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Graciana Peñafort: “Los jueces y fiscales que iban a Olivos eran funcionarios que violaban la ley”


| Lawfare | Jueces y fiscales. La directora de Asuntos Jurídicos del Senado pidió “no bajarle el precio a la gravedad” de las reuniones en la residencia presidencial durante la gestión de Macri y aseguró que esos actos repercutirán en las causas en las que intervienen.


 

|La abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, remarcó este miércoles que “no hay que bajarle el precio” a la “gravedad” de las visitas de jueces y fiscales a Olivos durante la gestión de Cambiemos porque se trató de “funcionarios públicos que violaban las leyes”.

“No hay que bajarle el precio: Eran funcionarios públicos y violaban la ley”, definió Peñafort en declaraciones a Radio Cooperativa.

Peñafort consideró que “habrá consecuencias sobre las causas que llevaban adelante” los camaristas cuyas reuniones quedaron en registros oficiales, mientras tramitaban causas de interés político.

“Que un juez o un fiscal sean amigos del Presidente no es delito, pero sí lo es que ese juez intervenga en casos en los que ese Presidente tiene interés. Eso es causal para que esa sentencia sea nula, por eso es tan increíble lo que hicieron (los camaristas Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky de seguir interviniendo”, agregó.

La letrada también dijo que si esa cuestión hubiera sido “pública”, ella “como abogada hubiera impugnado, por ejemplo”.

Peñafort insistió en que las causas deben ser juzgadas “por un juez imparcial” por lo que es “grave” lo sucedido ya que los magistrados emitieron “sentencias nulas” que, además, “han causado mucho daño”.

En particular, sobre Borinsky dijo que, si bien “ya estaba complicado” con la difusión “de la agenda de Darío Nieto que dice que iba (a una reunión) por una causa penal, se demuestra la falsedad de la primera explicación, cuando Borinsky dijo que iba (a Olivos) por la reforma del Código Penal y a jugar al paddle”.

Peñafort añadió que ahora “el peligro es que no pase nada” con esta información.

Consultada sobre la decisión de la justicia de finalizar la intervención en los complejos Hotesur y Los Sauces, consideró “absurdo que sea noticia” porque “es una medida procesal más, como fue en su momento, una medida procesal que se la quitaran”.

“La Argentina tiene como noticia actos procesales”, lamentó la abogada, tras sostener que “por supuesto me alegra que las cosas se establezcan”.

     
 

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La defensa del exvicepresidente Amado Boudou plantó una apelación a Casación y pidió que siga con prisión domiciliaria


| Apelación | La defensa del exvicepresidente pidió que siga con el cumplimiento de la condena a 5 años y diez meses de prisión en su casa.


 

|La defensa del exvicepresidente Amado Boudou apeló este lunes ante la Cámara Federal de Casación la decisión de revocar su prisión domiciliaria en la causa Ciccone y pidió que siga con ese beneficio bajo supervisión electrónica.

El recurso fue presentado con “efecto suspensivo” por los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, ante el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4 Daniel Obligado, quien ahora deberá resolver si lo concede y eleva al máximo tribunal penal federal del país.

Obligado revocó la prisión domiciliaria de Boudou el 30 de diciembre último, a horas del inicio de la feria judicial de enero, pero esa decisión todavía no se efectivizó porque es apelable.

La defensa del exvicepresidente condenado a 5 años y 10 meses de prisión, pidió que la apelación se conceda con efecto suspensivo, es decir, que lo resuelto por Obligado no se aplique hasta que quede firme.

En la apelación de 45 carillas, los defensores de Boudou calificaron de “errada” y “arbitraria” por “violarse las garantías del debido proceso” la decisión de Obligado como juez de ejecución de la condena de Boudou de revocar la prisión domiciliaria.

El fallo no fue “correctamente fundado” ni “resulta una derivación debidamente razonada del derecho vigente”, agregaron los abogados y fundaron su pedido en el interés superior del niño y la necesidad de cuidado de los hijos mellizos de Boudou, que acaban de cumplir tres años.

Rúa y Peñafort remarcaron que “es imposible” que Boudou reciba en la cárcel de Ezeiza, donde estuvo detenido hasta que se le concedió el arresto domiciliario, la visita de sus hijos “mientras se mantenga la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional y mundial y la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud” ante el coronavirus.

Además, interpretaron que “aún si esa limitación se superase, resulta una afirmación dogmática y alejada de las constancias del trámite la pretensión ensayada en la resolución recurrida acerca de que con ellas podría mantenerse el fortalecimiento del vínculo paterno-filial como en el arresto domiciliario”.

“Nuestra sociedad no elige a sus magistrados, jueces o fiscales, por ninguna iluminación que porten y les permita dar por válidas sus opiniones sobre cualquier tema sin respaldo, sino que los elige por la capacidad que demuestren para analizar con sana crítica las constancias incorporadas al proceso en las que funden entonces sus conclusiones”, agregaron los abogados.

En este caso “se ha visto no sólo una errada aplicación de la normativa local e internacional de protección sustantiva de derechos, sino además y junto con la desconsideración de información objetiva, pertinente y suficiente para resolver el caso en consonancia con el interés que debe asegurarse en los términos de la normativa citada, la asunción de arbitrarias conclusiones sin respaldo en las constancias del trámite”.

El 30 de diciembre último por la noche, Obligado revocó el beneficio que había dado a Boudou en abril pasado, en medio de la pandemia de coronavirus y tras la suspensión de visitas en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

Boudou permanece bajo sistema de monitoreo electrónico con prisión domiciliaria, junto a su esposa de nacionalidad mexicana y los hijos de ambos.

Pero el 4 de diciembre último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena impuesta por el TOF4 en diciembre de 2018, al rechazar por “inadmisible” un recurso extraordinario de su defensa y ello derivó en un pedido fiscal para que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria.

Tras solicitar diversos informes, Obligado decidió que el exvicepresidente siga cumpliendo condena en un establecimiento del SPF.

En la apelación ante Casación, los abogados cuestionaron a Obligado por no haber tenido en cuenta informes incorporados en la causa que avalaron el arresto domiciliario en pos del bienestar de los niños.

“Las constancias del trámite y los informes del equipo interdisciplinario al que se diera intervención, destacan concretamente que “la presencia de Amado Boudou en su hogar, resultaría beneficiosa para que sus hijos vuelvan a contar con la presencia diaria de su progenitor y recibir el acompañamiento, cuidado, atención y contención emocional necesaria para su adecuado desarrollo y crecimiento”, remarcaron.

   
 

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Graciana Peñafort, abogada de Boudou: “estamos trabajando en la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”


Graciana Peñafort aseguró que trabajan en una presentación para que el tribunal de Derechos Humanos revise la condena del exvicepresidente. luego de la solicitada que pide su libertad.


 

|La abogada de Amado Boudou, Graciana Peñafort, informó este lunes que ya “están trabajando en la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” para que revise la condena del exvicepresidente, luego del apoyo internacional expresado en la reciente solicitada que pide su libertad.

Además, en sintonía con el contenido de la solicitada, Peñafort adelantó que “antes que termine la feria (judicial de enero)” apelará el fallo del juez de ejecución penal Daniel Obligado que revocó el arresto domiciliario de Boudou y dispuso que regrese a la cárcel.

“En abril -agregó Peñafort-, el juez (por Obligado) dijo que no era necesario mortificar a un condenado y a su familia con el cumplimiento de la pena. ¿Lo que no era necesario en abril pasa a ser necesario en diciembre? ¿Por qué cambia de criterio? Por la presión mediática”, cuestionó la abogada este lunes en declaraciones a Radio La Red.

Con el título “Libertad a Boudou”, la solicitada publicada este domingo en la edición impresa de Página/12 y en el portal El Destape está encabezada por los de los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Enesto Samper (Colombia, también exsecretario general de Unasur), Fernando Lugo (Paraguay), el ecuatoriano Rafael Correa y Manuel Zelaya (Honduras).

Los exmandatarios encabezan la lista de 4730 firmantes que además integran diplomáticos de la región que se desempeñaron como cancilleres de sus respectivos países: el brasileño Celso Amorim, los ecuatorianos Ricardo Patiño y Guillaume Long, el paraguayo Jorge Lara Castro o el boliviano Diego Pary, entre otros.

El texto de la solicitada cuestiona a “los medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del Poder Judicial” por “generar una estrategia común que envenena la atmósfera política”, entre otras acusaciones ligadas a lo que algunos juristas junto a dirigentes políticos de la región definen como ‘law-fare’, o guerra judicial entablada contra determinados gobiernos de América Latina.

En relación a la solicitada, Peñafort aseguró que el documento fue impulsado “por un grupo de personas que está preocupado y que le está reclamando una respuesta concreta del Poder Judicial y de los medios”.

Además, la abogada acusó a “(Pablo) Bertuzzi”, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 4 que emitió la sentencia de condena contra el exvicepresidente, de estar “negociando con el Poder Judicial su llegada a la Cámara Federal sin concurso” mientras se realizaba el juicio oral.

“Durante todo el juicio fue notorio el tratamiento que tuvo ese tribunal, de manos de Bertuzzi, respecto a una de las acusaciones, que era peculado”, señaló.

Bertuzzi integró el TOF Nº 4 y hoy es camarista. Es uno de los jueces que ascendió a la Cámara Federal sin aval del Senado y que finalmente, tras la intervención de la Corte, fue repuesto en su cargo aunque de manera provisoria, hasta tanto se realice el concurso que requiere el procedimiento establecido por la Constitución para cubrir las vacantes.

“La sentencia de condena ha omitido respetar el debido proceso. Por eso vamos a solicitar en la Corte Interamericana (Corte IDH) que la revise, porque el respeto al debido proceso es una garantía de los Derechos Humanos”, agregó Peñafort sobre la apelación en curso.

La defensa del exvicepresidente tiene un plazo de seis meses desde el dictado de la sentencia para la presentación ante el tribunal hemisférico de protección de los DDHH.

Como en todos estos casos, la apelación tendrá la forma de una denuncia contra uno de los poderes del Estado argentino (en este caso el Poder Judicial, cuyo contralor está en manos de la Corte en tanto máximo tribunal).

De hecho, Peñafort, quien comparte la defensa de Boudou junto al penalista Alejandro Rúa, responsabilizó a la Corte por las “violaciones al debido proceso” que, según denunció, se cometieron a lo largo del caso Ciccone y del juicio oral.

“Nosotros sabemos muy bien por qué la Corte puso el (artículo) 280. Lo hizo porque no podía explicar por qué respecto al testigo Alejandro Vandenbroele, crucial para la causa, no supimos que le habían pagado para esa declaración: más de 4.000.000 de pesos. No podía explicar por qué Boudou había sido espiado por el Estado, es decir por agentes de la AFI, mientras estuvo preso y cuando estuvo en libertad, con seguimiento fotográfico”, acusó la letrada.

En ese sentido, Peñafort recordó que durante un tramo de la gestión de Cambiemos “el sistema de espionaje y las escuchas se hacían desde la Corte”.

“Es sencillo, si la Corte hubiera abierto ese recurso (de queja), habría tenido que averiguar qué es lo que había funcionado mal en la propia Corte”, puntualizó Peñafort.

La sentencia contra Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue, ratificada en Casación y luego llegó a la Corte con un recurso de queja, aunque el máximo tribunal se negó a revisar lo actuado con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita al máximo tribunal a denegar un recurso sin fundamentar las razones del rechazo.

     
 

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Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort piden la indagatoria a Carrió en la causa por espionaje ilegal durante la gestión de Macri


| Espionaje ilegal | Piden indagatorias. Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort acusaron a la ex diputada nacional Elisa Carrió de intentar cubrir a la banda del espía detenido Marcelo D´Alessio.


 

|Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort solicitaron que la exdiputada nacional y cofundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, sea citada a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri, tras acusarla de intentar cubrir a la banda del espía detenido Marcelo D´Alessio.

Los letrados presentaron el pedido ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, quien investiga, entre otras cosas, el espionaje a exfuncionarios kirchneristas que estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza y a sus respectivos entornos, incluidos sus abogados defensores.

Como supuestas víctimas del espionaje ilegal, Rúa y Peñafort presentaron un escrito de 46 páginas en el que detallaron cómo las transcripciones de escuchas utilizadas por Carrió y el fiscal Carlos Stornelli para intentar voltear el caso D´Alessio se habrían filtrado del área de jurídicos de la AFI que durante el macrismo estuvo bajo las órdenes de Juan Sebastián Destéfano.

Los abogados pidieron que se cite a indagatoria a Carrió “por su responsabilidad en la maniobra ilegal desplegada desde la AFI con los objetivos de influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban D’Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada”.

Los abogados relataron cómo fue que las trascripciones de escuchas realizadas a los teléfonos públicos del penal de Ezeiza cayeron en manos de Carrió y Stornelli, que las presentaron ante la justicia federal de Comodoro Py tras señalar que les habían llegado de forma anónima.

En estas escuchas, en las que los protagonistas parecían estar al tanto de una denuncia que involucraba a Stornelli en una trama de espionaje y extorsión a empresarios a través de la causa de los Cuadernos, fueron utilizadas por el fiscal y la exdiputada para afirmar que había un plan para afectar ese expediente que estaba en manos del juez Claudio Bonadio.

Aquella denuncia presentada por diputadas del entorno de Carrió y por el fiscal Stornelli –por separado- debió ser presentada en dos oportunidades porque la primera vez cayó en manos del juez Luis Rodríguez y la segunda –ya con ese magistrado excluido del sorteo a pedido de Carrió y por decisión del camarista Martín Irurzun- fue a parar al juzgado federal 11 cuando todavía estaba comandado por el ahora difunto Bonadio.

“La filtración ilegal de los audios provocada por el interesado juez de conveniencia se sumó así a la filtración ilegal de sus transcripciones por parte de la entonces diputada Carrió y la AFI en el marco de las tareas de escucha ilegal y espionaje penitenciario que se desplegaron durante el anterior gobierno a propósito de su política de persecución”, sostuvieron los abogados Rúa y Peñafort.

Los hechos por los que los abogados acusan a la exdiputada coinciden con los relatados en la imputación que esta semana el juez Auge envió a quienes están llamados a prestar declaración indagatoria a partir de este viernes por el espionaje a personas privadas de su libertad, tal como contó esta agencia días atrás.

En esa imputación se describe que las transcripciones de las escuchas que llegaron a manos de Carrió y Stornelli habrían salido del área de jurídicos de la AFI, que estaba comandada por el “enano” Destéfano e integrada, entre otros, por el abogado Mariano Ruda Bart y por Bernandro Miguens, un hombre que antes había trabajado en el juzgado de Bonadio.

   
 

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Presidente Fernández: “construir un Estado de Derecho en el que la hipocresía y los vicios cesen y las virtudes aumenten”


| ESTADO DE DERECHO | Justicia. En un breve posteo en su cuenta de la red social Twitter, el Presidente recomendó hoy la lectura de una nota de la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, en el portal El Cohete a la Luna.


 

|El presidente Alberto Fernández llamó este domingo a “construir un Estado de Derecho en el que la hipocresía y los vicios cesen y las virtudes aumenten”.

En un breve posteo en su cuenta de la red social Twitter, el Presidente recomendó la lectura de una nota de la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, en el portal El Cohete a la Luna.

“Una nota @gracepenafort que merece ser leída”, escribió el Presidente sobre el artículo en el que se analiza el traslado de magistrados a tribunales de otros fueros y advirtió: “Tal vez revisando objetivamente las cosas que vienen pasando, podamos construir un Estado de Derecho en el que la hipocresía y los vicios cesen y las virtudes aumenten”.

“El traslado de un juez a un tribunal con distinta competencia implica un nuevo nombramiento de ese juez en el nuevo tribunal. Y ese nuevo nombramiento implica un nuevo acuerdo del Senado”, explicó Peñafort en el artículo.

Días atrás, el Gobierno nacional dejó sin efecto, a través de tres decretos, los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes deberán regresar a sus juzgados originales luego de que se expidiera el Senado en ese sentido.

Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal con sede en Comodoro Py 2002 y, durante el Gobierno de Mauricio Macri fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña.

En tanto, el juez Castelli fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, el 9 de octubre de 2018, hacia el Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene que juzgar la causa abierta a partir de fotocopias de los denominados “cuadernos de las coimas” en la obra pública.

Peñafort invocó a la Acordada 4/18 de la Corte Suprema que dice: “El traslado de un juez constituye en rigor un ‘nuevo nombramiento’… y que “así, el constituyente ha regulado un único proceso de designación por el que se obtiene ‘la calidad de juez’, tal la expresión utilizada por esta Corte en el precedente «Rosza» (Fallos: 330:2361, cons.11)”.

“En base a esta única vía de acceso a la magistratura federal, queda descartada la designación permanente de magistrados que ya ostentan tal calidad para ejercer en un tribunal con una competencia específica, en otro tribunal con otra competencia radicalmente distinta bajo la forma de ‘una transformación’ o de ‘un traslado’. Este ‘no está’ previsto en parte alguna de la Constitución Nacional y no constituye una categoría constitucional autónoma respecto del nombramiento”, apuntó.

Además, Peñafort aludió a los “niveles de hipocresía con los que buena parte de la oposición y de muchos periodistas se manejan en estos días”.

“Con toda seriedad les digo que se nota mucho como son todos parte del operativo ‘Disparen contra Les Fernández'”, escribió.

La funcionaria parlamentaria vinculó los cuestionamientos de la oposición al inicio del debate del proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas en la Cámara de Diputados.

“Doble moral, doble discurso y según las causas que investigan los aportes ilegales, doble contabilidad”, advirtió Peñafort y concluyó: “la democracia es además de la mejor forma de gobierno que hemos encontrado, una forma de virtud. No la ensucien con su hipocresía, y con sus homenajes vacíos de virtudes y de razones”.

       
 

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Graciana Peñafort: “es sólida la causa por espionaje ilegal”


| ESPIONAJE ILEGAL | AFI macrista. La abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación aseguró que es “partidaria de disolver” la AFI y considera una “irresponsabilidad” de Juntos por el Cambio calificar de “político” el asesinato de Fabián Gutiérrez, “Es deplorable y poco democrático. Además, se olvidaron de una familia”, afirmó.


 

|La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, sostuvo este domingo que la investigación por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Juntos por el Cambio es “sólida” y tiene que avanzar en base a las “pruebas”, y acusó a la oposición de hacer “necropolítica” con el crimen del empresario y exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez.

 

Peñafort consideró una “irresponsabilidad” de Juntos por el Cambio calificar de “político” el asesinato de Gutiérrez, al advertir que aún después de haber tenido la información del caso “siguieron con ese discurso que no hace más que desviar la atención”.

 

“Todos tienen que avanzar en base a las pruebas. La investigación del juzgado de Lomas de Zamora es sólida. También creo que por eso festejaba el macrismo la remoción del juez (Federico Villena). No se animaron a cuestionar la causa, porque las fotos y los chats de ellos están” abundó y sostuvo que “También están la causa de presunto espionaje a periodistas y la de la llamada ‘Mesa Judicial’. En esta última empieza a haber imputados y a aparecer la prueba. En todos los casos se avanza a partir de las pruebas”.

     
 

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Graciana Peñafort: “el fallo judicial sobre Vicentin es arbitrario y no tiene fundamentos”


| VICENTIN | El fallo “no tiene fundamentos y es arbitrario”. La directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación señaló que “el fallo no cita ninguna norma, ya que no existe una norma para hacer lo que hizo el juez”.


 

|La directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, consideró este sábado que el fallo del juez Fabián Lorenzini, que restituyó la administración de Vicentin a sus directivos y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Ejecutivo, “no tiene fundamentos y es arbitrario”, por lo que sugirió que “el Estado debe apelar y dar la pelea judicial”.

“El fallo que anula la intervención de Vicentin no tiene fundamentos, es arbitrario, porque no cita ninguna norma, ya que no existe una norma para hacer lo que hizo el juez”, señaló Peñafort, y agregó: “El juez Lorenzini hace de cuenta que es presidente“.

Este viernes, el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo

En el fallo, el juez Lorenzini se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera santafesina.

En declaraciones a radio El Destape, Peñafort cuestionó hoy el fallo: “El juez Lorenzini dijo que no podía declarar la inconstitucionalidad del decreto, pero luego hace un absurdo jurídico porque si no declara la inconstitucional, entonces es un decreto válido. Sin embargo, el juez llama a no cumplirlo”.

La letrada también cuestionó al magistrado, ya que en el fallo emitido ayer “ordena desobedecer un decreto al que dice que no puede declarar inconstitucional”.

“El juez puede declarar inconstitucional un decreto, pero no puede modificarlo; eso es ilegal”, remarcó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, y aseguró: “Lo primero que debería pasar es que el Estado apele la medida del juez Lorenzini; correspondería apelar y dar la pelea judicial”.

“El precedente judicial de inventar el derecho no puede pasar”, dijo la abogada, quien además señaló: “No conozco ningún concurso de acreedores que haya funcionado con los niveles de endeudamiento que tiene Vicentin”.

Finalmente, Peñafort sostuvo que “el concurso de acreedores se creó para que la empresa pueda pagar, pero ni Correo Argentino ni Vicentin quieren pagar” y, en esa línea, recordó que la empresa “no les hizo ninguna propuesta a los acreedores y eso demuestra que no quiere pagar”.

     
 

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La Vicepresidenta Cristina Fernández reiteró denuncia de “lawfare” ante CIDH y que ello “mató” a Timerman


| “LAWFARE” y PERSECUCIÓN” | A través de los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, la ex presidenta dijo que en Argentina “se concretó la afectación de garantías judiciales en un contexto de discriminación política y persecución”.


 

|La vicepresidenta Cristina Fernández reiteró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su denuncia de “lawfare” y “persecución” contra ella y ex miembros de su gobierno en la administración de Mauricio Macri en el caso del Memorándum con Irán y el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, y señaló que ese accionar afectó al ex canciller Héctor Timerman hasta “matarlo”.

“A partir de la asunción del gobierno macrista, en nuestro país tuvo lugar un proceso judicial absolutamente viciado e irregular con victimas directas en nuestros asistidos”, dijeron los abogados, y sostuvieron que hubo magistrados que “fueron reemplazados por otros ‘jueces de conveniencia’ a la persecución política que se iría a desplegar”.

En ese marco, denunciaron los letrados que hubo “un avance de un proceso que procuró afectar, además, los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner, y que tuvo gravísimas consecuencias respecto de la salud y la integridad de Héctor Timerman, hasta matarlo”.

En el escrito se recordó que hace dos años se hizo una denuncia similar y reiteraron que durante el macrismo hubo “violación tanto del principio que impide la doble persecución penal como de las garantías de juez natural y tribunal imparcial”.

“Ya con esa ingeniería institucional manipulada, con la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) y en ese marco de discriminación y persecución, se avanzó en la instrucción de un proceso irregular, según también ya se lo denunciara”, sostuvieron.

Los abogados reseñaron que días pasados “se hicieron públicas las declaraciones de una jueza que integró aquella Cámara Federal de Casación Penal (Ana María Figueroa), que entonces fue muy crítica del accionar irregular de sus colegas, y que ahora refirió las presiones que sufrió entonces por parte del gobierno macrista para fallar en este asunto”.

También memoraron que la jueza Figueroa había destacado entonces “la irregular situación a mi entender, que implica que esta Sala I de la CFCP se encuentre interviniendo actualmente en esta causa” y que “la decisión del juez o jueces que resuelvan la cuestión esté basada en criterios no objetivos”.

“En consonancia con nuestras denuncias (la jueza) aludió ‘al empleo del conocido mecanismo de ‘forum shopping’, cuya traducción sería foro de conveniencia” y que “en el sistema judicial argentino se ha utilizado en referencia al mecanismo de la elección de los expedientes CFP 777/2015 y CFP 14.305/2015 y de la Petición 12.204(AMIA) de esa misma Comisión”, ampliaron Peñafort y Rúa.

Por ello añadieron que continúa el trámite judicial “iniciado del modo irregular que se denuncia y que las nuevas declaraciones corroboran” y advirtieron por “la posible concreción del juicio oral y público en que será evaluada esa ‘verdadera farsa'”.

En ese sentido, pidieron a la CIDH que “contemple la posibilidad de volver a enviar un Observador Internacional de esa Comisión para que realice un examen y acompañamiento de dicho proceso público como ya lo hiciera respecto de los otros juicios vinculados tanto con el atentado en la AMIA como a su reconocido encubrimiento”, en el que es juzgado el ex presidente Carlos Menem, entre otros.

Asimismo, solicitaron que “evalúen la posibilidad de convocar en el próximo periodo de sesiones (de la CIDH) a una audiencia temática para analizar la problemática de persecución judicial conocida como “lawfare” en la región”.

Sobre este tema, dirigentes del oficialismo y referentes de la justicia remarcaron la gravedad de la denuncia de la camarista Figueroa.

“Lo que expresó Figueroa es algo que todos nosotros sospechamos pero no teníamos una declaración de tanta sinceridad”, sentenció el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien afirmó que “había una clara presión a los jueces por parte de Mauricio Macri. Era muy visible lo que estaba pasando”.

El presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, dijo que el supuesto aludido por Figueroa, el ex viceministro de Justicia Juan Mahiques “se movía bien dentro del Consejo y lograba formar mayorías y simpatías que le permitían mover muchas cosas de una forma bastante rápida. Era un buen operador”.

El senador nacional del Frente de Todos y ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli adelantó que pedirá la nulidad del fallo en la causa en la que fue acusado por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

“No es novedad que Mahiques era el operador preferido, el (Lionel) Messi de Macri para presionar a los jueces para perseguir opositores”, dijo el legislador.


 

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Graciana Peñafort: “Ya nadie puede impugnar una sesión virtual en el Senado”


| EL SENADO SESIONARÁ VIRTUALMENTE | Pandemia Covid-19. La directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta se refirió a la acordada de la Corte Suprema de Justicia que avaló anoche que el cuerpo pueda sesionar a distancia. “Queda blindado el procedimiento de sanción” de futuras leyes, dijo.


 

|La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, afirmó hoy que, tras la acordada de la Corte Suprema de Justicia que avaló anoche que la cámara alta pueda sesionar a distancia, “ya nadie puede impugnar una sesión virtual” y, de esta manera, “queda blindado el procedimiento de sanción” de futuras leyes.

“Ahora ya nadie puede impugnar una sesión virtual. Ha quedado absolutamente blindado el procedimiento de sanción” de futuras leyes, afirmó Peñafort esta mañana en declaraciones a AM 750.

En ese sentido, la letrada manifestó que “la Corte dijo que la sesión virtual no es inconstitucional y eso es lo importante” y remarcó: “A todo lo demás nos rechazó la acción, pero la pregunta que le fuimos a hacer nos la respondió en una sentencia bastante extensa donde da todos los puntos por lo cual el Senado puede decidir hacer una sesión virtual”.

Anoche, la Corte Suprema de Justicia avaló que el Senado sesione a distancia y afirmó que ese cuerpo legislativo tiene “todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento”, en un fallo firmado por los cinco miembros del tribunal en una acordada virtual.

Si bien la Corte rechazó en su acordada el pedido de certeza constitucional de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, el máximo tribunal afirmó que ese cuerpo “tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Nosotros teníamos un problema en el Senado porque no podíamos sesionar como lo hacíamos siempre debido a la pandemia. Entonces queríamos hacer una sesión virtual, pero el problema es que hay una parte de la oposición que no quiere que se haga esta sesión porque, entre cosas, se va a tratar el proyecto de ley del impuesto a la riqueza”, explicó hoy Peñafort.

En ese marco, continuó: “Esa parte de la oposición había planteado que una sesión virtual era prácticamente inconstitucional. Por eso, lo que hicimos fue preguntarle a la Corte justamente eso: ‘¿La sesión virtual es inconstitucional?’”.

“Y la Corte nos contestó que no es inconstitucional por lo que el objetivo está cumplido”, sentenció.

Sobre el voto ‘in límine’ del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, consideró que “mientras que cuatro de los cinco miembros de la Corte se dedican a dejar en claro que la sesión virtual está dentro de las competencias del Senado y que es completamente constitucional, Rosenkrantz no lo hace y vota ‘in límine’ siendo coherente con él mismo y los intereses que él representa. No se esperaba otra cosa”, fustigó.

Previamente, a través de su cuenta de Twitter, la titular de Asuntos Jurídicos del Senado también sostuvo: “Perdimos la acción, ganamos la certeza que fuimos a buscar. Con una estrategia de caso que tiene 217 años. Porfíen todo lo que quieren, la sesión virtual quedó blindada”.


 

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La Corte Suprema avaló que el Senado sesione de manera virtual


| SESIONES VIRTUALES | “El Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, indicó la acordada.


 

|La Corte Suprema de Justicia avaló hoy que el Senado sesione a distancia y afirmó que ese cuerpo legislativo tiene “todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento”, en un fallo firmado por los cinco miembros del tribunal en una acordada virtual.

“El Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por lo cual se rechaza la acción iniciada”, dice la Corte en su acordada.

Fundamentó que “la posibilidad de que el Senado sesione de manera remota no interfiere con el modo en que la Constitución le impone a esa Cámara ejercer sus atribuciones” y dice que “en efecto, la Constitución regula ciertos aspectos del modo en que debe funcionar el Poder Legislativo pero nada indica respecto a la modalidad física o remota de sus sesiones”, en el punto 16 del fallo.

EL FALLO (descargar)

Agregó que “tal posibilidad (sesiones virtuales) no configura per se riesgo alguno de interferencia en las atribuciones de los demás poderes del Estado” y que “sesionar de forma remota o presencial no supone en sí misma una posible invasión del Poder Legislativo al ámbito de competencias que la Constitución asigna a los demás poderes del Estado”.

Pero la Corte rechazó en su acordada el pedido de certeza constitucional de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

De este modo, la Corte tomó los argumentos del Procurador interino, Eduardo Casal, y entendió que “al no ser parte actora ni demandada una provincia, la demanda se encontraría, por razones de índole constitucional, fuera de la competencia originaria del Tribunal”.

No obstante la decisión de la mayoría, el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, se pronunció en una disidencia parcial por rechazar “in limine” (sin argumentos), el pedido de la vicepresidenta.

Para fundar su desacuerdo, Rosenkrantz señaló que “la gravedad institucional invocada resulta ineficaz para habilitar la competencia originaria en un supuesto no previsto por la Constitución” y que “la competencia originaria de esta Corte se encuentra taxativamente fijada en la Constitución y no puede ser extendida ni limitada”.

Aunque acompañó la decisión de la mayoría, el ministro Horacio Rosatti fundó su propio voto.

Tras plantear conceptualmente el pedido de la vicepresidenta y citar profusa jurisprudencia, Rosatti concluyó que “la Cámara de Senadores de la Nación tiene dentro de sus potestades la interpretación e integración de las normas constitucionales relativas a su funcionamiento, y específicamente aquellas relacionadas al procedimiento adoptado en la formación y sanción de las leyes”.

Dentro de estas potestades, el ministro incluyó la “ponderación de la modalidad de sesión presencial o por medios virtuales o remotos, aspectos que solo son susceptibles de control de constitucionalidad por el Poder Judicial en la medida en que se verifique una vulneración de lo requisitos mínimos e indispensables para que exista la ley”.

Sin embargo, con el voto de Rosatti, la Corte advirtió que “lo resuelto por este alto tribunal no implica avalar ni invalidar apriorístícamente ninguna norma futura que se sancione, presencial o no presencialmente”.

Como aclaración final, el ministro santafesino aclaró que “no escapa a la consideración de este Tribunal que distintos protagonistas de la escena nacional han colocado a la petición que se analiza -desbordando inclusive las previsiones del propio escrito de demanda- como una competencia entre los que quieren y los que no quieren que se sancione una ley de naturaleza tributaria que ni siquiera se ha presentado y cuyos términos -por lo tanto- se desconocen”.


 

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