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Los principales puntos del proyecto de ampliación de la moratoria impositiva que ingresó al Congreso Nacional


| “MORATORIA IMPOSITIVA” | La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación, amplía el alcance de la Moratoria 2020 creada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, para aliviar la carga de las deudas acumuladas durante la pandemia del Covid-19.


 

|Amplía el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas para ofrecer alivio, pudiendo regularizar sus deudas los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

•La deuda exigible en materia impositiva, previsional y aduanera que no está regularizada y que puede ser considerada dentro de una ampliación de moratoria es de $281.700 millones, entre personas físicas y jurídicas. El monto total asciende a $500.000 millones al sumar los planes de regularización vigentes.

•Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020

•Será posible adherirse hasta el 31 de octubre de 2020.

•Primera cuota vence el 16 de noviembre.

•Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras.

•Los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social.

•Condonación parcial de intereses y total de multas.

•Tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos (se reformularán los planes ya ingresados a la moratoria para que esa sea la tasa).

•Permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (sólo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).

•Establece condiciones para las empresas de mayor tamaño. Durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

     
 

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La Ley de presupuesto 2021 priorizará la producción, las pymes y un sistema impositivo más simple


| Ley de Presupuesto 2021 | Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo envió al Congreso el documento que contiene los anticipos de la ley de presupuesto, que tendrá cuatro ejes centrales: estabilidad macroeconómica; dinamismo productivo e infraestructura; bienestar e inclusión social y género, y diversidad y justicia.


 

|La recuperación de las fuerzas productivas tras la caída sufrida por la pandemia de coronavirus, la estabilidad de los precios, la flotación administrada del tipo de cambio, el fomento de las pymes y contar con un sistema impositivo progresivo y simple, son algunos de los objetivos fijados por el Gobierno nacional en el avance del proyecto de Presupuesto 2021 enviado al Congreso.

El Poder Ejecutivo Nacional envió en las últimas horas al Congreso el documento que contiene los anticipos de la ley de presupuesto, en el marco de los plazos establecidos que se completará a mediados de septiembre con los objetivos de gastos y recursos, como lo establece la Ley de Contabilidad y de Administración Financiera.

De hecho, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero viene manteniendo reuniones con los ministros de cada área para que informen los detalles de la políticas de cada cartera así como de los recursos que se requerirán para implementar esas medidas.

En el primer tramo del informe de 51 páginas, se hace un diagnóstico de la endeble situación económica que existía al asumir el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre pasado, que luego se agravó con la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas para enfrentar la crisis sanitaria, económica, financiera y previsional.

También informa sobre la ejecución presupuestaria hasta el 31 de mayo -ya incluido en los informes de la Oficina Nacional de Presupuesto-, y la recaudación tributaria y previsional de los primeros meses del año, que tuvieron una caída como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El documento señala que las prioridades de la política económica en 2021 tendrán cuatro ejes centrales: estabilidad macroeconómica; dinamismo productivo e infraestructura; bienestar e inclusión social y género, y diversidad y justicia.

Con respecto a la política monetaria y cambiaria, el objetivo será la estabilidad de precios y el fomento de la producción para lo cual se buscará tener una administración de la tasa de interés, una “regulación prudencial” del mercado de cambio.

En ese sentido, el Gobierno señaló que uno de los desafíos “será el régimen de flotación administrada del tipo de cambio, que deberá ser eficaz a la hora de evitar fluctuaciones y atrasos recurrentes, para seguir construyendo un mercado cambiario más robusto a partir del fortalecimiento de iniciativas macroprudenciales destinadas a suavizar los ciclos alcistas y bajistas en los mercados financieros”

Sobre la política tributaria la meta es lograr tener una estructura tributaria “más simple, moderna y eficaz” que permitan tener un sistema impositivo progresivo que permita el desarrollo de la producción, la formalización de empleos y aumentos de las exportaciones.

En materia de política productiva, la principal meta será dar impulso a las mipymes a través de de programas de financiamiento de la producción y en ese contexto se propone dar fuerte impulso al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y al Fondo de Garantías Argentino (FoGar) para facilitar el acceso al financiamiento productivo en sectores estratégicos para el desarrollo económico nacional.

También se buscará potenciar aquellas industrias que tuvieron una fuerte caída en la pandemia, como la turística, de la cultura y el entretenimiento. En política energética, se buscará asegurar el abastecimiento y garantizar a toda la población el acceso equitativo, entre otras cuestiones.

     
 

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La Bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional seguirá la actividad de las escuchas judiciales


| CONGRESO NACIONAL | “Escuchas judiciales”. La decisión fue tomada a través de una Resolución Conjunta firmada por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner; y su par de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.


 

|La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación será la encargada de hacer seguimiento de las escuchas ordenadas por el Poder Judicial para la investigación de delitos complejos.

El documento fue emitido a fin de cumplir un convenio firmado entre el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia el 29 de septiembre de 2016.

Según ese documento, el Poder Legislativo ejercería el seguimiento de las actividades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial.

Hasta la firma de la Resolución Conjunta de ambas Cámaras, esa tarea no tenía responsable directo.

     
 

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Diputados aprobó el proyecto para regular el teletrabajo y lo giró en revisión al Senado


| TELETRABAJO | Giro al Senado. La iniciativa sumó 214 votos a favor, uno en contra y registró 29 abstenciones.


 

|La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría y giró en revisión al Senado un proyecto de ley que regula el teletrabajo, en el que se establecen los presupuestos mínimos que contemplan los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empresarios.

La iniciativa fue votada favorablemente por 214 legisladores, que integran las bancadas del Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.

En tanto, 29 diputados decidieron abstenerse en la votación: 21 del PRO, tres de la Coalición Cívica, los dos de la izquierda y los de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodriguez, del Justicialismo Andres Zotto y de Producción y Trabajo, Marcelo Orrego. En tanto, el macrista Francisco Sánchez votó en contra.

El proyecto establece los presupuestos mínimos de la modalidad de teletrabajo y cómo garantizar los derechos laborales, tanto en lo que respecta a la definición de una jornada como al derecho a desconexión, o lo que hace a mantener la intimidad del domicilio y la posibilidad de poder revertir esa modalidad y volver al sistema presencial.

Los diputados que se abstuvieron plantearon la falta de beneficios y plazos para las pymes para poder instrumentar ese esquema de trabajo y que sea compartida la posibilidad de revertir el teletrabajo.

También se determina que las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las que cumplen tareas presenciales.

Además, se establece que la jornada deberá ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, de conformidad con los límites legales y convencionales, tanto en lo que respecta a las tareas desarrolladas fuera de línea como aquellas que se hacen en línea.

Otro punto clave del proyecto aprobado es que se incorpora la perspectiva de género, ya que se establece que la jornada laboral del teletrabajo de las mujeres con niños pequeños o adultos mayores debe adecuarse a esa situación.

La presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, dijo que “hay un interés social de que el tema del teletrabajo se regule” y destacó que “la intención es que se proteja a la parte más débil”, de la relación laboral, en referencia a los empleados.

En su discurso como miembro informante del proyecto, Siley señaló: “Con esta legislación se busca regular un régimen de trabajo que hoy se nos vino encima por la pandemia, pero que ya existía. Muchos diputados habían intentado que se trate”.

En tanto, el vicepresidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Albor “Nicki” Cantard, destacó el acuerdo alcanzado con el Frente de Todos sobre el tema y señaló que se buscó que la norma “sea lo menos reglamentaria posible” para que los gremios y empresarios acuerden aspectos puntuales en los convenios colectivos.

Como miembro informante de la oposición, el diputado santafesino dijo que “hay dos grandes problemas que son la desocupación y que el 40% de los empleados no están registrados, por lo cual si le damos los instrumentos, las pymes podrán contratar trabajadores y eso va a redundar en beneficio de todos los argentinos”.

El diputado del Frente de Todos y sindicalista Facundo Moyano aseguró que en el proyecto se establecieron “derechos básicos” para que luego las convenciones colectivas puedan definir cuestiones puntuales de cada actividad.

El sindicalista de la CTA y diputado oficialista Hugo Yasky expresó el “orgullo” de parte de “todos los que fuimos parte de la construcción de un proyecto de ley, que podrá ser perfectible, pero cubre un vacío legal para aquellos que ya realizan teletrabajo”.

El jefe del bloque de la Coalición Civica, Maximiliano Ferraro, señaló que “esta no es la mejor ley que nos hubiera gustado, creemos que estamos perdiendo oportunidades importantes a la hora de incorporar esta modalidad. Pero es el juego del Parlamento, de las mayorías y las minorías, la posibilidad de construir la mejor ley posible; faltan muchas cosas incorporar, pero esta modalidad es la mejor ley posible que hoy podemos votar”.

Desde la izquierda, Nicolás del Caño (FIT) señaló que “más allá de que estamos a favor de legislar para que los trabajadores no sigan quedando a merced de las patronales, acá el diablo metió la cola y vemos varios puntos problemáticos”. Y mencionó que la izquierda no está de acuerdo, por ejemplo, en el segmento que permite “establecer una jornada laboral por objetivos”.

     
 

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Máximo Kirchner presentó un proyecto para crear una campaña nacional de donación de plasma


| DONACIÓN DE PLASMA | “Campaña de concientización”. El presidente del bloque del FdT de la Cámara de Diputados presentó la iniciativa que promueve la creación de una campaña nacional para la promoción de la donación, proveniente de pacientes recuperados de Covid-19.


 

|El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentó hoy un proyecto de ley para crear la Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus de todo el país.

La iniciativa estuvo acompañada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo; el titular de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (FdT); la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño y el presidente del interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca.

Además firmaron el proyecto, la vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO); las diputadas oficialistas Cristina Alvarez Rodríguez y Cecilia Moreau, del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag, y los legisladores del Frente de la Concordia Misionero Ricardo Wellbach, de Córdoba Federal Carlos Gutiérrez y de Juntos por Río Negro Luis Di Giácomo.

El proyecto promueve la creación de una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de la Covid-19 de todo el país.

Establece además una licencia especial para los y las donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que realicen.

En el mismo sentido, se los reconoce como “Ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la República Argentina”.

El proyecto también procura garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados de Covid-19, aptos para ser donantes de plasma y que no tengan los medios para realizarlo.

En sus fundamentos la iniciativa sostiene que “se hace imprescindible que sea la sociedad en su conjunto que ponga en valor la donación de quienes luego de haber pasado por una situación angustiante, cooperan para mejorar la calidad de vida de los demás.”

“El camino que emprendimos los argentinos y las argentinas en el combate contra este virus priorizando la vida es compartido por la inmensa mayoría de la sociedad. La salud es una prioridad y no debemos ahorrar en esfuerzos para conseguir que los argentinos y las argentinas tengan una mejor calidad de vida”, argumenta el proyecto elaborado por Kirchner.

     
 

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Santiago Cafiero brinda este jueves en el Congreso Nacional su primer informe de gestión y responderá más de 600 preguntas


| INFORME DE GESTIÓN | Jefatura de Gabinete. Esta será la primera vez que Cafiero se presente ante el Congreso, una obligación impuesta por la Constitución Nacional para que los jefes de ministros asistan de manera alternada, una vez por mes, a cada cámara.


 

|El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brindará el jueves su primer informe de gestión ante el Senado, cuyos integrantes ya enviaron por anticipado y por escrito algo más de 600 preguntas, la mayoría vinculadas con la pandemia de coronavirus, aunque también hay consultas sobre la investigación por el presunto espionaje cometido durante el gobierno de Mauricio Macri.

La sesión especial se iniciará a las 15 y, mientras el jefe de Gabinete estará presente en el recinto de sesiones, la mayoría de los legisladores escucharán el informe mediante videoconferencia desde sus provincias.

Sólo estarán en el Senado su titular, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y otras autoridades: la presidenta provisional, Claudia Abdala de Zamora; el vicepresidente, Martín Lousteau, el vicepresidente primero, Maurice Closs; y la vicepresidenta segunda, Laura Rodríguez Machado.

Esta será la primera vez que Cafiero se presente ante el Congreso, una obligación impuesta por la Constitución Nacional para que los jefes de ministros asistan de manera alternada, una vez por mes, a cada Cámara.

El último informe parlamentario presencial fue protagonizado por el funcionario que ocupó ese lugar durante el gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña, el 10 de abril del 2019.

Pese a que debía presentarse mensualmente, el ministro coordinador macrista se acogió desde ese momento a la potestad de enviar los informes por escrito.

La sesión especial del jueves se dará luego de los últimos dos debates en los que Juntos por el Cambio y sus aliados del peronismo disidente se retiraron en desacuerdo con la decisión del Frente de Todos de incluir proyectos de ley que no estaban vinculados con el coronavirus, como la ley de Alquileres.

Así las cosas, en su primera presentación ante la Cámara alta, Cafiero responderá unas 591 preguntas -que ya recibió en el último mes de parte de los senadores- y es probable que se sumen otras consultas durante el transcurso de su presentación.

El interbloque con mayor cantidad de preguntas fue el de Juntos por el Cambio: el radicalismo envió 255 y el PRO 151.

La única representante del Movimiento Neuquino, Lucila Crexell, aliada de la oposición, envió 76 preguntas, en tanto que el Frente de Todos sólo giró unas 51 preguntas.

De acuerdo con lo expresado desde Jefatura de Gabinete, originalmente la cantidad de cuestiones remitidas por la Cámara alta ascendía a 869, pero luego de su corrección y sistematización, el número final alcanzó las casi 600.

La mayoría de las consultas giran en torno a las políticas adoptadas a raíz de la pandemia de Covid-19, tanto para asistir a empresas, trabajadores, desocupados, jubilados y pensionados, como las medidas para el control de precios, la adecuación de las actividades educativas y la instrumentación de la aplicación Cuid.AR.

En cuanto a las áreas de gestión consultadas, los senadores solicitaron información para 32 organismos públicos entre ministerios, secretarías y otras entidades como la Anses, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Banco Central, el PAMI y el Enacom.

El Ministerio de Desarrollo Productivo fue el más requerido con 109 preguntas, seguido por Economía con 62, Salud con 51 y Educación con 48.

     
 

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El Presidente Fernández anunció la intervención de Vicentín y el envío de un proyecto de expropiación al Congreso


| INTERVENCIÓN – ESTATIZACIÓN | “Vicentín”. La iniciativa irá al Congreso para ser tratada. Forma parte de los mecanismos de rescate que planificó el Gobierno para la empresa agro-alimentaria.


 

|El presidente Alberto Fernández anunció hoy la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentín y anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

El jefe de Estado, en una conferencia de prensa brindada en la Quinta de Olivos, dijo que con esta decisión la Argentina está “dando un paso hacia la soberanía alimentaria”.

El Presidente precisó que todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro y que al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y es especialista en finanzas y en economía agropecuaria.

“Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción”, explicó Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Para el Presidente, la medida no sólo tendrá relevancia por la continuidad de la empresa sino que, aseguró, “le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”.

Fernández anunció la firma del DNU con la intervención de la empresa y a la vez anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de Ley de Expropiación de Vicentin para “declararla de utilidad pública”.

“Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, afirmó el mandatario al describir “un mundo post pandemia que va a poner a los alimentos en el centro de la discusión”.

Fernández señaló que la decisión busca “aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF” y resaltó el rol que tendrá en el análisis de situación de la empresa el nuevo Ceo de la petrolera nacional, Sergio Affronti, quien se encontraba presente al momento del anuncio.

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones.

En total, la deuda de Vicentín es de US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.


 

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“La Ley de Alquileres será sancionada la semana próxima” afirmó la senadora Fernández Sagasti


| LEY DE ALQUILERES | Senado de la Nación. “Se insistirá con el tratamiento, no se necesita los dos tercios y hay mayoría simple”, declaró la vicepresidenta del bloque de senadores del Frente de Todos.


 

|La vicepresidenta del bloque de senadores del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, aseguró que el proyecto de Ley de Alquileres será convertido en ley la semana próxima por mayoría simple, luego de que ayer no se tratara por el rechazo de la oposición a dar quórum.

“Se insistirá con el tratamiento de la Ley de Alquileres y de educación a distancia, no se necesita los dos tercios para la semana próxima y hay mayoría simple, así que le podremos dar respuesta a tanta gente que está esperando”, dijo la senadora a radio La Red.

La legisladora cuestionó al interbloque de Juntos por el Cambio por haberse desconectado este jueves de la sesión virtual en protesta por la decisión del oficialismo de incluir temas no vinculados a la pandemia.

“Es inentendible y se equivocaron; decidieron pensar en sus propios intereses y trabar la sesión, castigando a más de nueve millones de argentinos que estaban esperando la Ley de Alquileres”, agregó.

En ese contexto, explicó Fernández Sagasti, tampoco se podrá avanzar con el pliego de la designación de Daniel Rafecas como titular de la Procuración General de la Nación, que requiere dos tercios de los votos.

“El pliego ya está en el Senado y se buscan los consensos para que se ratifique, pero no veo que en lo inmediato se pueda avanzar”, consideró.


 

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La Bicameral de Inteligencia pedirá ampliación de la denuncia presentada por la AFI por presunto espionaje ilegal


| PIDEN AMPLIAR LA DENUNCIA | Bicameral de inteligencia. La Comisión Bicameral de Organismos y Actividades de Inteligencia que preside el diputado Leopoldo Moreau, sesionó de forma reservada, con la asistencia de 11 integrantes en forma presencial y los restantes tres legisladores de forma virual.


 

|La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso resolvió pedir una ampliación de la denuncia realizada por la titular de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre presunto espionaje ilegal a políticos y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri.

Además, decidió constituir una subcomisión para investigar la denuncia de un ex funcionario del Ministerio de Defensa por un supuesto atentado en su contra. La comisión, que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, sesionó de forma reservada en el Salón “Delia Parodi” del Congreso nacional con la asistencia de 11 integrantes en forma presencial y los restantes tres legisladores vía Skype, por lo que las decisiones del cuerpo se adoptaron con la plenitud de sus miembros. El encuentro tuvo lugar un día después de que Caamaño presentara una denuncia ante la Justicia por supuesto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante la gestión de Cambiemos. La comisión analizó ese expediente y elevó a la AFI un pedido de los legisladores representantes de la oposición para que Caamaño responda cómo se había accedido a los documentos con la lista de las víctimas de presunto espionaje. Las fuentes del Congreso advirtieron que “además de las personas que tienen notoriedad pública”, también aparecen entre las supuestas víctimas “nombres que no tienen la misma difusión ni el mismo impacto público, pero que son militantes de organizaciones como Nuevo Encuentro, Frente Grande y hasta empleados del Instituto Patria”. “Esto es más grave porque implica que no sólo se actuó sobre figuras públicas sino también sobre organizaciones políticas”, completaron los portavoces, que dijeron que se pidió a la AFI “ampliar” esa información. También se le requirió a la agencia de inteligencia que informe si el ex titular de ese organismo, Gustavo Arribas, “participaba de las reuniones” de la llamada “mesa judicial” del gobierno de Cambiemos. Además de Moreau, participaron de la reunión los legisladores Rodolfo Taihalde, Eduardo Valdés, Blanca Osuna, Oscar Parrilli y Gerardo Montenegro, por el oficialismo, y los opositores José Cano, Cristian Ritondo, y Sebastían García De Luca, entre otros. En declaraciones tras el encuentro, Moreau señaló que aún no se decidió “abrir una investigación especifica”, sino pedir una “ampliación” para “saber cómo fue el procedimiento por el cual se llegaron a constatar esas pinchaduras sobre correos electrónicos”. Por otra parte, el cuerpo decidió conformar una subcomisión para investigar la denuncia del ex subsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa José Luis Vila, quien dijo haber sufrido un atentado en su vivienda por parte de un “ex agente” de la AFI. Según relataron fuentes legislativas, Vila dijo que fue víctima de “amenazas y persecuciones” que concluyeron con un intento de atentado a través de la colocación de un artefacto explosivo en la puerta de su domicilio, en un hecho que fue sofocado por la Policía Federal. El ex funcionario de Defensa, que antes de ocupar ese cargo fue agente de la ex SIDE, atribuyó ese hostigamiento a “alguna revancha” en el organismo y consignó que un individuo investigado en una causa por presunto narcotráfico “mencionó” en sede judicial que “había sido contratado por gente de la AFI para llevar adelante el atentado frustrado”. La denuncia de la AFI por presunto espionaje generó el repudio de diferentes sectores políticos que aparecen mencionados entre las supuestas víctimas. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció que tiene pensado presentarse como querellante y admitió que “no fue una sorpresa” enterarse de la posibilidad de que la hayan espiado. Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se solidarizó con la ex diputada provincial Leticia Angerosa, que figura en la lista de presuntas víctimas de esa práctica, y pidió que la Justicia “esclarezca y castigue a sus autores”.
Cafiero con Caamaño Por otro lado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió hoy con Caamaño para ultimar los detalles de la convocatoria a la Comisión para la Reforma de la Ley de Inteligencia Nacional y sus posteriores modificaciones, que deberá convocar a distintas mesas de trabajo a representantes de otras instituciones de la administración pública, el Poder Legislativo e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Consultivo de la AFI.

 

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El Frente de Todos pide investigar la fuga de capitales. Fue formalizado por la Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa


| FUGA DE CAPITALES | Deuda Externa. Fue formalizado en la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa. El oficialismo fundamentó la medida en un informe del Banco Central según el cual entre 2015 y 2019, la fuga superó los 86.000 millones de dólares.


 

|El Frente de Todos (FdT) presentó este martes un pedido de informes al Banco Central y a las autoridades económicas para que se profundice la investigación sobre los responsables de la fuga de capitales registrada en el país durante el gobierno de Cambiemos.

El pedido fue formalizado este mediodía durante la reunión por videoconferencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, de la que participan legisladores de ambas cámaras parlamentarias de las distintas bancadas políticas.

El oficialismo fundamentó la medida en un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) según el cual entre 2015 y 2019 la fuga superó los 86.000 millones de dólares.

En representación del Frente de Todos, los senadores Oscar Parrilli y María de los Angeles Sacnún fueron los encargados de fundamentar el pedido de informes que trasldarán al BCRA y a distintos organismos públicos como la AFIP y la UFI (Unida de Información Financiera).

Parrilli aclaró que el objetivo es determinar responsabilidades en quienes fugaron divisas del país y en funcionarios de la última administración que habrían avalado esas maniobras. Nuestra intención es identificar claramente quiénes han sido los responsables de esta fenomenal fuga que hubo en estos tres años, y si fue excarcebada y alentada desde las más altas autoridades de Central y Economía para promocionar y desentenderse de las consecuencias negativas”, sostuvo Parrilli.

Sacnún también incluyó en la solicitud la necesidad de investigar el pedido de préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte del gobierno anterior, “un crédito, dijo, que ha traído consecuencias políticas y económicas muy importantes para la Argentina a nivel mundial”.

El diputado Rodolfo Tailhade consideró, por su parte, que la fuga, “estuvo amparada “por una desregulación del gobierno” de entonces pero advirtió que “eso no quita que se puedan haber generado delitos como tráfico de influencias y contra la administración pública”.

En ese sentido, el legislador del FdT enumeró una lista de ex funcionarios del BCRA como Luis Caputo, Alfonso Prat Gay, Migual Angel Gutiérrez, Luis María Blaquier, Marcelo Pedro Blanco, Pablo Pereyra Iraola, Carlos Andrés Rodríguez Lubary, como algunos de quienes deberían ser investigados por esos supuestos delitos.

La reunión de la Comisión Bicameral comenzó a las 11 conducida por el jefe de los senadores del oficialismo, José Mayans, y hasta esta tarde no habían hecho uso de la palabra miembros de la bancada opositora de Juntos por el Cambio (JxC), aunque hay varios legisladores como Luciano Laspina o Martín Lousteau anotados en la lista de oradores

En representación de la izquierda, los diputados Nicolás Del Caño y Romina del Plá -que asisten a la reunión como invitados ya que no forman parte de la comisión- reclamaron que se rechace el pago de una deuda a la que calificaron como “ilegal y fraudulenta”.


 

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