El ministro de Economía, Sergio Massa, le presentó al Presidente un proyecto como parte de la estrategia para aumentar el superávit comercial a partir de mejorar condiciones de sectores estratégicos. El mismo tendrá vigencia a partir del 1° de enero. Seguir leyendo El Gobierno nacional considera implementar por decreto un régimen especial para exportación de petróleo
| Alquileres | Prórroga. La nueva normativa será publicada en el Boletín Oficial la próxima semana.
|El Gobierno extendió hasta el 31 de marzo próximo el congelamiento de los precios de alquileres, la prórroga de contratos y la suspensión de desalojos, que vencían a fines de enero.
La medida alcanza a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, aclaró la administración de Alberto Fernández.
Establece también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo de 2020.
El presidente de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz, consideró que con la extensión «no gana ni pierde nadie, y es un respiro en una situación económica grave, con inquilinos endeudados».
Muñoz reclamó «implementar medidas de desendeudamiento, control de ley de alquileres y empezar a discutir los precios de alquileres, que hoy no tienen relación con el valor fiscal».
| Pandemia | Decreto. El texto, que fue publicado en el Boletín Oficial, alerta que «existe alto riesgo sanitario y condiciones epidemiológicas» por coronavirus que «ameritan» por parte de los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires «adoptar medidas de limitación de la circulación».
|El decreto del Gobierno publicado en el Boletín Oficial alerta que «existe alto riesgo sanitario y condiciones epidemiológicas» por coronavirus que «ameritan» por parte de los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires «adoptar medidas de limitación de la circulación», cuando se cumplan parámetros sanitarios, precisados en la norma.
El texto, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Salud, Ginés González García, señala, en su artículo 2, que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño «deberán priorizar la limitación de la circulación en el horario nocturno».
En ese sentido, explica que a partir de la experiencia nacional e internacional «se ha podido establecer que las actividades que conllevan alto riesgo de transmisión son las que implican contacto estrecho prolongado en espacios cerrados con escasa ventilación o abiertos que involucran la concentración de personas».
El artículo 1, sobre Condición Epidemiológica y Evaluación de Riesgo, sostiene que «se define que existe alto riesgo sanitario y condiciones epidemiológicas que ameritan» por parte de los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad a «adoptar medidas de limitación de la circulación».
En ese sentido, indica que esas medidas se adoptarán cuando se cumplan dos parámetros de riesgo, «razón» e «incidencia», que deberán ser tenidos en cuenta por las autoridades provinciales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para decidir una eventual restricción de la circulación.
El parámetro de «razón» se da cuando «el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20 (es decir, que los casos aumenten un 20% de una quincena a la otra)».
Asimismo, el parámetro de «incidencia» se da cuando «el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes, sea superior a 150».
El artículo 2, sobre Nocturnidad, Situaciones que favorecen la circulación del virus, sostiene que «Observando la dinámica de la transmisión de los nuevos contagios del virus», las autoridades provinciales y de la Ciudad «con el objetivo de evitar situaciones que puedan favorecer su propagación, deberán priorizar la limitación de la circulación en el horario nocturno».
Al respecto, el decreto explica que «a partir de la experiencia nacional e internacional, se ha podido establecer que las actividades que conllevan alto riesgo de transmisión son las que implican contacto estrecho prolongado en espacios cerrados», con «escasa ventilación o abiertos que involucran la concentración de personas, dificultan el uso de tapabocas/ nariz y el mantenimiento de la distancia física».
El artículo 3 expresa que con el fin de colaborar «con el monitoreo de los indicadores» que menciona, el ministerio de Salud de la Nación «articulará con las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones».
Asimismo, el artículo 4, sobre Control y Cooperación, puntualiza que en los casos en los que los gobernadores o el jefe de Gobierno porteño adopten medidas que limiten la circulación de las personas, «podrán requerir al Ministerio de Seguridad de la Nación o a otras autoridades del Sector Público Nacional» cooperación para realizar controles en rutas, vías de acceso, espacios públicos y demás lugares estratégicos, para garantizar el cumplimiento de la medida.
El decreto, que consta de seis artículos, uno de ellos de forma, manifiesta, en el artículo 5, que sus disposiciones entran en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
| LEY DE ALQUILERES | Principales puntos. Los principales puntos de la ley aprobada el 11 de junio, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos.
|El Gobierno promulgó este martes la Ley de Alquileres -sancionada el 11 de junio por la Cámara alta-, que establece nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos, como el aumento de los años de duración de los convenios y la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario.
La Ley 27.551, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, quedó promulgada a través del Decreto 580/2020, publicado en el Boletín Oficial. Había sido aprobada por 41 votos del oficialismo y sin la presencia de la oposición.
Los puntos principales de la nueva legislación
• El mes anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler, respectivamente.
• El reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler.
• El plazo mínimo del contrato se amplía de dos a tres años, con las excepciones del artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación.
• Aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición quedan a cargo del locatario. Las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.
• Los gastos a cargo del locador pueden ser compensados por el locatario con el importe de los alquileres, previa notificación fehaciente.
• La intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.
• En cuanto a la garantía, el locatario debe proponer al menos dos alternativas entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos, etc.).
• Sobre el valor de la garantía, el locador no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces.
• Respecto a la actualización monetaria/indexación, la nueva ley excluye a los contratos de locación de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad 23.928.
• En la fijación del valor de los alquileres solo se admiten ajustes anuales, que deben seguir un índice conformado en partes iguales por el IPC (índice de precios al consumidor) y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).
• Se establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la AFIP.
• Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal; entre ellas: la especial consideración de las personas en situación de violencia de género, la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles.
• Se dispone el desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.
| SERVICIOS PÚBLICOS | PBA. El gobernador Axel Kicillof dispuso que esos prestadores no podrán suspender o cortar los servicios a los usuarios que indica el artículo 3° del Decreto Nacional N° 311/2020, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020.
|El gobierno de la provincia de Buenos Aires adhirió a la medida nacional que prohíbe a las empresas cortar los servicios «en casos de mora o falta de pago» para usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, como forma de mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus Covid-19.
Se trata del decreto 194 publicado hoy en el Boletín Oficial bonaerense, y que abarca a los servicios públicos de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales bonaerenses.
Con la medida, el gobernador Axel Kicillof dispuso que esos prestadores no podrán suspender o cortar los servicios a los usuarios que indica el artículo 3° del Decreto Nacional N° 311/2020, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020, incluyendo a quienes ya tenían un aviso de corte en curso.
El decreto busca evitar los cortes para beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo, y usuarios inscriptos en el régimen de monotributo social.
También beneficia a jubilados, pensionadas y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos; monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo y usuarios que perciben seguro de desempleo.
Tampoco se podrán cortar los servicios a los electrodependientes, usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.
Estan incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas; las cooperativas de trabajo o empresas recuperadas; las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia; y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.
Mediante el decreto 194, se determinó además que los prestadores de servicios de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales «deberán otorgar a los usuarios y las usuarias, planes con facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas aquí dispuestas».
«Los prestadores deberán dar adecuada publicidad a lo dispuesto en el presente decreto respecto de los servicios a su cargo. Asimismo, los Organismos de Control y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos deberán publicar el presente en sus respectivas páginas web», consignó.
| EMERGENCIA SANITARIA | Decreto presidencial – descargalo aquí. La medida firmada por el presidente Alberto Fernández prevé la suspensión de vuelos internacionales provenientes de las zonas afectadas por 30 días y otras medidas para contener la extensión del virus COVID-19.
|El presidente Alberto Fernández firmó un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia sanitaria a un año y ordena la suspensión por 30 días de los vuelos internacionales provenientes desde las zonas más afectadas por el coronavirus, entre otras medidas de prevención para hacer frente a la pandemia.
El presidente Fernández firmó el decreto que amplía la emergencia sanitaria por un año.
El decreto, que faculta a la cartera de Salud como autoridad para su aplicación y lo compromete a brindar informes diarios, instrumenta el «aislamiento obligatorio» de manera preventiva durante 14 días para quienes ya cuenten con el diagnóstico por coronavirus, a quienes hayan arribado al país desde las «zonas afectadas» y a quienes revistan la condición de «casos sospechosos» o hayan mantenido «contactos estrechos» con esas personas, informaron desde Presidencia de la Nación.
Serán considerados «casos sospechosos» los cuadros de personas que presenten «fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que «además, en los últimos días tengan historial de viaje a ‘zonas afectadas’ o hayan estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19».
«La definición podrá ser actualizada por la autoridad sanitaria, en función de la evolución epidemiológica», se aclara en la información difundida por el Gobierno.
También establece que «en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas» por el decreto presidencial, quedan habilitados funcionarios, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que «tomen conocimiento de tal circunstancia, a radicar la denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205 y 239 y concordantes del Código Penal».
Quienes arriben al país habiendo transitado por «zonas afectadas» están obligadas a «brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción», añade.
«No podrán permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria», se informó.
Hasta el momento, son consideradas «zonas afectadas» por la pandemia «todos los países de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán», aunque está sujeto a actualizaciones diarias según la evolución epidemiológica.
Sobre los eventos masivos, el decreto abre la posibilidad de que se pueda disponer del «cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público» y de la «suspensión de espectáculos públicos y todo otro evento masivo», además de imponer «distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones».
El Gobierno informó que «las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deberán reportar de inmediato dicha situación a los prestadores de salud» y que la «infracción a las medidas previstas» en el decreto dará lugar a las «sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar», contempladas en el Código Penal.
También quedan habilitadas tanto la cartera de Salud como de Desarrollo Productivo a «fijar precios máximos para el alcohol en gel, los barbijos» y otros «insumos críticos», a la vez que podrán adoptar las «medidas necesarias para prevenir su desabastecimiento».
| MALVINAS ARGENTINAS | Leo Nardini firmó el decreto que aplica el protocolo contra el virus COVID-19. Malvinas Argentinas aplica el protocolo contra el virus COVID-19. Si bien no se registraron casos en el municipio, se están adoptando medidas especiales para enfrentar la epidemia. Adhiriendo a las disposiciones del Gobierno Nacional y Provincial, el Sistema de Salud se encuentra preparado y reforzó los protocolos de acción
|A través de un decreto firmado por el intendente Leonardo Nardini, el municipio de Malvinas Argentinas adhiere a los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud de la Nación y Provincia de Buenos Aires. Si bien no se han detectado casos positivos en Malvinas, desde el Sistema de Salud local se adoptan medidas especiales para combatir posibles casos del virus COVID 19.
Uno de los objetivos que tiene este protocolo es evitar que aquella persona que puede haber sido contagiada, porque haya viajado al exterior o haya estado en contacto con otras personas con COVID, se traslade. Por eso, el municipio puso a disposición el call center de la línea 107 de emergencias para atender estos posibles casos.
El Dr. Javier Melis (MP 58477), subdirector del Hospital de Trauma y Emergencia de Malvinas Argentinas puntualizó que “en el caso de que el paciente se acerque al hospital, nosotros ya tenemos preparado un nuevo espacio exclusivo de recepción donde se pesquisarán tempranamente todas las patologías respiratorias y se separará esos casos de otros pacientes en circulación para evitar futuros contagios”. Finalmente, el doctor recomendó no entrar en pánico y aseguró que el equipo de Salud está lista y en total disposición para resolver las diferentes contingencias.
El Sistema de Salud malvinense, recuerda que las recomendaciones para evitar la propagación del virus COVID 19 son lavarse las manos frecuentemente, cubrir la nariz y la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, evitar contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias, ventilar los ambientes cerrados, no concurrir a espacios con mucha concentración de personas y evitar la automedicación. Para las instituciones públicas se recomienda desinfectar diariamente con agua y detergente las superficies de mostradores, barandas, picaportes, puertas y escritorios, así como procurar la ventilación de ambientes.
El COVID 19 es un virus que provoca una enfermedad respiratoria que se transmite por contacto cercano con una persona infectada. Los síntomas son fiebre y tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria.
A su vez, desde el Municipio de Malvinas Argentinas se dispuso adherir al protocolo vigente del Ministerio de Salud de la Nación en relación a los espectáculos masivos. El mismo detalla que en eventos de participación limitada o masiva de personas locales que no permanecieron en lugares de transmisión, “no se recomienda la suspensión de los mismos teniendo en cuenta que los casos confirmados tienen antecedente de viaje a países con transmisión sostenida y no se ha documentado transmisión comunitaria”. En cambio, sobre eventos con participación masiva de personas que provengan de países con transmisión sostenida “se aconseja la suspensión de los mismos en función de la situación epidemiológica y el riesgo de transmisión que conlleva la afluencia masiva de estas personas”.
Para finalizar, el municipio dispuso una licencia excepcional por el término de 14 días para los trabajadores municipales que ingresen o hayan ingresado al país con fecha posterior al 06 de marzo del corriente año, desde países con casos confirmados de COVID 19.
Con ocho votos del kirchnerismo contra siete de cambiemos y el peronismo federal, y la abstención del massismo, la Comisión Bicameral de trámite legislativo emitió un dictamen de mayoría con el objetivo de derogar el Decreto del Presidente Macri. Impuesto a las ganancias
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo emitió este miércoles un dictamen de mayoría en rechazo del decreto del Presidente Mauricio Macri que elevó de 15.000 a 30.000 pesos el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias en los salarios. Con ocho votos del kirchnerismo contra siete de Cambiemos y el peronismo federal representado en el Senador Adolfo Rodríguez Saá, y la abstención del massismo, que pretendía postergar el debate para la semana próxima, la Comisión Bicameral emitió un dictamen de mayoría en contra de la medida del Poder Ejecutivo.
Cruce entre los diputados Tonelli y Di Tullio por el DNU de ganancias
En representación de Cambiemos, el Diputado nacional Luis Tonelli consideró que declarar la invalidez del decreto traería «una consecuencia seria notoriamente perjudicial o disvaliosa para el conjunto de los trabajadores» ya que «volvería a regir el mínimo no imponible» anterior al Gobierno de Macri que fijaba en 15.000 pesos ese tope. «El decreto 394 duplica el mínimo no imponible», remarcó, y destacó el hecho de que el Gobierno nacional «derogó en agosto de 2013 el decreto que había establecido el régimen a todas luces inequitativo y eximió del pago del impuesto a las ganancias a todos aquellos que hasta esa fecha tuvieran remuneración de 15.000 pesos».
En tanto, Juliana Di Tulio, Diputada nacional del FPV, cuestionó que con la medida presidencial «470.000 trabajadores y 100.000 jubilados empiezan a tributar», calificó la resolución como «escandalosa» y dijo que no cree «en las buenas intenciones del Presidente».
El jefe del bloque de Diputados de Cambiemos, Nicolás Massot, expresó que «es poco deseable» que el decreto sea derogado, aunque sea «insuficiente». Massot se mostró a favor de una «reforma que ojalá encuentre a quienes durante años se opusieron del lado correcto de la historia».
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