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Ministra Gómez Alcorta: “trabajamos para que las víctimas no sean quienes deban abandonar sus viviendas”


| “ENTREVISTA FEDERAL” | Plan Nacional contra las Violencias por Razones de Género. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad realizó un repaso de las políticas del área y las anunciadas en el Plan Nacional contra las Violencias por Razones de Género en “Entrevista Federal”, una serie de encuentros con la participación de periodistas de las distintas emisoras de Radio Pública.


 

|La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que está trabajando para que las personas en situación de violencia de género “no sean quienes deben abandonar sus viviendas”, en la regularización registral de migrantes y en la accesibilidad a la Línea 144 para mujeres originarias, durante una entrevista federal en Radio Nacional.

Gómez Alcorta, que hoy cumple siete meses al frente del primer Ministerio de las Mujeres nacional, hizo un repaso de las políticas del área y las anunciadas en el Plan Nacional contra las Violencias por Razones de Género que se presentó hace una semana para instrumentar entre este año y el 2022.

“En dos años queremos construir o poner en valor inmuebles públicos que estamos rastreando, que están en desuso. A algunos la gestión anterior los tenía listos para ponerlos a la venta. Allí van a funcionar Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad”, dijo la funcionaria.

Anticipó que en estos primeros dos años funcionarán en 12 provincias, en centros urbanos accesibles, gestionados por Nación y gobiernos provinciales y municipales.

Los Centros serán lugares de prevención y asistencia, y en algunos casos, podrán tener espacios para “alojamiento temporal” de mujeres en situación de violencia y sus hijas e hijos.

“La idea es que la persona en situación de violencia no sean quien deba abandonar la casa, para eso hay que trabajar con los poderes judiciales”, explicó Gómez Alcorta.

Contó además que un equipo del Ministerio trabaja “en las regularizaciones registrales de personas migrantes vinculadas a no tener DNI, lo que les impide obtener residencia y acceder a políticas económicas de emergencia”.

Al hablar de la población trans travesti aseguró que “hay que eliminar las contravenciones que permiten la persecución en la calle, la violencia policial y las violencias institucionales”.

Anticipó también que la Línea 144 de consultas por violencia de género será accesible a mujeres originarias, incluyendo las distintas lenguas indígenas.

Sobre la legalización del derecho al aborto, confirmó que el proyecto de ley “está listo” y que como dijo en varias oportunidades el presidente Alberto Fernández “no están dadas las condiciones de tratamiento en el Congreso por la pandemia” de coronavirus.

En relación a los 18.000 millones de pesos destinados al Plan Nacional contra las Violencias, aseveró que “supera 24 veces al que tenia el Plan anterior” y compartió que hay “un compromiso” del Gobierno para aumentarlo si se necesitan mas fondos para el programa Acompañar.

Acompañar consistirá en un apoyo económico a las personas que se encuentran en situación de riesgo de violencia de género, que será igual a un salario mínimo vital y móvil que se otorgará durante seis meses a través de Anses.

“Saldrá por decreto en las próximas semanas”, afirmó la ministra.

   
 

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La justicia federal imputó a Arribas y Majdalani por “la venta irregular de armas en la AFI”


| VENTA IRREGULAR DE ARMAS | AFI macrista. Así lo resolvió el fiscal federal Ramiro González. La causa investiga la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.


 

|El fiscal federal Ramiro González imputó este miércoles a los ex jefes de la AFI durante la gestión de Juntos por el Cambio, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad, informaron fuentes judiciales.

El fiscal imputó también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia, y le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.

Entre las primeras medidas, González solicitó que se realice una tasación del armamento cuestionado y que se le consulte a la Agencia Nacional de Materiales Controlados si los organismos estatales están facultados a comercializar sus armas entre sus funcionarios y agentes.

La causa se abrió a partir de una denuncia formulada por la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, que sostuvo que la gestión pasada “autorizó y procedió a la venta de armamento de fuego de distinto calibre que integraba el patrimonio de la Agencia, a funcionarios y agentes en actividad, a un precio irrisorio y con ínfimos requisitos en cuanto a las condiciones necesarias para acceder a dicho negocio jurídico”.

En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, supuestamente “carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico”.

Estas resoluciones abrieron la puerta a la venta a precio “irrisorio” a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas “aptas para el disparo y utilización”.

Los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían “el 20% del valor real de un arma usada en el mercado formal”, según la denuncia, en la que se subraya que se vendieron “armas de colección que no se consiguen en el mercado” como revólveres Ruger y Colt Trooper.

El Ruger “tenía la leyenda que decía ‘200 años de la libertad de América'”, destacó la presentación de Caamaño.

Además, la funcionaria remarcó en la denuncia que “no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca MOSSBERG, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento” a un ex funcionario.

“La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso”, sostuvo.

Por otro lado, la AFI denunció que “permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per sé una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad”.

De acuerdo a lo denunciado por Caamaño, cada funcionario o agente podía comprar hasta cinco armas a “un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad” y “prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso”.

Además de Macri, Arribas y Majdalani fue denunciado otro ex funcionario de la AFI cuya identidad se mantuvo en reserva en base a los lineamientos de la Ley Nacional de Inteligencia.

Las resoluciones que permitieron las ventas declararon al armamento “en condiciones de rezago” porque no resultaba “económicamente rentable ni factible su recuperación”.

Ante ello se autorizó la venta a los agentes “pertenecientes a la Agencia” con credencial de legítimo usuario de arma de fuego con pago que se realizaba a través de descuento de haberes.

Para autorizar la operación, Arribas se habría basado en un informe según el cual, según denunció Caamaño, no surgía que el armamento era de rezago sino que lo clasificaba “como material en desuso”.

El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20% de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper.

Este lote fue parte de una primera operación en tanto que en 2018 hubo una segunda venta de otras 38 armas “bajo la misma modalidad”.

“La tasación de las armas no respetó el procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado”, concluyó la denuncia que aludió a un “perjuicio a la administración pública”.

       
 

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Los jefes de la ex AFI macrista, Arribas y Majdalani, a indagatoria por espionaje ilegal sobre el Instituto Patria


| “ESPIONAJE ILEGAL” | Indagatoria. Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia fueron llamados a indagatoria en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria, en 2018.


 

|Los dos exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron citados a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizadas en 2018, informaron este martes fuentes judiciales.

En este expediente se conoció hoy también que fue procesado sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país el exespía Alan Ruiz, sindicado como el jefe operativo de la banda que realizó las tareas de espionaje bajo el falso argumento -según los investigadores- de que ambos domicilios podían ser eventuales blancos de ataques terroristas.

De acuerdo con la investigación judicial, la orden que habría bajado de Ruiz al grupo de espías que realizaba las “tareas de calle” era la de vigilar e informar si en ambos domiclios ingresaban o salían “bolsos”.

Fuentes judiciales dijeron que, según aportó la investigación, esa orden le llegaba directamente de Silvia Majdalani.

Las citaciones fueron dispuestas por el juez Juan Pablo Auge, a cargo del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, quien convocó en calidad de imputado al último jefe operacional de Contrainteligencia de la AFI en la gestión Cambiemos, Martín Coste; tal como habían requerido los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

En la resolución que llegó la tarde del martes a los abogados de las partes se informaba que Coste estaba citado para este viernes (que es feriado), Majdalani para el domingo y Arribas para el lunes, pero según pudo saberse de fuentes judiciales hubo un “error material” con la elección de las fechas, por lo que se estaban corrigiendo.

Ruiz, quien en el mundo de los espías era conocido por el alias de Augusto Rovero, “coordinó durante el año 2018, al menos, desde el mes de mayo y hasta diciembre de ese año, junto a otras personas, un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, dedicada a realizar tareas de inteligencia y espionajes ilegales”, sostuvo el juez en la resolución.

Las tareas de espionaje ilegal “consistían en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”, según se indicó en la resolución.

El juez destacó en el fallo que Ruiz ocupaba en la AFI un cargo que “no tenía registro alguno dentro del organigrama de dicha dependencia”, lo que le permitía reportar directamente a Majdalani salteando a los directores de las distintas áreas de la central de espías.

“El imputado no respetaba la estructura jerárquica propia del organigrama de esa dependencia y su actuar fraccionaba y quebraba el esquema establecido institucionalmente, rompiendo con la cadena de mando constituida, ya que en muchas ocasiones actuaba por encima de sus superiores, dado que tenía un vínculo directo con quien era en aquel momento la Subsecretaria de la AFI, Silvia Majdalani, también conocida en la jerga de la AFI como la ´número 8´ o ´la 8´”, escribió el juez Auge en el fallo de 97 páginas.

De los testimonios recogidos en el expediente, algunos aportados por un testigo de identidad reservada, se pudo reconstruir que la orden que Ruiz había dado al equipo que le reportaba era la de “detectar si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación y/o dinero, como así también si en esos dos domicilios recibían ese tipo de objetos o se desarrollaban esas actividades”.

La “vigilancia” se hacía, de día, desde un auto ubicado en las inmediaciones de los blancos a espiar –uno de ellos detectado el 6 de agosto de 2018 por personas que frecuentaban el Instituto Patria- desde donde los espías podían verlo todo; mientras que por las noches se utilizaban “autos de técnica” que tiene cámaras indetectables y que quedaban estacionados y sin ocupantes.

Ruiz, a quien se le trabó un embargo por 500.000 pesos, fue procesado por violación a la ley de inteligencia pero también por falsedad ideológica, dado que los investigadores detectaron que una vez descubierto el espionaje ilegal desde la AFI se llevaron a cabo maniobras para encubrir el episodio y se elaboraron documentos para intentar dar a esas actividades “apariencia legal”.

En ese contexto fue que, el 9 de Agosto de 2018, Arribas y Majdalani “suscribieron conjuntamente la Nota con sello de identificación de la AFI N° 8201 que fue presentada ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Control y Actividades de Inteligencia” con el que buscaron justificar las actividades desarrolladas por los espías descubiertos.

Desde la AFI de Cambiemos se intentó justificar el espionaje ilegal bajo el pretexto que las tareas habían sido desplegadas para desarrollar “vigilancia perimetral” en el marco de una causa abierta por supuestas alarmas de atentado que estaba radicada en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena, que debió excusarse de intervenir en este expediente.

Esta causa se inició por una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que ese organismo, durante la gestión Cambiemos adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite, y que se pudo haber utilizado para fines ilegales.

“Se utilizó desde finales de octubre de 2018 hasta finales de octubre de 2019, sin ningún tipo de control judicial, y durante todo el período previo a las elecciones nacionales del año 2019”, se había indicado en la denuncia.

     
 

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Cafiero: “sembrar odio no fortalece ningún juego democrático”


El jefe de Gabinete aseguró que “sembrar odio no fortalece ningún juego democrático”, y consideró que “es jugar sucio“ vincular al Gobierno nacional con la muerte de una persona”.


 

|El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que “sembrar odio no fortalece ningún juego democrático”, y consideró que “es jugar sucio“ vincular al Gobierno nacional con la muerte de una persona”, además de “grave”, al cuestionar la reacción de un sector de la oposición ante el crimen de Fabián Gutiérrez ocurrido en El Calafate, Santa Cruz.

“Sembrar odio no fortalece ningún juego democrático”, dijo Cafiero en diálogo con la radio FM Metro 95.1, y agregó que, además de ser un hecho “grave”, es “jugar sucio” acusar al Frente de Todos y al Gobierno nacional con un homicidio.

Agregó que “están haciendo política con la muerte de una persona” y pidió que “evalúen cuál es el aporte a la vida democrática que están haciendo”.

Fabián Gutiérrez -exseceretario de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner- fue encontrado asesinado el fin de semana en una casa de El Calafate y, por ese hecho, el juez de instrucción penal de esa localidad, Carlos Narvarte detuvo a cuatro personas y declaró a la prensa que “da la impresión de que lo golpearon por una exigencia de dinero” y que no veía “un elemento político”.

“Acusan a nuestro espacio y nosotros, que estamos con la economía, con la deuda, con la pandemia, poniendo nuestra energía, tenemos que salir a contestar esto, pero creo que lo contestamos sin que nos ganen las pasiones”, reflexionó Cafiero.

Ante una consulta, el jefe de Gabinete diferenció esta reacción opositora por el crimen de Gutiérrez con la reacción del kirchnerismo en su momento ante la desaparición de Santiago Maldonado.

“Nosotros reclamábamos por la aparición con vida, era un reclamo por la vida, no era hacer política con la muerte”, expresó.

En referencia al caso de Fabián Gutiérrez, Cafiero analizó que “el mismo abogado, la misma familia dijeron que no tiene vinculación el caso con Cristina Fernández de Kirchner” y se preguntó: “Si ellos lo descartan, si las partes lo descartan, ¿por qué la política lo viene a meter desde Buenos Aires”.

“Hacen una reinterpretación y eso es lo que angustia y nos genera bronca. Siembran odio y ese es el problema; están jugando sucio”, opinó Cafiero.

En otro orden, al ser consultado en la entrevista con la Metro sobre el documento firmado por 300 periodistas en el que se advierte sobre “amenazas” para el ejercicio de la profesión, Cafiero dijo: “Tenemos un compromiso total y absoluto con la libertad de expresión”.

       
 

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Fiscales piden la indagatoria de Arribas y Majdalani en causa por el espionaje ilegal de la AFI macrista al Instituto Patria


| ESPIONAJE ILEGAL | Se trata de la investigación por presuntas tareas de espionaje en el Instituto Patria, causa en la que el juez Auge ya detuvo al ex director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz.


 

|Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quedaron formalmente imputados en la causa por el espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y su indagatoria fue requerida por los fiscales del caso, informaron fuentes judiciales.

El requerimiento fue formulado en el marco del expediente en el que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y domicilio particular de la entonces senadora y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner con la excusa de detectar supuestos movimientos de dinero, según pudo saber esta agencia de fuentes con acceso al expediente.

El planteo para que se cite a indagatoria a los ex jefes de la AFI fue formulado por los fiscales María Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes además solicitaron que también sea convocado en calidad de acusado Martín Coste, el último director operacional de contrainteligencia de la central de espías durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los fiscales, que tienen delegada la investigación, presentaron el requerimiento ante el juez Juan Pablo Augé, a cargo del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora y que el último viernes recibió también la causa en la que se investiga espionaje ilegal cometido contra dirigentes políticos, sociales, sindicales y religiosos, que instruía su colega Federico Villena.

En la causa por el supuesto espionaje sobre el Instituto Patria se produjo la primera detención a un ex espía de la AFI. Fue el caso del arresto de Alan Ruiz, ex jefe de operaciones especiales, quien ya fue indagado hace más de 10 días por lo que se presume que en las próximas horas podría definirse su situación procesal.

En este expediente se investigan las actividades de “un grupo de agentes coordinados, quienes se dedicaron a obtener información, realizar observaciones, producir inteligencia y almacenar datos sobre distintas personas por el solo hecho de su pertenencia político partidaria, social, sindical y cultural, ello durante el año 2018, en el área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia”, según consta en el expediente.

“Durante aproximadamente un mes previo a que fueran descubiertos el 7 de agosto de 2018 realizaron tareas de vigilancia frente a la sede del Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, sito en la intersección de las calles Juncal y Uruguay”, se indica en la causa que se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

Esa investigación reflotó un episodio en el que un grupo de militantes políticos descubrieron la extraña presencia de un auto frente a la sede del Patria.

“Luego, al ser descubiertos, intentaron darle apariencia de legalidad y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes de investigación recibidas en causas judiciales”, reza el expediente en el que se recuerda que los espías intentaron justificar su actividad bajo la hipótesis de que ambos lugares vigilados podían ser blancos de atentados terroristas.

Además, en la causa se estableció que la orden de realizar las tareas de espionaje fue dada por Ruiz a un grupo de agentes y que consistía en “observar si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación o dinero”.

También debían “informar si en esos dos domicilios se recibían ese tipo de objetos”, por lo que los fiscales creen que “tales tareas nunca tuvieron como finalidad detectar posibles atentados o amenazas contra la damnificadas, ni fueron realizadas en el marco de tareas de prevención por los eventos denominados 620 y Juegos Olímpicos de la Juventud”.

Tanto las operaciones como la posterior supuesta falsificación de documentos que respaldarían las actuaciones fueron ordenadas y suscriptas por Ruiz “por la indicación o con la anuencia” de sus superiores, según consta en la imputación formal que se le leyó al ex agente de inteligencia el día de su indagatoria.

Durante su declaración en calidad de imputado, Ruiz admitió ante la Justicia que hizo tareas de inteligencia sobre el Instituto Patria y la actual vicepresidenta, pero sostuvo que fueron acciones que estaban “justificadas legalmente” y que se trató de “operativos de vigilancia externa en perímetros”.

En paralelo al desarrollo de este expediente, el ex jefe de Contrainteligencia Martín Coste –ahora también imputado- declaró ante la comisión bicameral de seguimiento y fiscalización de los organismos de inteligencia, donde dijo que se había enterado por televisión del escándalo desatado cuando se descubrió en 2018 que había un auto de la AFI estacionado frente al Instituto Patria.

El ex espía sostuvo que ese episodio lo llevó a poner su renuncia a disposición de las ex autoridades de la AFI pero que finalmente permaneció en el organismo en el área de Jurídicos, bajo las órdenes de Juan Sebastián Destéfano.

“Lo que me solicitaron era que Alan Ruiz haga un informe sobre lo que había pasado en el Instituto Patria. Pero no me hizo ningún informe a mí y fue a Jurídicos y lo hizo en Jurídicos”, aseguró Coste ante legisladores del oficialismo y la oposición según pudo reconstruir esta agencia.

En la misma audiencia legislativa, Coste sostuvo que como jefe de Contrainteligencia no tenía un control total de las operaciones que se hacían en la AFI porque “el director general de Operaciones no era, básicamente, un director de una dirección; el director general de Operaciones era la subdirectora (Silvia Majdalani)”.

       
 

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La Comisión por la Memoria se presentó como querellante en la causa por espionaje ilegal


| CPM | “Causa por espionaje”. “Las circunstancias por la que las personas detenidas pierden su libertad, no anulan ni deben menoscabar sus derechos humanos de ningún orden, menos aún los civiles y políticos”, precisó la CPM en su presentación.


 

|La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como querellante institucional en la justicia federal de Lomas de Zamora en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a personas detenidas, informó hoy ese organismo.

La CPM hizo la diligencia como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, debido a que en allanamientos se encontraron dispositivos de escuchas en salas de visita de la Alcaidía de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

“La injerencia arbitraria sobre la privacidad de las personas está prohibida por la Ley de inteligencia y viola garantías y pactos internacionales de derechos humanos. Más grave aún resulta si, además, ocurre cuando se trata de detenidos y detenidas bajo la tutela del Estado”, precisó un comunicado de la CPM.

“Las circunstancias por la que las personas detenidas pierden su libertad, no anulan ni deben menoscabar sus derechos humanos de ningún orden, menos aún los civiles y políticos”, precisó la CPM en su presentación.

Recordó que “la Ley 25.520 también establece limitaciones para la injerencia estatal en la intimidad de los ciudadanos: prohíbe explícitamente ‘obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias’. Y en el inciso 5, la misma norma establece la inviolabilidad de las comunicaciones, información, archivos, registros y/o documentos privados”.

“Estos derechos sólo pueden ser limitados mediante manda y control judicial. En caso contrario, se trata de delitos previstos tanto en la Ley Nacional de Inteligencia como en el Código Penal”, afirmó el organismo.

Calificó de “más grave aún, y como se investiga en esta causa, la injerencia en las comunicaciones de las personas privadas de libertad con sus abogados y abogadas, además de ilegal, viola la garantía del debido proceso”.

La CPM destacó que entre 2016 y 2020 “hubo una jerarquización de las áreas de inteligencia con atribuciones para la reunión de información y análisis en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense y en la estructura orgánica del Ministerio de Justicia”.

     
 

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Gioja también cruzó al “macrismo residual”: “quieren generar historias que compliquen al Gobierno, una especie de Nisman 2”


| “MACRISMO RESIDUAL” | El titular del Partido Justicialista consideró que “evidentemente dentro de la oposición hay sectores que no quieren que Alberto Fernández termine su mandato”. Así se refirió al comunicado difundido por Juntos por el Cambio, el último sábado.


 

|El titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, dijo este lunes que hay un sector de la oposición que “quiere generar historias que compliquen al Gobierno, una especie de Nisman 2”, al referirse a las reacciones tras el asesinato del exsecretario de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, en Santa Cruz.

“Esto es repudiable, es un plan de una minoría, porque ni siquiera es toda la oposición. Han tratado de buscar carroña en un hecho policial, donde era más que claro que este hecho no tiene nada que ver con las declaraciones (judiciales) de Gutiérrez y tienen que ver quizás con la vida privada de él”, dijo el ex gobernador sanjuanino en diálogo con El Destape Radio.

Gutiérrez fue encontrado asesinado el fin de semana en una casa en El Calafate y por ese hecho fueron detenidos cuatro personas, en lo que fue considerado “un hecho policial” por el juez de instrucción penal de El Calafate, Carlos Navarte, a cargo de la causa.

Gioja consideró que lo que busca ese sector es “generar historias que compliquen al Gobierno, una especie de Nisman 2”, y agregó que “estos personajes quieren conspirar contra un Gobierno democrático, al que estamos dispuestos a defender”.

“Un programa muy promovido el sábado a la noche se preguntaba si Fernández iba a terminar el período constitucional y esto es una provocación. A estas provocaciones hay que ponerles un límite, siempre dentro de la democracia”, manifestó el titular del PJ.

En este sentido, ante una consulta, Gioja consideró que “evidentemente dentro de la oposición hay sectores que no quieren que Alberto Fernández termine su mandato”.

El ex mandatario sanjuanino sostuvo que “Argentina se pondrá de pie, y vamos a hacer lo que se prometió en campaña”.

En otro orden, respecto al funcionamiento del Congreso Nacional durante la pandemia, se mostró partidario de que continúen las sesiones virtuales.

“Tenemos cinco enfermos con este virus dentro del Congreso. Es por ello que no hay seguridades para hacer las juntadas grandes que implica sesionar en el recinto. Estamos en una emergencia y poder hacerlo virtualmente sirve, ha dado resultado”, finalizó.

       
 

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Ministro Rossi: “parte de la oposición busca crear un clima destituyente en base a falsedades”


El ministro de Defensa, calificó la actitud de la oposición como “un acto canallesco”, de “carancheo político”. De esta forma, se sumó a las voces que desde el oficialismo salieron a responder el comunicado difundido por Juntos por el Cambio.


 

|El ministro de Defensa, Agustín Rossi, acusó este lunes a “una parte de la oposición” de “estar intentando crear un clima destituyente en base a falsedades” y calificó esta actitud de “un acto canallesco”, de “carancheo político”.

“Me parece que hay un núcleo opositor que es más recalcitrantemente de derecha y, a partir de eso, y con el aliento de una cantidad de medios, se va conformando una crítica al gobierno que no tiene límite”, dijo Rossi en diálogo con El Destape Radio.

De esta forma, se sumó a las voces que desde el oficialismo salieron a responder el comunicado difundido el sábado por Juntos por el Cambio, luego de que se conociera el asesinato del empresario Fabián Gutiérrez en El Calafate, en el que esa fuerza opositora definió al caso como “un crimen de extrema gravedad institucional”.

Agregó que ese sector opositor intenta crear un “clima destituyente” en base a falsedades, intentando sacar conclusiones políticas en un crimen común o inventar acusaciones a partir de los silobolsas”.

En este sentido, indicó que “han intentado implicar a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) y, luego, a la totalidad del Gobierno” en ese hecho.

“Es un acto canallesco, el carancheo político que hicieron sobre el cadáver de Fabián, y nos obliga a estar fuertemente alertas”, dijo Rossi.

Además, señaló que el Gobierno tiene que “trabajar con los opositores que ponen como prioridad la vida de la gente y que tienen responsabilidad de gestión” y “tratar de no cometer errores que terminan generando que las oposiciones más ultras le ganen a las oposiciones más moderadas”.

“Yo digo que esto de la brecha no es una construcción dual, sino de un sector político que odia, que descalifica, porque nosotros, cuando nos tocó gobernar, gobernamos para todos”, completó Rossi.

Consultado sobre la marcha que algunos sectores opositores están planificando para el próximo 9 de julio, el ministro de Defensa dijo que “están tratando de generar un marco de situación que no tiene que ver con la realidad y es cabalgar sobre la brecha del odio”.

Por último, manifestó que “el compromiso de las Fuerzas Armadas con la sociedad es absoluto” y dijo que los militares “se sienten respaldados por la población y aparecen como una de las fuerzas más ponderadas del Estado en las encuestas”.

     
 

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Ministro Larroque: “el comunicado fue impulsado por expresiones marginales de Juntos por el Cambio”


El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense aseguró que tratan de “llevarse puesto el diálogo en la Argentina”, en referencia al comunicado publicado el último sábado en el que Cambiemos consideró el asesinato de Gutiérrez como un hecho de “extrema gravedad institucional” .


 

|El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, consideró este lunes que el documento de Juntos por el Cambio sobre el crimen del empresario y exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez estuvo impulsado por “expresiones marginales dentro” de ese espacio político que tratan de “llevarse puesto el diálogo en la Argentina”.

De ese modo, Larroque, quien además es el secretario general de la agrupación La Cámpora, hizo referencia al comunicado publicado el último sábado en el que Cambiemos consideró el asesinato de Gutiérrez como un hecho de “extrema gravedad institucional” y reclamó el apartamiento de la investigación de la fiscal Natalia Mercado por su vínculo familiar con la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Tratar de vincular a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) estas hipótesis es una locura, pero no es la primera vez que ocurre en la Argentina”, opinó Larroque en declaraciones a radio El Destape y luego destacó que el comunicado de la oposición “roza lo bizarro”.

Con todo, el funcionario precisó que el documento estuvo impulsado por “expresiones marginales dentro de Juntos por el Cambio” que tratan de “llevarse puesto el diálogo en la Argentina”.

En ese sentido, destacó que con muchos sectores de ese espacio político el oficialismo dialoga “en forma permanente”.

“Hoy nos tenemos que concentrar en el objetivo central, que es cómo enfrentamos la pandemia, cómo reducimos consecuencias económicas de la pandemia y cómo reducimos números de muertes, en todos los niveles de Gobierno”, continuó Larroque y pidió “no caer en la provocación”.

Finalmente, aseveró que “llegó el momento de que algunos sectores hagan una autocrítica como la que nos pedían a nosotros”.

   
 

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Santiago Cafiero atribuyó el documento del “macrismo” a “politiquería basada en el odio”


Para el jefe de Gabinete “tratar de sacar un rédito de la muerte de una persona habla de una miserabilidad espantosa, y eso es lo que expresa el comunicado de estos 3 partidos”, señaló. El PJ bonaerense mediante un duro comunicado oficial apoyó al gobierno nacional.


 

|El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, atribuyó este domingo el documento de Juntos por el Cambio sobre la muerte del empresario y exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez a una “politiquería basada en el odio” que “lesiona la convivencia” y afecta el “diálogo democrático”.

 

“La polítiquería basada en el odio lesiona la convivencia”, sostuvo Cafiero sobre el documento emitido ayer por JxC, en el que la coalición opositora consideró el asesinato de Gutiérrez un hecho de “extrema gravedad institucional” y reclamó el apartamiento de la investigación de la fiscal Natalia Mercado por su vínculo familiar con la vicepresidenta Cristina Fernández.

 

Presidido por Gustavo Menéndez el PJ Bonaerense brinda un fuerte apoyo al Gobierno Nacional y con un duro comunicado sale al cruce del oportunismo político macrista

 

Para el ministro coordinador, “tratar de sacar un rédito de la muerte de una persona habla de una miserabilidad espantosa, y eso es lo que expresa el comunicado de estos 3 partidos”, señaló sobre la firma conjunta de los titulares del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Maximiliano Ferraro, respectivamente.

 

En declaraciones al canal C5N, Cafiero consideró que si se tratara sólo del “comunicado”, se podría “hacer una digresión o disputar algún sentido”, pero, subrayó, “la gran mayoría de los referentes de JxC fueron agregando después más declaraciones”.

Al respecto, Cafiero evaluó que “se hace muy difícil” la disputa política y acotó que “por suerte la Argentina está transitado hacia otro lugar con reglas democráticas”.

 

“Esto enturbia el juego democrático. Es de una irresponsabilidad tremenda, y despojada de toda ética humanitaria porque hay una familia padeciendo y amigos que también habían solicitado que esto no se politice”, sostuvo sobre los allegados de la víctima.

 

Al respecto, reiteró que la actitud de JxC es “realmente repudiable” y se preguntó: “¿Cómo seguís un diálogo democrático cuando alguien te dice que vos sos parte de un espacio político que manda a matar gente?”.

     
 

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