Archivo de la etiqueta: Bicameral

La Bicameral inició la investigación por “espionaje ilegal” de la “AFI M” a familiares de los tripulantes del ARA San Juan


| “Espionaje ilegal” | AFI “M”. En la jornada se puso de relieve que, además, habrían sido espiados los abogados que actuaron como defensores de los damnificados.


 

|La comisión bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia inició el trabajo de investigación por las supuestas maniobras de espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, en una jornada en la que se puso de relieve que, además, habrían sido espiados los abogados que actuaron como defensores de los damnificados.

Asistieron a la reunión los abogados Fernando Burlando y Valeria Carreras, además de dos parientas de tripulantes del submarino.

Los familiares de las víctimas del hundimiento ya habían pedido antes (el 9 y el 16 de junio) que la comisión investigara el posible espionaje ilegal, pero la cuestión se activó después de que se encontraran de forma fortuita pruebas de ello en la base Mar del Plata de la AFI cuya interventora hizo una denuncia penal.

Según trascendió, también le habían pedido al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, saber si estaban en la lista de víctimas del espionaje.

Burlando asistió como abogado de una de las querellas de familiares pero también como representante de Carreras, que relató distintas maniobras de espionaje realizadas en contra de ella como así también una serie de amenazas de muerte que recibió.

En su presentación acompañó su relato con documentos, presentaciones judiciales y hasta con un video.

El video muestra a dos autos que aparentemente la siguen en la ruta 3 durante uno de los viajes que hizo a Caleta Olivia para participar de una de las audiencias por la causa judicial en la que se investiga el hundimiento del ARA San Juan.

En ese sentido, se aportaron documentos de trabajos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sobre los teléfonos de los familiares que habrían sido interceptados y correos electrónicos con amenazas.

Las amenazas de muerte contra Carreras ya habían sido denunciadas el 6 de diciembre de 2019 y están radicadas ante el juzgado en lo Correccional y Criminal 47 de la Capital Federal (aportaron copias a la comisión).

Durante la jornada de este jueves también pidieron que se investigue a la inteligencia naval.

Por parte del Congreso estuvieron todos los miembros de la subcomisión que investigará el tema: Eduardo Valdés, Blanca Osuna y Rodolfo Tahilhade (Frente de Todos) y Sebastíán García de Luca (PRO), además del presidente de la bicameral, el oficialista Leopoldo Moreau.

     
 

Share Button

La Bicameral del Congreso emitió dictamen favorable para el DNU del Gobierno sobre servicios de telecomunicaciones


| DNU | Bicameral. La comisión parlamentaria avaló el DNU dictado por el Gobierno nacional, que congela los aumentos de precios hasta fin de año y declara como servicios públicos esenciales a la telefonía celular, internet y televisión paga.


 

|La Comisión Bicameral del Congreso emitió hoy dictamen favorable al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno que declara “servicios públicos esenciales” a la telefonía móvil y fija, internet y la TV paga, en un plenario que no contó con la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio.

El DNU -que también suspende hasta el 31 de diciembre próximo cualquier aumento en las tarifas de estas prestaciones– fue respaldado con la mayoría que ostenta el Frente de Todos, que tiene nueve de los 17 miembros en esa estratégica comisión conducida por el diputado oficialista Marcos Cleri.

En un plenario -que se extendió por espacio de casi tres horas-, los diputados y senadores del oficialismo defendieron la decisión de declarar como servicio esencial a la televisión paga, internet y la telefonía celular y fija, y la de suspender los aumentos hasta fin de año, a la vez que criticaron la decisión de los legisladores de Juntos por el Cambio de impugnar la convocatoria a la reunión.

Desde la oposición argumentaron -en una carta- que la citación a la comisión “no se realizó con 48 horas de antelación” y objetaron que el protocolo que permite el funcionamiento virtual venció en diputados el pasado 7 de agosto.

Desde el oficialismo, Cleri defendió la validez citación a la comisión al señalar que se hizo con 48 horas de anticipación y recordó que, por tratarse de una comisión especial, el cuerpo “puede funcionar de forma remota y dictaminar también en forma remota”.

De hecho, el diputado nacional del Frente de Todos puso de relieve que la comisión funcionó “antes que el protocolo esté vigente” y logró dictaminar sobre la validez de decretos del Poder Ejecutivo previo a la aprobación de ese acuerdo para que la cámara funcione de manera de remota, con la presencia de la oposición.

Desde Juntos por el Cambio, en un comunicado, señalaron que los legisladores oficialistas de la Comisión Bicameral “avanzaron en la aprobación de cuatro DNU violando el Reglamento de funcionamiento de la Cámara de Diputados y la ley de DNU, pese a que los legisladores de Juntos por el Cambio impugnaron la convocatoria a la reunión del día de hoy”.

En lo que respecta al dictamen, las rúbricas de los legisladores del oficialismo correspondieron, además por Cleri, a los diputados Pablo Gonzalez, Pablo Yedlin, Mara Brawer, y Lucia Corpacci, mientras que por los senadores estamparon sus firmas Ana Almirón, Maria Teresa Gonzalez, Daniel Lovera, Mariano Recalde y Guillermo Snopek.

Al exponer en la reunión de comisión, Pablo González subrayó que “el modelo de autoregulacion que aplicó el gobierno de Mauricio Macri, ha fracasado” y señaló que por eso se dicta este DNU para que “más gente se pueda conectar y no solo los que decidan los monopolios”.

El legislador puso de relieve que el “Estado es el que tiene que estar para poner las cosas en su lugar, nosotros volvemos a poner las cosas en su lugar”.

Desde la izquierda, la legisladora Romina del Pla dijo que el decreto si bien “avanza en declarar como esenciales” a las telecomunicaciones, “no altera el funcionamiento de estas empresas, por lo cual se mantienen grandes monopolios”

El decreto

El DNU 690/2020 -firmado en las últimas horas del viernes por el presidente Alberto Fernández- declara “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, al tiempo que ordena suspender “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos” hasta el 31 de diciembre próximo, una decisión que fue justificada por la emergencia causada por la pandemia de coronavirus.

Uno de los puntos centrales del decreto es la decisión de incorporar a la ley de Telecomunicaciones un artículo por el cual se establece que los “Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad”.

Otro punto clave es que sustituye el artículo 48 de la mencionada ley por el siguiente: “Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.

Previo al tratamiento del DNU sobre las telecomunicaciones, en la comisión se emitieron dictamenes sobre los decretos vinculados a la extensión de la moratoria para las pymes, sobre el programa Procrear, y otro vinculado a la creación de una agenda para el desarrollo tecnólogico.

     
 

Share Button

Leopoldo Moreau: “los mensajes de celulares confirman la estructura de espionaje ilegal en la AFI”


| ESPIONAJE ILEGAL | “AFI macrista”. El titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se refirió al espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y dijo que las investigaciones en curso generan nerviosismo y desesperación en el PRO.


 

|El diputado nacional Leopoldo Moreau, dijo este miércoles que “los mensajes de celulares confirman la estructura de espionaje ilegal” en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, y que esta situación trae “mucho nerviosismo y desesperación” en las filas de PRO.

“Esos mensajes confirman efectivamente la existencia de espionaje ilegal, la participación de policías de la Ciudad y el hecho de que nadie se hace cargo de esa presencia como espías ilegales en la estructura de la AFI”, afirmó Moreau en diálogo con Radio 10.

Este martes, los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide solicitaron la indagatoria de Darío Nieto, el secretario privado de Macri, y de los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por espionaje ilegal a políticos, empresarios, dirigentes sociales y periodistas que tramita en Lomas de Zamora.

En ese dictamen fiscal se reseñaron, entre otras cosas, notas que Nieto tenía en su celular y que, según presumen los investigadores, borró cuando tomó conocimiento de que sería allanado.

Entre las notas borradas del celular de Nieto se encontró una del 19 de junio de este año, cuando ya tramitaba la causa del espionaje ilegal, que decía: “Mauricio, me llamó Cristian -seguramente porque la Turca lo llamó-. Hizo hincapié en que falta un relato, que estos tipos habían estado en la Metropolitana, nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo ni hay explicación para eso”.

En tanto, Moreau sostuvo que “sería deshonesto de mi parte si dijera que Cristian Ritondo obstaculizó el trabajo de la comisión sino que todo lo contrario: participó e hizo las preguntas que, obviamente, le interesaban políticamente hacer”, al presumir que el Cristian mencionado en el mensaje es el diputado Ritondo, exministro de Seguridad bonaerense.

“Esta situación lo pone a Ritondo en un momento incómodo”, y las pruebas acumuladas en la investigación “deben estar provocando mucho nerviosismo y desesperación en el PRO, no tengo duda”, agregó Moreau, titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

Además, evaluó que “todo el PRO sabía lo que pasaba, y se ve claramente en esos mensajes una necesidad y desesperación por encontrar una explicación, un relato, ante la apabullante cantidad de pruebas del espionaje ilegal que obran en la comisión”.

Asimismo, el diputado aclaró que la misión de la Bicameral “no es analizar los mensajes de los celulares de los diputados que la integran, sino que es investigar maniobras de espionaje ilegal, por lo que las consideraciones políticas quedan afuera”.

Por último, el legislador del Frente de Todos mencionó que la Bicameral “fue la primera que puso en marcha la investigación del espionaje ilegal en la Argentina, mucho antes que se abriera la causa en sede judicial” y que los últimos datos judiciales “revelan que vamos por el buen camino”.

       
 

Share Button

Martín Doñate: “el procurador interino Eduardo Casal se transformó en el militante más radicalizado de Juntos por el Cambio”


| DENUNCIA | Bicameral. El titular de la Comisión de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, el senador oficialista Martín Doñate, adelantó que la semana próxima continuará el trabajo de entrevistar a algunos de los denunciantes del funcionario.


   
Senador Nacional Martín Doñate (Frente de Todos)
 

“Desde mi punto de vista, no me cabe duda de que Eduardo Casal se transformó en el militante más radicalizado de Cambiemos y del gobierno de Mauricio Macri en los últimos tres años”, aseguró el legislador en una entrevista concedida a la prensa.

 

El rionegrino Doñate denunció que “la mesa judicial que funcionó en el gobierno anterior es el eje alrededor del cual giró el más fenomenal ‘lawfare’ o tremenda guerra judicial contra el ex gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner), contra este proyecto político y contra una de las líderes populares más grandes de la historia argentina”.

 

Casal quedó como jefe de los fiscales federales luego de que la procuradora Alejandra Gils Carbó, elegida con acuerdo del Senado, renunció en 2016.

El gobierno de Mauricio Macri envió a la Cámara alta en 2018 el pliego de la jurista Inés Weinberg de Roca pero no logró acordar que la oposición la respaldara.

A principios de este año, el presidente Alberto Fernández decidió retirar el pliego de Weinberg de Roca y enviar el del juez federal Daniel Rafecas.

Sin embargo, el interbloque de Juntos por el Cambio se niega a facilitar los dos tercios de los votos para designarlo al frente de la Procuración.

Mientras esa situación se resuelve, Casal se mantiene como jefe de los fiscales interino y el oficialismo decidió avanzar con la investigación de una docena de denuncias en su contra.

 

“Esa Mesa Judicial armaba causas truchas, presionaban a los jueces, operaban con los servicios de inteligencia, con algunos periodistas, con algunos jueces, con la Unidad de Información Financiera, con la Administración Federal de Ingresos Públicos”, enumeró Doñate.

 

El senado también recordó que «Casal era el jefe de (el fiscal federal Carlos) Stornelli que estuvo nueve meses evadiendo a la Justicia» acusado de pertenecer a una banda que practicaba extorsiones en la que estaba el falso espía Marcelo D’Alessio, quien cumple prisión preventiva.

Para el senador oficialista, el comportamiento del procurador interino “tiene doble vara” porque, por otro lado, “elevó en cuestión de horas un sumario contra una fiscal que desmanteló el negocio de Mauricio Macri en el Correo Argentino por evadir un pago multimillonario al Estado argentino”.

 

Doñate se refirió, de ese modo, a una sanción emitida por Casal contra la fiscal Gabriela Boquín, denunciada por algunos empleados de su fiscalía por maltrato laboral.

 

La funcionaria se presentó esta semana en la Bicameral para afirmar que el procurador interino la persigue por su trabajo sobre la causa del Correo Argentino.

 

El senador nacional aseveró que aún falta para iniciar un proceso disciplinario contra Casal.

 

“La Comisión tiene que ser de trabajo permanente. No hay un límite de tiempo. Tal vez debamos estudiar temas que ameritan una intensa actividad. Pero, de todos modos, debe tener una regularidad para que ese órgano extrapoder tenga una mirada permanente sobre su funcionamiento”, agregó.

 

Doñate también describió cuáles son los pasos para avanzar en una sanción contra Casal.

 

“Todos los pedidos de juicio político, que hasta ahora fueron doce denuncias por cuestiones de índole disciplinaria, administrativa o de funcionamiento, serán elevados a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados”, dijo.

Luego, enfatizó, “esa Comisión definirá si se avanza con el juicio, si hay elementos suficientes, o si el camino es el jury de enjuiciamiento por vía del Ministerio Público”.

Doñate anunció que “la semana que viene diferentes organizaciones se presentarán en la bicameral porque pidieron venir a hablar” y sostuvo: “Nuestra metodología de trabajo debe ser de apertura a la comunidad”.

     
 

Share Button

Organismos de DDHH reclaman que siga la causa contra exdirectores del ingenio “La Fronterita”


| TUCUMÁN | Lesa Humanidad-La Fronterita. El pedido ante la Cámara de Casación Penal es para que se revoque la falta de mérito dictada en favor de los exadministradores en una causa sobre complicidad empresarial con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.


 

|El Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos de Tucumán pidieron ante la Cámara de Casación Penal que se revoque la falta de mérito dictada en favor de los exadministradores del ingenio “La Fronterita” en una causa sobre complicidad empresarial con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

“Estamos ante un caso paradigmático de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado y que se debe investigar el rol que tuvieron los empresarios de La Fronterita con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra los trabajadores del ingenio”, señaló el letrado Pablo Gargiulo, integrante de la Asociación de Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).

Esta entidad representa una querella que siguen los familiares de Fidel Jacobo Ortiz, un trabajador y gremialista de la industria azucarera que se encuentra desaparecido, y piden que se investigue la implicación que tuvieron directivos del grupo Minetti con ese y otros 67 hechos ocurridos entre 1975 y 1977 en La Fronterita.

El fiscal federal de Tucumán Pablo Camuña y la querella de Andhes pedían que se investigara a Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos, integrantes del consejo directivo de La Fronterita en la provincia durante el desarrollo del Operativo Independencia y la dictadura.

Mediante ese plan operativo, el Ejército se desplegó en la provincia con el propósito de exterminar los focos guerrilleros que el PRT-ERP había instalado en las zonas rurales, y se cometieron violaciones a los derechos humanos que aún se siguen investigando en la Justicia Federal.

La investigación del Ministerio Público y de los organismos estableció que en ese ingenio, ubicado en el departamento de Famaillá, el grupo Minetti permitió que se instalara un centro clandestino de detención ilegal donde trabajadores y habitantes de las colonias de la zona padecieron cautiverios y torturas.

“Está acreditado que en esos años, el grupo Minetti experimentó un crecimiento económico que estuvo asociado al despliegue del Ejército. En plena dictadura, la empresa adquirió el ingenio de Bella Vista y se convirtió en líder de la producción azucarera en la provincia”, dijo Gargiulo.

“El grupo Minetti aportó logística, camionetas e instalaciones para que la represión se llevara a cabo en el ingenio y obtuvieron un beneficio económico de ello. Es un caso muy parecido a lo que sucedió en Jujuy con el Ingenio Ledesma”, sostuvo al establecer un paragón con el caso que involucra a la familia Blaquier en una causa de represión ilegal.

Sin embargo, el juez federal Daniel Benjas dictaminó este año que los empresarios “fueron víctimas del terrorismo de Estado”, al igual que los trabajadores y pobladores de la zona que pasaron por el centro de detención ilegal que funcionó en “La Fronterita”.

El pasado 7 de julio, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán convalidó esa sentencia y, al emular al magistrado de primera instancia, dictaminó la falta de mérito para los exdirectivos y ordenó que la investigación se limite a las efectivos militares que operaron en la zona.

“Para los familiares de los torturados y desaparecidos, es un insulto que los empresarios sean elevados a la categoría de víctimas cuando resulta claro que se beneficiaron con el accionar represivo. Estos fallos deben ser revertidos y se debe procesar a los denunciados”, remarcó el letrado de Andhes.

Los recursos para que Casación analice la causa fueron presentados ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán por la Fiscalía y esta entidad defensora de los derechos humanos.

Los delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos en La Fronterita fueron denunciados ante la Conadep y la Comisión Bicameral de la Legislatura tucumana que en los años ’80 investigó las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la provincia.

En Tucumán, se investigan y se juzgan desde hace años los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el marco del Operativo Independencia y en la actualidad se desarrolla un proceso oral y público con cinco causas unificadas.

“Pero los procesos sobre complicidad empresarial no logran prosperar, al igual que sucede en otras provincias”, indicó el abogado.

Al respecto reseñó que el primer jefe de que tuvo el Operativo Independencia, el general Acdel Vilas, escribió un diario de campaña que fue recuperado por los organismos de derechos humanos y sirvió de prueba en los juicios de lesa humanidad.

“En esos escritos se decía que el objetivo del Operativo era reestablecer el status quo en la provincia después de años de agitación con huelgas y movilizaciones de parte de los trabajadores azucareros que resistían los planes de modernización llevados a cabo por las patronales. De eso se trata esta causa”, subrayó Gargiulo.

     
 

Share Button

La Fiscal Boquín ratificó persecución y afirmó que una empleada le pasaba información a Cambiemos


| DENUNCIA | Persecución. Gabriela Boquin denunció que fue víctima de una persecución motorizada por el Procurador General Interino, Eduardo Casal, durante una exposición ante una comisión Bicameral del Congreso.


 

|La fiscal Gabriela Boquin denunció que fue víctima de una persecución motorizada por el Procurador General Interino, Eduardo Casal, durante una exposición ante una comisión Bicameral del Congreso en la que afirmó que una empleada judicial pasaba información a miembros de Juntos por el Cambio sobre la causa del Correo Argentino que involucraba a la familia del ex presidente Mauricio Macri.

En una reunión virtual por videoconferencia de la Bicameral de Control del Ministerio Púbico que analiza pedidos de juicio político a Casal, la fiscal respondió acusaciones de maltrato laboral de personal a su cargo y puso como ejemplo el caso de una ex empleada, cuyo traslado solicitó “por falta de confianza” cuando descubrió que “le entregaba documentación al doctor Tonelli -en alusión al diputado de PRO Pablo Tonelli- en pleno trámite de la investigación de la causa Correo”.

Boquin aseguró ante los legisladores que una de las empleadas que la denunció por maltrato laboral “le iba comunicando los pasos que estaban relacionados con la propia vinculación de Tonelli en la causa” y que le “ocultaba” información sobre el diputado.

“Cuando denuncié el vaciamiento estaban las facturas del doctor Pablo Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino y cuando descubrí esto le comuniqué al Procurador General personalmente”, aseguró la fiscal, y añadió que Casal demoró nueve meses en concretar el traslado de la empleada en cuestión.

Ante preguntas de los diputados de PRO, Cristian Ritondo y Graciela Ocaña, sobre si la actitud de la empleada constituía un delito y si en ese caso lo había denunciado penalmente, Boquin reconoció que no pudo “corroborar” el pase de información personalmente sino que se lo “contaron” y declaró que el accionar de la mujer “no constituye delito” pero sí “una falta de confianza”.

En una audiencia que se extendió durante cerca de cuatro horas, la fiscal ofreció un informe con argumentos sobre la existencia de una supuesta persecución en su contra de parte de Casal y refutó dichos de hostigamiento y maltrato laboral que le endilgó personal a su cargo.

“Considero que el procurador me está persiguiendo a mí. Se lo dije a él”, expresó la funcionaria que, en uno de los tramos de la exposición mantuvo un tenso intercambio con Ritondo cuando éste la acusó de ser “una persecutora de la familia Macri” más que “una víctima de persecución”.

La funcionaria replicó los dichos del legislador del PRO al sostener que no persigue a nadie y que “sus acusaciones están respaldadas por pruebas” que fundamenta en sus causas y señaló que hay dictámenes en la misma orientación del de ella, como el del fuero federal Gerardo Pollicita.

Boquin se refirió esobre las supuestas presiones que recibió desde que se opuso, en el marco del concurso del Correo, a la suscripción de un acuerdo entre la firma y el gobierno de Macri, tras denunciar que se trataba de un intento de beneficiar a la empresa vinculada a la familia del expresidente en detrimento de los intereses del Estado.

Desde el oficialismo, los legisladores expresaron su solidaridad con la situación de la fiscal y reafirmaron que la persecución en su contra se originó desde que advirtió que el Gobierno de Cambiemos “planeaba perdonarle una millonaria deuda a la empresa” que fue del Grupo Macri.

Uno de los senadores del Frente de Todos, Carlos Caserio, expresó su apoyo a la fiscal y sostuvo que “el problema fue por hacer algo que era justo” para impedir “que se beneficie a la familia del expresidente”.

Caserio consideró que la oposición buscó “enredar” a la fiscal con sus preguntas en su exposición y acusó a los legisladores de tener “un pensamiento corto y poco serio”.

En el inicio de la audiencia, Boquin negó que hayan sido “innumerables” los empleados que pidieron traslados luego de acusarla de violencia laboral y precisó que se trata de solo cuatro agentes que alegan malos tratos de su parte.

La funcionaria atribuyó a su condición de mujer algunas de las imputaciones en su contra y aseguró que hay declaraciones de sus denunciantes que “fueron guionadas y coaccionadas”.

La Comisión Bicameral que preside el senador Martín Doñate continuará con testimonios de organizaciones que respaldan los pedidos de juicio político a Casal por considerar que incurrió en mal desempeño en situaciones que favorecieron al macrismo durante su gestión.

     
 

Share Button

El procurador Eduardo Casal a un paso del juicio político por mal desempeño en sus funciones


|”JUICIO POLÍTICO”| Bicameral. El presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal informó que se aprobó girar a la comisión de Juicio Político los 12 pedidos de enjuiciamiento contra el Procurador General Interino, Eduardo Casal.


 

|La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal aprobó este lunes una serie de medidas para avanzar en el proceso de juicio político al Procurador General Interino, Eduardo Casal, durante una videoconferencia que concluyó con cruces entre oficialismo y oposición por las acusaciones de mal desempeño al funcionario.

Entre las disposiciones adoptadas hoy por los miembros de la Bicameral figuran las de girar a la comisión de Juicio Político de la Cámara baja los 12 pedidos de enjuiciamiento que constan en ese cuerpo, informó el presidente del cuerpo, Martín Doñate, tras una votación en la que se impuso el oficialismo.

Otra de las medidas adoptada durante la reunión fue la de convocar para el próximo miércoles a la fiscal general Gabriela Boquin, a cargo de la causa Correo Argentino que involucra al ex presidente Mauricio Macri y funcionaria que responsabiliza a Casal de una persecución en su contra.

Un presunto llamado teléfonico de Casal a la fiscal para informarle sobre la apertura de un sumario por malos tratos denunciados por siete empleados judiciales bajo su cargo fue el eje de una discusión esta tarde entre los legisladores de ambas bancadas.

El oficialismo acusó a la oposición de “apañar” al Procurador interino, en su proceder y en sus demoras para remitir información solicitada a la Bicameral, y Juntos por el Cambio pidió que se cite a Casal para que ejerza su defensa y denunció que el Frente de Todos “pretende imponer un relato que le quede cómodo según sus intereses”.

“La verdad es que la contestación de Casal es una burla y nos toma un poco el pelo”, declaró el diputado nacional del FdT, Rodolfo Tailhade.

El diputado Nicolás Rodríguez Saá (FdT), vicepresidente segundo de la Comisión de Juicio Político, confirmó que desde ese cuerpo se llevarán “adelante todas las actuaciones para iniciar el proceso como corresponde bajo las normas que rigen el reglamento de la Cámara e iniciar el juicio político a Casal por mal desempeño de sus funciones”.

La diputada Vanesa Siley (FdT) denunció por su parte el hostigamiento del que viene siendo víctima la fiscal que debe investigar la causa del Correo y señaló a Casal por esa situación y por el hecho de que el fiscal federal Carlos Stornelli se haya negado a declarar en varias oportunidades en el marco de causas abiertas en su contra, con el supuesto aval del Procurador.

En el final del encuentro, se escuchó el testimonio de Natalia Salvo, de la Asociación Civil Nace un Derecho, quien fundamentó el pedido de juicio político a Casal en el “doble estandar que daña el estado de derecho” del funcionario judicial.

Para este miércoles, además de la fiscal Gabriela Boquin, serán citados aprestar testimonio el presidente de la Asociación Civil Nace un Derecho, Hernan Mirasole; y los miembros de Adejuud Gastón Carrere y Rodolfo Parisi.

El procurador Casal había pedido al Congreso Nacional extender el plazo fijado para responder pedidos de información que recibió de parte de la Bicameral, con el argumento de que le resulta imposible cumplir con el plazo de 10 días corridos para responder cinco requerimientos de los legisladores.

Días atrás, Casal envió una nota a la Comisión Bicameral excusándose de poder cumplir con los tiempos e hizo hincapié en que la capacidad operativa del organismo que encabeza se encuentra disminuida en virtud del aislamiento obligatorio.

El 16 de este mes, el senador Doñate envió a Casal una nota formal en la que, entre otros puntos, se le solicita un listado con la totalidad de los magistrados en funciones en el Ministerio Público Fiscal que a la fecha se encuentren sometidos a régimen disciplinario y el tipo de falta atribuida con la información respectiva que acredite la intervención o no del Consejo Evaluador.

También se le pidieron las ejecuciones presupuestarias de los años 2018 y 2019 del Ministerio Público Fiscal.

     
 

Share Button

ANUNCIAN EMERGENCIAS Y CREACIÓN DE BICAMERAL DE SEGUIMIENTO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES


| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Emergencias y Bicameral. La Vicegobernadora Verónica Magario, el Presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, el Jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, y el Ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, presentaron la Ley de Emergencia Social, Productiva, Económica y Energética.


                                                                         

|Las emergencias anunciadas se sumarán a las ya existentes en Seguridad Pública, Política y Salud Penitenciaria; Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios públicos; y Administrativa y Tecnológica.

Anuncian Emergencias y la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento.

En ese marco, Federico Otermín, Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, señaló que “vamos a convocar a todos los diputados y senadores para que acompañen esta iniciativa de buena fe porque es fundamental que alcancemos el máximo consenso posible en la Legislatura”. 

En ese sentido, el titular de la Cámara baja anunció que el miércoles se convocó a la Legislatura a los presidentes de los diferentes bloques y también a los Ministros de Economía, Producción y al secretario general de la Gobernación para que todos puedan contar con la información de las medidas anunciadas.

También se creará una Comisión Bicameral integrada por tres diputados, tres senadores, la Defensoría del Pueblo provincial y asociaciones de la comunidad bonaerense, que tendrá como objetivo realizar un seguimiento del cumplimiento de la ley.

En tanto, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco explicó que “esta emergencia social tiene que ver con los problemas que se están atravesando como la desocupación, el hambre, la pobreza y las dificultades en salud y en educación”.

Los puntos destacados para la emergencia productiva son la creación de un programa para las pequeñas y medianas empresas para industrias, comercios y productores agrícolas. En ese sentido, y a través de ARBA, se creará un régimen de regularización con deudas vencidas al 2019 para micropymes y pymes.

En referencia a la emergencia energética se dispondrá la suspensión de aumentos de tarifas a partir de 1º de enero 2020 durante 180 días con posibilidad de prórroga; y se habilita al Ejecutivo a analizar la revisión tarifaria integral, como así también la del marco regulatorio en materia de transporte y distribución de energía.

Por último, se solicitará una prórroga al presupuesto provincial de este año hasta tanto el Ejecutivo nacional y el Gobierno bonaerense definan sus respectivas leyes presupuestarias para 2020.

     


 


 
Share Button