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El Ministerio de Seguridad PBA anunció la desafectación de más de 400 agentes de la Policía Bonaerense que “no cumplieron con la ley”


| PBA | Policía. Son 400 policías que habían participado de protestas en septiembre de 2020. A partir de la medida, los efectivos dejan de prestar servicio automáticamente, pasan a cobrar el 50% del salario y deben entregar el arma reglamentaria.


 

|El Ministerio de Seguridad bonaerense anunció este martes la desafectación de más de 400 agentes de la Policía Bonaerense que en septiembre pasado, con patrulleros y armas reglamentarias, participaron de una protesta de dos días por mejoras salariales y otras demandas en distintos puntos de la provincia, incluido el entorno de la Residencia Oficial de Olivos.

La desafectación de los efectivos se resolvió en el marco de un informe de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía que lleva la firma de la responsable del área, Lorena Rebuffo, un procedimiento administrativo que se inició hace varios meses y cuyos primeros resultados se conocieron ahora.

La auditoría incluye como primer paso la salida automática del servicio del agente sancionado, mientras continúa la evaluación de su conducta, una mecánica que puede terminar en la baja definitiva.

“Los policías desafectados deberán declarar en la sede de Asuntos Internos y enfrentan la posibilidad de ser dados de baja”, explicó una fuente de la cartera de Seguridad bonaerense, que además precisó que el cese en la prestación de servicios de los 400 uniformados incluye la devolución de la pistola Bersa 9 milímetros reglamentaria y el cobro de la mitad del salario por seis meses, plazo en el que se definirá la situación particular de cada efectivo.

En el Ministerio que encabeza Sergio Berni aseguran que los policías que están siendo investigados por participar de las protestas de septiembre son alrededor de 1800, 400 de los cuales fueron desafectados este martes, mientras que la auditoría de Asuntos Internos continúa con la revisión de las acciones de los otros 1400.

Desde la cartera de Seguridad advierten que las acciones de los uniformados, que tenían como principal demanda una actualización salarial, constituyeron “gravísimas faltas administrativas” ya que utilizaron los vehículos oficiales de la institución y además participaron de las manifestaciones en horario de servicio.

Las protestas de los agentes de la Policía Bonaerense se extendieron durante dos jornadas y tuvieron su foco inicial en el Centro de Coordinación Estratégica de la fuerza, donde tiene una base la cartera de Seguridad, ubicado en Puente 12, sobre la autopista Ricchieri, en La Matanza, aunque en la noche del primer día también se produjeron manifestaciones frente a la residencia del gobernador Axel Kicillof, en La Plata.

El episodio de mayor tensión y gravedad institucional ocurrió en el segundo día, el 9 de septiembre, cuando policías uniformados equipados con los patrulleros de la institución rodearon la residencia presidencial de Olivos durante varias horas.

La situación empezó a descomprimirse en horas de la tarde, luego de que dos funcionarios de la Presidencia salieron a la avenida Libertador para tomar contacto con los uniformados que estaban allí.

En relación a aquel episodio, la auditoría de Asuntos Internos estableció que los efectivos que participaron cometieron faltas administrativas por, sobre todo, aunque no exclusivamente, movilizar móviles de la fuerza hasta la quinta de Olivos.

En paralelo a la auditoría interna, la Justicia Federal de San Isidro abrió una investigación, tres semanas después de las protestas para determinar si con la manifestación en Olivos se había afectado la seguridad presidencial o el “normal desenvolvimiento” de la actividad oficial.

También inició una causa, de oficio, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana.

Consultado por el anuncio de la desafectación de los 400 efectivos, el ministro Sergio Berni ratificó este martes la decisión y aseguró que los policías suspendidos “no cumplieron con su función” y “no cumplieron con la ley”.

Por otro lado, Berni se refirió a las versiones que circularon en redes sociales sobre la posibilidad que este jueves 11 de febrero se produzcan nuevas manifestaciones de efectivos de la Policía bonaerense.

“La protesta (convocada para el jueves) tiene que ver con esto. Sabían que a partir del levantamiento de la feria judicial se iban a activar los sumarios”, respondió Berni en declaraciones a Radio Mitre.

“Habíamos dicho que quienes no cumplían con su deber iban a ser sancionados. Hemos cumplido con lo que dijimos que íbamos a hacer”, subrayó el ministro bonaerense, quien además señaló que la propuesta de permitir la agremiación o sindicalización policial –que en la Argentina está vedada según varios pronunciamientos del Ministerio de Trabajo- “es una herramienta fundamental en una policía que funciona, pero en una policía que tiene los problemas de la Bonaerense, con índices de corrupción, está en dudas”.

“No sé si las condiciones están para que funcione”, completó Berni en referencia al debate sobre la sindicalización policial.

Uno de los planteos históricos de los policías de la provincia de Buenos Aires es la equiparación salarial con otras fuerzas de seguridad, sobre todo con PFA, demanda que puede reactualizarse con un reciente aumento del 25% anunciado por la Nación para las cuatro fuerzas federales.

Desde el ministerio de Seguridad bonaerense remarcan que “sólo 1.800 policías”, del número total de 96 mil en actividad, participaron en las protestas de septiembre.

“En las manifestaciones eran 2000 personas, 1800 agentes en actividad más 200 retirados, exonerados o familiares. La gran mayoría se mantuvo en su puesto, estuvieron todos los turnos cubiertos y durante los dos días de las protestas no crecieron los índices delictivos, eso significa que la Policía, como institución, siguió funcionando”, remarcó una fuente de la cartera.

Este lunes, durante una visita a Bahía Blanca, Berni también se había referido a las convocatorias en redes sociales que mencionan posibles protestas en Pinamar y Mar del Plata.

“No es casualidad que llamen a movilizar justamente en Mar del Plata y en Pinamar, distritos de la oposición. El problema de ahora es que saben que en estos días (lo que sucedió finalmente hoy) están por salir las sanciones de aquellos que incumplieron con su deber en septiembre, y para evitar que los sanciones están haciendo todo este tipo de movidas”, señaló entonces.

     
 

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Desde el ministerio de Seguridad de la Nación piden que Macri y Larreta sean citados a declarar por incendio de Iron Mountain


| Iron Mountain | ¿Incendio intencional? Los dirigentes eran jefe de Gobierno y jefe de Gabinete de la Ciudad cuando se registró el incendio. Cuestionan que el deposito tenía deficiencias en materia de seguridad y que cinco agencias que fueron a cotejar su situación dieron informes negativos.


 

|El Secretario de Articulación del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks, pidió que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, quienes eran jefe de Gobierno y Jefe de Gabinete de la Ciudad, respectivamente, cuando se registró el incendio del depósito de Iron Mountain, donde murieron diez personas, sean citados por la Justicia.

“En estos momentos hay un cambio de paradigma, hay cierto avance en la investigación por las responsabilidades administrativas, y tendrían que ser citados a declarar Macri y Rodríguez Larreta, además de (Juan José) Gómez Centurión, quien era titular de la agencia de control de la Ciudad”, dijo Fuks al hablar con El Destape Radio.

Este viernes se cumplieron siete años del incendio del depósito de Iron Mountain en el barrio de Barracas, ocurrido el 5 de febrero de 2014, en el cual murieron diez personas, entre bomberos y personal de Defensa Civil, cuando intentaban apagar las llamas.

Fuks recordó que “las primeras declaraciones de Larreta era que los papeles estaban en orden; sin embargo, cuando Gómez Centurión fue citado a declarar en la Legislatura primero le echó la culpa a las víctimas y también dijo que se había perdido el expediente de habilitación del depósito, que nunca apareció”.

El funcionario del Ministerio de Seguridad además indicó que Iron Mountain tenía deficiencias en materia de seguridad y que “cinco agencias que fueron a cotejar su situación dieron informes negativos”.

“Estamos teniendo una empatía y acompañamiento de los familiares de las víctimas, lo que no sucedió en la etapa anterior, donde la falta de empatía también implicó tratar de que el tema desaparezca de la agenda”, aseguró Fuks.

Sobre la marcha de la investigación de lo ocurrido, agregó que “hay tres líneas de trabajo: lo que nos corresponde a nosotros, que es el seguimiento de responsabilidades administrativas, una segunda línea que es averiguar quién y porqué generó el incendio, y por último si quien quemó se basó en la preexistencia de condiciones que ese depósito ofrecía”.

“Iron Mountain -continuó- no era una empresa cualquiera. Cuando se desarrolló el distrito tecnológico tenía exenciones impositivas y el día que se anuncia el distrito tecnológico en la zona es la primera empresa que lo aprovecha”.

El Ministerio de Seguridad realizó un acto con familiares de víctimas del incendio de Iron Mountain en el Departamento Central de Policía, con la presencia de la ministra Sabina Frederic.

     
 

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El Gobierno nacional prorrogó hasta el 28 de febrero el cierre de fronteras para extranjeros no residentes


| Pandemia | Fronteras. El Gobierno dispuso la medida en el contexto de prevención por la pandemia de coronavirus venció este sábado y de esta manera seguirá vigente hasta fin de mes.


 

|El Gobierno nacional prorrogó este lunes, hasta el 28 de febrero, el cierre de fronteras para extranjeros no residentes, cuyo plazo venció este sábado, en el marco de las medidas de prevención por la pandemia de coronavirus.

La medida fue dispuesta por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por decisión administrativa 44 y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

En los considerandos de la norma, se fundamenta la prórroga en que el Ministerio de Salud de la Nación “ha formulado un nuevo informe a través del cual se recomienda el mantenimiento y la adopción de nuevas medidas preventivas en resguardo de la salud pública”.

La decisión administrativa abarca a los “vuelos directos que tengan como origen o destino el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ante el nuevo linaje en la secuenciación de muestras locales, respecto al ingreso de personas”.

El Ministerio de Transporte, a través de la Administración Nacional de Aviación Civil, será el encargado de “ampliar o reducir la nómina de países, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional”.

En tanto, la medida establece además que la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, “determinará y habilitará los pasos internacionales que resulten adecuados para el ingreso al territorio nacional de nacionales o extranjeros residentes en el país y extranjeros no residentes que sean parientes directos de ciudadanos argentinos o residentes, y para el egreso de las personas del territorio nacional y la individualización de los supuestos de excepción”.

La decisión administrativa estipula que la “autoridad sanitaria de acuerdo a la situación epidemiológica existente en origen y/o destino podrá, de conformidad con la normativa dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria, pautar obligaciones a los operadores de transporte, transportistas y tripulantes, incluyendo establecer su testeo para determinar que no sufren de COVID-19, previo al ingreso al país, u otras que estime pertinentes”.

Asimismo, fija que la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Salud “coordinarán las acciones necesarias para determinar los cronogramas de vuelos y la cantidad de pasajeros y pasajeras que ingresarán en forma paulatina y diaria al país, especialmente a través de vuelos provenientes de Estados Unidos, México, Europa y Brasil, manteniendo reducidas las frecuencias de vuelos de pasajeros a los 3 primeros destinos en un 30% y a Brasil en un 50%.

La medida le da la facultad a la Administración Nacional de Aviación Civil de poder “ampliar, disminuir o eliminar tales porcentajes de reducción, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional”.

Además, se “recomienda a los nacionales o extranjeros residentes en el país, y, en particular, a los mayores de 60 años de edad o a personas pertenecientes a los grupos en riesgo definidos por la autoridad sanitaria, diferir sus viajes al exterior, cuando los mismos no respondieran al desarrollo de actividades esenciales”.

“La salida y el reingreso desde y hacia el país -precisa la norma- implicará la aceptación de las condiciones sanitarias y migratorias del país de destino y de Argentina al regreso, asumiendo las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de la misma; tal y como la imposibilidad de iniciar el viaje con síntomas compatibles con COVID-19, la necesidad de contar con un servicio de salud del viajero COVID en el exterior para la cobertura médica y/o aislamiento, y de denunciar los lugares en donde estuvo en los últimos 14 días previos al reingreso al país, entre otros”.

Asimismo, deberá “darse cumplimiento a las condiciones impuestas por la autoridad sanitaria nacional y someterse al control de las autoridades provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, en sus respectivas jurisdicciones y ámbitos de su competencia”.

Se aclara que las “medidas y restricciones dispuestas o que se dispongan por la presente decisión administrativa y por las restantes autoridades en el marco de sus competencias en el marco de la normativa de emergencia sanitaria, podrán ser revisadas periódicamente por las instancias competentes enunciadas en cada caso, de modo de prevenir y mitigar la COVID-19 con la menor interferencia posible al tránsito internacional”.

     
 

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El Gobierno bonaerense estableció a partir del lunes restricciones nocturnas entre la 1:00 y las 6:00 y fuertes multas para infractores


| PBA | Restricciones. La medida regirá para aquellos que se encuentren en fases 3 y 4 del distanciamiento social. Además habrá multas de hasta 3 millones de pesos para los organizadores y asistentes a fiestas clandestinas.


 

|El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una serie de medidas para contener el incremento de contagios de coronavirus, que incluyen la suspensión de las actividades entre la 1 y las 6 de la mañana en 118 de los 135 municipios que se encuentran en fase 3 y 4 del territorio bonaerense, y la aplicación de multas de hasta tres millones de pesos para los organizadores y asistentes a fiestas clandestinas.

Según se anunció en un comunicado, en los municipios que se encuentren en fases 3 y 4 del distanciamiento social “se suspenderá entre las 1 y las 6 la actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa”, con excepción de “las actividades productivas manufactureras, agropecuarias y todas aquellas definidas como esenciales”.

Las nuevas medidas entrarán en vigencia a partir del lunes en función de la tasa de incidencia de casos activos de Covid-19 que se registren en los distritos.

Mientras que el martes se actualizarán las disposiciones en base a la nueva situación epidemiológica y sanitaria de la provincia, según se indicó.

Medidas y disposiciones sanitarias

De acuerdo a las nuevas disposiciones, las medidas se aplicarán “en los municipios que se encuentran en fases 3 y 4 del distanciamiento social, entre ellos los de la Costa Atlántica, donde se dispuso “reducir las actividades sociales, recreativas y familiares a grupos de hasta 10 personas en espacios cerrados y abiertos”.

De acuerdo con el criterio del Ejecutivo bonaerense, los municipios que se encuentran en fase 4 son aquellos que registran “más de diez nuevos casos de Covid-19 cada cien mil habitantes.

En tanto en la fase 3 están las localidades en las cuales “se produjo algún un brote o un aumento significativo y repentino de contagios”.

Se estableció también restringir “el uso de transporte de pasajeros urbano a personas alcanzadas por las actividades y servicios definidos como esenciales” y deberán “reforzar todos los controles para disminuir la circulación de personas en horarios nocturnos y evitar la realización de actividades no permitidas”, detallaron desde el Gobierno provincial.

Se anunció además que se reforzarán todos los controles, tanto provinciales como municipales, para disminuir la circulación de personas en horarios nocturnos y evitar la realización de actividades no permitidas”.

Multas de hasta 3.364.000 pesos En cuanto a las fiestas y reuniones que “vulneren lo permitido legalmente en el marco de las medidas”, el Gobierno bonaerense estableció que podrán aplicarse multas de hasta 3.364.000 pesos a los asistentes y organizadores como también a los propietarios de los inmuebles donde se realicen esas actividades vedadas.

En este sentido, se informó que las denuncias de fiestas clandestinas se recibirán en la línea telefónica 911 y en el número (221) 429-3386, dispuesta por el Ministerio de Seguridad, que funcionará los viernes, sábados y domingos de 22 a 6.

De los 135 distritos bonaerenses, los 109 municipios que se encuentran en fase 4 y los nueve que se encuentran en fase 3, deberán limitar la actividad nocturna.

Los municipios que se encuentran en fase 3 son:

Arrecifes, Balcarce, Bolívar, Lincoln, Lobería, Puán, Rauch, Salliqueló y Suipacha.

En tanto que en fase 4:

Están las localidades de 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca y Baradero.

De igual modo, se aplicarán las nuevas disposiciones en: Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carmen de Areco, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel de Marina, L. Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Suárez Daireaux y Dolores.

También en las localidades de: Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Madariaga, General La Madrid, General Las Heras, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, General Viamonte y General Villegas.

Al igual que en los municipios de: Hipólito Yrigoyen, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Junín, partido de La Costa, La Matanza, La Plata, Lanús, Laprida, Las Flores, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Maipú, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Marcos Paz y Mercedes.

Asimismo, también se dispone para el municipio de Merlo, Monte, Monte Hermoso, Moreno, Morón, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, Ramallo, Rivadavia, Rojas y Roque Pérez.

Saavedra, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Tandil, Tigre, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres de Febrero, Tres Lomas, Vicente López, Villa Gesell y Zárate.

En Fase 5 se encuentran:

Los municipios de Adolfo Gonzales Chaves, Carlos Tejedor, Castelli, Coronel Pringles, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Paz, Guaminí, Leandro N. Alem, Lezama, Pila, Punta Indio, San Cayetano, Tapalqué, Tordillo y Villarino.

Asimismo, se informó que la provincia continuará empleando el sistema de fases vigente para la habilitación de actividades y servicios en sus 135 distritos, de acuerdo con su situación epidemiológica y sanitaria.

La decisión del gobierno bonaerense se conoce un día después de que el Gobierno nacional, a través de un decreto, delegara en cada gobernador la potestad de implementar restricciones en la circulación y las actividades nocturnas de su distrito.

     
 

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Parrilli duro con Macri, Lorenzetti e Irurzun por los “organismos paralelos de inteligencia”: “elegían qué causas se investigaban”


El senador nacional Oscar Parrilli (FdT-Neuquén) afirmó que “estaba la AFI que manejaban Arribas y Macri, y el que manejaba Lorenzetti e Irurzun, y allí elegían qué causas se investigaban”.


 

|El senador nacional Oscar Parrilli (FdT-Neuquén) afirmó que durante la administración de Mauricio Macri “se crearon organismos paralelos de inteligencia” y responsabilizó en ese sentido al ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y al camarista Martín Irurzun.

“Estaba la AFI que manejaban Arribas y Macri, y el que manejaba Lorenzetti e Irurzun, y allí elegían qué causas se investigaban”, sostuvo Parrilli en declaraciones formuladas este martes.

Parrilli, quien integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, recordó que la semana pasada esta comisión “le entregó a la Vicepresidenta (Cristina Fernández) y al diputado (Sergio) Massa un informe que da cuentas del manejo que tenía la oficina de escuchas telefónicas, que Macri traspasó de la procuradora a la Corte”.

En tanto, al referirse al segundo pedido de juicio político que presentó contra el fiscal Carlos Stornelli, recordó que “tiene un procesamiento confirmado por la Cámara”, acusado de extorsiones y espionaje ilegal, y consideró que “lo que está claro es que Stornelli ha incumplido sus obligaciones de fiscal”.

“Además -continuó- de que estuvo ocho meses prófugo, y el procurador Casal lo protegió”, agregó en diálogo con las radios AM990 y El Destape.

Por último, concluyó que “hay una actitud del macrismo de conservar a jueces amigos”, tras lo cual nombró a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, y Martín Irurzun, al fiscal Carlos Stornelli, y al Procurador Eduardo Casal.

“Es para que los protejan en los más de cien casos que se están investigando por corrupción que cometieron durante sus cuatro años de Gobierno”, advirtió Parrilli.

En otro orden, el senador neuquino refirió a la situación judicial del exvicepresidente Amado Boudou y al respecto se mostró partidario de entablar “apelaciones a nivel internacional”. “Habría que buscar la manera de que este fallo sea revisado”, subrayó.

Parrilli también cuestionó a la Corte Suprema, que a principios de diciembre pasado rechazó un recurso de queja interpuesto por la defensa del exvicepresidente basándose en el artículo 280 del Código Civil y Comercial, que permite denegar un recurso sin fundar ni dar explicaciones.

Con esa decisión del máximo tribunal no accedió a revisar las irregularidades del expediente denunciadas por la defensa, por lo que quedaron firmes las condenas del caso de la imprenta Ciccone Calcográfica, entre ellas la de Boudou.

“Esta Corte, lo que ha dejado es esto, un fallo arbitrario que se ha convertido en el ejemplo de la mayor arbitrariedad”, criticó Parrilli.

Según el legislador del Frente de Todos, el fallo contra el exvicepresidente en el caso Ciccone “tiene que ser revisado”.

“El caso de Boudou es la expresión de lo que ha sido el lawfare. Y la Corte tiene una gran responsabilidad en esto”, remarcó.

El ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni -al hacer una defensa de Boudou- aseguró -entre otros conceptos- que “la solución inmediata es el indulto” y que, “si no, van a seguir los presos políticos”.

“Indultar es reconocer que Boudou fue bien condenado y esta es una condena absolutamente irregular”, se diferenció Parrilli en este punto.

     
 

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En Mar del Plata cierran preventivamente el ingreso a una playa por la aglomeración y descontrol de jóvenes


| Pandemia | Prevención. En la misma playa, cientos de personas se concentraron días atrás para realizar un “after beach”, por lo que se decidió reforzar los controles. “Se secuestraron las bebidas alcohólicas al menos a tres grupos de jóvenes que se encontraban allí y se recorrió el lugar para verificar el distanciamiento entre grupos”.


 
|El ingreso a una playa pública de la zona sur de Mar del Plata fue restringido preventivamente para evitar la aglomeración de una gran cantidad de jóvenes que se concentraban en el lugar, informó el Municipio de General Pueyrredón. El operativo fue realizado por personal de Inspección General municipal y efectivos policiales, en el cierre de una jornada en la que temperatura en la ciudad balnearia superó los 35 grados. Fuentes del Municipio aseguraron que “se debió restringir el ingreso para evitar aglomeraciones”, debido a “un encuentro espontáneo” de grupos de jóvenes en un sector de playa ubicado al sur del Faro de Punta Mogotes. En la misma playa, cientos de personas se concentraron días atrás para realizar un “after beach”, por lo que se decidió reforzar los controles. “Se secuestraron las bebidas alcohólicas al menos a tres grupos de jóvenes que se encontraban allí y se recorrió el lugar para verificar el distanciamiento entre grupos”, informaron desde la comuna, la cual también indicó que cerró el ingreso al lugar “para impedir encuentros nocturnos que incentiven a la clandestinidad”.

 

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Cafiero y Kicillof entregaron móviles policiales en el marco del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad


| Fortalecimiento de Seguridad | Programa nacional. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, participaron en Almirante Brown en un acto de entrega de equipamiento. Se abasteció al municipio con 113 patrulleros, motos y equipamiento tecnológico.


 

|El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, participaron en Almirante Brown en un acto de entrega de equipamiento del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad en la provincia, donde se abasteció al municipio con 113 patrulleros, motos y equipamiento tecnológico.

Cafiero aseguró que el programa es “una decisión política” de avanzar en la “ética del cuidado” de todos los argentinos y destacó que el valor de la inversión del Estado es de 37.700 millones de pesos.

El municipio recibió 150 nuevas cámaras de seguridad, 27 mil luces Led, 200 alarmas vecinales, 200 paradas seguras, 15 motos de alta cilindrada, anillo digital para todo el distrito y un sistema de analíticas de videos para alertas de prevención en tiempo real.

“El punto de partida de este año fue muy abajo: la crisis de balanza de pagos 2018-2019, el aumento de pobreza y la desocupación fue sin pandemia, sino por recetas económicas que buscan la primarización económica y la colonización cultural”, consideró Cafiero en el acto.

El funcionario agregó que “haber sostenido una industria nacional dio la posibilidad al país de tener soberanía desde el punto de vista de los insumos médicos” y destacó que “los respiradores se hacen en Argentina y solo hay 19 países que los producen”.

También resaltó que para reconstruir “un sistema sanitario destruido” y remitir los insumos necesarios a las provincias, se realizó una inversión de 45.000 millones de pesos.

El ministro coordinador aseguró, además, que el programa de seguridad también se inicia pensando en las víctimas de la inseguridad y sus familias.

“Que quede claro, los patrulleros, esta infraestructura no es de Alberto, Cristina, Axel, Frederic, Cascallares o Berni, sino que es de todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires”, añadió.

Cafiero destacó también el sentido “federal” y de “equidad territorial” cuando se tuvo que recuperar el sistema de salud y cuando se piensa en la seguridad.

En tanto, Kicillof evaluó que “la Policía estaba mal equipada, mal remunerada, descoordinada y sin tecnología, ya que el discurso de la seguridad llenaba la boca de los funcionarios, como en cada proceso neoliberal, pero contrastaba con la ausencia policial en las calles”.

“Cuando asumimos, caminábamos entre ruinas y el parque automotor de la Policía era un depósito de chatarra por el abandono; eso recibimos y por eso nos propusimos una transformación de la Policía”, añadió.

El gobernador destacó que el presidente Alberto Fernández “comprendió inmediatamente que sin recursos no podíamos hacer nada”.

“La gran clave que mostramos hoy, y durante todo este año, es que, en las peores condiciones, la única forma de dar una respuesta es con la coordinación e integración entre Nación, provincia y municipios”, concluyó.

Participaron en el acto los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Seguridad, Sabina Frederic; el intendente local, Mariano Cascallares, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni y autoridades municipales y de la Policía.

     
 

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Plan de Seguridad de Malvinas Argentinas: Leo Nardini presentó 20 nuevos patrulleros


| Malvinas Argentinas | Plan de Seguridad. Se incorporan al distrito gracias a un convenio firmado entre el Municipio de Malvinas Argentinas y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En los próximos días se sumarán 20 más para reforzar la flota existente.


   

 

|El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, encabezó el acto de entrega de patrulleros por parte de la Provincia de Buenos Aires, los cuales se suman al área de Seguridad del distrito. La ceremonia se realizó dentro del Predio Municipal, donde estuvieron presentes funcionarios del ejecutivo de la comuna y autoridades y efectivos de la Policía de la provincia.

 

 

El jefe comunal se mostró entusiasmado por poder incluir estos 20 nuevos patrulleros

“De un total de 40 de este convenio que firmamos con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por decisión de Axel Kicillof”. También destacó “el poder articular directamente con el ministro de Seguridad de la Provincia (Sergio Berni), a quien tengo la posibilidad de conocer porque trabajamos juntos en el Ministerio de Desarrollo. Así se hace más fácil poder trasladar la demanda de los vecinos”.

   Intendente LEO NARDINI

 

“Estos vehículos se suman a los móviles que ya tenemos de Prevención Ciudadana, para que estén hoy mismo patrullando los diferentes lugares y que los vecinos vean todas las políticas de estado que se vienen llevando adelante desde Nación, Provincia y Municipio”, indicó Nardini.

 

 

Desde que asumió como intendente en el año 2015, en Malvinas se trabaja con un Plan Integral de Seguridad que incluye puestos de vigilancia, instalación de cámaras de monitoreo, aumento de flota de patrullas y la construcción del Centro Operativo Municipal, entre otras cosas.

 

 

Por último, Leo Nardini explicó: “Tenemos 20 cuadriculas marcadas con el diagrama de recorridos de la Provincia de Buenos Aires. Ahora tenemos estos nuevos 20 móviles que cubren uno por cuadricula y luego viene la otra tanda y tendremos dos por cuadricula. Sumados a los más de 30 vehículos que tenemos de Prevención Ciudadana del Municipio que trabajan en conjunto con la fuerza de seguridad provincial”.

 

 

También acompañaron la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado; subsecretario de Seguridad, Dr. Jorge Cancio; director general de Seguridad, Ángel Becerra; Jefe de Estación de Policía Departamental de Seguridad Malvinas Argentinas, Crio. Miguel Ángel Domínguez; Jefe de UPPL Local de Malvinas Argentinas, Crio. Inspector Rubén Alberto Boninn; Jefe del Comando de Patrullas Malvinas Argentinas, Crio. Walter Adrián Salvatierra; comisarios, comerciantes y vecinos.

     
 

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Los extitulares de la AFI en el Gobierno de Cambiemos Gustavo Arribas y Silvia Majdalani procesados por espionaje ilegal


| Espionaje ilegal | Procesados. Los extitulares de la AFI en el Gobierno de Cambiemos y 9 exagentes fueron procesados por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en un desprendimiento el caso D’Alessio vinculado con las tareas de espionaje político en las bases AMBA en 2016 y 2017.


 

|El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, comocoautores de “acciones de inteligencia prohibidas” y “abuso de autoridad” por espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires.

Los procesamientos fueron dispuestos en un desprendimiento del caso D´Alessio, en el que se investigan maniobras de espionaje político desplegadas desde las denominadas “bases AMBA” durante los años 2016 y 2017, según surge del fallo de 979 páginas.

El espionaje habría tenido como objetivo a dirigentes políticos nacionales y territoriales, gremios y dirigentes gremiales, pero también a movimientos sociales, espacios comunitarios, actividades desarrolladas en comedores y escuelas y manifestaciones de cualquier tenor que pudieran ser leídas como contrarias a los intereses del expresidente Mauricio Macri.

El procesamiento de hoy, que incluye embargos de hasta 20 millones de pesos, es el segundo que pesa sobre los exjefes de la AFI: el primero, también por espionaje ilegal, lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge en la causa en la que se investigan maniobras ilegales realizadas sobre el Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el procesamiento de este miércoles, el juez Ramos Padilla concluyó que “existía una directiva de carácter general” que ordenaba a los agentes de la AFI “realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo”, es decir Arribas y Majdalani.

Para el magistrado hubo “órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de Gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar”.

El juez recordó en su fallo que el llamado “PROYECTO AMBA” de la AFI consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense (desde mediados del 2016), en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes, además de las delegaciones históricas con asiento en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia del organismo en la provincia durante el año 2017.

“Si bien en las resoluciones de creación de esas Delegaciones Provinciales, en el discurso público y también conforme han manifestado algunos de los imputados, éstas se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, se corroboró en la investigación que estas bases de inteligencia se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político en la provincia de Buenos Aires a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno”, remarcó el juez.

El fallo tiene la particularidad -como ya había pasado en otras resoluciones de esta causa- de incluir una gran cantidad de elementos gráficos (fotos y capturas de los archivos encontrados) que demuestran que la AFI tenía en su poder información sobre todo tipo de dirigentes.

En la misma resolución Ramos Padilla procesó a otros 9 exagentes de la AFI y consideró que todos los procesados son coautores de los delitos “en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”.

Los procesados fueron los expolicías bonaerenses y exagentes de la AFI Daniel Salcedo y Vicente Antonio Melito y los jefes de las bases AMBA: Pedro García (Quilmes), Alicia Nocquet (Haedo), Andrés Maisano (Pilar), Gustavo Carreiras (La Matanza), José Luis Fiorentino (San Martín), Roberto Hugo Bianchi (La Plata) y Nicolás Iuspa Benítenez (Mar del Plata).

En la base de Mar del Plata se detectaron elementos que prueban que la AFI realizó tareas de espionaje sobre los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, mientras que el jefe de esa base también fue procesado por destruir documentación.

En el extenso fallo además se describieron maniobras de espionaje sobre manifestaciones de usuarios del servicio de luz, que reclamaron por cortes de luz en Ezeiza e inteligencia ilegal sobre una charla vinculada con la situación judicial de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagros Sala, en la que fueron disertantes la ahora ministra Elizabeth Gómez Alcorta y el periodista Horacio Verbitsky.

     
 

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La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el procesamiento del fiscal Stornelli por la producción de inteligencia ilegal sobre personas


| Procesamiento | “Producción de inteligencia ilegal”. La Cámara confirmó su procesamiento por la “producción de inteligencia ilegal sobre personas” en calidad de instigador. Al mismo tiempo revocó el procesamiento del periodista Daniel Santoro. Ambos en la causa D’Alessio que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla.


 

|La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó este viernes parcialmente el procesamiento del fiscal Carlos Stornelli en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal por la que se encuentra detenido el falso abogado Marcelo Sebastian D’Alessio, informaron fuentes judiciales.

En un segundo fallo, el tribunal de apelaciones de la ciudad balnearia revocó el procesamiento que pesaba sobre el periodista Daniel Santoro en el marco del mismo expediente.

Al definir la situación del fiscal federal porteño, los jueces de la Cámara de Mar del Plata confirmaron los procesamientos por los delitos cometidos en relación a los hechos conocidos como “Castañón” y “Ubeira”.

En el caso Castañón, en referencia al piloto peruano Jorge Castañón, Stornelli está acusado de haberle solicitado a D’Alessio que espiara al ex marido de su actual pareja.

En el caso “Ubeira”, el fiscal del caso de los cuadernos está acusado de haber intentado hacerle una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira para perjudicarlo: se sospecha que el pedido tenía que ver con que el abogado decía saber acerca de declaraciones juradas de arrepentidos de ese caso que habrían declarado haber sido extorsionados por Stornelli.

En ambos casos, el fiscal Stornelli quedó procesado sin prisión preventiva por la “producción de inteligencia ilegal sobre personas, sea por sus acciones privadas o por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción” en calidad de instigador.

La Cámara marplatense ratificó además la competencia del juez Alejo Ramos Padilla para intervenir en la instrucción del caso.

En un fallo que lleva la firma de los magistrados Rafael Oscar Julián, Alejandro Osvaldo Taza y Eduardo Pablo Jiménez, la Cámara decidió no hacer lugar a los agravios presentados por la defensa de Stornelli.

La Cámara declaró la falta de mérito del fiscal federal en el “Caso Irán-Terrorismo”, en cuanto fuera considerado como un supuesto de participación en tareas de inteligencia ilegal, y devolver las actuaciones al Juzgado Federal de Dolores a fin de que se expida puntual y concretamente respecto del presunto encubrimiento por el que fuera indagado el Stornelli.

En la resolución también se dicta la falta de mérito de Stornelli en lo referente al “Caso Brusa Dovat”, y pide profundizar la existencia de las presuntas amenazas coactivas por parte del imputado, al igual que en los casos casos “Munín – Talevi”, y Etchebest”.

     
 

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