| ¿Inconstitucional? | Legisladores rechazan inciciativa. Amnistía Internacional, el CELS, la Asociación por los Derechos Civiles y la Fundación Vía Libre publicaron un documento en el que instaron a los diputados de la Ciudad a rechazar la iniciativa por considerar que convalida la “imposición unilateral” del sistema de vigilancia puesto en marcha por el Ejecutivo porteño el año pasado.
|Representantes de organizaciones de Derechos Civiles manifestaron su rechazo a la ley aprobada por la Legislatura porteña para regular el uso de tecnologías de reconocimiento facial, denunciaron que el debate fue “paupérrimo” y alertaron sobre sus consecuencias.
Siete organizaciones -entre ellas Amnistía Internacional, el CELS, la Asociación por los Derechos Civiles y la Fundación Vía Libre- publicaron un documento en el que instaron a los diputados de la Ciudad a rechazar la iniciativa por considerar que convalida la “imposición unilateral” del sistema de vigilancia puesto en marcha por el Ejecutivo porteño el año pasado.
“Se está legitimando el uso de algo que en ciudades como San Francisco o Boston, que están a la vanguardia en tecnología, se está prohibiendo”, comentó Beatriz Busaniche, representante de Vía Libre.
La docente, especialista en privacidad, explicó que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “implementó (el sistema) como un hecho consumado, comprando una tecnología con un proceso poco transparente”.
“La implementación está floja de papeles y ahora la Legislatura lo legitima”, añadió Busaniche.
Algunas organizaciones se habían presentado ante la justicia para reclamar la inconstitucionalidad del sistema de vigilancia y entienden que esta ley se convertirá en el argumento fundamental del Gobierno de la Ciudad para sostener su uso.
“Ven a esta ley como una limitación al uso (del sistema de reconocimiento), pero no se preguntaron si esta era suficiente limitación”, explicó.
Ucciferri estimó que el Estado no ha transparentado si el uso del reconocimiento facial es siquiera efectivo en los términos que dice buscar y, sobre todas las cosas, si el costo para la sociedad es admisible.
“Este sistema de vigilancia masiva en la vía pública elimina la presunción de inocencia: El sistema tiene que leer tu rostro para descartarlo y el dato biométrico es un dato personal. Trata a todos como sospechosos hasta que se demuestra lo contrario, cuando es al revés”, dijo el representante de ADC.
Sobre la efectividad, las organizaciones estiman que, de los 40 mil prófugos de la base de datos, se generaron 4 mil alertas y 400 aprensiones, sin detalles sobre los falsos positivos.
“Si a vos te salta una alerta, tenés que probar que no estás involucrado. Lo que se entrega es un derecho fundamental a cambio de la propaganda de ‘agarré uno'”, apuntó Busaniche.
En ese sentido, Uciferri dijo que “lo que se está planteando es redefinir cómo se disfruta de la sociedad y que significa vivir en una sociedad más vigilada”.
“Los efectos de esto no se están tomando en serio y tendrá efectos mediatos”, concluyó.
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