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Cristina Caamaño denunció a Mauricio Macri y Gustavo Arribas por la venta irregular de armas en la AFI


| DENUNCIA JUDICIAL | “Venta irregular de armas”. La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia aseguró que durante la gestión anterior se dictaron resoluciones que permitieron la venta a precio “irrisorio” a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas “aptas para el disparo y utilización”.


 

|La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció este lunes al ex presidente Mauricio Macri y a las ex autoridades del organismo durante la gestión anterior, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.

La denuncia por supuesto abuso de autoridad, violación de deberes y defraudación por administración fraudulenta resultó sorteada en el juzgado federal de Daniel Rafecas e intervendrá el fiscal Federico Delgado, según el trámite cumplido en los tribunales federales de Retiro, informaron fuentes judiciales.

En el caso de Macri, se lo denunció “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art 12, Ley N 25520)” como máxima autoridad nacional del Sistema de Inteligencia”, según explicaron fuentes del organismo.

En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por el ex titular de la AFI, Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, supuestamente “carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico”.

Estas resoluciones abrieron la puerta a la venta a precio “irrisorio” a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas “aptas para el disparo y utilización”.

Los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían “el 20 por ciento del valor real de un arma usada en el mercado formal”, según la denuncia, en la que se subraya que se vendieron “armas de colección que no se consiguen en el mercado” como revólveres Ruger y Colt Trooper.

El Ruger “tenía la leyenda que decía ‘200 años de la libertad de América’”, destacó la presentación de Caamaño.

Además, la funcionaria remarcó en la denuncia que “no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca MOSSBERG, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento” a un ex funcionario.

“La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso”, sostuvo.

Por otro lado, la AFI denunció que “permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad”.

De acuerdo a lo denunciado por Caamaño, cada funcionario o agente podía comprar hasta cinco armas a “un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad” y “prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso”.

Además de Macri, Arribas y Majdalani fue denunciado otro ex funcionario de la AFI cuya identidad se mantuvo en reserva en base a los lineamientos de la Ley Nacional de Inteligencia.

Las resoluciones que permitieron las ventas declararon al armamento “en condiciones de rezago” porque no resultaba “económicamente rentable ni factible su recuperación”.

Ante ello se autorizó la venta a los agentes “pertenecientes a la Agencia” con credencial de legítimo usuario de arma de fuego con pago que se realizaba a través de descuento de haberes.

Para autorizar la operación, Arribas se habría basado en un informe según el cual, según denunció ahora su sucesora Caamaño, no surgía que el armamento era de rezago sino que lo clasificaba “como material en desuso”.

El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20 por ciento de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper.

Este lote fue parte de una primera operación en tanto que en 2018 hubo una segunda venta de otras 38 armas “bajo la misma modalidad”.

“La tasación de las armas no respetó el procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado”, concluyó la denuncia que aludió a un “perjuicio a la administración pública”.

   
 

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Cafiero calificó de “caras rotas” a dirigentes de Cambiemos que opinan sobre la negociación de la deuda y proponen “entregar todo”


| DEUDA EXTERNA | Reestructuración. El jefe de Gabinete destacó que el ministro Guzmán negocia una reestructuración sin renunciar a la soberanía y dijo que algunos exfuncionarios proponen “entregar todo” a los acreedores.


 
|El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, “negocia la reestructuración de la deuda sin entregar la soberanía” y llamó “caras rotas” a aquellos exfuncionarios del gobierno anterior que aconsejan “cerrar un acuerdo entregando todo” lo que piden los acreedores privados. El jefe de Gabinete salió de esta forma al cruce de las opiniones vertidas por economistas y dirigentes políticos vinculados a Cambiemos sobre la negociación de la deuda, al señalar que “son los mismos que llevaron el país a la situación actual” “Son unos caras rotas porque son ellos los mismos que nos trajeron hasta acá. Sería muy fácil cerrar un acuerdo como ellos dicen. Pero no vamos a entregar soberanía. La negociación de la deuda no puede ser un ancla para el desarrollo económico del país”, remarcó Cafiero en declaraciones a radio El Destape.
Con respecto a los tiempos de la negociación con los bonistas por la reestructuración de la deuda, Cafiero manifestó: “Guzmán está negociando la reestructuración. No tengo fechas, pero el ministro negocia con los valores y parámetros de nuestro gobierno”.
Por otro lado, el funcionario nacional también opinó sobre el supuesto espionaje ilegal durante la administración anterior que investiga la justicia tras la denuncia de la actual titular de la Administración Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño. “No sorprende, el gobierno anterior presionaba y usaba mecanismos del Estado para inventar debates públicos. Es importante que se sepa la verdad. El que la hizo la debe pagar. (Mauricio) Macri y (Marcos) Peña estaban en el detalle de la gestión y estaban al tanto. La justicia lo investigará a fondo y se sabrá la verdad. La democracia argentina no merece esto”, sostuvo. Asimismo, el jefe de Gabinete respaldó el proyecto de un impuesto a las grandes fortunas por única vez para colaborar con la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus que impulsan legisladores del Frente de Todos, al calificar la iniciativa como “correcta”. “Apoyamos ese proyecto desde el primer día. Esperamos los tiempos del Poder Legislativo y entendemos que hay que generar consensos”, concluyó.
     

 

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Cristina Caamaño prepara nuevas denuncias sobre “manejos irregulares” de la AFI durante la gestión del macrismo


| NUEVAS DENUNCIAS | AFI macrista. La interventora Cristina Caamaño, mencionó que “una de las primeras cosas que hicimos fue terminar con las relaciones promiscuas entre el Poder Judicial y la Agencia Federal de Inteligencia, por la que cada juez federal tenía a su agente de inteligencia amigo, que era el que le pasaba la información”.


 

|La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, anunció que prepara una serie de nuevas denuncias sobre aparentes manejos irregulares de la central de inteligencia durante la gestión del macrismo, vinculados a gastos sin control, venta de armas y contrataciones directas, entre otros.

Cuando asumió la conducción de la AFI, Caamaño se encontró con un arsenal compuesto por subfusiles, rifles livianos, escopetas y otras armas automáticas y semi automáticas, sin función operativa en la agencia, que se ofrecían a la venta a los empleados y agentes de la AFI.

“Hay un montón de estas armas que se las vamos a entregar el viernes que viene al Ministerio de Seguridad, se las vamos a donar porque ellos les van a dar mejor uso que nosotros”, señaló Caamaño durante una charla virtual convocada este viernes por la agrupación “Protagonistas”, de la Facultad de Derecho de la UBA.

“Las armas que sacaban de circulación las vendían a los propios empleados y funcionarios: Hay funcionarios que han comprado hasta seis armas”, destacó la ex fiscal que además de donar las armas anunció que se presentará ante la Justicia por la presunción de la comisión de un delito.

En esta suerte de balance de sus seis meses de gestión que realizó ante estudiantes de Derecho, abogados e incluso jueces, la interventora mencionó que “una de las primeras cosas que hicimos fue terminar con las relaciones promiscuas entre el Poder Judicial y la Agencia Federal de Inteligencia, por la que cada juez federal tenía a su agente de inteligencia amigo, que era el que le pasaba la información, y armaban determinadas causas con el fin de espiar o hacer espionaje ilegal”.

Según fuentes de la AFI, esta relación de los agentes con la Justicia federal, insumía “cerca de la mitad” de la capacidad operativa de la agencia y muchos recursos que la actual gestión está buscando auditar para determinar si existió malversación de fondos.

Caamaño avanza del mismo modo en la bancarización de los sueldos de los agentes, que cobraban en efectivo y de un modo muy informal en la que -según la intervención- los directores de áreas pedían “un palo, dos o tres”, de acuerdo a la necesidad coyuntural que tenían con el agente que cobraba o con los gastos de su área.

     
 

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“Espionaje ilegal” durante el macrismo: Detienen al exespía Alan Ruiz y será indagado este lunes


| “ESPIONAJE ILEGAL” | Arresto. El ex agente fue arrestado en su casa de la localidad bonaerense de Merlo. Se lo investiga por supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria detectadas en agosto de 2018 por militantes del kirchnerismo.


 

|El ex espía Alan Ruiz fue detenido la tarde del sábado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en su casa de la localidad bonaerense de Merlo, en el marco de una causa donde se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria detectadas en agosto de 2018 por militantes del kirchnerismo.

La orden de detención fue librada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a instancias de la fiscal Cecilia Incardona que tiene delegada la investigación que se inició por una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en febrero de este año.

Ruiz, quién sería indagado el lunes, aparece en la investigación judicial como quien daba las órdenes al equipo de espías que, durante un mes, en 2018, realizó tareas de espionaje ilegal en torno al Instituto Patria y al edificio porteño en el que residía la ex mandataria, información aportada al expediente por tres testigos de identidad reservada y acompañada por prueba documental, según pudo saberse de fuentes judiciales.

La primera denuncia vinculada con supuesto espionaje ilegal al Instituto donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desplegó su base operativa política se produjo el mismo día que en el que los militantes de su espacio percibieron que en la cuadra del Instituto Patria había auto en actitud sospechosa.

Ese mismo día confirmaron la sospecha cuando la policía de tránsito fue a pedirles documentos a las tres personas que estaban dentro del auto y supieron que eran agentes de la AFI que entonces encabezaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los elegidos del ex presidente Mauricio Macri.

Esa causa cayó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que poco tiempo después la cerró tras recibir una respuesta de la AFI en la que se afirmaba que los tres agentes allí detectados lo estaban “en cumplimiento de las tareas ordenadas en el marco de la Causa n° 82441/2017, a cargo del Dr. Federico Hernán Villena, en las fechas indicadas se llevaron adelante tareas de la especialidad en las inmediaciones del domicilio consultado en la referida demanda judicial”.

La causa por la cual los espías decían estar frente al Instituto Patria la tenía el mismo juez que ahora investiga otra mega causa de supuesto espionaje ilegal y era por una supuesta amenaza terrorista en el marco de la cumbre del G20 que se iba a desarrollar ese año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bajo la sospecha de que la AFI había dado una versión falsa de aquella incursión de los espías, la intervención de la AFI formuló una nueva denuncia, pero esta vez en Lomas de Zamora, que fue la que quedó en manos de Auge.

A Ruiz se lo investiga también por haber armado falsos informes para presentar en distintas causas judiciales con el objetivo de darle al espionaje apariencia de legalidad, según informaron fuentes del caso.

En los últimos días, el ex espía Alan Ruiz quedó en el foco de las acusaciones de sus ex colegas quienes afirmaron ante la comisión bicameral de los organismos de inteligencia del Congreso Nacional que era él quien, desde el área de contra inteligencia de la AFI, bajaba las órdenes para realizar espionaje político.

“Respecto del Instituto Patria, Alan Ruiz –y está el audio completo que aportamos acá, si bien salió en el programa– en una charla que tuvimos en diciembre de 2018 explica cómo es la operativa para trabajar cuestiones ilegales, disfrazándolas de legales. ¿Cómo es esto? Utilizando las coberturas judiciales”, dijo días atrás el ex espía Leandro Araque, integrante del equipo que estaba bajo las órdenes de Ruiz, ante legisladores del oficialismo y la oposición.

Ruiz había sido convocado ayer a la comisión bicameral –a la que tiene obligación de ir en su carácter de ex espía- pero se ausentó bajo el pretexto de que estaba convaleciente de una operación de la cual no presentó ningún certificado médico: desde el Congreso le indicaron que lo presentara en 24 horas o se presentara a declarar el próximo viernes bajo apercibimiento de ser llevado por la fuerza pública.

Ruiz pasó antes por la Policía Metropolitana como subcomisario y dejó esa fuerza en diciembre de 2015 para ingresar al ministerio de seguridad de Patricia Bullrich donde llegó a desempeñarse como coordinador del Programa de Búsqueda de Prófugos de la Dirección Nacional de Operaciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.

Su desembarco en la AFI como director de Operaciones Especiales se produjo a mediados de 2018, según estimaron todos los ex espías que pasaron en los últimos días por la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia.

     
 

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La Agencia Federal de Inteligencia entregó a la Justicia las fichas de las víctimas del espionaje ilegal en el macrismo


| “ESPIONAJE ILEGAL” | AFI macrista. Se trata de la denuncia presentada el viernes último por la interventora Cristina Caamaño, que da cuenta del supuesto espionaje ilegal a periodistas, dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios.


 

|La Agencia Federal de Inteligencia entregó hoy a la Justicia unas 500 fichas que dan cuenta del espionaje ilegal a periodistas, dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios, presuntamente ejecutado por el gobierno de Mauricio Macri.

La presentación se hizo en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, ante la fiscal Paloma Ochoa, a quien el juez Marcelo Martínez De Giorgi delegó la investigación, según informaron fuentes de la AFI.

Se trata de la denuncia presentada el viernes último por la interventora del organismo, Cristina Caamaño, contra el ex presidente Macri; el ex director general de la AFI Gustavo Arribas y la ex subdirectora Silvina Majdalani, además de los agentes identificados como autores de esos informes, cuya identidad se mantiene en reserva.

La documentación se entregó en el marco de la denuncia por “producción de inteligencia ilegal” que se presentó tras el hallazgo de las fichas con información sobre periodistas acreditados al G20, entre otros damnificados.

El viernes último, los tribunales de Comodoro Py 2002 permanecieron cerrados al público ante tareas de desinfección tras registrarse un caso positivo de Covid-19 y por ello la entrega se concretó ahora.

La información refiere a 403 periodistas espiados y otras 87 personas de “distintos organismos de la sociedad civil, con datos relevantes de fuentes, ya sean públicas como privadas, en el marco de los procesos de acreditación para las reuniones de la Cumbre del G-20 y de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC”, explicaron fuentes del organismo.

La documentación aportada al expediente “incluye además informes de inteligencia sobre actividades de organizaciones que planteaban objeciones a los eventos internacionales, como el Transnational Institute, el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)”, agregaron las fuentes.

La denuncia fue presentada por la posible violación al inciso 2 del artículo 4 de la Ley de inteligencia 25520.

La norma prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.


 

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Diarios de distintos países replicaron la denuncia de “espionaje ilegal” en la Argentina durante la gestión de Macri


| AFI MACRISTA | “Producción de espionaje ilegal. The Washington Post, el diario de la capital de Estados Unidos reseñó en su edición virtual que, según la denuncia de la AFI argentina, “la administración de Macri espió a más de 400 periodistas.


 

|El diario estadounidense The Washington Post se hizo eco este domingo de la denuncia formulada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la Argentina sobre supuesto espionaje ilegal a periodistas, tanto nacionales como extranjeros, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Al recurrir a material de la agencia Associated Press, el diario de la capital de Estados Unidos reseñó en su edición virtual que, según la denuncia de la AFI argentina, “la administración de Macri espió a más de 400 periodistas, y los funcionarios publicaron un documento al que le atribuyen ser la evidencia”.

“Una lista de Excel presentada en la Justicia el viernes y hecha pública el domingo revela los nombres de 402 periodistas que se acreditaron para cubrir la Cumbre del G20 en 2018”, señala el artículo, y añade que esa nómina “contenía breves referencias a las posturas de algunos de esos periodistas sobre temas policiales o sociales, muchos extraídos de publicaciones en redes sociales, aunque la mayoría no tenía ningún comentario, o simplemente notaron que la persona trabajaba para un pequeño medio de comunicación”.

La nota agrega que ese documento fue presentado para respaldar la acusación de “espionaje sin orden judicial” contra la anterior gestión de la AFI, que durante el gobierno de Macri estuvo a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, director y subdirectora del organismo, respectivamente.

Periodistas, fotógrafos, camarógrafos y productores de medios de comunicación nacionales e internacionales conforman la lista de los 402 trabajadores de prensa que fueron presuntamente espiados ilegalmente por la AFI en el marco de la Cumbre del G20 en 2018, según denunció la actual titular del organismo, Cristina Caamaño.

     
 

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La AFI denunció “inteligencia ilegal” contra 500 personas durante el gobierno de Mauricio Macri


| DENUNCIA | Espionaje ilegal. La denuncia de la interventora de la agencia, Cristina Caamaño, incluye como espiados a políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y miembros de diversos organismos de la sociedad civil, además de unos 400 periodistas.


 

|La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia por “producción de inteligencia ilegal” durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri en perjuicio de unas 500 personas, entre ellos políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y miembros de diversos organismos de la sociedad civil, además de unos 400 periodistas.

Según consignaron fuentes judiciales, la información que sustenta la presentación fue hallada a fines de enero en una caja fuerte del organismo y estaba contenida en tres sobres que tenían las inscripciones “2017”, “Periodistas G-20” y “Varios”.

Por un sorteo realizado por la Cámara Nacional en los Criminal y Correccional Federal, la denuncia recayó el Juzgado Criminal y Correccional Federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien delegó la investigación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal que dirige Paloma Ochoa.

Caamaño pidió en el escrito que se cite a declaración indagatoria al ex director general de la AFI Gustavo Arribas; a la ex subdirectora general de la Agencia, Silvia Majdalani; y al ex presidente Mauricio Macri “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional.

De acuerdo con la presentación, entre los materiales encontrados hay de 403 fichas de periodistas, quienes habían solicitado su acreditación para la Cumbre del G-20 de 2018, que se llevó a cabo en noviembre de ese año.

“En las 403 fichas confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales y visadas por la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia respecto a periodistas de distintos medios”, se hallaron “28 fichas de personas con vinculaciones académicas”.

Además se encontraron otras “58 fichas con información colectada de distintas personas que habrían sido observadas en la acreditación para la participación de estos eventos”.

En el documento presentado ante la Justicia, se consigna la existencia de un “informe cuyo asunto reza “OMC”, el cual contiene información de inteligencia vinculada al Partido de los Trabajadores Socialistas”.

Se trata de un material que se remite al el mes de junio de 2017, cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación elaboró y dio a conocer un documento interno con lineamientos de seguridad en el marco de la XI Conferencia Ministerial de la OMC que se llevaría a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 10 al 13 de diciembre de de ese años.

El documento calificado como “confidencial” establecía, entre otras cuestiones, las locaciones donde se desarrollaría en la conferencia, “con una estimación de recursos necesarios que debían comprometerse en cada una de ellas”.

“Así como también una breve reseña de las experiencias anteriores llevadas a cabo en otros lugares del mundo respecto a la seguridad”, subraya la denuncia.

“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido, ello con manifiesta connivencia de la autoridad máxima del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”, añade.

Entre el listado hallado en la AFI están incluidos cronistas, reporteros gráficos, técnicos y camarógrafos de medios gráficos, electrónicos y audiovisuales de Argentina y el exterior.

En esa nómina se incluyen caracterizaciones como “Siempre con posturas contra el Gobierno”; “Se opone fuertemente al kirchnerismo”, “Hay una (foto) con Estela de Carlotto (titular de Abuelas de Plaza de Mayo)”; “Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista”, sostiene la denuncia.

También “se destaca que en FB la única pagina de políticos a la que le dio ‘Me Gusta’ es a la de Laura Alonso (titular de la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Macri)”, o “En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos”.

Además, se detalló en la denuncia que en “la AFI se encontraron 28 fichas de personas vinculadas al mundo académico y otras 59 adicionales, producidas con motivo de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC del año 2017”.

“Todas con la correspondiente fotografía y detallan información privada de las personas, como datos bancarios, vínculos familiares, propiedades y automóviles, participación en sociedades y hasta el salario de empleadas domésticas”, detalla el escrito presentado ante la Justicia.

El escrito también incluye “un informe de inteligencia sobre organizaciones sociales y políticas que planteaban objeciones a los eventos, como el Transnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo ‘Julio Godio’.

También se halló un relevamiento “con información obtenida de ‘fuentes propias’ sobre una reunión política convocada contra estos eventos”, en relación a la Cumbre del G-20.

Caamaño remarcó en la denuncia que “si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20”.

“Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”, fundamentó la interventora de la AFI.

En ese sentido, la funcionaria solicitó también “la citación a declaración indagatoria de los agentes involucrados”, de quienes debe preservarse la identidad, en los términos de la Ley Nacional de Inteligencia.


 

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El fiscal federal Di Lello imputó a Macri y Arribas por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos


| IMPUTACIÓN | Investigación. El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó hoy la investigación de la denuncia al ex presidente Mauricio Macri y ex funcionarios de su gestión, por supuesto espionaje ilegal presentada esta semana por la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Graciela Caamaño.


 

|El fiscal federal Jorge Di Lello abrió hoy una investigación e imputó al ex presidente Mauricio Macri y al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su gobierno, Gustavo Arribas, a raíz de una denuncia por supuesto espionaje ilegal, presentada esta semana por la interventora de la central de espías, Cristina Caamaño.

La imputación también alcanzó a la ex número dos de la AFI, Silvia Majdalani, al ex jefe de Gabinete de ese organismo, Darío Biorci, y a dos agentes (identificados como A y B), cuya identidad se mantiene bajo reserva, según el dictamen entregado al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

El fiscal Di Lello solicitó una batería de medidas de prueba antes de resolver si pide la citación a declaración indagatoria de los imputados en el caso y le pidió al juez que, tras la realización de las mismas, se le vuelva a correr vista a fin de expedirse “sobre el mérito de las conductas denunciadas”.

La denuncia

Caamaño había remarcado que, en su calidad de presidente de la Nación, Macri fue “el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.

Al explicar cómo se encontró la información, en la denuncia se había señalado que durante las tareas de relevamiento de la agencia de inteligencia se había encontrado un disco rígido marca Western Digital, en el que se hallaron rastros digitales que daban cuenta de la conexión de dispositivos externos en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales entre otros.

Al analizar el dispositivo surgió que estaba borrada la información pero no de manera segura, razón por la cual fue posible reestablecerla con algunas falencias y recuperar datos que permitieron detectar el registro de conexión de dispositivos extraíbles “pen drives”, en los cuales se había realizado un proceso sistémico de colección de información ilegal sobre distintas personas.

Según la denuncia de Caamaño, se hallaron evidencias de espionaje ilegal sobre cuentas de correos electrónicos privados de 85 personas entre las que se encontraban dirigentes de la entonces oposición, como la actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, y los políticos Rodolfo Tailhade, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti entre otros.

Entre los supuesto espiados, también estaban los periodistas Luis Majul y Gerardo Arangure, dirigentes gremiales como Héctor Daer y varios políticos, que por entonces formaban parte de las filas del oficialismo, como el diputado Nicolas Massot, el radical Ernesto Sanz y quien encabezaba la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Entre las medidas que la fiscalía requirió al juez Martínez De Giorgi, figura un pedido a la AFI para que remita a tribunales los legajos completos de los agentes identificados como “A” y “B” y “una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019”.

Además, requirió un “diagrama completo de la estructura de la secretaria desde el año 2015 al año 2019” y “todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia”, toda vez que se sospecha que el espionaje fue realizado sin ninguna orden judicial.

También, que se cite en calidad de testigos al personal contratado “para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados, por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani”.

Además y preservando su identidad en base a la Ley 25.520 de Inteligencia, se reclamó que declaren como testigos los actuales “funcionarios y empleados de la AFI que participaran en el protocolo de recolección de datos” hecho sobre el disco rígido Western Digital “a fin de determinar con exactitud cuál fue el procedimiento de recuperación de datos del mismo”.

El fiscal pidió al juez que ordene una “pericia oficial con personal especializado en el tema digital” sobre el disco rígido para -entre otros puntos- individualizar los “correos electrónicos que surgen”, y, “si es posible, determinar su titularidad” y su “asunto”, archivos adjuntos y contenido de los mails.

La actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Gómez Alcorta, se convirtió esta mañana en una de las primeras en solicitarle al juez de la causa ser tenida por parte querellante dado que aparece en la nómina de presuntos espiados.


 

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Marcelo Tinelli también acusa al gobierno de Macri: “Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP”


| DENUNCIA | Espionaje. Luego de su mensaje, el conductor de Showmatch ironizó sobre las críticas que le hicieron “trolls macristas”.


 

|El conductor Marcelo Tinelli se quejó de que el Gobierno de Mauricio Macri tenía “un aparato del Estado para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse”.

“Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse”, sostuvo el productor de televisión.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de Showmatch se refirió a la denuncia que hizo la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre presunto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.


 

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La AFI aportará 88 millones de pesos al ministerio de Salud para la atención de personas con Covid-19


| COVID-19 | Reasignación de excedentes presupuestarios. Según informó el Gobierno, se acordó que los fondos que no fueron utilizados durante los meses de enero, febrero y marzo serán destinados al Ministerio de Salud de la Nación, para fortalecer la estrategia contra el Covid-19.


 

|La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, le propuso al presidente de la Nación, Alberto Fernández, la reasignación de excedentes presupuestarios por $88.627.836, previstos para la AFI en el presupuesto anterior del organismo todavía vigente.

En una reunión realizada esta tarde en la Residencia de Olivos, se acordó que los fondos que no fueron utilizados durante los meses de enero, febrero y marzo serán destinados al Ministerio de Salud de la Nación, para fortalecer la estrategia contra el Covid-19, según informó oficialmente el Gobierno.

El dinero formaba parte de los fondos reservados asignados a la AFI durante la gestión anterior -dado que aún no se cuenta con la nueva Ley de Presupuesto- y que “eran utilizados de forma discrecional y sin los mecanismos de control previstos por la Ley de Administración Financiera”.

La resolución indica que dada “la situación actual de la pandemia mundial por la que se encuentra atravesando nuestro país, es que en el marco de lo establecido en el artículo 39 de la Ley N°24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en caso de considerarlo conveniente” los fondos “se ponen a disposición del Estado Nacional para atender la emergencia sanitaria imperante”.


 

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