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Basteiro anunció que recibirá más documentos sobre el “contrabando agravado” del gobierno de Macri de material represivo a Bolivia


Así lo declaró esta mañana el propio embajador argentino Ariel Basteiro en la Paz en una entrevista concedida a Radio 10 en la que, además, señaló que el remito de recepción de las municiones argentinas hallado en la Fuerza Aérea boliviana es “una confirmación de que el material enviado era contrabando”.


 

El embajador argentino en la Paz, Ariel Basteiro, anunció este lunes que recibirá en las próximas horas nueva documentación hallada por el Gobierno del vecino país vinculada con el supuesto contrabando de material bélico y dijo que esos archivos abonarían la hipótesis de que el expresidente Mauricio Macri contribuyó a “desestabilizar la democracia” en el país vecino.

“Lo último que faltaría sería que se encontrase algo en la Fuerza Aérea, algo de lo que pudo haber sobrado de la utilización que hicieron en la represión del 12, 13, 14 y 15 de noviembre” contra protestas sociales en Bolivia, aseguró el embajador argentino en La Paz.

A fines de la semana pasada, el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, anunció el hallazgo de un “acta o remito de ingreso” de la Fuerza Aérea de ese país que certifica el arribo desde Argentina de municiones anti-tumulto, sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos.

Ese remito permitiría terminar de reconstruir el camino de los materiales que en su momento fueron agradecidos, según consta en una carta encontrada en la embajada argentina, por el entonces jefe de la Fuerza Aérea Boliviano, Jorge Gonzalo Tercero Lara; pieza que se erigió como el origen de las causas judiciales en las que se investiga el contrabando y la supuesta colaboración del Gobierno de Macri con el golpe a la administración de Evo Morales.

El embajador Basteiro tenía previsto reunirse este lunes con el ministro Novillo, pero fuentes consultadas por esta agencia informaron que ese encuentro se realizará este martes, mientras la documentación, de todas formas, le sería compartida este lunes por algún funcionario del área de Justicia de ese país que encabeza el ministro Iván Lima.

La investigación del envío de material antidisturbios argentino –que también se evalúa en Bolivia como presunto contrabando- se está realizando en paralelo con la investigación por el despacho de gases lacrimógenos que hizo Ecuador al Gobierno de facto de Jeanine Añez durante las represiones de Sankata y Sacaba del 2019.

“Lo que se supo en ese caso es que el pedido había surgido de un llamado telefónico de la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, con una alta autoridad del gobierno ecuatoriano”, sostuvo Basteiro, quien evaluó que ahora resta saber “de qué manera se hizo el pedido formal” de envío de material represivo al entonces Gobierno argentino, encabezado por Macri, ya que todavía no se sabe si fue “un llamado telefónico o vía los enlaces de seguridad”.

El remito detectado por Bolivia certifica el ingreso de municiones anti-tumulto, sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos llegadas desde la Argentina.

Con este descubrimiento se suma un nuevo elemento probatorio -la tercera documentación de este tipo encontrada en Bolivia- que podría incorporarse a la investigación por contrabando de pertrechos para la represión en los días posteriores al golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019.

Sobre el nuevo documento detectado en Bolivia, Basteiro informó que la localización de este papel fue anunciada “el día jueves, en una conferencia de prensa, por el ministro de Defensa Edmundo Novillo” y en relación al contenido detalló que en la nota figuran “seis ítems firmados por un suboficial” de la Fuerza Aérea boliviana (FAB), que consisten en “los 40 mil cartuchos de municiones, diferentes tipos de sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos”.

Hasta ahora, la investigación por el envío de municiones y pertrechos represivos al aeropuerto de El Alto, en las afueras de La Paz, encontró desde el lado boliviano una sucesión de documentos y elementos incriminatorios que comprometen a funcionarios del gobierno de Cambiemos.

El primer documento que se halló fue una carta de agradecimiento firmada por el comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, Terceros Lara, dirigida a la embajada argentina en La Paz, que en noviembre de 2019 estaba a cargo del actual ministro de Trabajo de la provincia de Jujuy, Normando Álvarez García.

El segundo elemento localizado en Bolivia fue un lote de 29.600 municiones anti-tumulto calibre 12/70 que apareció en un depósito de la policía boliviana en las inmediaciones de La Paz, y el tercer material probatorio que se detectó fue una suerte de recibo que había sido confeccionado por oficiales de la policía, precisamente para darle ingreso a las balas y granadas de gas lacrimógeno.


 

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Fuerte repudio a Bullrich por un video filmado en el lugar donde se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado


Tras un video difundido por la exministra de Seguridad desde el sitio donde se encontró el cuerpo del joven, funcionarios del gobierno repudiaron el manejo de la administración Macri durante la búsqueda y los familiares de Santiago exigieron que se reabra la investigación.


 

Funcionarios del gobierno repudiaron este lunes el contenido de un video difundido por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, filmado en el lugar donde se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado, mientras la familia del artesano pidió que se reabra la investigación sobre el caso del joven que fue hallado muerto luego de estar desaparecido durante 78 días tras una represión ejecutada en agosto de 2017 por agentes de la Gendarmería en Chubut.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, juzgó que el Estado, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Judicial, “hizo todo mal” en relación a la desaparición y posterior aparición sin vida de Santiago Maldonado durante el gobierno de Mauricio Macri, y sostuvo que esa gestión, “en vez de ayudar y acompañar” a la familia, “trabó la búsqueda” y se dedicó luego a “armar operaciones” y “espiar”.

Además, consideró “una falta de respeto hacia la familia y hacia la víctima” al video difundido en las últimas horas por la titular del PRO y exministra de Seguridad, filmado en el lugar donde fue hallado el cuerpo del joven, en el que Bullrich celebra que “la verdad” haya triunfado sobre lo que definió como “el relato kirchnerista”.

“Santiago estuvo 78 días desaparecido y el Estado hizo todo mal, tanto la Justicia como el Poder Ejecutivo, que tenía la responsabilidad a través de los operativos de buscarlo, y no solo no hizo eso, sino que ensució y trabó la búsqueda”, reflexionó Pietragalla Corti, cuando se cumplen cuatro años de aquel hecho.

En declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, el funcionario nacional criticó la respuesta que dio el gobierno de Macri y su ministra de Seguridad a la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Santiago.

“En vez de abrazar a la familia, ayudarla y acompañarla en ese momento de dolor, se encargaron de armar operaciones en los medios de comunicación y los espiaron”, dijo.

Santiago Maldonado desapareció el 1° de agosto de 2017, tras una violenta represión de Gendarmería en la Lof en resistencia Cushamen, Chubut, y su cuerpo sin vida fue encontrado 78 días después, el 17 de octubre, en el Río Chubut, 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez.

El video de Bullrich

En el marco del cuarto aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, Bullrich visitó el lugar donde se encontró el cuerpo sin vida del joven artesano y filmó un video que publicó en las redes sociales.

La exministra de Seguridad había respondido a una publicación que la secretaría de Derechos Humanos de Nación hizo en alusión a los cuatro años de la desaparición de Maldonado con un video en el que dice que lo ocurrido con Santiago fue producto de “un relato kirchnerista” pero que “la verdad triunfó”.

“He logrado venir a este lugar a recordar esos 78 días durísimos que vivimos, pero logramos defender la verdad”, finalizó Bullrich en el video.

“La ética de estos (ex) funcionarios es muy baja. Especulan políticamente y están permanentemente en campaña”, consideró Pietragalla Corti sobre la actitud de la titular del PRO y destacó que “es un día en el que tenemos que llegar a la reflexión de qué fuerza (de seguridad) queremos”.

El pedido de la familia de Santiago

En tanto, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, dijo que el caso del joven artesano “está abandonado en el fondo de un placard” y exigió reanudar la investigación sobre su desaparición seguida de muerte.

“Hace cuatro años Santiago servía electoralmente y ahora está abandonado en el fondo de un placard. Lo único que queremos saber es qué le pasó. No tenemos ni una investigación ni una reconstrucción de lo que pasó el 1° de agosto de 2017 y la causa está paralizada”, reclamó Sergio Maldonado en diálogo con AM 750.

En la misma línea, el secretario de Derechos Humanos, planteó la necesidad de que “la Justicia avance y diga qué pasó”, con Santiago y consideró que el papel de los magistrados “estuvo muy lejos de estar a la altura de una situación compleja como la que se denunció el primer día de la desaparición de Maldonado”.

Para Pietragalla Corti, “desde el primer momento, la mirada del Poder Judicial era contra los mapuches” y “no había ningún tipo de sospechas sobre los gendarmes” que participaron del operativo.

“Eso era consecuente con lo que se estaba viviendo en ese momento, asociado a la represión y a la violencia institucional que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri en manos de Patricia Bullrich”, agregó el funcionario y recordó que el día que apareció el cuerpo y la familia estaba velando a Santiago, “le estaba entrando una bala a Rafael Nahuel”, víctima de la Prefectura Naval.

“Era un accionar consecuente con una política bautizada doctrina Chocobar a la que no queremos volver más”, sentenció Pietragalla Corti.

En la misma línea, agregó: “No queremos que ningún argentino pierda la vida en manos de las fuerzas de seguridad”.

“A Santiago le arrebataron la vida y lo siguen bastardeando de una manera tan básica y con tanto odio después de cuatro años”, enfatizó Sergio Maldonado.

En este sentido, arremetió contra la entonces ministra de Seguridad, por “usar todo el aparato del Estado y ahora de un partido político y un ejército de trolls” para “instalar que se ahogó solo”.

“Me genera mucha indignación y bronca, de estar completamente solo”, indicó Maldonado, en referencia al video difundido ayer por la dirigente del PRO.

“Ayer estuve en el lugar donde apareció Santiago y el día estaba soleado. En el video (de Patricia Bullrich) se veía nublado, por lo que dudo que haya sido de ayer”, finalizó Sergio Maldonado.

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, sumo su voz de repudio a Bullrich, al considerar que la actitud de la exministra de Seguridad con su video fue “despreciable”.

“La construcción que tenemos que hacer nosotros es desde el amor y con respecto a los derechos humanos, así que esas actitudes me resultan muy despreciables; expresan lo peor del ser humano”, dijo este lunes Bauer en declaraciones a radio Provincia.

Al recordar este lunes a Santiago Maldonado, a 4 años de su desaparición, Bauer expresó que las declaraciones de la exministra de Seguridad demuestran “lo peor del ser humano”.

“Todas esas actitudes de afrenta, de odio se profundizaron en estos tiempos de pandemia”, completó.

 
 

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La ministra Frederic apunta al gobierno de Macri por el “contrabando agravado de armas a Bolivia”


La ministra de Seguridad dijo que hay que “mirar para arriba y el costado” para determinar qué sucedió con las municiones enviadas para apoyar el golpe de Estado. Advirtió que Mauricio Macri quiere frenar el sumario a los gendarmes.


 

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que “la responsabilidad por lo sucedido está por arriba de la Gendarmería” y llamó a “no cortar el hilo por lo más delgado” al referirse al envío a Bolivia de municiones y pertrechos en noviembre de 2019, en los días en los que se llevó a cabo el golpe de Estado en ese país, que está investigando el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart.

“Miremos para arriba y para el costado también”, remarcó en una entrevista que publica este domingo el diario Página/12, en la que la funcionaria dio detalles del sumario administrativo iniciado a efectivos de la Gendarmería que participaron de la operatoria para trasladar el material represivo a La Paz.

En relación al sumario a los gendarmes, sobre el cual contó que “tiene por lo menos un mes y medio más para que termine”, advirtió que el expresidente Mauricio Macri “quiere frenarlo” porque con el avance de las investigaciones internas “ellos (por Macri y su abogado defensor, Pablo Lanusse) pierden el control de lo que ahí surge como evidencia y eventualmente como prueba”.

Consultada en particular por las 70.000 municiones anti-tumulto que formaron parte del envío de pertrechos, remarcó que de todo el material que se cargó en el avión Hércules C-130 para ir a Bolivia “vuelve todo menos lo que sale como complemento: 70.000 cartuchos 12/70 (de munición anti-tumulto para Itaka), 100 spray de gas pimienta, 61 granadas CN, 200 granadas CS y 400 granadas HC”.

“Los spray junto con las municiones tienen egreso porque están en una nota proforma de la Gendarmería, pero las 61 granadas CN, 200 granadas CS y 400 granadas HC tienen una anotación que dice ‘no embarcado’. Ahí hay una cuestión que está siendo analizada en el sumario de la Aduana porque no está muy claro finalmente qué es lo que embarcaron y qué no. De todo eso vuelven 160 granadas CS y 360 granadas HC”, detalló Frederic.

Aunque el sumario administrativo sigue su marcha, la ministra consideró confirmado que “esas municiones (los 70.000 cartuchos 12/70) no iban a proteger a la embajada y a la residencia” y recordó que esa hipótesis, precisamente, “fue la excusa que se usó para mandarlas a Bolivia”.

Además, contó que los integrantes del grupo Alacrán (cuerpo de elite de la Gendarmería) “que viajaron en el vuelo del Hércules manifiestan haber visto los pallets con las municiones, como las deben haber visto los tripulantes de la Fuerza Aérea que estaban en el vuelo”, y de ese modo reafirmó que los gendarmes “viajan con este armamento y con las municiones”.

Frederic afirmó también que al arribar a Bolivia los integrantes de la Gendarmería “se dividen en dos grupos de 5 y 6 respectivamente” y que el primer contingente se dirigió “a la embajada (argentina en La Paz)” mientras que “otro grupo a la residencia del embajador”.

Sumario interno

La funcionaria reveló que como consecuencia del proceso sumarial interno hay “cuatro gendarmes en disponibilidad”, por lo cual están “sin función” y cobran “aproximadamente el 50 por ciento del salario”, mientras que en relación al cargamento transportado en el avión Hércules ratificó que los efectivos declararon que “con ellos a la embajada y a la residencia no fueron las 70.000 municiones, ni iban a ir”.

“No iban a ir porque es una cantidad que no hubieran podido usar tampoco”, puntualizó y agregó que “en el manifiesto de carga del vuelo no constan las 70.000 municiones anti-tumulto”.

En otro tramo de la entrevista, Frederic insistió en que además de los gendarmes bajo actuación administrativa, porque el sumario interno no se limita a los cuatro que fueron pasados a disponibilidad, “hay otros involucrados, o que serían responsables”, y en ese sentido señaló que efectivos de la “Fuerza Aérea” y “agregados” (efectivos de las FFAA que actúan en embajadas en el Exterior, como la representación argentina en La Paz).

“Hay que ver cómo fue la relación entre la Fuerza Aérea Boliviana y la embajada (argentina en La Paz). ¿A través de quién fue? Cuando digo involucrados, quiero decir que fueron parte. Pueden ser testigos, no necesariamente responsables directos, pero que han sido parte de esta operatoria que fue muy compleja”, añadió al referirse a integrantes de las Fuerzas Armadas que actuaron como agregados diplomáticos en La Paz.

Y en el mismo sentido, destacó: “Los agregados son asesores del embajador que tienen la función de articular con, respectivamente, la policía de cada país y las Fuerzas Armadas de cada país. No tienen autonomía del embajador ni de su propia institución”.

Por último, Frederic consideró que la reunión que mantuvo el comandante de Gendarmería Adolfo Caliba con la policía boliviana el 17 de noviembre de 2019 en La Paz no fue una iniciativa personal sino que respondía a “un requerimiento que venía de la Argentina”.

“Acá hay muchas áreas del Estado intervinieron para poder sacar esas 70.000 municiones de la forma que salieron del país, sin la intervención del Congreso”, señaló y en el mismo sentido exhortó: “La decisión tiene que haber venido de otro lado. Eso no los exime a los gendarmes, pero no cortemos el hilo por lo más delgado. Miremos para arriba y para el costado también”.

 
 

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Ministra Frederic: “Está comprobado que el material enviado a Bolivia fue comprado por Bullrich”


Se encontró mucha documentación e incoherencia entre la información documentada que dejaron la gendarmería y el entonces ministro de Defensa Aguad.  “Esas inconsistencias permiten ratificar esta denuncia de contrabando agravado” explicó Frederic.


 

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que hay “mucha documentación” en la investigación del envío de material represivo por parte gobierno de Mauricio Macri, cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, y remarcó que “está comprobado” que el armamento anti tumulto encontrado en los depósitos del país andino fue comprado por la ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich.

“Hemos encontrado mucha documentación y también incoherencia entre la información documentada que dejó la gendarmería y el (ex Ministro de Defensa, Oscar) Aguad. Esas inconsistencias son datos que permiten ratificar esta denuncia de contrabando agravado”, sostuvo este viernes en dialogo con la radio online Futurock.

Esta semana el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa “26.900 municiones de las 70.000 de fabricaciones militares anti tumulto” encontradas en los depósitos de la policía, que corresponderían al material enviado desde Argentina.

“Ya está comprobado que son de la partida que compró Patricia Bullrich para el G20 en 2018”, puntualizó la ministra.

También respondió a Bullrich, quién afirmó que Frederic debía informar “qué hizo” con este envío y remarcó que cuando el hecho ocurrió “ni siquiera sabía que iba a ser ministra” y se encontraba trabajando en Bogotá.

“Bullrich dijo eso cuando todavía no se sabía que estábamos presentando la denuncia, después de la presentación no volvió a hablar más del tema, porque está claro que todo ocurrió entre el 11 y el 13 de noviembre”, de 2019, recordó.

Y completó diciendo que la ex ministra “tiene en claro que se tiene que guardar y encontrar argumentaciones para la justicia”.

“Ya no es una declaración de que digo lo que me parece y le echo la culpa a alguien que no tiene nada que ver, así desvió un poco la atención. Me parece que está complicado porque hay mucha documentación que los hace responsables, si sabían y si no sabían también”, agregó.

Por otra parte sostuvo que todavía se desconoce “qué pasó con las 40.000 municiones” que fueron agradecidas por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, al exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, ambos en funciones en el momento de la operación.

“Entendemos que habrían ido 40.000 a las fuerzas armadas de Bolivia y 30.000 a la policía, eso parece ser el acuerdo que existió”, explicó la ministra y agregó que en la denuncia también consta “un ocultamiento de este envió” porque todo aquello que iba a ser desviado “no fue consignado en el manifiesto de carga del Hércules”.

Por otra parte, destacó que por la envergadura del material “no hay manera de que pudiera haber salido de manera legal” y recordó que Macri “en su momento apoyó (el golpe que derrocó a Morales) y ratificó la presidencia de Jeanine Áñez”.

“Había un apoyo explícito, ideológico-político a ese régimen, pero contar con el apoyo del Congreso para enviar municiones le hubiera resultado bastante complicado. No creo que hubiera sido posible hacer esto de una manera legal”, comentó.

Por último, destacó que se trata de “una investigación compleja” porque abarca a “mucha gente” y que en ese marco ya hay cuatro “integrantes de la gendarmería de alto rango que pasaron a disponibilidad”.

“El proceso está en curso, arrancó hace 10 días y ya hay un instructor asignado y pedidos de explicación, pero somos muy cuidadosos con la información que damos, porque es un proceso disciplinario que, de interferir con él, va a haber una contaminación que no va a ser provechosa”, sintetizó.

 
 

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La Aduana Argentina es querellante en la causa por “contrabando agravado” de armamento a Bolivia durante el gobierno de Macri


El  expediente  por el envío irregular de armamento y material represivo en apoyo al golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019 lo tramita el juez Javier López Biscayart, ante quien el organismo entregó este jueves documentación requerida en la causa.


 

La directora general de Aduanas, Silvia Traverso, confirmó este viernes que ese organismo se presentó como querellante en la causa que investiga el envío de armas del Gobierno de Cambiemos a Bolivia durante el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019, mientras la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que “está comprobado” que el material encontrado en depósitos del país andino fue comprado durante la gestión de su antecesora, Patricia Bullrich.

El expresidente de Bolivia, por su parte, destacó que “con todo lo que hizo (el expresidente, Mauricio) Macri desde la Argentina se confirma totalmente los planes del golpe”, y manifestó que se trata del “Plan Cóndor Siglo XXI”.

Traverso dijo en declaraciones a FM La Patriada que la Aduana se presentó “como querellante” en la causa judicial que lleva adelante el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart a raíz de una denuncia realizada por el Gobierno nacional, y manifestó que tiene “una obligación” de hacerlo “en causas de contrabando agravado.”

“El bien jurídico afectado es el control aduanero, somos víctimas de esta maniobra”, explicó la funcionaria y dijo: “Iniciamos una información sumaria para definir si hubo responsabilidades de nuestro personal”.

En ese sentido, manifestó que también se está haciendo “una auditoría interna de los procesos”.

La ministra de Seguridad de la Nación, por su parte, sostuvo en declaraciones a la radio Futurock que “hemos encontrado mucha documentación y también incoherencia entre la información documentada que dejó la Gendarmería y el (exministro de Defensa, Oscar) Aguad”.

“Esas inconsistencias son datos que permiten ratificar esta denuncia de contrabando agravado”, destacó la funcionaria.

En tanto, fuentes judiciales informaron que el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart ya tiene en su poder documentos oficiales que acreditarían que en la supuesta maniobra de contrabando ilegal de armamento a Bolivia en 2019 estuvieron involucrados funcionarios de la más alta jerarquía del Gobierno de Cambiemos, como los exministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad).

El escenario probatorio se completa con las investigaciones administrativas realizadas hacia el interior de los ministerios que habrían estado involucrados en la maniobra, lo que incluye las declaraciones de los gendarmes del comando Alacrán que viajaron a Bolivia y los altos mandos de la fuerza aérea que estuvieron al tanto de cómo se cargó el avión Hércules C-130 donde se presume que se trasladó el armamento.

 

 

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El Gobierno Nacional amplió la denuncia por contrabando agravado de material represivo para el golpe de Estado a Bolivia


El eje de la presentación está puesto en la reconstrucción del camino de las municiones argentinas encontradas en un galpón de la Policía Boliviana y en la demostración documental de que se habría alterado el manifiesto de carga del avión Hércules que llevó a los gendarmes en 2019.


 

El Gobierno nacional amplió la denuncia ante el fuero Penal Económico por el supuesto contrabando agravado de material bélico al Estado Plurinacional de Bolivia durante los días en los que se llevó a cabo en ese país el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales, informaron fuentes oficiales.

El eje de la presentación está puesto en la reconstrucción del camino de las municiones argentinas encontradas en un galpón de la Policía Boliviana y en la demostración documental de que se habría alterado el manifiesto de carga del avión Hércules que llevó a los gendarmes en 2019, para ocultar el envío del material anti tumulto.

Voceros del gobierno nacional confirmaron además que la Dirección General de Aduanas se constituirá como querellante en el expediente por presunto contrabando agravado que tramita ante el juzgado a cargo del magistrado Javier López Biscayart, que habilitó la feria judicial para el tratamiento de este expediente.

La ampliación de la denuncia lleva las firmas de Sabina Frederic, ministra de Seguridad; Mercedes Marcó del Pont, Administradora Federal de Ingresos Públicos; y Martin Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos y fue presentada ante el juzgado a cargo de López Biscayart.

La presentación judicial incluye las fotografías y la documentación sobre el material hallado en los depósitos de la Policía Boliviana: se trata de 26.900 cartuchos de perdigón de goma; 28 gases aerosol; 19 gases aerosol; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y 2 granadas tipo béisbol; material producido por Fabricaciones Militares en Argentina.

“De acuerdo a los remitos de entrega de Fabricaciones Militares, se conoció que el lote de municiones AT 12/70 encontradas en Bolivia (Lote Nº08/2018) fue comercializado a Gendarmería Nacional en noviembre de 2018”, se consignó en la denuncia.

“Esto significa que las municiones recibidas por la Policía Boliviana no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería, a través del desvío de una parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia”, se indicó.

La denuncia

En la denuncia se señaló además que parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como “guantes”, dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido.

Para los denunciantes, según la información aportada esta tarde al expediente judicial “corrobora así que dicho material no fue destinado a proteger la Embajada Argentina en Bolivia, como se declaró originalmente y que tampoco se utilizó en ´ejercicios de entrenamiento’, como se intentó encubrir después”.

La ampliación de la denuncia también incorpora la documentación de vuelo de los registros del Ministerio de Defensa, en donde consta únicamente el material que Gendarmería, solicitó el 11 de noviembre de 2019, pero no la carga “adicional” que solicitó el día 12, es decir, el material contrabandeado: las 70.000 municiones 12/70 AT y las granadas de gas.

Sin embargo, otro hallazgo evidencia que la Fuerza Aérea, dependiente del Ministro de Defensa y del Presidente de la Nación (en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas) sí estaba en conocimiento de esa “carga extra”: ese mismo 12 de noviembre de 2019, el jefe del Grupo “Alacrán” de la Gendarmería, Fabián Manuel Salas, envió una nota formal a la Fuerza Aérea Argentina, haciéndole saber que se añadía a la carga del vuelo los 70.000 cartuchos calibres 12/70 AT, los gases lacrimógenos y las granadas de mano.

“Esta nota evidencia que el ministro de Defensa tenía cabal conocimiento del traslado de ese material adicional, posteriormente desviado. Y el hecho de que esa información no conste de ningún modo en ninguno de los documentos obrantes en el Ministerio de Defensa demuestra la maniobra de ocultamiento perpetrada por el propio ministro, ya que, según otro informe de la propia fuerza, ´el vuelo fue ordenado por el entonces ministro de Defensa (Oscar Aguad) en forma verbal´”, según surge de la denuncia.

Otro de los ejes de la denuncia pasa por la supuesta presencia del comandante de Gendarmería, Adolfo Héctor Caliba, en la pista de aterrizaje del Alto, en Bolivia, la madrugada en la que llegó el Hércules C-130 con los pertrechos bélicos y los Alacranes.

Ese mismo comandante informó a través de una comunicación oficial, enviada el 17 de noviembre, al entonces director nacional de la Gendarmería Nacional Argentina, Gerardo José Otero, sobre una reunión realizada ese día en donde “el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock”, según surge de la denuncia.

Finalmente, el escrito incorpora un listado de 15 pruebas documentales y solicita 5 medidas de prueba, y resalta que “la gravedad del hecho es mayúscula: las autoridades de control aduanero del Estado Nacional fueron engañadas por la máxima autoridad estatal -el exPresidente de la Nación, Mauricio Macri- y altos funcionarios de su gabinete”.

Caliba quedó también en la mira de la Comisión Parlamentaria Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia que solicitará acceder a su legajo, porque se sospecha que se desempeñó en áreas vinculadas en inteligencia y que pudo haber participado de los movimientos preparativos del golpe acaecido en Bolivia.

 
 

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Bolivia dio detalles sobre el armamento enviado ilegalmente por el Gobierno de Macri durante el golpe de Estado


El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, confirmó que ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros, lo que constituye “tráfico ilícito de municiones”.


 

El ministro detalló que el material fue trasladado a las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019 a la Embajada argentina en Bolivia para que, una vez allí, “personal uniformados de Argentina realizaran la entrega a la policía boliviana”.

“Estos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones, de proyectiles de granadas para la policía boliviana. Gran parte también fue entregada a la fuerza aérea de Bolivia y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fueron utilizados en la masacre de Sacaba y Senkata”, completó Del Castillo en el marco de la conferencia de prensa en la que también estuvieron el Jefe de la Policía, Johnny Aguilera, y el embajador Ariel Basteiro.

“Lo que ha cometido el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el General Jury Calderón y el embajador de Argentina en Bolivia del Gobierno de Macri, es trafico ilícito de armas y esto está penado en nuestro país con 30 años de presidio sin derecho a indulto”, destalló este lunes el ministro.

“El comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el General Jury Calderón y el embajador de argentina en Bolivia del Gobierno de Macri han vulnerado los artículos 6, 26, 28 y 29 de la ley 400 y los artículos 49 y 50 del reglamento de la misma ley y también el artículo 26de ese cuerpo normativo”, sintetizó el ministro.

Además, sostuvo que la cantidad de material no autorizado encontrado es diferentes a las que el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros le agradeció en una nota al ex embajador argentino Normando Álvarez García y a los datos recolectados en Argentina.

“Esto nos hace presumir que las fuerzas armadas recibieron más material que aún no ha sido constatado”, subrayó y agregó que el material encontrado en bóvedas “no fue utilizado en las masacres”, pero no descartó que haya sido destinado a la fuerza aérea.

“Continuaremos con las investigaciones para saber qué sucedió con el faltante que ingresó de manera ilegal”, completó.

Durante su exposición, el ministro mostró imágenes de los elementos que ingresaron de manera ilegal y en algunas de las cajas se encontraba el sello de la Gendarmería argentina.

En tanto, en otra fotografía se podía ver cómo, “de manera dolosa y malintencionada, habrían tratado de esconder municiones en una bolsa de cuero” bajo el rótulo “guantes”.

Plan continental de represión

Por otra parte, el ministro denunció que existió “un plan continental para reprimir al pueblo boliviano” a través del pedido de apoyo de material bélico a Argentina y Ecuador que podía anticiparse desde el 24 de julio del 2019 cuando el Gobierno del expresidente Donald Trump habló “de un supuesto fraude electoral sin prueba alguna”.

“Esto le demostró a la comunidad internacional y al pueblo boliviano que ya se tenía un manual para un presunto golpe de Estado en nuestro país”, dijo.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponderían al envío de material represivo por parte gobierno de Mauricio Macri cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y confirmó que se trata de “tráfico ilícito de municiones”, un crimen penado con 30 años de prisión en ese país.

Allí confirmó además que en noviembre de 2019 “ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros” a Bolivia, y se informó que ya se han “se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía” que son parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería argentina pidió sacar del país con el argumento de defender la embajada argentina en el Estado Plurinacional.

 
Bolivia dio detalles sobre el armamento enviado por el Gobierno de Macri
 

En ese contexto, precisó: “En el Hércules c130 argentino venia munición y armamento autorizado por el pueblo boliviano que cumplía con todos los mecanismos solicitados, no obstante llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas”.



 
 

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El Presidente Fernández convocó a los argentinos a unirse “contra la impunidad”, a 27 años del atentado a la AMIA


“En memoria de cada uno de ellos y en honor a quienes perdieron a sus seres queridos, debemos unirnos contra la impunidad”, manifestó en su cuenta de Twitter Alberto Fernández.


 

El presidente Alberto Fernández convocó este domingo a los argentinos a unirse “contra la impunidad”, al cumplirse 27 años del atentado terrorista que el 18 de julio de 1994 destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y que fue recordado por la agrupación “Memoria Activa” con un acto virtual en homenaje a los 85 muertos y más de 300 heridos.

“A 27 años del atentado a la AMIA, los familiares de las 85 víctimas continúan firmes en su reclamo de verdad y de justicia”, publicó el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.

Y añadió: “En memoria de cada uno de ellos y en honor a quienes perdieron a sus seres queridos, debemos unirnos contra la impunidad”, junto a la una foto donde se ve la pared del frente del edificio con el nombre de las víctimas fatales.

Además, dirigentes de todo el arco político recordaron el atentado con un renovado reclamo de verdad y de justicia. Ministros, funcionarios, gobernadores, senadores, diputados, intendentes y varios candidatos que competirán en las elecciones expresaron su sentir por el aniversario.

 
 

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Ministro “Wado” de Pedro apuntó a Graciela Ocaña por el Plan Qunita: “La judicialización frenó un programa que salvaba vidas”


En una serie de tuits publicados en su cuenta oficial, el ministro del Interior apuntó contra la diputada nacional Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) porque fue la autora de la denuncia judicial que “paralizó el programa”.


 

El sobreseimiento de todos los procesados en la causa del Plan Qunita por inexistencia del delito volvió a visibilizar el programa puesto en marcha hace exactamente 6 años por Cristina Fernández de Kirchner para evitar la mortalidad infantil por colecho, una de las políticas de inclusión social de aquel Gobierno que luego fue desactivada por la administración de Mauricio Macri.

Este viernes, el Tribunal Oral que debía juzgar a 18 procesados por supuestos delitos en el llamado Plan Qunita de provisión de kits para recién nacidos sobreseyó a todos los acusados, al hacer lugar a un pedido fiscal por inexistencia de delito.

“La judicialización de la política frenó un programa que salvaba vidas. Hasta esa denuncia, el programa había disminuido la mortalidad infantil en un 8,5%”, evaluó tras la decisión judicial el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro en su cuenta de Twitter.

La decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal 8 benefició a exfuncionarios kirchneristas como Aníbal Fernández, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak -estos dos últimos actuales autoridades de Salud bonaerenses-, entre otros, y a empresarios que proveyeron los insumos para el kit.

Los jueces Adrián Grunberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron además levantar los embargos que había dictado en el caso el fallecido juez federal Claudio Bonadio.

El Tribunal resolvió dictar los sobreseimientos luego de un contundente dictamen de la fiscal de juicio Gabriela Baigún, quien demolió la denuncia original de la diputada Graciela Ocaña y -en base al análisis de dos pericias contables- concluyó que no hubo perjuicio para el Estado, aseguró que no fue direccionada la licitación y subrayó que el kit cumplía con el objetivo de lograr “un comienzo de vida equitativo”.

“Pesará sobre su conciencia tamaña maniobra de especulación electoral y persecución judicial, que le costó la vida a miles de bebés de las familias más humildes de la Argentina”, agregó De Pedro en su posteo de las últimas horas, donde apuntó contra la “falsa denuncia” de Ocaña que paralizó el programa.

En los seis meses que funcionó el plan nacional para reducir la principal causa de mortalidad infantil entre los sectores de menores recursos -el colecho- se distribuyeron 74.408 kits a 289 maternidades en todo el país, de los cuales 43.600 (un 60 por ciento del total repartido) fueron entregados a las familias.

Durante el Gobierno de Cambiemos, al compás del retiro del Estado en el diseño de las políticas públicas, algunas de esas iniciativas fueron desactivadas sin más y otras quedaron reducidas a su mínima expresión.

“Se perdió la vida de niños que fallecieron y se ensució un proyecto político y sanitario. Ese fue el objetivo”, expresó Gollan, uno de los sobreseídos, esta mañana en declaraciones a AM 750, en las que calificó de “farsa” la denuncia iniciada por Ocaña.

“La única prueba que se presenta es la de una denunciante serial, Graciela Ocaña, que jamás ha hecho una ley que le sirva a nadie. La prueba que ofrece es que ella con su tía fue a Once y encontró mejores precios entre algunos de los artículos que incluía el kit”, explicó el ministro de Salud de Axel Kicillof.

Otro de los sobreseídos, el hoy viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo -en declaraciones a radio Diez- que “es bueno saber que todas las mentiras se caen, aunque se perdió mucho tiempo, dinero, se perjudicaron miles de familias”.

“Ocaña llegó a decir que se desfondaban las cunas (que venían en el kit), cuando se trata de una cuna que va apoyada en el piso. No sé, a no ser que haya un agujero negro en el piso”, ironizó y calificó a la exministra de Salud como una “mentirosa profesional”.

“El plan no solo reducía la muerte súbita por el colecho sino que las madres tenían que hacer controles y eso también redujo la maternidad infantil”, destacó Kreplak.

En la investigación judicial, la fiscalía “entendió que la nueva prueba incorporada a la causa” permitía “descartar que la Licitación Pública Nacional nº 4/2015 hubiera generado un perjuicio económico al Estado Nacional, como así también que el procedimiento licitatorio hubiera estado direccionado en favor de las empresas adjudicatarias”, según recordó el Tribunal en su fallo.

Además, la fiscal mencionó que, si esos peritajes técnicos y contables que ordenó el Tribunal Oral se hubiesen realizado durante la investigación del caso, éste no habría llegado a etapa de juicio.

Las unidades del programa Qunita estaban compuestas por un moisés de fácil armado, un conjunto de ropa, blanquería, sonajero, libro de instrucciones, libritos de cuentos, cremas y hasta preservativos, pero el objetivo central era reducir el colecho, que se produce principalmente en hogares humildes, donde habitualmente el bebé duerme con los padres, lo que suele provocar muertes por asfixia.

 
 

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Nilda Garré: “Es absolutamente imposible que Bullrich desconociera el envío de armas” para el golpe de Estado a Bolivia


La exministra de Defensa consideró que si bien existía “un grupo comandado” por el director nacional de Gendarmería, Gerardo José Otero, “es imposible” que el envío no se haya llevado a cabo con “un aval muy fuerte desde lo más alto”.


 

La exministra de Defensa, Nilda Garré, consideró como algo “absolutamente imposible” que Patricia Bullrich como titular de la cartera de Seguridad de Mauricio Macri no estuviese al tanto del envió de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

“Es absolutamente imposible que Patricia Bullrich no haya organizado ese envío. Además tenía mucha imaginación y audacia para hacer maniobras ilegales”, remarcó Garré en dialogo con la radio AM 750.

La exdiputada nacional destacó que si bien existía “un grupo comandado” por el director nacional de Gendarmería, Gerardo José Otero, “es imposible” que el envío no se haya llevado a cabo con “un aval muy fuerte desde lo más alto” del Ministerio que entonces encabezaba la actual titular del PRO.

“Eran 70 mil cartuchos para la defensa de la Embajada (argentina en Bolivia) es una locura. Se trata de un edifico, una casa. Tampoco se entiende porque mandaron diez personas del grupo Alacrán porque no es una unidad que use este tipo de armas antitumulto. Ellos usan munición letales y tienen formación militar”, detalló.

En ese sentido destacó que se trata de “una incongruencia de tal magnitud que si no fuera tan terrible parecería una burla” y recordó que ya fue desmentido “el disparate” de que las municiones hubieran sido usadas en un entrenamiento.

“Eran municiones para entregar como colaboración, por eso viene después el agradecimiento”, completó.

En tanto, la ex ministra sostuvo que los hechos son de “una gravedad inusitada” y que ya existen pruebas de que el gobierno de Ecuador también colaboró y aún esta investigándose la participación de las administraciones de Chile y Brasil.

“Es absolutamente inconcebible el armado de una internacional de golpe de estados con los movimiento de derecha en varios países latinoamericanos para derrotar lo que ellos llaman gobiernos populistas”, detalló.

Por último consideró que la figura del ex jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, se encuentra “oscurecida” ya que no está mencionado en la causa a pesar de haber sido “un hombre de suma confianza” del expresidente Macri.

 
 

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