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El Consejo de la Magistratura pedirá a la Corte Suprema que revise diez traslados de jueces federales


| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | “Traslado de Jueces”. En un debate que enfrentó al oficialismo y la oposición, el cuerpo decidió consultarle al máximo tribunal sobre algunos movimientos que no cumplieron con el trámite constitucional.


 

|El Consejo de la Magistratura aprobó este jueves la revisión de diez traslados de jueces federales que no cumplieron con el trámite dispuesto en la Constitución, en una votación ajustada que enfrentó al oficialismo y la oposición.

La Corte Suprema deberá expedirse para ratificar el traslado de estos jueces, como hizo con casos anteriores, o por el contrario disponer que el Ejecutivo complete el procedimiento y eleve a consideración del Senado estas designaciones, según lo resuelto por el pleno del Consejo.

La cuestión había sido debatida largamente en la comisión de Selección del Consejo, a propuesta del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, quien elaboró un informe sobre todos los traslados que se realizaron desde 1998 hasta la actualidad.

Ustarroz advirtió tres tipos de traslados en la justicia: los que respetaban lo exigido por la ley, los que habían hecho alguna salvedad en las exigencias y los que carecían del acuerdo del Senado, entre estos últimos, los diez casos que serán revisados.

“Queremos echar luz sobre el instituto de los traslados, que entre 2015 y 2018, se hicieron muchos que no cumplen las reglas y no cumplen con el acto federal complejo que exige la Constitución”, dijo Ustarroz.

Desde el sector de la oposición, encabezada por el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Pablo Tonelli, se insistió en que el Consejo no tiene competencia para revisar los decretos presidenciales que ordenaron los traslados ya que estas decisiones generaron efectos y derechos que solo se podrían retrotraer con una sentencia que anule esos decretos.

“El dictamen carece de un objeto válido e útil”, argumentó Tonelli, en referencia al dictamen propuesto por el consejero Diego Molea para que esos diez nombramientos sean revisados por la Corte Suprema, dando vista al Poder Ejecutivo para una eventual elevación al Senado para que preste su acuerdo.

“La Corte es muy clara, nos marca una directriz muy clara: se necesita un acto federal complejo para designar jueces”, expuso Molea, representante del sector académico, ante sus pares en la reunión virtual que hoy desarrolló la comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial.

La reunión fue presidida por la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño, que habló de su incomodidad por encontrarse en la “ancha avenida del medio”, pero señaló sin ambigüedades que “los traslados se hicieron sin respetar el reglamento” y subrayó: “Nosotros sí tenemos competencia y estamos obligados a convocar a concurso en esos casos”.

Aclaró también que “jamás pondría” su voto “para poner o sacar a un juez” y explicó que sólo se está “consultando a la Corte sobre el traslado, su opinión respecto a estos diez casos y dándole vista al Ejecutivo”.

La diputada se refería a la interpretación de algunos sectores de la oposición, respaldada por algunos medios, en cuanto a que esta revisión tiene por objeto desplazar jueces federales de los expedientes que investigan casos de presunta corrupción.

Más allá de las interpretaciones, el Consejo definió en el plenario, por siete votos positivos -incluyendo el de Camaño- contra seis votos por la negativa, que los traslados de Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Skanata “no han completado el procedimiento constitucional”.

A partir de ahora, la Corte deberá expedirse para ratificar el traslado de estos jueces o disponer que el Ejecutivo complete el procedimiento y eleve a consideración del Senado esas designaciones.

     

 

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La Vicepresidenta Cristina Kirchner pide aval a la Corte para resolver si se puede sesionar por Internet


| SESIONES ON LINE | La encargada de hacer el trámite este martes será la directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, Graciana Peñafort, informaron fuentes parlamentarias.


|La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, decidió pedir a la Corte Suprema de Justicia una declaración de “certeza de constitucionalidad” para resolver si el Congreso puede sesionar por videoconferencia, a raíz del aislamiento social por el coronavirus.

“La vicepresidenta solicita a la Corte una declaración de certeza de constitucionalidad, mediante la cual se expida acerca de si es legal una sesión on line en aquellas materias que no puedan ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), como impuestos”, dijeron los voceros.

Los reglamentos de ambas Cámaras legislativas prohíben las sesiones no presenciales en el recinto parlamentario, por lo que cualquier votación mediante la utilización de medios virtuales correría el riesgo de ser declarada nula.

Además, una reforma reglamentaria debería ser votada de manera presencial por los dos tercios de los presentes en el recinto, algo que en la actual situación de distanciamiento social preventivo parecería difícil.

El requerimiento se elevará mañana ante el máximo tribunal con la intención de que la Corte se expida y resuelva si es legal o ilegal sesionar de manera on line. Asimismo, se pedirá que la respuesta de los magistrados se produzca con la mayor celeridad posible.

El pedido de certeza se enmarca en la decisión del oficialismo de sesionar con cuestiones que no pueden ser resueltas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo.

La Constitución Nacional impide los DNU para el dictado de normas vinculadas con cuestiones penales, impositivas o electorales.

El Frente de Todos pretende que en las próximas semanas pueda ser aprobado por el Congreso de la Nación un proyecto de ley que estaría por ser presentado hacia fines de esta semana y que busca gravar las grandes riquezas.

La iniciativa propondría crear un impuesto extraordinario sobre los patrimonios más altos, para generar los recursos que necesita el Estado para reforzar el sistema sanitario y la recaudación tributaria, ante la caída de la economía por el coronavirus.


 

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LA AJB RECLAMÓ A LA SUPREMA CORTE LA URGENTE ADOPCIÓN DE MEDIDAS INSTITUCIONALES | “Medidas urgentes frente a la crisis”


| CONDICIONES DE TRABAJO | Medidas urgentes frente a la crisis. La AJB reclamó a la Suprema Corte la urgente adopción de medidas institucionales frente al colapso que atraviesan el Fuero de Familia y los Juzgados de Paz Letrados. “Sólo en el período 2010-2018 se triplicó el número de procesos judiciales ingresados por protección contra la violencia familiar”


                                                                         

|Como parte del trabajo de denuncia que viene realizando la AJB sobre el deterioro de las condiciones laborales que se viene produciendo en ciertos sectores del Poder Judicial como consecuencia de la falta de adecuación de la cantidad de organismos y personal frente al incremento de la demanda de trabajo, el gremio realizó una presentación a la Suprema Corte exigiendo la adopción de medidas urgentes para dar solución a la crisis que atraviesa el fuero de Familia y los Juzgados de Paz que tienen competencia ampliada.

Para tener una idea de la magnitud del fenómeno de incremento de la liitigiosidad en el sector, sólo en el período 2010-2018 se triplicó el número de procesos judiciales ingresados por protección contra la violencia familiar, tanto en el fuero de Familia como en los Juzgados de Paz.

“Frente a este proceso de transformación en las características de la demanda de esos dispositivos, no se ha verificado una respuesta adecuada e integral por parte de la Suprema Corte, que permita garantizar la efectiva vigencia de los derechos y efectivo acceso a la justicia de quienes litigan en el fuero -principalmente mujeres de sectores vulnerables-, sin deteriorar las condiciones en que desarrollan sus tareas las y los empleados, peritos y funcionarios que sostienen diariamente su funcionamiento”, manifestó Pablo Abramovich, Secretario General de la AJB.

En la presentación realizada a la Suprema Corte la AJB propone que en el corto plazo se realicen las siguientes medidas:

I) Inmediata incorporación de nuevo personal administrativo, funcionarios y peritos en los Juzgados de Familia y Juzgados de Paz actualmente existentes, en la medida de sus posibilidades de infraestructura.

II) Creación de nuevos juzgados de Familia, cuya cantidad y distribución en el territorio de la Provincia sea consensuada en un ámbito de debate con participación de la organización sindical representativa de las y los trabajadores del fuero.

III) Habilitar la inclusión de la Asociación Judicial Bonaerense en el Consejo Consultivo de Violencia Familia y de Género creado por el Acuerdo 3690, así como en cualquier otra instancia institucional de abordaje de la problemática que proponga la Suprema Corte.

IV) Requerir el acceso a los resultados del análisis sobre el impacto en la salud de las y los trabajadores de los fueros de Familia y de Paz encomendado a la Dirección de Sanidad mediante la Resolución 439/19, con el objetivo de propiciar un abordaje conjunto de la salud laboral entre nuestro sindicato y la empleadora, retomando el diálogo abierto mediante la Resolución de la Suprema Corte 2516/12.

V) En coordinación con las autoridades de la Procuración General, fortalecer las estructuras y capacidades de las Defensorías Civiles en punto a garantizar el efectivo acceso a la justicia de los sectores vulnerables de nuestra provincia.

La presentación realizada fue acompañada por un documento elaborado por la AJB que analiza en profundidad las diferentes problemáticas del sector, y que se acompaña a esta nota en archivo adjunto.

     


 


 
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