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Stiuso, amenaza para Cristina y desafío para Macri

Por Carlos Pagni | 

El Fiscal Alberto Nisman volvió a ocupar el centro de la escena. La investigación sobre su muerte está tomando una orientación, cuyo desenlace se puede prever: Nisman fue víctima de un asesinato en el que participó el gobierno de Cristina Kirchner, en combinación con agentes iraníes.

El problema para alcanzar esta conclusión está en los medios. Porque sobre el cadáver de Nisman se libra una batalla entre dos facciones kirchneristas. Por un lado, la ex presidenta y sus colaboradores más cercanos. Por otro, el ex espía Antonio Stiuso, que fue el encargado del aparato de inteligencia que los Kirchner pusieron al servicio de la impunidad de sus amigos y la persecución de sus rivales.

Este conflicto tiene derivaciones judiciales y políticas de primera magnitud. No sólo conspira contra la calidad de las pesquisas, al debilitar la solidez de las absoluciones y condenas. Amenaza también la verosimilitud de un conjunto de investigaciones sobre corrupción en las que la responsabilidad de la señora Fernández de Kirchner es indiscutible.

Y plantea una incógnita mucho más general: en qué medida el sistema institucional está capacitado, por vicios que ya parecen crónicos, para ofrecer una discriminación creíble entre lo justo y lo injusto, entre lo legal y lo ilegal. Es una pregunta que está abierta desde que se produjeron, hace más de 21 años, los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.

Y que interpela con urgencia a Mauricio Macri y su proyecto modernizador. El caso Nisman resurgió por la nueva declaración de Stiuso. El ex agente defendió la tesis según la cual el fiscal fue asesinado por su denuncia sobre un doble encubrimiento, el del ataque a la AMIA y el de la voladura de la embajada. Aportó detalles a una explicación extendida aun entre dirigentes kirchneristas: Cristina Kirchner pactó con Irán aconsejada por Hugo Chávez, quien ejerció una influencia poderosísima sobre ella durante los cuatro días que siguieron a la muerte de su esposo.

La hipótesis del homicidio tiene un significado ostensible en el ajedrez internacional. Agravaría los reproches del gobierno israelí y de sus aliados en el Congreso de los Estados Unidos al pacto de Barack Obama y las demás potencias occidentales con Irán, ya que Obama habría acordado con un Estado que sigue ejerciendo el terrorismo. El debate sigue abierto. A tal punto que varios legisladores solicitaron a Obama que en Buenos Aires visite la sede de la AMIA. No tuvieron respuesta todavía.

Stiuso hizo una revelación que había callado en su presentación anterior, ante la fiscal Viviana Fein. Dijo que la Presidenta ordenó a Nisman y a él, a través del entonces subsecretario de inteligencia, Francisco Larcher, que dejaran de indagar sobre la participación de Irán en los atentados. Pero que ellos, igual que Larcher, desobedecieron. ¿Los fiscales Roberto Salum y Sabrina Nader, encargados de la causa AMIA, citarán a Stiuso para aclarar esa información?

Según el ex agente, ese desacato provocó una campaña de prensa en su contra. Una emisión de C5N sostuvo, el 6 de agosto de 2014, que la ex SIDE fue cómplice del ataque a la AMIA. Stiuso contó que, al pedirle explicaciones al licenciatario del canal, Cristóbal López, el empresario alegó que él no decidía el contenido de sus medios, sino que le venía fijado desde Olivos. Un nuevo dato para una vieja versión: López es testaferro de los Kirchner.

Stiuso sostuvo que este conflicto en torno al caso AMIA determinó la muerte de Nisman, en la que habrían participado los iraníes y el grupo Quebracho. Conectó ese crimen con la muerte de su colega Pedro Viale, “el Lauchón”, bajo las balas de la policía bonaerense, que por entonces respondía a Daniel Scioli y a Hugo Matzkin. Y con el ataque armado contra el auditor Javier Fernández. La declaración coincidiría con una afirmación de Gustavo Perednik. Este amigo de Nisman radicado en Israel sostiene que la ex presidenta habría dicho, en una reunión con colaboradores y refiriéndose al fiscal, “a este tipo hay que sacarlo de encima”.

Los testimonios de Stiuso plantean muchos interrogantes. Es interesante que haya admitido que desobedeció a la ex presidenta, en vez de denunciarla y renunciar. También, que admitiera que Nisman recibía órdenes a través de Larcher, y no de la Procuración. Más sorprendente aún es que haya presentado el tiroteo contra Fernández como un ataque a su persona. No tanto porque Fernández negó siempre ser un gestor tribunalicio de la ex SIDE, sino porque es íntimo amigo del juez Luis Rodríguez, en cuyas manos podría caer la causa Nisman si fuera transferida al fuero federal. El pase de jurisdicción, que se decide hoy, también es un enigma. En especial si se tiene en cuenta que el abogado de Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, dijo que su cliente no había aportado pruebas, sino una interpretación.

La razón principal por la que la presentación del ex espía está plagada de incógnitas es que, como se refiere a cuestiones de inteligencia, es secreta. De hecho, todavía faltan aclaraciones sobre los contactos entre Nisman, Alberto Mazzino, Fernando Pocino, César Milani y el propio Stiuso durante las horas que rodearon la muerte del fiscal. Este misterio da lugar a especulaciones gravísimas. Elisa Carrió, por ejemplo, aventuró que Stiuso no atendió las llamadas de su amigo porque fue quien lo entregó. Tal vez uno de los aportes que podría hacer Mauricio Macri al esclarecimiento de esa muerte importantísima es relevar del secreto a los agentes de la ex SIDE.

El submundo del espionaje expone a Macri a otras tensiones. Mientras Stiuso vinculaba a Cristina Kirchner, Carlos Zannini y Aníbal Fernández, sus antiguos superiores, con la muerte del fiscal, el legislador porteño Gustavo Vera acusó a algunos responsables de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el nuevo nombre de la SIDE. Vera denunció a Juan José Gallea, actual secretario de Finanzas del organismo, por lavado de dinero. Gallea manejó la misma “caja” durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Y en los años del kirchnerismo administró las finanzas del multimedios de Sergio Szpolski, señalado por canalizar las operaciones periodísticas de los servicios de inteligencia. Vera vinculó a Gallea con Stiuso y con Darío Richarte, vicepresidente 3º de Daniel Angelici en Boca Juniors. Angelici, empresario del juego, controla también, a través de Sebastián De Stefano, la sección de asuntos jurídicos de la AFI. De Stefano es quien tiene que sostener las querellas del kirchnerismo contra quien fue su fiel servidor, Stiuso.

Vera denunció también por presunto lavado de dinero a la subsecretaria de inteligencia, Silvia Majdalani. Ex diputada de Pro, Majdalani ocupó la Comisión de Control de los Organismos de Inteligencia a pedido de su íntimo amigo Larcher. En el Gobierno adjudican su designación a Nicolás Caputo, socio de Macri.

Las imputaciones de Vera son un desafío para el Gobierno. El Presidente propondrá que se codifique la figura del arrepentido, que hoy facilita en Brasil una revolución en cámara lenta. Pero un líder que se propone combatir el narcotráfico debería también garantizar que su organismo de inteligencia no está contaminado por el lavado de dinero. Es decir, que la luminosa “nueva política” llegó también a los sótanos del Estado. En su libro Cambiamos, Hernán Iglesias Illa narra un episodio interesante: en los programas de campaña figuraba la disolución de la AFI; su promotor fue Jaime Durán Barba, víctima, como Macri, del espionaje de los Kirchner. Sin embargo, un día, sin explicación, esa iniciativa desapareció del Power Point.

El Papa y las mafias

La dureza de Vera tiene otra dimensión interesante. Es una de las personas a través de las cuales el papa Francisco proyecta sobre la Argentina su lucha contra las mafias. Vera es uno de los organizadores del seminario sobre el combate contra el crimen organizado que realizará en junio la Pontificia Academia de las Ciencias, que lidera el obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo. El Papa invitó a través de Vera a varios jueces y fiscales de distinto signo ideológico. La más significativa es María Servini de Cubría, que investiga el triple crimen de Quilmes/General Rodríguez.

La gran paradoja: el kirchnerismo pretende utilizar esa preocupación por la corrupción del Vaticano en defensa propia. Oscar Parrilli convocó a intendentes del conurbano, empezando por el de Merlo, Gustavo Menéndez, y por Jorge Ferraresi, de Avellaneda, a una movilización contra el Gobierno. El argumento de Parrilli: “Macri va contra Cristina porque va contra la democracia. Después vienen ustedes. Tenemos que enfrentarlo. La inflación y los despidos harán que el Gobierno caiga a pedazos. El año que viene llevemos a la jefa como candidata a senadora por la provincia, como hizo Duhalde en el año 2001, y sanseacabó”. Parrilli encarga a esos interlocutores llevar gente a los tribunales para el 13 de abril, cuando la señora de Kirchner declare frente a Claudio Bonadío, y recolectar firmas contra el aumento de tarifas. Algunos intendentes alimentarán el malentendido ratificando hoy el Pacto de San Antonio, por el que adhirieron a los postulados del Papa.

Para identificar las tribulaciones judiciales del kirchnerismo con el magisterio de Bergoglio hace falta perder la memoria. Hay que olvidar, por ejemplo, que la prédica del Papa contra el delito es la versión secular de su lucha contra las mafias en la curia. También hay que olvidar que él colaboró con la derrota bonaerense de esa fuerza política, cuando muchos de sus sacerdotes llamaron a votar contra el narco en Buenos Aires. El candidato oficial era Aníbal Fernández. A la luz de estos antecedentes, determinantes del triunfo de Macri, tal vez haya que pensar que Bergoglio espera que el nuevo gobierno lidere una regeneración institucional. Y que hasta que no advierta esa novedad seguirá negando su sonrisa.

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Se destapó la cloaca del caso Nisman

La muerte de Alberto Nisman

Por Julio Blanck |

En un puñado de días, y en sucesión llamativa, el fiscal general Ricardo Sáenz dictaminó que a Nisman lo habían asesinado; y el temido y siempre turbio espía Jaime Stiuso volvió al país, se presentó a declarar y sostuvo que el supuesto asesinato, en enero de 2015, había sido obra de un grupo vinculado al gobierno de Cristina, a quien cuatro días antes Nisman había acusado de encubrir a iraníes por el atentado a la AMIA.

Esto, a menos de tres meses de la asunción presidencial de Mauricio Macri, bastó para que saltara por el aire la gruesa losa que el gobierno de Cristina Kirchner había colocado, en defensa propia, sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Ahora se destapó la cloaca. Lo que quedó al descubierto promete desagradables consecuencias judiciales, políticas, o ambas a la vez, para una lista que encabeza la propia ex Presidenta, seguida en orden aleatorio por el ex supersecretario Carlos Zannini, el tan verborrágico ex jefe de espías Oscar Parrilli, el teniente general en retiro rotundo César Milani, el hiperquinético ex secretario de Seguridad Sergio Berni y el jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, quien ocupa ese puesto desde hace tres años.

Integra además esa nómina la defenestrada fiscal Viviana Fein, pieza decisiva en la construcción del segundo entierro de Nisman, el de la causa por su muerte. También su jefa espiritual y operativa, la todavía procuradora general Alejandra Gils Carbó. A ellas podría sumarse la jueza Fabiana Palmaghini, que sorprendió al declararse incompetente en la causa luego de haber rechazado esa petición puntual de la familia de Nisman un par de semanas atrás. Su fundamento para dejar ahora el caso fue que existía violación de correspondencia de Nisman (correos electrónicos y teléfono celular), un delito federal que ya estaba en el expediente desde hacía más de seis meses. En cambio Palmaghini mencionó la cuestión del presunto homicidio apenas lateralmente.

Tampoco está claro en qué terminará la peripecia de Stiuso, el hombre que llevó de la mano a Nisman en la investigación contra los iraníes por el atentado a la AMIA, a quien Cristina defenestró finalmente y que terminó señalado como “autor intelectual” de la denuncia de encubrimiento presidencial.

En gentil devolución, el gobierno kirchnerista señaló entonces a Stiuso como posible instigador de la muerte de Nisman. Fue cuando el kirchnerismo hablaba de crimen antes de volver a hablar de suicidio, como parte de su exitosa estrategia de enchastre y confusión general.

En el último año, entre su declaración original ante la fiscal Fein y su estruendoso regreso de esta semana, Stiuso se refugió en los Estados Unidos. Allí disfrutó de una protección seguramente labrada en su larga vinculación operativa con la CIA. De allí que esta llamativa sucesión de hechos en el caso Nisman sea vista en ciertos ámbitos políticos y judiciales como una operación cuyo garante de última instancia sería la administración de Washington y su representación local, La Embajada.

En las líneas menores de los alcanzados por el caso Nisman habría que anotar al grupo Quebracho, siempre sospechado de estar penetrado, cuando no directamente teledirigido por los servicios de inteligencia. Y al jerarca piquetero Luis D’Elía, antisemita y proiraní notorio, un personaje que hostiliza a la familia Nisman por el caso AMIA desde el lejano tiempo en que el fiscal estaba casado con la jueza Sandra Arroyo Salgado y ambos convivían en un departamento del barrio de Palermo, adonde D’Elía organizó escraches y marchas.

Las intimidaciones y amenazas a los Nisman nunca cesaron del todo. El fiscal y su ex mujer habían sido agresivamente fotografiados hace nueve años, al salir de la clínica tras el nacimiento de Kala, su hija menor. Y a fines del año pasado la hija mayor, Iara, llamó a su madre –de viaje en el interior del país– porque desde un auto que entró al country donde viven se estaban tomado fotos de manera ostensible hacia su casa.

El Gobierno asegura que permanece ajeno a todo este tráfico contaminado, aunque sus efectos políticos puedan beneficiarlo por el previsible acorralamiento judicial y político del kirchnerismo duro y su Jefa.

Pero en la Casa Rosada dicen, con cierto rencor fermentado, que “esta banda es la que persiguió a Macri y le inventó la causa por las escuchas”. Cuando se refieren a “esta banda” hablan de Stiuso y de su equipo: jueces, juezas, fiscales, gestores judiciales, espías, víctimas a medida, toda gente a generoso sueldo –formal o informal– del kirchnerismo durante la “década ganada”.

El cambio de gobierno creó un contexto favorable para que el caso Nisman avanzara, superando la paralización judicial. Pero sería muy aventurado afirmar que el macrismo haya tenido algo que ver, directamente, con los hechos de los últimos días.

La capacidad de operación de los funcionarios de Macri sobre la Justicia resulta por ahora bastante menguada. Es todo un cambio saludable, vista la profusa contaminación en sentido contrario ocurrida cuando Stiuso estaba al servicio de los Kirchner y sus operadores hacían y deshacían, repartiendo premios y castigos en cámaras, juzgados y fiscalías estratégicos.

Pero esa limitada capacidad operativa es también fruto del fracaso en algún intento de acortar distancias con los magistrados. El ministro de Justicia, Germán Garavano, a través de un juez federal trató de armar un encuentro con integrantes de ese fuero decisivo. Su convocatoria resultó mínima.

Así, aún reconociendo que la disposición del macrismo a respetar la independencia de los jueces es indudable, el Gobierno termina haciendo de la carencia una virtud.

A los jueces federales, lobos solitarios que nunca cazan en manada, no es sencillo reunirlos. Mucho menos cuando uno de los proyectos de reforma judicial que impulsa el Gobierno implica una dilución de su poder por la creación de una decena de juzgados para casos de criminalidad organizada. “Nos quieren dejar solamente los casos de los pibes que agarran fumándose un porro”, exagera un juez que ha sabido hacer uso intensivo del poder que le da su cargo.

Hoy los jueces federales se miran de reojo entre sí, calculando a quién podría caerle la causa Nisman si se consolida el alejamiento de la jueza Palmaghini y el cambio de fuero. Aunque el motivo del apartamiento haya sido la violación de correspondencia de Nisman, parece claro que cualquiera que tome el caso iría directo sobre las circunstancias de la muerte del fiscal. Sería una mala noticia para Cristina y su séquito.

La Justicia parece despertar de un largo sueño respecto de la ex Presidenta. No es el caso del juez Claudio Bonadio, que había avanzado con el caso Hotesur hasta que el cristinismo consiguió sacarlo de la causa. Pero ahora la tiene citada a indagatoria a Cristina por el multimillonario negocio del dólar futuro que benefició a grandes corporaciones y al poder financiero. Este caso pone en la primera línea de involucrados al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a su jefe político, el entonces ministro y hoy diputado Axel Kicillof.

En estos días, el juez Ariel Lijo volvió a mover la causa por la financiación de la campaña de Cristina en 2007 y citó como sospechosos a ex funcionarios y empresarios. Y el fiscal Carlos Rívolo pidió el juicio oral en la causa por enriquecimiento ilícito contra Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, ya condenado por la tragedia de Once. Dicen en Tribunales que el avance de esta causa por enriquecimiento podrá finalmente enviarlo a prisión.

El caso Hotesur, en su capítulo de presunto lavado de dinero en los hoteles de la familia Kirchner, pasó del juez Daniel Rafecas a su colega Julián Ercolini. Después de una pericia la causa quedaría lista para avanzar de modo decisivo: las pruebas de lavado serían contundentes.

A Rafecas, el mismo que había rechazado la denuncia de Nisman contra Cristina, le quedó el tramo de Hotesur referido a las contrataciones que Aerolíneas Argentinas hizo en esos hoteles. Esta semana el diario La Nación reveló que la empresa que Cristina le prestó a La Cámpora para que gestione algo, le pagó casi 5 millones de dólares a la empresa de la familia Kirchner desde el año 2008. Eso equivale al alquiler de 15 habitaciones todos los días de todas las semanas de todos los meses de todos esos años. Algo tendrá que hacer Rafecas. Algo que quizás a Cristina no le guste.

El bochorno insostenible de la causa Nisman es un espejo en el que ningún juez hoy quiere mirarse.

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Stiuso, otra cuña entre Cristina y su candidato

Por Carlos Pagni |

Daniel Scioli ha hecho una apuesta clarísima: alcanzar la presidencia con los votos que le ofrece el kirchnerismo. Es decir, no exponerse a un conflicto con Cristina Kirchner complaciendo al electorado que lo acompañaría a cambio de alguna disidencia. Pero esa disciplina sirve de poco. El oficialismo se va resquebrajando no debido a las declaraciones conceptuales, sino a sórdidos enfrentamientos de intereses.

En las últimas horas se desató uno nuevo. Cristina Kirchner se enteró de que, mientras clama por la aparición del espía Antonio Stiuso, su candidato, Scioli, propuso al Senado bonaerense que apruebe el pliego de Jorge Víctor Sappia Dussaut como Juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de San Isidro. El abogado Sappia Dussaut comparte su estudio porteño, en San Martín 617, 4º “F”, con Santiago Blanco Bermúdez, el defensor de Stiuso.

Era natural que la Presidenta montara en cólera. El viernes se enteró de que, en vez de solicitar cédulas azules a Interpol, hubiera sido mejor consultar a Scioli sobre el paradero de Stiuso. Sappia, le explicaron, es uno de los patrocinantes del agente de inteligencia jubilado.

Los amigos de Sappia aseguran que hubo un malentendido. Que dejó de ser socio de Blanco Bermúdez hace años. Justo cuando su amigo comenzó a encargarse de los pleitos de la ex SIDE.

Sin embargo, admiten que conviven en el mismo escritorio. Ese dato alcanza para desatar las suspicacias de la señora de Kirchner. Sobre todo cuando le explican que el lugar es bastante pequeño -un recibidor, dos despachos mínimos y una sala-; que desde que Stiuso cayó en desgracia se convirtió en una oficina impenetrable, y que ese cliente jamás permitiría que donde se discuten sus problemas y estrategias haya alguien ajeno a su confianza. Además, le explican, “Sappia suele ufanarse de que trabaja para Stiuso”.

Tal vez sea un alarde imaginario. Pero estos detalles reactivan un viejo desvelo de la señora de Kirchner: ¿de qué habló Scioli con su antiguo espía y flamante demonio durante aquella visita a la ex SIDE días antes de que Stiuso fuera defenestrado?

La Presidenta está empeñada en que Stiuso, de quien ella y su esposo recibieron tan eficaces como tenebrosas prestaciones, sea imputado como instigador del supuesto suicidio del Fiscal Alberto Nisman. El mismo destino prevé para Alberto Mazzino, el último funcionario de la ex SIDE con el que habló Nisman, durante 10 minutos, el día antes de morir.

Ahora se sabe, por una declaración del Fiscal Carlos Stornelli, que después de esa charla Mazzino se comunicó con Fernando Pocino, otro Director de Inteligencia que prestó servicios invalorables para el kirchnerismo. Curioso: el Fiscal que ofreció colaboración a Nisman en la hora de mayor enfrentamiento con el Gobierno hablaba al mismo tiempo con un alto funcionario de la SIDE.

La Presidenta se convenció de que la maquinaria política montada sobre el espionaje comenzó a funcionar en su contra con las pesquisas de Hotesur. Sospecha que gran parte de la información que hoy complican a ella y a su hijo fue filtrada por Stiuso. Son trivialidades que no sirven como excusas. Aun para sus colaboradores más cercanos la contabilidad de Hotesur es un desaguisado que ningún abogado puede redimir. Por eso el único recurso es cambiar de Juez.

¿Logrará la señora de Kirchner involucrar a Stiuso y a Mazzino en la muerte de Nisman? La Fiscal Viviana Fein -a cargo de la investigación- tiene previsto tomarse licencia por vacaciones la primera quincena de noviembre. ¿Hará conocer antes su dictamen? Había prometido hacerlo después de los comicios. Como si el Código de Procedimientos tuviera incorporado el Código Electoral. Raro país.

Sappia es el más significativo de los 119 candidatos a cubrir vacantes en la Justicia bonaerense que Scioli envió al Senado. Esas designaciones desatan otro conflicto, ya no con la Presidenta, sino con Aníbal Fernández. El Jefe de Gabinete pretende ser el próximo Gobernador y no concibe que Stiuso le gane la pulseada judicial desde su condominio de Miami. Fernández no intervino en la propuesta. Sobre todo porque el encargado de confeccionar la lista fue uno de sus peores enemigos: Ricardo Casal.

Casal es el principal gestor de Scioli en la Justicia. Fue quien se encargó de que el Juez Pablo Raele cerrara la causa por enriquecimiento ilícito que mortificaba al gobernador sin siquiera un peritaje. No tuvo el mismo éxito en impedir el juicio político del Fiscal Julio Novo, acusado de proteger redes de narcotraficantes. Novo suele oficiar de cocinero en las comidas con políticos que Casal sirve en su domicilio.

El Ministro tampoco consiguió trasladar a los tribunales de La Plata otro expediente que inquieta al candidato del Frente para la Victoria: el de la urbanización Colony Park, que se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro. Allí la responsable es Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman. Aníbal Fernández responsabiliza a Casal por la denuncia del presidiario Martín Lanatta, quien lo identificó como “la Morsa”. Una pesadilla que aún no ha terminado.

Scioli y Casal tienen un argumento defensivo: su designación en masa es el resultado de antiguos concursos y beneficia, casi en su totalidad, a abogados que ya trabajan en el Poder Judicial. No convencen a Fernández. Sobre todo si Scioli avanza con su última iniciativa: descentralizar la Cámara de Casación Penal de la Provincia fijando sedes en La Plata, San Martín, Mar del Plata y Mercedes, y designar a los nuevos camaristas. En esta batalla el Jefe de Gabinete pretende neutralizar a Javier “el Pollo” Mariani, Consejero de la Magistratura bonaerense y antiguo gerente de Stiuso en el Departamento Judicial de San Martín. La Cámara de Casación es el máximo Tribunal Penal de la Provincia. Una pieza crucial en cualquier política de seguridad.

La rivalidad de Scioli con Fernández se proyecta sobre la campaña. Muchos Intendentes son inducidos a organizar el corte de boleta contra el Jefe de Gabinete. La pista más clara la ofreció Jésica Cirio cuando declaró: “Para Intendente lo votaré a Martín [Insaurralde, su esposo]; para presidente, a Daniel Scioli; por lo demás, corté y volveré a cortar boleta”. Fue en vano que Insaurralde enviara la desgrabación de la entrevista a Fernández con el rutinario “la sacaron de contexto”. La primera dama de Lomas de Zamora cantó su voto horas después de recorrer con Scioli Villa Fiorito. Fernández está convencido de que hubo un pacto contra él. Hace bien.

No es la única discordia. Scioli acaba de anunciar que, si gana, su Ministro de Planificación será Diego Bossio, uno de sus más generosos benefactores. Otro enemigo de Fernández. Bossio intentó postularse a la gobernación. Pero enseguida se dio un baño de humildad. Fue cuando, según él comentó ante sus amigos, Fernández le vaticinó: “Si insistís, vas preso”. Una versión que llegó a oídos de Scioli es que la advertencia estuvo referida al plan Procrear de Quilmes. Y que fue más contundente.

Es posible que la nominación virtual de Bossio responda a otro criterio. Hoy el mejor antecedente para progresar en el entorno de Scioli es estar enemistado con La Cámpora. En Santa Cruz, donde Máximo Kirchner se postula para una diputación, no hay un solo afiche del Gobernador de Buenos Aires. El bachiller Kirchner tiene indicios de un pacto entre Scioli y Eduardo Costa, el candidato a Gobernador radical, aliado de Mauricio Macri y Sergio Massa.

Hay más disparos desde el círculo del hijo de la Presidenta. Así como ella y Aníbal Fernández castigaron a Juan Manuel Urtubey por promover el endeudamiento, Axel Kicillof reprochó a Mario Blejer recomendar un acuerdo con los holdouts. El mercado financiero da por segura una reunión de Blejer, que es asesor de Scioli, con Jay Newman, mano derecha de Paul Singer. Blejer lo desmiente. Y el kirchnerismo no le cree.

De todos modos, la aproximación a los holdouts no es lo que más irrita a Kicillof. La raíz del fastidio hay que buscarla en la Universidad de Buenos Aires, donde el titular de Economía tiene su lugar en el mundo. Allí, el principal rival de Kicillof es el Rector Alberto Barbieri, a quien Scioli postuló como eventual Ministro de Educación. Barbieri, halagado, comenzó a adelantar su propuesta académica. Entregará un diploma de Profesor Honorario Post Mórtem a la familia de Aníbal Troilo, para conmemorar el centenario del nacimiento del inolvidable “Pichuco”. Un anticipo de la ola qualunquista que cubrirá al país si gana Scioli.

La subordinación discursiva no alcanza para eximir a Scioli de un conflicto corrosivo con Cristina Kirchner. Ella y su hijo ya reclamaron que, en caso de que él llegue al poder, la presidencia de la Cámara de Diputados quede en manos de La Cámpora; tal vez de “Wado” De Pedro. Desde las entrañas del oficialismo un dirigente lanzó este vaticinio apocalíptico frente a esta alternativa: “Con Zannini en la vicepresidencia y alguien de La Cámpora al frente de Diputados, Scioli no controlará la línea sucesoria. Es posible, por lo tanto, que su hipotética presidencia esté agotada de antemano”.

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