Archivo de la etiqueta: delitos de lesa humanidad

Taiana dispuso la baja de la Armada con inhabilitación absoluta y perpetua de seis militares condenados por delitos de lesa humanidad



La cartera castrense le quitó el estado militar a los represores Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías. Seguir leyendo Taiana dispuso la baja de la Armada con inhabilitación absoluta y perpetua de seis militares condenados por delitos de lesa humanidad

Share Button

RIM6 de Mercedes: Un juicio de lesa humanidad en el que una de las víctimas tiene «pocas expectativas»



Con tan solo nueve años, Bárbara García presenció el secuestro de su madre, Rocío Ángeles Martínez Borbolla. Esta semana se juzga a efectivos del Regimiento de Infantería Mecanizado 6 “Gral. Viamonte” de Mercedes, y el viernes habrá una resolución.  Seguir leyendo RIM6 de Mercedes: Un juicio de lesa humanidad en el que una de las víctimas tiene «pocas expectativas»

Share Button

FUERTE REPUDIO DE LOS JUDICIALES BONAERENSES POR LA DEMORA DEL JURY A FERNÁNDEZ GARELLO


| DERECHOS HUMANOS | Fernández Garello procesado por delitos de lesa humanidad. El Jurado de Enjuiciamiento no pudo sesionar el jueves 26 de septiembre por falta de quórum a raíz de la ausencia de legisladores de Cambiemos y del Frente Renovador. Fuerte repudio de la AJB


                                                                         

  Fabián Fernández Garello

|La no asistencia de los legisladores privó del quórum necesario para que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados diera tratamiento el pasado jueves 26 de septiembre al nuevo pedido de apertura del proceso de destitución del actual Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.

____________

La denuncia contra el Fiscal fue formulada por la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina, entre otras organizaciones sindicales y de derechos humanos.

____________

Maniobra dilatoria

Esta maniobra dilatoria pospone la decisión sobre el inicio del juicio político que decidirá la suerte final del Fiscal General así como su apartamiento preventivo mientras se lleva adelante el proceso.

Fernández Garello procesado por delitos de lesa humanidad

Cabe recordar que Fernández Garello se encuentra procesado en la justicia federal por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, a partir de su rol como integrante de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el secuestro y torturas de militantes políticos.

La AJB junto al resto de organismos exigen la convocatoria a un nuevo Jury

“Ante la falta de quórum provocada por legisladores que tenían la obligación de garantizar su presencia, la AJB junto al resto de organismos que impulsamos la acusación a Fernández Garello, exigimos la urgente convocatoria a una nueva sesión del Jurado de Enjuiciamiento”, señaló Mariano Fernández, Secretario de Derechos Humanos de la AJB.

“Esperamos que el compromiso democrático y la responsabilidad político-institucional de los integrantes del jurado prime por sobre la protección política que hasta el día de hoy sostiene al Fiscal General en su cargo. La permanencia de magistrados y funcionarios judiciales involucrados en la comisión de delitos de lesa humanidad es incompatible con el Estado democrático de derecho”, agregó Fernández.

     


 

 

Share Button

LOS JUDICIALES BONAERENSES REPUDIAN LA CONDECORACIÓN DEL JUEZ JULIO CASANELLO

[metaslider id=»24895″]

 

 

| DERECHOS HUMANOS & DELITOS DE LESA HUMANIDAD | La AJB, junto a diversas organizaciones, realizó un acto de repudio por la distinción que le otorgaría la Suprema Corte al magistrado, quien fuera Intendente durante la última dictadura militar. Repudio a la condecoración del Juez Julio Casanello (foto de portada)

                                                                         

El pasado 15 de noviembre, en el edificio sede del fuero penal del Departamento Judicial Quilmes, la AJB (Asociación Judicial Bonaerense) junto a diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas, realizaron una asamblea de repudio a la entrega de la distinción por cumplir treinta años de servicio en el Poder Judicial al actual integrante de la Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Julio Casanello. Al actual magistrado se le cuestiona haber sido Intendente de Quilmes durante la última dictadura militar, desde octubre de 1979 hasta fines de 1982. Casanello finalmente decidió no asistir a la distinción.

En la oportunidad, Mariano Fernández, Secretario de Derechos Humanos de la AJB manifestó que “durante la ejecución del plan de exterminio implementado por la última dictadura cívico-militar el Poder Judicial fue cómplice, y esa complicidad se manifestó en el rechazo sistemático de todos los hábeas corpus que familiares de detenidos desaparecidos presentaban ante tribunales federales y/o provinciales. Al extremo que en la Provincia de Buenos Aires la Corte emitió una resolución en 1977, que recomendaba a todos los magistrados bonaerenses no pedir informes a las dependencias militares antes las presentaciones de hábeas corpus”.

“Una vez vuelta la democracia, la complicidad consistió en garantizar la impunidad de los ejecutores del horror, y una muestra de ello es que el Poder Judicial mantiene, en roles de alta responsabilidad institucional, a ex funcionarios de la dictadura militar como Casanello, quien goza de fueros por su condición de Juez sobre los que podría resguardarse ante una eventual imputación penal por delitos de lesa humanidad”.

Al cierre del acto Gonzalo Cianis, secretario general de la Departamental Quilmes y secretario de Interior de la AJB, subrayó que “es inconcebible que un ex funcionario de un gobierno de facto, que actuó al margen de la Constitución Nacional y pisoteó las garantías constitucionales de toda la población, sea en democracia aquél que desde un rol de magistrado deba garantizar su vigencia”.

Además, recordó también que era tal “el compromiso de Casanello con la dictadura, que siendo funcionario participó en la organización del encuentro de Videla con la selección juvenil campeona del mundo en 1979, con cuya publicidad el gobierno de facto intentaba desviar la atención de la opinión pública en el contexto de la visita de una misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país por las denuncias existentes en el orden internacional contra Argentina”.

Por último, sentenció que “si fue parte de ese gobierno no puede ser Juez y menos aún, condecorado por su trayectoria en el Poder Judicial”.

Oportunamente, la Asociación Judicial Bonaerense -tanto a nivel provincial como departamental- realizó una presentación a la Suprema Corte junto a un conjunto de organismos de derechos humanos de Quilmes, solicitando que no entregase la distinción por cumplir treinta años de servicio en el Poder Judicial a Julio Casanello. La presentación nunca tuvo respuesta alguna.

En la antesala de la asamblea, el Honorable Consejo Deliberante del Municipio de Quilmes emitió una declaración de rechazo al otorgamiento del reconocimiento y en igual sentido se manifestaron en el Congreso de la Nación los diputados Mayra Mendoza, Juan Manuel Huss, Eduardo E. de Pedro, Adrián E. Grana, Fernanda Vallejos, Mónica Fernanda Macha, José Arnaldo Ruiz Aragón, Roberto Salvarezza, Cecilia Moreau, Horacio Pietragalla, Romina Del Pla y Luana Volnovich.

La asamblea contó con la presencia del cuerpo de delegados ATE de la Universidad Nacional de Quilmes; Walter Ornazabal, de la APDH Quilmes; Nora Huertas, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Viviana Buscaglia , por el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Quilmes; CORREPI Quilmes; Agrupación Poder Popular; Pedro Gómez, de Nuevo Encuentro; Oscar Troya por el Centro de Derechos Humanos Paulo Freyre; Alicia Juárez por Encuentro por la Memoria; y contó además con la adhesión del Dr. Martín Almada, premio Nobel Alternativo de la Paz, integrante de la mesa ejecutiva de la Asociación Americana de Juristas y descubridor de los Archivos del Plan Cóndor en Paraguay.

        

 

[metaslider id=»21488″]

[metaslider id=»24893″]

GIF

[metaslider id=»24248″]

[metaslider id=»24864″]

Share Button

LOS JUDICIALES BONAERENSES REPUDIAN EL ARCHIVO DE UNA DENUNCIA CONTRA EL FISCAL FERNÁNDEZ GARELLO

[metaslider id=»24895″]

 

 

| DELITOS DE LESA HUMANIDAD | La AJB (Asociación Judicial Bonaerense) expresa su rechazo a la resolución del Procurador General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conté Grand. Dispuso el cierre y archivo de las actuaciones seguidas al Fiscal Fabián Fernández Garello. “Delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar”

                                                                                 

| Derechos Humanos | A través de la resolución 728/18, el Procurador General de la Suprema Corte, Julio Conté Grand, dispuso el cierre y archivo de las actuaciones seguidas a Fabián Fernández Garello, actual Fiscal General del Departamento Judicial Mar del Plata. El magistrado había sido denunciado ante las autoridades del Ministerio Público por su participación en delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.

| La denuncia | Fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, en base a la información que se desprende de los legajos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que el organismo de derechos humanos gestiona desde el año 2001.

Los documentos de la DIPPBA involucran al actual Fiscal General de Mar del Plata en la causa por los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982, y de la detención de otros tres militantes de la misma organización el 23 de Julio de 1981. Fernández Garello reconoció en el Jury de enjuiciamiento haber participado en procedimientos de detención de personas en julio de 1981. Sin embargo, intentó minimizar su intervención afirmando que la misma se había limitado a la redacción de las actas de procedimientos en los domicilios donde se producían las detenciones, mientras que la custodia de los detenidos se encontraba a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Policía con sede en Caseros.

| Los procesos judiciales | Durante todos los procesos judiciales donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar quedó de manifiesto que la tarea de espionaje desplegada por los organismos estatales de inteligencia fue clave para la ejecución del plan represivo. Por ello resulta llamativo que frente a las pruebas obrantes en contra del Fiscal, el Procurador Julio Conte Grand haya decidido cerrar el sumario disciplinario sin profundizar la pesquisa de esos hechos, justo en momentos en que la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, Alicia Vence, dispuso recientemente la ampliación de la declaración indagatoria del magistrado en la causa penal donde se investigan los mismos hechos denunciados ante la Procuración General..

| Desestiman la investigación | Inexplicablemente, a pesar de conocer todo este material probatorio el Procurador General, Julio Conté Grand, resolvió desestimar la investigación en base a meros formalismos y razones endebles que no sólo desconocen la gravedad institucional de este hecho, sino que contrarían las obligaciones propias de la Procuración General en su rol de Superintendencia.

| Repudio de la AJB | “Resulta preocupante que Conté Grand argumente que el tema excede los límites de su actuación por tratarse de hechos anteriores y ajenos a la función actual de Fernández Garello, dada la gravedad institucional que implica que un Fiscal General de la democracia haya sido parte del aparato represivo y que, además, haya ocultado su condición de ex espía de la DIPPBA en sus antecedentes al momento de concursar por ese cargo”, señaló Mariano Fernández, Secretario de Derechos Humanos de la AJB

“La propia Constitución provincial indica que todos los funcionarios judiciales deben acreditar solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los Derechos Humanos. Es por eso que la decisión tomada implica, en los hechos, la protección del Fiscal y la tolerancia de actos contrarios al estado de derecho por parte un miembro destacado del Ministerio Público Fiscal, cuya función esencial es defender los intereses generales de la sociedad”, finalizó Fernández.

Es por ello, que la Asociación Judicial Bonaerense repudia la decisión tomada por el Procurador General y reitera el pedido de destitución del Fiscal General de Mar del Plata.

     

 

[metaslider id=»21488″]

[metaslider id=»24893″]

GIF

[metaslider id=»24248″]

[metaslider id=»24864″]

Share Button

“COCO” LOMBARDI: “LA CÁMARA DE CASACIÓN LE REVOCÓ LA PRISIÓN DOMICILIARIA AL GENOCIDA MIGUEL ETCHECOLATZ”

[metaslider id=»22743″]

GIF

 

| DELITOS DE LESA HUMANIDAD | El represor y genocida de la última dictadura militar en Argentina, Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua, y que estaba cumpliendo la pena en una casa de Mar del Plata deberá volver a una cárcel común del SPF. Entrevista al abogado especialista contra delitos de lesa humanidad Dr. Ernesto “Coco” Lombardi

 

  Por Oscar Dufour | (*)          

          Miguel Etchecolatz

El frio rostro de la muerte transita cada surco de una cara que pese a su senectud no ha perdido el rictus de fatuidad, y sin arrepentimiento por los crímenes cometidos décadas pasadas, el ex comisario Miguel Etchecolatz vuelve a una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal, el lugar donde este represor y asesino nunca debió abandonar.

Así lo dispuso la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal por mayoría con los votos de su Presidente Mariano Borinsky y el Juez Gustavo Hornos. De esta manera revocó lo decidido a fines de diciembre pasado por el Tribunal Oral Federal Nº 6, haciendo lugar al recurso de la querella interpuesto por el doctor Pablo Llonto(Foto de portada, los Dres. Lombardi y LLonto).

En una entrevista a 5minutosdenoticias, el Dr. Ernesto “Coco” Lombardi, abogado especialista contra delitos de lesa humanidad, además integrante del equipo de letrados junto a Pablo Llonto, expresa el deseo que lo resuelto por el alto Tribunal sea un fallo precedente. Audio y Fallo MOE Casación completo.

Fallo MOE Casacion

Los que quieran oír… que oigan

(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista. Director General de 5minutosdenoticias y Revista Tiempo30. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires.

                   

 

GIF

[metaslider id=»21488″]

[metaslider id=»22745″]

 

Share Button

LESA HUMANIDAD. FUERON SENTENCIADOS A PRISIÓN PERPETUA CUATRO EX MAGISTRADOS FEDERALES

DELITOS DE LESA HUMANIDAD El Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza, en el marco de una mega causa que investiga la participación civil en el terrorismo de Estado, consideró que los funcionarios judiciales fueron un eslabón para garantizar la actividad de los represores de la dictadura. No fueron culpables por “omisión”, sino por una práctica concreta

                                                                                     

Los sentenciados a prisión perpetua son los ex Jueces Federales Luis Miret y Rolando Carrizo, el ex Fiscal Federal Otilio Romano y el ex Defensor Oficial Guillermo Petra Recabarren, condenados por ser considerados partícipes primarios de “privación abusiva de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de deberes y asociación ilícita”.

Mega causa que investiga la participación civil en el terrorismo de Estado. “Los Jueces del TOF N°1 de Mendoza evaluaron que los hechos juzgados constituyeron crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. En el mismo fallo, también recibieron prisión perpetua ocho ex militares e integrantes de las fuerzas de seguridad provincial, en tanto el resto de las condenas fueron de entre 3 y 20 años de prisión”

Histórico juicio a los Jueces. El debate oral y público comenzó en febrero de 2014, y abordó crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo de Mendoza en los que actuaron ex militares, ex policías, ex penitenciarios y ex magistrados -jueces, defensores y fiscales- del fuero federal de esa jurisdicción perpetrados contra más de 200 víctimas.

Las penas impuestas a los ex magistrados coincidieron con las que habían requerido los Fiscales del caso Dante Vega, Patricia Santoni y Daniel Rodríguez Infante durante los cinco meses de exposición de los alegatos, instancia en que describieron integralmente el aparato estatal represivo desplegado en la Provincia, desde las autoridades militares hasta la actuación de los magistrados.

    

Share Button

DETIENEN A CINCO REPRESORES QUE ESTABAN PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA

ACUSADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron en los últimos días a cinco ex oficiales de la Armada acusados de secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer ciudadanos durante la última dictadura militar, entre ellos a un ex interventor de la Provincia de Santa Fe. Cayeron en un operativo de la PSA

                                                                                       

Así lo informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, que precisó que las detenciones se produjeron en los allanamientos de cuatro domicilios situados en Capital Federal, Punta Alta y Bahía Blanca, a raíz de una investigación para dar con el paradero de los prófugos.

Los detenidos, sindicados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, quedaron incomunicados y privados de su libertad bajo las órdenes del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, a cargo de Walter López Da Silva y la Unidad Fiscal que investiga el terrorismo de estado en la misma ciudad.

“Se trata del ex almirante Rodolfo Carmelo Francisco Luchetta; el ex capitán de navío Heberto José Rubattino; el ex suboficial mayor Luis Oscar Conti; el ex capitán de navío Mario José Bilesio y el ex capitán de fragata Pedro Eduardo Giromini”

Un cable de NA señala: Rodolfo Luchetta fue el tercer interventor de la dictadura en Santa Fe, ocupó la Casa Gris desde el 29 de marzo de 1981 durante quince meses, y está acusado por el “secuestro y tormento” a 25 militantes políticos, entre ellos tres asesinados y 13 desaparecidos cuando era capitán de navío y jefe de Operaciones en la Base de Puerto Belgrano, en 1976.

Pedro Giromini, en tanto, es gerente de Prevención, Protección y Seguridad de INTERCARGO SA, la empresa encargada de los servicios en tierra de aviones en aeropuertos de todo el País, designado por el actual titular de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell’Acqua; en 1976 era jefe de Personal, jefe de Logística y ayudante del comandante del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina Nº1 y se le imputan secuestros, tormentos, muerte y desaparición de seis personas.

La nómina se completa con el ex capitán de navío y ex jefe de la Compañía Pitón de aquella unidad, Mario José Bilesio, el ex capitán de navío y ex jefe de la misma compañía, Heberto José Rubattino, y el ex suboficial mayor electricista Luis Oscar Conti, quien se desempeñó en el Centro de instrucción y Adiestramiento de Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano; los tres están imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos en perjuicio de 27 víctimas.

Las capturas de los represores se enmarcan en el ámbito del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), programa que coordina el Ministerio de Seguridad a través de la Secretaría de Seguridad que encabeza Eugenio Burzaco.

     

 

Share Button

LUEGO DEL MULTITUDINARIO REPUDIO AL 2×1 ELENA HIGHTON DE NOLASCO SE TOMÓ LICENCIA

LICENCIA La Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, pidió licencia como integrante del Alto Tribunal y no estará presente en el acuerdo de ésta semana. No informaron sobre los motivos ni tampoco la extensión de la licencia

                                                                                    

La Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, fue una de las tres integrantes del Alto Tribunal que días atrás firmó el polémico fallo del 2×1 que concedió ese benefició al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Desde el despacho de la magistrada, al momento “No informaron sobre los motivos ni tampoco la extensión de la licencia”

Lo concreto es que la Jueza de la CSJN Elena Highton de Nolasco pidió licencia como integrante del Alto Tribunal, y en principio no estará presente en el acuerdo de ésta semana.

     

Share Button

EL SENADO APROBÓ POR UNANIMIDAD LA LEY QUE IMPIDE EL 2X1 EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD

NO al 2×1 Hubo amplio consenso entre los bloques. Los legisladores aprobaron por 56 votos a 0 la norma, que tuvo media sanción en Diputados. Delitos de Lesa Humanidad

                                                                                      

El Senado sancionó hoy por unanimidad una ley que establece que el cómputo del 2×1 no puede ser aplicable a los delitos de lesa humanidad, tras la polémica por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó ese beneficio al represor Luis Muiña.

La ley obtuvo 56 votos a favor, la cantidad exacta de senadores que logró llegar a Buenos Aires a tiempo para participar de la sesión que fue convocada de apuro el último martes, mientras la Cámara de Diputados todavía se encontraba debatiendo el proyecto.

Ese apuro se reflejó también al inicio de la sesión, cuando se planteó el objetivo de votar a las 15:00, de manera que la ley estuviera aprobada antes de que los organismos de derechos humanos marcharan hacia la Plaza de Mayo en contra del fallo de la Corte.

La celeridad del Congreso para sancionar la nueva norma (en 24 horas) se debió a la conmoción que generó el fallo y la ola de críticas que recibieron los jueces del máximo tribunal durante toda la semana por parte de todos los sectores políticos, incluido el oficialismo, que se despegó de la sentencia que en un primer momento había sido avalada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

En ese contexto, en el Congreso primó la necesidad de sancionar una ley aclaratoria de la 24.390, conocida como “ley del 2×1”, que pese a estar derogada desde 2001 fue usada por los jueces supremos Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton para fundamentar su fallo.

La nueva legislación aprobada este miércoles establece que ese cómputo «no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional».

Además, consigna que para el resto de los delitos, el beneficio sólo puede aplicarse a “aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley”, es decir, entre 1994 y 2001.

El debate de los senadores reflejó las coincidencias respecto de la política de derechos humanos pero también las diferencias políticas y las suspicacias en torno al fallo emitido la semana pasada por el máximo tribunal.

En este sentido, los senadores radicales de Cambiemos reivindicaron el rol de la UCR, con el ex Presidente Raúl Alfonsín a la cabeza, en los juicios a las Juntas Militares y ratificaron su adhesión a la política de derechos humanos que se fue consolidando “con avances y retrocesos” desde en 1983 hasta la actualidad.

Los legisladores del PRO en el interbloque oficialista, en tanto, se concentraron en rechazar de plano cualquier suspicacia respecto de una supuesta injerencia del Gobierno de Mauricio Macri en el fallo de la Corte y pidieron “no poner en otro poder del Estado responsabilidades que no tiene”. (NA)

      

Share Button