LOS ARGENTINOS TENEMOS VOCACIÓN DE IRRESPONSABLES

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           | OPINIÓN |           Por  Carlos Traboulsi | (*)  

Uno de los graves problemas que tiene la República Argentina es la inseguridad jurídica advertida tanto adentro como afuera del País;   surgen de allí las imposibilidades de conseguir las grandes inversiones que nos permitirían crecer como Nación y dar respuesta a la totalidad de las necesidades de nuestro Pueblo para dar calidad digna de vida a todos.

El actual Gobierno accedió al poder para intentar terminar un período de nuestra historia donde la inseguridad jurídica que existía se acrecentó elevando en consecuencia la vara de juzgamiento sobre las actitudes de éste para cumplir con esa misión.  Los argentinos somos afectos a buscar siempre una “colectora” para evadir la ley, por eso es común en cualquier tema que se trate escuchar las frases “aunque la ley lo diga o lo permita sino lo querés hacer no lo haces;   y,  si la ley lo prohíbe y lo querés hacer igual lo vas a hacer”.

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Cuando esperanzados veíamos que estamos por el buen camino, donde la Justicia empieza a tomar ritmo de investigación en temas de corrupción e incumplimiento de la ley, vemos con sorpresa que se habilita desde el poder político el debate en la sociedad de un tema como el “aborto” recibido por unos como la gran oportunidad de poner el tema sobre el tapete público,  otros como reivindicación de sus derechos y muchos como un ataque el derecho humano primero y esencial que es la vida.

Ahora bien, estamos queriendo poner en debate en la “casa de las leyes” un tema que está vedado no solamente por el conjunto de las normas sino por la ley Fundamental de la República y los Tratados Internacionales. Como creemos que esta incoherencia política puede verse en quienes, “dudando” de venir a traer capitales productivos al País por la inseguridad jurídica, observan que los argentinos no nos inmutamos en debatir temas definidos y decididos por nuestra Carta Magna sin intentar previamente modificar ésta.  Es decir damos razón a quienes dicen que en la Argentina “la ley no existe”. Si somos capaces de desoír el mandato constitucional en cuanto a la protección del máximo bien jurídico tutelado que es la “Vida”, que les espera a los inversores en la protección de sus “capitales”.

En el caso del aborto tenemos que la Constitución Nacional  a partir de la reforma de 1994 incorpora los Tratados Internacionales que tienen por objeto la protección del niño por nacer, como así la necesidad de llevar adelante una política poblacional.

Sabiamente el artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional ordena que “Corresponde al Congreso: … Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.  Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.”

Esta manda constitucional está incumplida al día de la fecha pues la Asignación Universal dada a las madres embarazadas además de correr desde el 3º mes y no de la concepción (en contra de lo expresamente regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación art. 19) es totalmente parcial e insuficiente y no contempla la totalidad de la problemática.

La realidad humana del embrión y el reconocimiento de su status jurídico como sujeto de derecho y no “objeto” que tiene garantizada su vida, lo podemos encontrar también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la ley 23.054 por el Congreso Nacional, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que en su art. 4º.1  establece: “El derecho de toda persona a que se respete su vida a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

A su vez la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ley 23.849, el 27 de septiembre de 1990, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20/10/1989, dispone en igual sentido en el art. 6. punto1: “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”, es decir desde la concepción;  y el art 2 de dicha norma estable que: “…  La Republica Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción…”

De lo expuesto precedentemente  a partir de la reforma constitucional de 1994 que es la más actual y representativa de la voluntad popular, el derecho a  la vida de la persona por nacer goza de protección constitucional plena, por aplicación del art. 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional, cuya ratificación se encuentra firme y vigente.

Por ende esto pone de manifiesta la imposibilidad del Congreso de dictar una ley que autorice el aborto sin ser tachada ésta de “INCONSTITUCIONAL”.

En consecuencia sino queremos seguir siendo un País sujeto a los vuelcos espasmódicos de la opinión pública sectorial y los distintos “colectivos” culturales, utilizados por la “política” en forma populista para beneficios electorales posibles según asesoramientos de imagen, olvidando el verdadero fin de la política y de la gobernanza, debemos colocar las cosas en su lugar y debatir cada cosa en su oportunidad y ajustado a las normas que nos dimos como forma de convivencia organizada y en paz. 

Si creemos que debemos cambiar nuestra pirámide de bienes jurídicos tutelados, en este caso la “vida” de todos, solo lo podremos hacer desde una reforma constitucional por la vía y forma que corresponde según las normas aplicables al caso, ya que la Constitución Nacional, es lo que nos permite tener la cohesión social para vivir como Nación.   

Hay que volver a tener “temor” a la ley para poder después entrar a la etapa ideal del “respeto jurídico” que nos abrirá la puerta al bienestar definitivo.  Solo tendremos una oportunidad si la Política y en particular la Justicia desde su función de control de la constitucionalidad, impiden cualquier avance sobre nuestras normas y derechos fundamentales.  

De nosotros solamente depende tomar la decisión y dejar definitivamente en el pasado el populismo y la vocación de irresponsabilidad,  abriendo las puertas del futuro de la Patria Argentina.

(*) Carlos Traboulsi es Abogado. Presidente Partido Demócrata Cristiano Capital Federal – Argentina. Presidente Observatorio de la Familia “Juan Pablo II”.

     

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