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El Gobierno nacional prorrogó hasta el 28 de febrero el cierre de fronteras para extranjeros no residentes


| Pandemia | Fronteras. El Gobierno dispuso la medida en el contexto de prevención por la pandemia de coronavirus venció este sábado y de esta manera seguirá vigente hasta fin de mes.


 

|El Gobierno nacional prorrogó este lunes, hasta el 28 de febrero, el cierre de fronteras para extranjeros no residentes, cuyo plazo venció este sábado, en el marco de las medidas de prevención por la pandemia de coronavirus.

La medida fue dispuesta por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por decisión administrativa 44 y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

En los considerandos de la norma, se fundamenta la prórroga en que el Ministerio de Salud de la Nación “ha formulado un nuevo informe a través del cual se recomienda el mantenimiento y la adopción de nuevas medidas preventivas en resguardo de la salud pública”.

La decisión administrativa abarca a los “vuelos directos que tengan como origen o destino el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ante el nuevo linaje en la secuenciación de muestras locales, respecto al ingreso de personas”.

El Ministerio de Transporte, a través de la Administración Nacional de Aviación Civil, será el encargado de “ampliar o reducir la nómina de países, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional”.

En tanto, la medida establece además que la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, “determinará y habilitará los pasos internacionales que resulten adecuados para el ingreso al territorio nacional de nacionales o extranjeros residentes en el país y extranjeros no residentes que sean parientes directos de ciudadanos argentinos o residentes, y para el egreso de las personas del territorio nacional y la individualización de los supuestos de excepción”.

La decisión administrativa estipula que la “autoridad sanitaria de acuerdo a la situación epidemiológica existente en origen y/o destino podrá, de conformidad con la normativa dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria, pautar obligaciones a los operadores de transporte, transportistas y tripulantes, incluyendo establecer su testeo para determinar que no sufren de COVID-19, previo al ingreso al país, u otras que estime pertinentes”.

Asimismo, fija que la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Salud “coordinarán las acciones necesarias para determinar los cronogramas de vuelos y la cantidad de pasajeros y pasajeras que ingresarán en forma paulatina y diaria al país, especialmente a través de vuelos provenientes de Estados Unidos, México, Europa y Brasil, manteniendo reducidas las frecuencias de vuelos de pasajeros a los 3 primeros destinos en un 30% y a Brasil en un 50%.

La medida le da la facultad a la Administración Nacional de Aviación Civil de poder “ampliar, disminuir o eliminar tales porcentajes de reducción, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional”.

Además, se “recomienda a los nacionales o extranjeros residentes en el país, y, en particular, a los mayores de 60 años de edad o a personas pertenecientes a los grupos en riesgo definidos por la autoridad sanitaria, diferir sus viajes al exterior, cuando los mismos no respondieran al desarrollo de actividades esenciales”.

“La salida y el reingreso desde y hacia el país -precisa la norma- implicará la aceptación de las condiciones sanitarias y migratorias del país de destino y de Argentina al regreso, asumiendo las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de la misma; tal y como la imposibilidad de iniciar el viaje con síntomas compatibles con COVID-19, la necesidad de contar con un servicio de salud del viajero COVID en el exterior para la cobertura médica y/o aislamiento, y de denunciar los lugares en donde estuvo en los últimos 14 días previos al reingreso al país, entre otros”.

Asimismo, deberá “darse cumplimiento a las condiciones impuestas por la autoridad sanitaria nacional y someterse al control de las autoridades provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, en sus respectivas jurisdicciones y ámbitos de su competencia”.

Se aclara que las “medidas y restricciones dispuestas o que se dispongan por la presente decisión administrativa y por las restantes autoridades en el marco de sus competencias en el marco de la normativa de emergencia sanitaria, podrán ser revisadas periódicamente por las instancias competentes enunciadas en cada caso, de modo de prevenir y mitigar la COVID-19 con la menor interferencia posible al tránsito internacional”.

     
 

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El Gobierno nacional postergó hasta el 12 de marzo la suba en el impuesto a los combustibles


| Combustibles | Boletín Oficial. De esta manera, se detuvo por diez días otro incremento de hasta 5,2% en las naftas y el gasoil que debía regir desde el 1° de marzo.


 

|El Gobierno postergó hasta el 12 de marzo próximo la suba en el impuesto a los combustibles prevista para el 1° de marzo, debido a “las circunstancias actuales y la necesaria estabilización de los precios”.

A través del decreto 35/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se indicó que “el incremento en los montos de impuesto correspondiente al cuarto trimestre de 2020, surtirá efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, desde el 12 de marzo de 2021”.

El Gobierno atribuyó la postergación a “las circunstancias actuales y la necesaria estabilización de los precios”.

De esta manera, se detuvo por diez días otro incremento de hasta 5,2% en las naftas y el gasoil que debía regir desde el 1° de marzo.

El 16 de enero último, la petrolera YPF dispuso un aumento de precios del 3,5% promedio de sus combustibles, lo que incluye el ajuste diferencial por el incremento del componente impositivo de la nafta y el gasoil.

Este aumento incluye el incremento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) del 7,7% que entró en vigencia a partir del 15 de enero, según lo dispuesto por el Gobierno.

     
 

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El gobierno nacional determinó que las tarifas de luz y de gas permanecen congeladas hasta el 15 de marzo del 2021


| Tarifas congeladas | Luz & Gas. Mediante un decreto, el gobierno nacional dispuso la extensión del plazo y estableció el inicio del proceso de la renegociación de la revisión de las tarifas. Los detalles.


 

|El gobierno nacional determinó que las tarifas de luz y de gas permanecerán sin cambios hasta el 15 de marzo del año próximo, y ordenó el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) vigente.

Así lo hizo a través del Decreto 1020/2020 publicado en el Boletín Oficial, que prolonga “por un plazo adicional de 90 días”, es decir hasta el 15 de marzo próximo, “el plazo de mantenimiento de las tarifas de energía eléctrica y gas natural establecido en el artículo 5 de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, prorrogado por el Decreto 543/20 desde su vencimiento”.

En tanto, al disponer el inicio de la renegociación tarifaria, la norma establece que “el plazo no podrá exceder los dos años, debiendo suspenderse hasta entonces, los acuerdos correspondientes a las respectivas RTI vigentes con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores”.

Esta revisión es la correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica, y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.

Asimismo, el decreto define que “el proceso de renegociación culminará con la suscripción de un acta acuerdo definitiva sobre la RTI, la cual abrirá un nuevo período tarifario según los marcos regulatorios”.

También, encomienda al Enargas y al ENRE “la realización del proceso de renegociación de las respectivas revisiones tarifarias, pudiendo ampliarse el alcance de la renegociación conforme a las particularidades de cada sector regulado”.

Además, señala que “dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.

En los considerandos del Decreto 1020/2020 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo sostiene que “las tarifas de ambos servicios no resultaron justas, ni razonables ni transparentes, conforme los resultados de las auditorías y revisiones llevadas adelante por el ENRE y el Enargas”.

También remarca que “resulta conveniente establecer un régimen tarifario de transición como una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como para las licenciatarias y concesionarias”.

Este régimen deberá “tener como premisa la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales”.

“Se inaugura una nueva etapa del servicio público de gas por redes”, aseguró el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal.

En este sentido, destacó que “el Presidente (Alberto Fernández), en función de los resultados de la revisión y auditoría realizadas por el Enargas y el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), decidió elegir el camino de la renegociación tarifaria y suspender las tarifas heredadas del gobierno anterior”.

“Alberto nos pidió trabajar sin descanso para tener tarifas justas, razonables y que se puedan pagar; tarifas promotoras del desarrollo”, remarcó Bernal.

A criterio del Gobierno, según lo indica el decreto publicado, la renegociación “dará por inaugurado un nuevo período tarifario con tarifas justas y razonables, accesibles y asequibles”.

El decreto actual también prorroga la intervención de los dos entes, incluyendo mandas y designaciones, por el plazo de un año desde su vencimiento, fijado para el 31 de diciembre próximo; o hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria dispuesta por el presente, lo que ocurra primero.

Además, precisa que, durante la vigencia de la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Edenor y Edesur.

   
 

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El Gobierno Nacional oficializó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago


| CONGELAMIENTO | Alquieres, desalojos y créditos UVA. Los decretos 766/2020 y 767/2020, los detalles de la prórroga del congelamiento de alquileres, suspención de desalojos y las cuotas de créditos UVA.


 

|El Gobierno oficializó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Lo hizo a través de los decretos 766/2020 y 767/2020 publicados este viernes en el Boletín Oficial.

El primero de ellos extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.

Las norma prorrogó hasta febrero de 2021 el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago.

Por otra parte, se extendió la mediación obligatoria por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad.

En tanto, el segundo de los decretos prolongó el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios UVA para vivienda única hasta el 31 de enero próximo, con lo que seguirá vigente el de marzo cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país.

También dispuso suspender las ejecuciones hasta la misma fecha, sean “hipotecarias, judiciales o extrajudiciales”.

La norma además alcanza a los “lanzamientos ya ordenados” y que no se hubiesen llevado a cabo.

Al mismo tiempo, estableció que las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y deban pagarse entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 no podrán superar el valor determinado en un esquema de convergencia elaborado por el Poder Ejecutivo.

En tanto, se dispuso que hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35% de sus ingresos actuales.

Además, las instó a “contemplar situaciones especiales debidamente acreditadas que deriven en una variación de los deudores/codeudores considerados”.

En otro punto, se fijó que las deudas que pudieren generarse desde el 1 de octubre próximo y hasta el 31 de enero de 2021, originadas en la falta de pago o por pagos realizados fuera de plazo o por pagos parciales, podrán ser convertidas a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y refinanciadas a pagar a partir de la finalización del cronograma vigente del préstamo, en cuotas que no podrán superar la cuota original del préstamo.

Por otro lado, estableció que, de aplicarse intereses compensatorios, estos no deberán exceder la tasa de interés del préstamo original.

Finalmente, la norma publicada este viernes determinó que las deudas acumuladas previstas en el Decreto 319/2020 podrán ser refinanciadas, y agregó que “las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte deudora”.

       
 

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El Gobierno nacional dispuso una serie de pautas para la adquisición de las vacunas contra el coronavirus


| PANDEMIA | Vacunas. A través de la Decisión Administrativa 1721/2020, que fue publicada la noche de este viernes en un suplemento del Boletín Oficial, estableció los principios que se tendrán que tener en cuenta para realizar las compras directas de las dosis.


 

|El Gobierno nacional dispuso una serie de pautas para la adquisición de las vacunas contra el coronavirus y estableció los principios que se tendrán que tener en cuenta para realizar las compras directas de las dosis, entre ellos la necesidad de propiciar que “se cuente en el menor plazo posible con la cantidad suficiente” destinada a generar inmunidad en la población.

Así lo estableció a través de la Decisión Administrativa 1721/2020, que fue publicada la noche del viernes en un suplemento del Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Gines González García.

“A fin de efectuar la adquisición directa de vacunas para generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en los términos del artículo 2°, inciso 6 del Decreto N° 260/20, el Ministerio de Salud de la Nación deberá ajustarse a los principios generales establecidos en la presente normativa”; dice el artículo 1 del texto legal.

En el artículo 2 se establece que “las contrataciones que se realicen deberán ajustarse” a una serie de “principios generales”; entre los que menciona: “razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado, transparencia en los procedimientos, y publicidad y difusión de las actuaciones”.

Asimismo, entre esas pautas, menciona la “responsabilidad de los y las agentes y funcionarios públicos y funcionarias públicas que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones, y la asignación de prioridad para los criterios de seguridad sanitaria y de eficiencia y eficacia en los tiempos de los distintos desarrollos por sobre criterios económicos”.

Finalmente, la norma habla de la necesidad de “propiciar que el Estado nacional cuente en el menor plazo posible con la cantidad suficiente de dosis de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19”.

“Desde el inicio de las actuaciones y hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden”, señala la decisión firmada por Cafiero.

Asimismo se dispone que “las actuaciones por las cuales tramiten las adquisiciones deberán ser remitidas a la Auditoría General de la Nación para que, en caso de considerarlo oportuno, pueda realizar una intervención concomitante”.

También indica que los contratos previstos “podrán ser financiados en forma indistinta, total o parcialmente, por el Tesoro Nacional o mediante préstamos de organismos internacionales”.

En los considerandos de la medida, se señala que “a la fecha existen 146 vacunas candidatas en fase preclínica y 36 en fase clínica que utilizan una gama de plataformas tecnológicas producidas por un importante número de fabricantes en todo el mundo que afrontarán un nivel de demanda global en un entorno de suministro limitado, lo cual requiere tomar medidas excepcionales para asegurar el acceso oportuno”.

Sostiene además que “para la selección del proveedor o de los proveedores se deberá priorizar la seguridad sanitaria, la inmediatez en la provisión y los criterios de eficiencia y eficacia en los tiempos de los distintos desarrollos que se encuentran en marcha”.

     
 

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El Gobierno Nacional promulgó la Ley de Alquileres: “los principales puntos y las nuevas reglas para los contratos de locación”


| LEY DE ALQUILERES | Principales puntos. Los principales puntos de la ley aprobada el 11 de junio, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos.


 

|El Gobierno promulgó este martes la Ley de Alquileres -sancionada el 11 de junio por la Cámara alta-, que establece nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos, como el aumento de los años de duración de los convenios y la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario.

La Ley 27.551, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, quedó promulgada a través del Decreto 580/2020, publicado en el Boletín Oficial. Había sido aprobada por 41 votos del oficialismo y sin la presencia de la oposición.

Los puntos principales de la nueva legislación

• El mes anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler, respectivamente.

• El reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler.

• El plazo mínimo del contrato se amplía de dos a tres años, con las excepciones del artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación.

• Aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición quedan a cargo del locatario. Las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.

• Los gastos a cargo del locador pueden ser compensados por el locatario con el importe de los alquileres, previa notificación fehaciente.

• La intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.

• En cuanto a la garantía, el locatario debe proponer al menos dos alternativas entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos, etc.).

• Sobre el valor de la garantía, el locador no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces.

• Respecto a la actualización monetaria/indexación, la nueva ley excluye a los contratos de locación de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad 23.928.

• En la fijación del valor de los alquileres solo se admiten ajustes anuales, que deben seguir un índice conformado en partes iguales por el IPC (índice de precios al consumidor) y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).

• Se establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la AFIP.

• Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal; entre ellas: la especial consideración de las personas en situación de violencia de género, la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles.

• Se dispone el desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.

     
 

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El Gobierno Nacional prorrogó hasta fin de año el congelamiento de tarifas y la prohibición de cortes de servicios


| CONGELAMIENTO DE TARIFAS | Prórroga. El gobierno nacional extendió el plazo hasta fin de año y precisó que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable no podrán disponer la suspensión o el corte en caso de mora o falta de pago.


 

|El gobierno nacional prorrogó hasta fin de año el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, determinado en la Ley de Emergencia Social, que regía hasta este mes, como así también la disposición que prohíbe interrumpir la provisión de los servicios ante la falta de pago por parte de usuarios.

En este sentido, el Decreto 543/2020 publicado en el Boletín Oficial amplió de tres a seis las facturas impagas consecutivas o alternas, que un usuario podrá acumular sin que la empresa de cualquiera de los servicios pública pueda interrumpir el suministro.

El decreto precisó que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020.

Los incluidos son los beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE); de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, actualmente en $ 16.875; monotributistas sociales; y jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos SMVM.

Además, están comprendidos los monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo; los que perciben seguro de desempleo; los electrodependientes; las empleadas domésticas y los exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Además, en uso de la atribución conferida por el artículo 5° de la Ley 27.541, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso ampliar por otros 180 días, hasta fin de este año, la vigencia del congelamiento de las tarifas de servicios públicos.

Asimismo, el decreto prorrogó hasta el 28 de junio próximo, la obligación de las prestadoras de brindar un servicio reducido que garantice la conectividad, a los usuarios que cuentan con sistema de servicio prepago de telefonía móvil o Internet que no abonaren la correspondiente recarga para acceder al consumo.

       
 

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Desde este lunes el uso de tapabocas será obligatorio en el transporte público de todo el país


| USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS | Según el Boletín Oficial deberán usarlo los pasajeros del transporte público en todo el territorio nacional.


 

|El uso obligatorio de tapabocas en los servicios de transporte de pasajeros en todo el país y en la provincia de Buenos Aires para espacios públicos, espacios privados de acceso público y autos particulares, comienza a regir mañana como un elemento más de prevención para contener el avance de la pandemia del nuevo coronavirus.

“Establécese el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para las personas que permanezcan o circulen en los servicios de transporte de pasajeros por automotor y ferroviario de jurisdicción nacional a partir del día 20 de abril de 2020”, indicó la resolución 95/2020 publicada ayer en el Boletín Oficial.

La medida tendrá vigencia mientras se mantengan las recomendaciones sobre la necesidad de practicar el distanciamiento social por la pandemia de coronavirus, indicó el texto firmado por el ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni.

La resolución aconsejó “al resto de las jurisdicciones a adherirse a la medida que estará vigente hasta que duren las políticas de prevención relacionadas al distanciamiento social”.

En tanto, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof también dispuso el uso obligatorio de tapabocas “para espacios públicos, espacios privados de acceso público, transporte público y autos particulares”.

La subsecretaría de Transporte provincial precisó que “para circular en transporte público, ferroviario, taxis, remises y servicio de delivery, es obligatorio el uso de tapaboca y nariz” y advirtió que “taxistas y remiseros que circulen por territorio bonaerense deberán usar tapabocas y llevar solo un pasajero”.

“En tanto en los vehículos particulares podrán viajar dos personas, sentadas separadas un metro entre sí” y “quienes circulen en motovehículo deben usar tapabocas y nariz, llevar el casco cerrado, viajar sin acompañantes y desinfectar el manillar de la moto”, añadió la Subsecretaría.

También desde este lunes será obligatorio el uso de tapabocas en la ciudad de Córdoba para todos aquellos que transiten en la vía pública. mientras que para el transporte público rige desde ayer.


 

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El ministerio Salud autorizó la prescripción y venta de medicamentos con recetas digitales


| RECETA DIGITAL | Boletín Oficial. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 696/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial.


 

|El Ministerio de Salud de la Nación autorizó hoy la prescripción y la venta de medicamentos mediante la presentación de recetas en formatos digitales, mientras dure la medida de aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus.

La decisión, que fue oficializada mediante la Resolución 696/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, abarca medicamentos piscotrópicos, medicamentos para pacientes con tratamiento oncológico o con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), y “cualquier otro medicamento que se utilicen bajo receta, excluidos los estupefacientes”.

Para que la receta en estos formatos tenga validez deberá reunir algunos requisitos como ser: “una foto de la receta con membrete del centro asistencial o del profesional prescriptor manuscrita o con letra imprenta de ordenador o receta electrónica del financiador que permita identificar al profesional prescriptor”.

También debe cumplir con las previsiones dispuestas en la Ley Nº 25.649 de Promoción de la Utilización de Medicamentos por su Nombre Genérico y estar firmada “de puño y letra o con firma digital, cumpliendo con las exigencias de la Ley N° 25.506 en el caso que corresponda y estar membretada con los datos del profesional o del financiador permitiendo identificar unívocamente al prescriptor”.

La receta debe, además, contar con sello con nombre, apellido y número de matrícula del profesional, que de no figurar en el membrete por ser de un centro asistencial deberá ser legible. “Esta exigencia regirá si se firma digitalmente, aunque se tenga membrete siempre que no figure como epígrafe en la receta digital del financiador”.

Para que sea aceptada, la receta debe tener fecha posterior a la entrada en vigencia del Decreto Nº 297/2020, contener los datos completos del paciente al que se prescribe (nombre, apellido y documento) e incluir la leyenda “RECETA DE EMERGENCIA COVID -19”.

Finalmente, no se podrán prescribir unidades que superen el tratamiento mensual crónico y se prevé que la validez “no superará los SIETE (7) días corridos desde el día de la prescripción para su presentación a la efectiva dispensa”.

La resolución establece que la selección de la farmacia para la provisión del medicamento “será potestad del paciente” y recuerda que debe ser cercana al domicilio donde realiza el aislamiento.

En tanto, los profesionales que prescriban deberán habilitar registro denominado “Libro prescriptor bajo COVID-19”, donde colocarán los datos establecidos en un anexo de la resolución.

Finalmente, se informa que aquellos pacientes que tengan en su poder recetas en formato de papel, podrán utilizarla en un plazo de 90 días desde su fecha de prescripción; en tanto que el médico podrá prescribir en formato de papel los medicamentos de los tres próximos meses de tratamiento para facilitar que no tenga que concurrir al consultorio.


 

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El Gobierno prorrogó por 10 años la vigencia de las pensiones graciables


| PENSIONES GRACIABLES | Prórroga. Una prórroga por 10 años, a partir de sus respectivos vencimientos, dispuso el gobierno nacional para las pensiones graciables otorgadas y que hubieran caducado o caduquen durante el presente ejercicio.


                                                                         

|La medida se adoptó a través del decreto de necesidad y urgencia 193 que se publica hoy en el Boletín Oficial, y que incorpora diversas disposiciones complementarias a la prórroga del Presupuesto 2019.

El Gobierno prorrogó por 10 años la vigencia de las pensiones graciables.

Tales prórrogas tendrán vigencia en la medida en que el beneficiario no sea titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a $ 250.000, y siempre que no tenga vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el legislador solicitante de la pensión.

Los beneficios, además, no podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a una jubilación mínima.

Tales pensiones serán compatibles con cualquier otro ingreso, siempre que la suma total de estos últimos no supere dos jubilaciones mínimas.

En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de las personas con discapacidad, las incompatibilidades serán evaluadas en relación con sus padres/madres, cuando ambos convivan con el menor.

En caso de padres/madres separados/as de hecho o divorciados/as, las incompatibilidades sólo serán evaluadas en relación con el/la progenitor/a titular de la responsabilidad parental.

En todos los casos se mantendrá la continuidad de los beneficios hasta tanto se comprueben fehacientemente las incompatibilidades mencionadas, y en ningún caso se procederá a suspender los pagos de las prestaciones sin previa notificación o intimación para cumplir con los requisitos formales que fueren necesarios. 

     
 

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