el documento de Interpol.

El texto entregado al magistrado, que fue firmado por la subcomisaria Luz Marina Prieta a cargo de la oficina de Interpol local, fue presentado en la causa en respuesta a un requerimiento formulado por dos querellantes de la causa de Memorándum con de Entendimiento con Irán, firmado el 27 de enero de 2013.

     
 

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Un ex agente de la AFI afirma que Alan Ruiz “recibía órdenes directas” de la ex subdirectora de ese organismo Silvia Majdalani


| ESPIONAJE ILEGAL | AFI macrista. Así lo indicó el ex director de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste, en el marco de las declaraciones que recibe la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso por espionaje ilegal.


 

|El ex director de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Martín Coste, confirmó que el ex agente Alan Ruiz “recibía órdenes directas” de la ex subdirectora de ese organismo Silvia Majdalani.

El testimonio de Coste se produjo en el marco de las declaraciones que recibe la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso por espionaje ilegal, y una fuente parlamentaria aseguró que se trató de “una de las más importantes recibidas hasta el momento”.

El ex agente ocupó el puesto de director de Contrainteligencia entre julio de 2018, cuando reemplazó a Diego Dalmau Pereyra, y diciembre de 2019, cuando finalizó el gobierno de Mauricio Macri.

En su exposición ante la comisión, el ex jefe de Operaciones Especiales dijo que “Alan Ruíz recibía órdenes directas de Majdalani”.

Coste explicó además cómo se hizo el armado interno en la AFI para intentar dar cobertura a la operación de Ruiz en el Instituto Patria, y cómo fue la elaboración de documentos postdatados, para luego ‘plantarlos’ en causas judiciales para intentar dar marco de legalidad a las operaciones.

El ex director de Contrainteligencia dijo que dentro del organismo presenció “muchas reuniones para salvar a Ruiz o a Majdalani” y dio detalles de un encuentro que mantuvo con el propio Ruiz y con Juan Destéfano, otro ex agente, señaló el vocero consultado.

Según las fuentes, Coste relató que tiempo después pidió el desplazamiento de Ruiz, que era su inmediato inferior, y que Majdalani se lo concedió, pero que le aclaró que no lo echarían de la AFI sino que lo reubicarían en otro lugar.

En la exposición ante la comisión dijo que “Ruiz también tenía extrema confianza con Patricia Bullrich”, según reconstruyó una fuente.

En ese sentido, hizo un relato pormenorizado de la cadena de mandos, que siempre terminaban en -el ex titular de la AFI, Gustavo- Arribas y en Majdalani.

Además de Coste, también se presentó anta la bicameral Juan Hernández, quien reconoció su intervención en operaciones que perjudicaron a algunos políticos, según confiaron fuentes legislativas.

     
 

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Senadora Fernández Sagasti: “la oposición acusa para no tratar cuestiones de fondo sobre Vicentin”


| SENADO | Bicameral de Vicentin. La senadora nacional del Frente de Todos lo aseguró en relación a las denuncias formuladas por la oposición sobre un supuesto corte de micrófonos en la sesión y la incorrecta sanción de la ley que crea la bicameral.


 

|La senadora nacional del Frente de Todos por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, aseguró hoy que las denuncias formuladas por la oposición contra el oficialismo sobre un supuesto corte de micrófonos en la sesión del miércoles y la incorrecta sanción de la ley que crea la bicameral para investigar los créditos otorgados por el Banco Nación a la cerealera Vicentin obedecen a una maniobra para “desviar el tema y no hablar de la cuestión de fondo”.

En tanto, su compañero de bancada, el porteño Mariano Recalde, coincidió con la opinión de la legisladora mendocina y remarcó que “es insólito” que Juntos por el Cambio acuse al Frente de Todos “de censura”.

“Lo que ellos acusan de que les cortaron el micrófono nadie lo vio porque fue una sesión que duró más de seis horas, en la que todos utilizaron la palabra y el tiempo que distribuyeron los bloques y pudieron dar su posición, que era contraria a la creación de la comisión investigadora del caso Vicentin”, enumeró Fernández Sagasti.

La vicepresidenta del bloque oficialista reconoció que le “sorprendió el comunicado que sacó Juntos por el Cambio” después de la sesión en el que acusaron a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, de haberle cortado el micrófono al jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, cuando pedía la palabra al final de la sesión para, supuestamente, reclamar que la ley no había sido sancionada porque “no se juntaron los dos tercios de los votos”.

“Básicamente, lo que esconden es que no quieren que se investigue un tema tan crucial para la Argentina porque están en el medio el Banco Nación y el otorgamiento de supuestos créditos fraudulentos a una firma que dio mucha tela para cortar en los últimos días. Hablan de la cuestión reglamentaria para no hablar del fondo del asunto”, sostuvo la legisladora.

Y en ese sentido, agregó: “Los primeros que deberían querer que se cree una comisión investigadora donde la oposición va a ser parte, deberían ser ellos. Primero para demostrar que no esconden nada y segundo para no ser cómplices si hay alguna situación irregular con los 26 créditos otorgados en noviembre de 2019”.

Asimismo, también subrayó que el proyecto estuvo bien sancionado porque “no se estaba cambiando el Reglamento de la Cámara, para lo cual se necesitan dos tercios” sino que se estaba debatiendo “una ley autónoma para crear una Bicameral como hicimos con la del ARA San Juan. Nuestra interpretación es la correcta”, sentenció Fernández Sagasti.

Por su parte,el senador Recalde consideró que es “insólito que los senadores de la oposición” acusen de “censura” al Frente de Todos.

“Hubo más de seis horas de debate en el recinto y se escucharon todas las voces, hasta los insultos de un senador de su bloque que dejó el micrófono abierto”, recordó el senador porteño en referencia a un exabrupto proferido por el catamarqueño Oscar Castillo cuando terminaba de dar su discurso al promediar la sesión.

Recalde, además, agregó que “no pueden explicarle a la gente por qué quieren evitar que se investigue la deuda de Vicentin con el Banco Nación y recurren a la mentira”. “Detrás del ‘escándalo institucional’ que denuncian, está su voluntad de encubrir a empresarios y funcionarios vaciadores”, finalizó.

     
 

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El juez federal Ramos Padilla allanó una dependencia de Prefectura en el marco de la “causa D’Alessio”


| ESPIONAJE ILEGAL | “Presunta asociación ilícita”. El magistrado de Dolores tomó la medida en la causa en la que está detenido el falso abogado y en la que se investiga una presunta asociación ilícita dedicada a extorsionar en causas judiciales y al espionaje ilegal.


 

|El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ordenó allanamientos a dependencias de Prefectura Naval en busca de información sobre un miembro de esa fuerza sospechado de intervenir en maniobras de espionaje ilegal.

El magistrado tomó la medida en la causa en la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio y en la que se investiga una presunta asociación ilícita dedicada a extorsionar en causas judiciales y al espionaje ilegal, informaron fuentes judiciales.

En el allanamiento a una dependencia de Prefectura en el barrio porteño de La Boca se dispuso el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, pendrives, discos rígidos y todo elemento o documentación que utilice o esté en el ámbito laboral del prefecto sospechoso.

En esta parte del caso, Ramos Padilla investiga presunto espionaje ilegal que habría afectado al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz y a la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, entre otros.

Según la investigación, el prefecto sospechado figuraría como usuario con acceso directo a registros de la Dirección Nacional de Migraciones, desde donde se habría obtenido información de presuntas víctimas.

       
 

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