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Ministro Soria: “No quedan dudas de que el gobierno de Macri manipuló al Poder Judicial”


| Reforma Judicial | Lawfare. La Reforma Judicial apunta a “erradicar vinculaciones espurias” de jueces y gobernantes, dijo el ministro de Justicia de la Nación.


 

|El ministro de Justicia, Martín Soria, reafirmó este domingo que la propuesta de reforma judicial no sólo apunta a “erradicar” las “vinculaciones espurias” entre jueces y gobernantes, que se evidenciaron “durante la gestión de Mauricio Macri”, sino también a “acelerar los plazos de la justicia”, que “se alejó de la gente”.

“No quedan dudas a estas alturas de la manera en que el gobierno de Macri manipuló al Poder Judicial y tampoco quedan dudas de esa maquinaria de persecución política en la que participaron estos jueces y fiscales; por eso tenemos que trabajar estas reformas, no solamente para erradicar estas vinculaciones espurias, sino para acelerar la justicia, los plazos, los tiempos”, reflexionó Soria.

El ministro hizo estas declaraciones en una entrevista con Radio 10, en la que analizó las visitas de jueces y fiscales al expresidente Mauricio Macri en la Quinta Presidencial de Olivos, entre el 2015 y el 2019, que se conocieron en los últimos días.

Para Soria esas entradas, que constan en los registros, “constituyen una obscena prueba de la vulneración del Estado de derecho y dejan al descubierto vínculos espurios entre sectores de la Justicia y el gobierno de Macri”.

“Mientras Macri se autocondonaba su deuda familiar de 70 mil millones con el Estado por el Correo Argentino, algunos fiscales armaban causas para las tapas de los diarios, en vez de atender con celeridad casos de femicidio o temas de adopción; alejaron la Justicia de la gente y actuaron en connivencia con los intereses de un grupo económico que llegó al poder, esto es lo que tenemos que revertir”, insistió.

Además, dijo que los encuentros de jueces con el exmandatario en Olivos representan “lamentablemente la confirmación” de otros “ingresos de jueces y fiscales a escondidas a la Casa Rosada”.

Así se refirió a los ingresos a Olivos de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, más otros jueces y fiscales, según la documentación a la que accedió el portal El Destape a partir de un pedido de acceso a la información pública.

Esas visitas fueron excluidas del listado que la administración de Cambiemos le entregó a Poder Ciudadano a fines de 2018 tras una intimación que había recibido de la Agencia de Acceso a la Información, según reveló el diario Página/12.

“Lo que está pasando en Brasil debería pasar en la Argentina”, consideró en otro tramo de la charla, en alusión a que finalmente la justicia brasileña resolvió que todo el proceso estuvo viciado y que no fue imparcial la actuación del magistrado Sergio Moro en la causa por corrupción, por la que recibió cárcel el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la Operación Lava Jato.

“Sectores del Poder Judicial, al verificar que jueces y fiscales violaron la Constitución y montaron un Estado paralelo para la persecución política, comenzaron a revisar la actuación de ese propio poder del Estado”, explicó Soria durante la entrevista.

“Ellos sabían perfectamente de la afectación o la injerencia que estaban realizando al Poder Judicial de la Nación”, advirtió el ministro sobre el Gobierno de Cambiemos.

Sobre esas visitas de jueces y fiscales a Macri, Soria declaró: “Ya hay denuncias, seguramente serán ampliadas por quienes correspondan”.

     
 

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Mariano Recalde: “Las reuniones de Macri con Borinsky coincidían con las resoluciones que dictaba el juez”


| Lawfare | “Esto es muy grave porque coincide con las decisiones que tomaron para perseguir a la principal dirigente política opositora”, indicó el senador nacional del Frente de Todos.


 

|El senador nacional Mariano Recalde afirmó este domingo que el expresidente Mauricio Macri y el juez de Casación Penal Mariano Borinsky “estuvieron reunidos por lo menos 15 veces”, según los datos que se conocieron de los registros de la Quinta Presidencial de Olivos.

Consideró que el tema “es muy grave” porque coincide “con las decisiones que después tomaron (en la Justicia) para perseguir a la principal dirigente opositora de ese entonces”, la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Recalde aseveró que el juez y el entonces mandatario “estuvieron reunidos por lo menos 15 veces” y que los encuentros “coincidían con resoluciones que dictaban tanto Borinsky como el juez (Gustavo) Hornos, como el fiscal (Raúl) Pleé”, también señalados por visitas al expresidente.

Para Recalde todo se hizo “con mucha impunidad y con mucho silencio” y mientras “se reunían con estos jueces, la acusaban a Cristina (Kirchner) de haberse reunido una vez con (el juez Sebastián) Casanello”.

“Se escandalizaban por una supuesta y comprobada falsa reunión con Casanello”, apuntó Recalde.

Para el senador “esto es muy grave” porque además coincide “con las decisiones que después tomaron (en la Justicia) para perseguir a la principal dirigente opositora de ese entonces”.

Recalde fue más allá y comparó lo que pasó en la Argentina con lo sucedido en Brasil. “Hubo un plan sistemático en toda América Latina de perseguir a los dirigentes populares para que no lleguen al Gobierno o sacarlos, como pasó con Lula da Silva”, opinó.

Para el senador del Frente de Todos en “Brasil, Ecuador, Bolivia pasó exactamente igual” y esto “no es casualidad”.

“En otro momento la forma de incidir en la políticas y sacar a los representantes de las mayorías era con la dictaduras, ahora está el mecanismo que denominamos lawfare (guerra judicial) y lo vemos con prueba documental”, concluyó.

Recalde se refirió además a su estado de salud por el coronavirus: “La semana que viene me hago los últimos estudios y creo que ya me dan el alta”, dijo, pero contó: “La pasé muy mal.

En este sentido recordó que estuvo “cuatro días internado y con neumonía” luego de contraer coronavirus.

     
 

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Estela de Carlotto afirmó que “el lawfare es otra forma de golpe de Estado”


| Lawfare | “Golpe de Estado”. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo recordó que “El gobierno anterior (Mauricio Macri) decía que esto es pasado, y proponía que miráramos adelante como si nada. Hasta habló del curro de los derechos humanos”.


 

|La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que el Gobierno del expresidente Mauricio Macri “propuso olvidar” todo lo relacionado con la última dictadura cívico militar, de cuyo inicio se cumplen este miércoles 45 años, y sostuvo que eso “lastimó” a las organizaciones de derechos humanos, pero “no nos hizo bajar los brazos”.

“El gobierno anterior, el de (el expresidente Mauricio) Macri propuso olvidar. Decía que esto es pasado, y proponía que miráramos adelante como si nada. Hasta habló del curro de los derechos humanos”, recordó Carlotto en declaraciones a Radio 10.

En ese marco, la dirigente de DDHH confió que le “cuesta” nombrar al exmandatario porque “es tan falaz y tan indigno, porque sigue teniendo los mismos criterios mentirosos pensando que somos tontos, con ese libro que ha escrito ahora”.

“Por eso llamamos a no olvidar y la resistencia la vamos a tener siempre, mientras tengamos vida, porque esto no debe olvidarse para que no se repita”, insistió Carlotto.

En tanto, resaltó que “no hay una historia tan tremenda en Latinoamérica, con la ferocidad que estos genocidas le hicieron al pueblo, como la vivida en nuestro país”, al valorar las acciones recordatorias por los 30 mil detenidos desaparecidos que se realizan a 45 años del golpe cívico militar.

En este segundo aniversario del 24 de marzo en pandemia, y frente a la consiga ´Plantamos Memoria´ -en virtud de los cuidados por el coronavirus- Carlotto destacó las acciones “que se vienen realizando en el interior y en países de Europa”.

“Yo creo, no hay historia tan tremenda en Latinoamérica, con la ferocidad que estos genocidas le hicieron al pueblo, como la vivida en nuestro país”, dijo la dirigente, tras lo cual insistió en que “la juventud tiene que saber lo que pasó y hacerse parte, para que no se repita esta historia tremenda”.

Sobre la consigna ´Plantamos Memoria´, contó que, “en el interior del país, hay muchos que en vez de plantar uno, plantaron 10 árboles”.

“Por ejemplo, en Barcelona, y en Italia están haciendo lo mismo, allí donde viven muchos exiliados, muchos argentinos, muchos nietos. Ellos también impulsaron esta idea de plantar un árbol que es el símbolo de la vida”, dijo.

Carlotto añadió que“la lucha es desde el amor y debe ser compartida por todo el pueblo” ya que “nace del dolor, nace de lo que hace una madre cuando le matan un hijo”.

“Pero el amor es tan grande que… yo voy a poner nuestro caso, que es lo que yo sentí, cuando encontramos a mi nieto, sentí que volvió Laura conmigo”, confió en referencia al joven cuya identidad fue recuperada en el año 2014.

“Mi familia, mis amores, están completos si se quiere”, sumó y contó sobre su hija: “La extraño, la pienso, pero de noche, porque de día la fuerza del trabajo me lleva a moverme como nunca a mis 91 años, y tengo que tener fuerza por eso de no caerme, y no me caigo, en ningún sentido”.

“Queremos que la juventud tome esta lucha, y el día que no estemos lo haga con más fuerza que nunca”, concluyó.

     
 

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Especialistas en Derecho, legisladores, organismos de DDHH y funcionarios analizaron cómo revertir el “lawfare” en la región


| Lawfare | “Derrotemos al lawfare”. La actividad, convocada como ‘Derrotemos al lawfare, una batalla por la memoria y la democracia’, alternó exposiciones por videoconferencia y discursos presenciales desde el Centro Cultural Padre Mugica, en San Telmo.


 

|Legisladores nacionales y de países de la región, funcionarios del Ejecutivo, especialistas en Derecho e integrantes de organismos de derechos humanos realizaron un acto en repudio al ‘lawfare’ y anunciaron iniciativas para revisar procesos judiciales en las que no se hayan respetado las garantías constitucionales a través del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

La actividad, convocada como ‘Derrotemos al lawfare, una batalla por la memoria y la democracia’, alternó exposiciones por videoconferencia y discursos presenciales desde el Centro Cultural Padre Mugica, en San Telmo.

Participaron como oradores el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén); la diputada Fernanda Vallejos (FdT-Buenos Aires); la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño; el abogado José Manuel Ubeira; el titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, y la abogada y catedrática brasileña Carol Proner (que formó parte del equipo de abogados de Luiz Inácio Lula Da Silva e integra la Asociación de Juristas por la Democracia).

También intervinieron los legisladores del Parlasur Oscar Laborde (FdT) y Gastón Harispe (FdT) como asimismo el paraguayo Ricardo Canese, también parlamentario del Mercosur (Frente Guazú), mientras que el rol de moderadora lo ejerció la abogada Alessandra Minnicelli, esposa del exministro de Planificación Julio De Vido.

Entre las primeras disertaciones, Harispe (titular de la comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur) explicó los alcances de un proyecto que está impulsando en el Parlamento del Mercosur para que, en caso de aprobarse en el pleno, el Parlasur inste al Congreso de cada uno de los socios del bloque (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) a tratar leyes que hagan posible la revisión de procesos penales en los que se hayan violado garantías constitucionales o no se haya respetado la imparcialidad por razones políticas o ideológicas.

Harispe dijo que el objetivo del proyecto es que el Parlasur (“que no legisla, sino hace recomendaciones”, recordó) emita “una declaración de interés con una proposición activa al debate dirigida a cada uno de los Parlamentos”.

El objetivo, siguió Harispe, es que el Congreso de cada país pueda iniciar el debate sobre revisión de condenas de primera instancia en casos con irregularidades manifiestas, en las que se hayan incumplido garantías constitucionales o convenciones internacionales de Derechos Humanos.

Tras la presentación de esa iniciativa, lo que siguió fue una sucesión de discursos en los que los oradores definieron al lawfare como una ‘guerra judicial’ entablada por los centros de poder contra los gobiernos progresistas o populares.

Caamaño, titular de la AFI, señaló por ejemplo que el “presidente Alberto Fernández, apenas asumió, decidió intervenir” la central de espías, ya que durante la gestión de Mauricio Macri la ex SIDE se había convertido, dijo, “en una de las herramientas de la persecución judicial a las disidencias del neoliberalismo”.

“Pero está claro que con eso no alcanzó: todavía tenemos presos políticos, y ahora lo que necesitamos es que se depure la Justicia”, advirtió la ex fiscal, quien asimismo remarcó: “No hay democracia, República ni Estado de Derecho si se violan los derechos de las personas acusadas de algún delito”.

Al describir el lawfare, Caamaño cuestionó los efectos de la aplicación de la ley del arrepentido (“viola el artículo 18 de la Constitución”, remarcó) y además repudió “el uso extorsivo de la prisión preventiva como moneda de cambio para lograr confesiones”.

Parrilli, en tanto, advirtió a los presentes que “la mejor y la única manera de derrotar al lawfare es con el voto”.

“Si bien es cierto que tenemos que dar todas las batallas en la Justicia y en las Cortes y en los juzgados, no es ahí donde se va a dar el triunfo”, señaló el senador, para luego subrayar: “La única manera de derrotar al lawfare es votar proyectos y dirigentes que defiendan a sus pueblos, que no tengan miedo, que tengan coraje”.

La diputada Vallejos enumeró casos emblemáticos del lawfare en la región, para lo cual citó “la destitución de Dilma, el encarcelamiento de Lula, la prisión de Jorge Glas en Ecuador, las causas contra Rafael Correa, las causas en la Argentina contra la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, más las detenciones arbitrarias de varios exfuncionarios de su gobierno, como Amado Boudou y Julio De Vido, y también de líderes sociales vinculados al proyecto del kirchnerismo, como Milagro Sala”.

Para Vallejos, el lawfare puede ser entendido como “una guerra por otros medios, implementada por los centros de poder contra Estados o sectores políticos que amenazan intereses del poder económico y financiero”, y en ese sentido lo vinculó con el concepto de “guerra híbrida”, que refiere a las “estrategias de desestabilización que buscan producir cambios de régimen en países no aliados”.

Desde Brasil, la jurista Proner exhortó a revisar los intercambios técnicos que se suscribieron en los últimos años el Ministerio Público y el Poder Judicial de los países de la región con el sistema de justicia de EEUU: citó como ejemplo el Proyecto Puentes (en portugués Projeto Pontes), cuya existencia fue revelada por una filtración de WikiLeaks y por medio del cual se entrenó a miembros del sistema judicial brasileño en leyes y procedimientos de ‘contraterrorismo’.

Proner también se refirió a la situación legal de Lula, y se concentró en los antecedentes que derivaron en la decisión del juez del Superior Tribunal Federal, Edson Fachin, de anular todas sus condenas y restituir los derechos políticos del exmandatario.

“Gracias a las filtraciones de un hacker ha sido posible descubrir un complot entre fiscales, procuradores de la República y el exjuez Sergio Moro para condenar al expresidente Lula y eliminar simbólicamente al Partido de los Trabajadores”, aseguró la jurista.

“Esos diálogos son escandalosos, y están disponibles para ser conocidos”, completó.

El acto estuvo organizado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, y entre los asistentes en el Centro Cultural Mugica estuvieron también la mexicana Mónica García de la Fuente, esposa de Amado Boudou, y el abogado penalista Maximiliano Rusconi.

       
 

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La senadora Sacnum acusó a Stornelli de la “construcción del lawfare”


| Lawfare | “Persecusión política”. La senadora nacional dijo que no se puede tolerar que un fiscal que está imputado en una investigación sobre lawfare amenace al Presidente.


 

|La senadora nacional por el peronismo santafecino, María de los Ángeles Sacnun, dijo que no tenía “dudas” de que el fiscal federal Carlos Stornelli, en conjunto con el fallecido juez federal Claudio Bonadio, participaron de la construcción de la persecución jurídica contra oponentes políticos, conocida como “lawfare”.

“Todos los caminos conducen a Stornelli y a Bonadio. A esta altura, no tengo dudas en cuanto a su nivel de connivencia y participación en torno a la construcción del lawfare. Que no fue solo de perseguir opositores sino de extorsionar a empresarios”, acusó Sacnun.

La senadora del Frente de Todos hizo este planteo durante la reunión de la Comisión Bicameral del Ministerio Público Fiscal.

Sacnun había solicitado que se investigue si el número de teléfono que aparece en una causa que tiene por protagonista a un anticuario, coleccionista de objetos nazis, Carlos “Charly” Olivares, pertenece al fiscal Carlos Stornelli.

En dicha causa hay un chat entre el imputado y una persona agendada como “Carlos Stornelli” que se muestra interesada en la adquisición de objetos sobre el nazismo, en especial sobre Adolf Hitler.

También Sacnun hizo mención a las declaraciones del fiscal luego del discurso del presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias donde se refirió al funcionamiento de la Justicia.

Stornelli había afirmado que cuando Fernández “deje de ser Presidente, algún día vamos a tener una charla de hombre a hombre, para hablar todas estas cuestiones, y reflexionar sobre la República y la división de poderes”.

“Creo que han sido claras amenazas contra el Presidente de la Nación. No podemos tolerar que un fiscal que está imputado en una investigación por ser parte del mecanismo del lawfare en la Argentina amenace al Presidente de la Nación para cuando deje de serlo. Porque evidentemente uno puede presuponer que ya está pensando cómo va instaurar la persecución al actual presidente cuando deje de serlo”, concluyó Sacnun.

     
 

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Diputada Vanesa Siley: “es una barbaridad que Eduardo Casal siga en el cargo de procurador”


| “Lawfare” | Reforma Judicial. “Debería renunciar”, sostuvo la diputada nacional Vanesa Siley durante una entrevista en la que habló de la importancia de avanzar con la “reforma judicial” y de cambiar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.


 

|La diputada nacional Vanesa Siley (Frente de Todos) aseguró que la Cámara baja avanzará en los próximos meses con el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal impulsada por el oficialismo y consideró que es “una barbaridad” que el procurador interino Eduardo Casal siga en ese cargo.

“Debería renunciar. Ayer, antes de ayer. Es una barbaridad que siga sentado ahí”, dijo la diputada este jueves en declaraciones a El Destape Radio.

“Es importante para el país tener un procurador general que siga la política criminal del Poder Ejecutivo”, afirmó Siley, al recordar que “nos encontramos en la Argentina sin procurador general, que es gravísimo, y quien ocupa ese cargo de forma interina hoy está con una designación dudosa”.

De esta forma, la diputada fundamentó la necesidad de avanzar con la reforma del Ministerio Público Fiscal que, entre otros aspectos, busca acortar el mandato del procurador y las mayorías para su aprobación, al establecer que su designación deberá reunir mayoría absoluta y no los dos tercios del cuerpos que se requieren en la actualidad.

Al referirse a la situación de la justicia en general, Siley consideró que hay que “reprocharle al Poder Judicial que su Corte Suprema no se hizo cargo de nada de lo que pasó en nuestro país”, y afirmó que el máximo tribunal “no dijo nada de la persecución política” que sufren dirigentes del oficialismo.

En ese sentido, la diputada puso de relieve la importancia de avanzar en el Congreso “con los dos proyectos de reforma judicial” además de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

“Nos vamos a sentar con la oposición pero todavía no comenzamos la discusión para conseguir las mayorías necesarias para iniciar el tratamiento”, aseveró.

Sobre las declaraciones del juez de Casación Federal, Juan Carlos Geminiani, quien en un mensaje por el Día de la Mujer escribió en un chat con sus colegas: “Feliz Día delincuentes”, Siley recordó que “el Consejo mismo denunció a Gemignani, lo hizo Diego Molea”.

“Gemignani es un machirulo con mucho poder en el Poder Judicial. Ya tiene antecedentes y le aplicaron una sanción muy menor por algo muy grave”, aseveró la diputada.

Finalmente, Siley destacó la importancia de que “la sociedad civil haga las denuncias formales contra los jueces; si no, las tenemos que hacer los consejeros y luego no podemos investigarla”.

     
 

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Martín Soria cargó contra el “lawfare y las operaciones judiciales”


| Justicia | “Lawfare” y “operaciones judiciales”. “Conmigo no van a contar para recibir a escondidas jueces y fiscales y es un desafío enorme transformar el desastre que hicieron en el gobierno de Mauricio Macri con el Poder Judicial”, dijo el diputado elegido para reemplazar a Marcela Losardo.


 

|El diputado nacional Martín Soria, designado ministro de Justicia, expresó este martes su voluntad de “terminar con el ‘lawfare'” y “desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de Mauricio Macri”, en sus primeras declaraciones periodísticas tras haber sido elegido por el presidente Alberto Fernández en reemplazo de Marcela Losardo.

“Conmigo no van a contar para recibir a escondidas a jueces y fiscales”, dijo Soria en declaraciones en Radio 10, en las que agregó: “Tenemos una Corte que fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron todo lo que aprendimos en la facultad por la ventana”.

La designación de Soria fue comunicada la noche del lunes por el Presidente, en una entrevista televisiva.en la cual explicó que el designado ministro “tiene que tomarse el tiempo de renunciar como diputado y que le acepten la renuncia”, antes de continuar con el proceso para su asunción.

Soria es un dirigente del peronismo rionegrino, fue dos veces intendente de General Roca y en el último tiempo profundizó sus denuncias contra el funcionamiento del Poder Judicial.

Con el objetivo de analizar los lineamientos que propone el presidente Alberto Fernández para el área de Justicia, Soria fue recibido por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

“Una de las aspiraciones es terminar con el ‘lawfare’, con las operaciones judiciales”, adelantó Soria y recordó que se trata de un objetivo señalado por el Presidente “desde que asumió” como jefe de Estado.

Soria reiteró que el mandatario insistió en el concepto del ‘lawfare’ “al abrir el período de sesiones ordinarias” del Congreso, el 1 de marzo pasado, e hizo propias las palabras en las que Fernández resaltó que “hay jueces que no pagan ganancias o se jubilan cuando quieren y hacen lobby entre ellos para mantenerse en los cargos”.

Respecto de la mesa judicial, Soria dijo: “Conmigo no van a contar para recibir a escondidas jueces y fiscales”.

“Es un desafío enorme transformar el desastre que hicieron en el gobierno de Mauricio Macri con el Poder Judicial”, completó el designado ministro.

Aclaró, sin embargo, que “no todos los jueces y fiscales se prestaron a ese juego perverso de sentarse a escondidas en el despacho de Macri” y lamentó que “algunos se pasaron y se olvidaron del servicio elemental del servicio de justicia que tienen que cumplir”.

En la misma línea, Soria afirmó que “los que se sentaban con Macri dicen ahora que el Gobierno los va a perseguir” y apuntó: “Nosotros no vamos a usar las mismas herramientas ni artilugios que hizo el macrismo”.

“La impunidad es el caballito de batalla de ellos (la oposición) pero acá no existe la más mínima posibilidad de cambiar jueces”, dijo Soria, y en particular, sobre las causas que pesan sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sumó que “conociéndola, es lo que menos quiere, ya que como querría cualquier ciudadano, quiere que sea la propia justicia la que determine que no hizo nada”.

En tanto, consultado sobre si deberían tenerle miedo quienes participaron del lawfare, respondió: “Si hay algo que no corresponde, hay que mostrarlo, y si me tienen miedo por eso, será cuestión de ellos”.

“Yo voy a hacer lo que corresponde y lo que marca la ley”, completó Soria.

Sobre la Corte Suprema de Justicia, dijo que “sin duda es la cabeza” del Poder Judicial y consideró que la relación del ministerio con los tribunales de Comodoro Py “debe ser institucional y transparente”.

En tanto, consultado respecto a las declaraciones del fiscal Carlos Stornelli, que amenazó al presidente Fernández durante una entrevista televisiva, Soria afirmó: “Sonó raro y feo, y eso habla de la estructura corporativa”.

“Cuando él deje de ser Presidente, algún día vamos a tener una charla de hombre a hombre, para hablar todas estas cuestiones y reflexionar sobre la República y la división de poderes”, había advertido Stornelli por televisión.

Por otra parte, Soria precisó que si un funcionario -en su caso él como próximo ministro- “no hizo nada malo, no le tiene que temblar el pulso para corregir lo que está mal”, al tiempo que lamentó que “desde que empezó a sonar” su nombre vio “perversidades periodísticas en los medios”.

Sobre el Ministerio Público Fiscal, dijo que “desde el primer día incluso la exministra Losardo ha trabajado para cambiar esto de tener un procurador general interino atornillado a un sillón” -en referencia a Eduardo Casal-, pero asumió que “la oposición no parece dispuesta a dar el debate para la modificación del Poder Judicial”, en alusión al proyecto de reforma de la Ley Orgánica.

Entre los temas pendientes relacionados con la Justicia, Soria citó “la implementación del Código Procesal” en todo el país y “la deuda con el género”.

Durante la madrugada de este martes, el diputado y designado ministro había adelantado en Twitter que trabajará para que los servicios de justicia sean “más eficientes, inclusivos e igualitarios” y para “avanzar en una transformación conceptual que ubique a la justicia de cara a los ciudadanos”.

También posteó el tramo de las declaraciones del Presidente en la que anunció su designación.

     
 

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Milagro Sala pidió al Gobierno nacional “decisiones políticas más firmes” y advirtió que “hay más de 300 presos políticos”


La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, pidió al Gobierno nacional “decisiones políticas más firmes con los opositores”.


 

|La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, cuestionó este domingo que en la Argentina “hay más de 300 presos políticos”, y pidió al Gobierno nacional “decisiones políticas más firmes con los opositores”.

 

“En mi país hay en total 300 presos políticos y me pone nerviosa porque están pasando por la incógnita, pareciera que nos tenemos que acostumbrar”, resaltó Sala.

 

En declaraciones radiales, advirtió que en “la Argentina no pasa nada” cuando la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, y el ex presidente Mauricio Macri “siguen queriendo marcar la agenda de cómo tiene que gobernar el presidente Alberto Fernández”.

 

“¿No hemos aprendido nada nosotros? Esto es lo que está fallando: decisiones políticas más firmes con los opositores”, manifestó.

 

Sala respaldó la reforma judicial que impulsa el Ejecutivo, y aseguró “que se puede recuperar la democracia judicial si hay una Reforma Judicial, y si hay cambio de jueces”.

“El pueblo está pidiendo una reforma judicial. Si ellos te han prepeado, hay que hacer lo mismo, hay que usar las mismas metodologías que ellos usaron con el pueblo cuando gobernaba Macri o cuando gobernaba el neoliberalismo, la derecha”, enfatizó.

 

Además, la líder social explicó: “Si ellos te prepean hay que usar las mismas metodologías: al pan, pan y al vino, vino. No hay que andar con tantas vueltas y no hay que leer tantos libros, hay que hacer lo que hacen ellos, es la única manera de recuperar la Patria”.

 

Por otra parte, Sala afirmó que “la grieta la armó la derecha”, y amplió: “Nos acusa a nosotros de armarla, pero ellos fundieron el país y sin embargo nos acusan a nosotros”.

“Hoy se demostró que la derecha y el neoliberalismo en la Argentina nunca bajaron los brazos, a pesar de que perdieron una elección. Convocan a marchas y cada vez avanzan más”, cuestionó.

En ese sentido, la líder de la Tupac Amaru subrayó: “Antes eran marchas de silencio, marchas con cacerolazos y la última marcha ya tiraron bolsas negras. Y ahora, en esta última, se mandaron la de Formosa. Ellos siguen avanzando y nosotros seguimos siendo respetuosos, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo respetuosos?”.

 

Además, le pidió al Gobierno actuar con “ir para delante y no entrar a recular en nada”, y destacó: “Nos dicen que tenemos que ser respetuosos con los opositores, que no tenemos que hacer lo mismo”.

 

“Ellos no son respetuosos, te llevan por delante, te putean las 24 horas del día, te dicen cómo tenemos que gobernar y nosotros estamos teniendo miedo a una tapa de Clarín, de La Nación, o a una grilla de TN”, criticó.

 

Respecto de la declaración de la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa “dólar futuro”, Sala ponderó: “El alegato de Cristina fue excelente”.

“Todo lo que ella dijo, hicieron ellos y al final nos terminaron acusando a nosotros”, agregó.


 

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Alberto: “Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”


En un posteo en redes, el Presidente consideró “imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”.


 

|El presidente Alberto Fernández consideró que “es muy difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos”.

“Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”, señaló Fernández en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

El jefe de Estado se refirió en las redes sociales a un hilo de tuits publicados por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, referidos a la escasa confianza que los argentinos tienen en el proceder de los funcionarios judiciales.

Las publicaciones de Fernández y Losardo se produce tras la decisión adoptada el viernes por la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso que la causa por espionaje ilegal que involucra a exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri pase a ser instruida en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

La decisión del máximo tribunal penal del país se produjo antes de que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a cargo de la investigación, pudiera resolver la situación procesal de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, para quienes los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían reclamado sus procesamientos.

El expediente estará ahora en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y tendrá como fiscal a Carlos Stornelli, quien se encuentra procesado por espionaje ilegal en una causa que se tramita en el juzgado federal de Dolores que encabeza Alejo Ramos Padilla.

     
 

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Leopoldo Moreau cruza a “Comodoro Py” por el “lawfare”: “Están cumpliendo con Macri y se están protegiendo ellos mismos”


| Comodoro Py | Lawfare. El diputado nacional señaló que los ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri “siempre intentan que las causas terminen en Comodoro Py porque buscan protegerse”.


 

|El diputado nacional del Frente de Todos y titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, afirmó que los ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri “siempre intentan que las causas terminen en Comodoro Py porque buscan protegerse”.

“Siempre intentan que la causas vayan a Comodoro Py para protegerse porque allí están los cómplices de todas las situaciones que se armaron” en el gobierno de Mauricio Macri, señaló Moreau en declaraciones a la prensa.  

De esta forma se refirió el legislador a la decisión que tomó la Cámara de Casación penal de remitir a los tribunales federales de Comodoro Py la causa en la que eran investigados por espionaje Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, directores de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos.

Casación ordenó que la investigación, que estaba a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, quede a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Stornelli, procesado por extorsión en una causa que es instruida por el magistrado de Dolores Alejo Ramos Padilla.

“Esta causa la sacan de Lomas de Zamora y la tendrá ahora un señor que está procesado en un expediente por espionaje ilegal por hacerle una cámara oculta a un abogado y quererle poner droga a la ex pareja de su mujer. Además aparece en un tramo de esta causa por las escuchas ilegales a los presos del Penal Ezeiza en ese caso de la llamada ‘Operación Puf’”, indicó Moreau.

El diputado nacional afirmó que “nunca hubo en un gobierno democrático una causa de espionaje ilegal tan grande” como la que se consumó durante la presidencia de Macri.

“Macri es el responsable máximo de todas estas operaciones. La denominada Mesa Judicial era una instancia que le respondía a él, y se usó para hacer todas estas maniobras extorsivas. Si los integrantes de la Corte tuvieran un mínimo de dignidad deberían ponerle un freno a todo esto”, señaló Moreau en relación a los recursos que presentarán los querellantes para que la causa por espionaje ilegal siga en los tribunales de Lomas de Zamora.

La decisión adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal se conoció antes de que Auge pudiera resolver la situación procesal de Arribas y Majdalani, para quienes los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían reclamado sus procesamientos.

Sólo una intervención de la Corte Suprema de Justicia podrá evitar que el expediente se asiente definitivamente en los Tribunales de Retiro, como lo solicitará Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, querellante en esta causa. El letrado que representa a la exmandataria ya le anticipó sus pasos por escrito al juez Auge.

“El máximo tribunal no suele hacer lugar a esos planteos porque sostiene que los conflictos de competencia deben ser dirimidos por el propio tribunal superior en materia penal, que en este caso es la Casación”.

No obstante, Beraldi anunció que recurrirá al máximo tribunal porque considera que la decisión adoptada por la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, es “un pronunciamiento manifiestamente arbitrario, que genera una situación de gravedad institucional inédita en tiempos democráticos”.

       
 

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