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La Procuración del Tesoro solicitó ser querellante en la causa por la deuda generada por el expresidente Macri con el FMI


| FMI | Procuración del Tesoro. El pedido tiene que ver sobre si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” por parte del expresidente Macri, luego de la denuncia que había sido presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción.


 

|La Procuración del Tesoro Nacional, que encabeza Carlos Zannini, solicitó ser tenida como querellante, en representación del Estado, en la causa que investiga si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” de parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el FMI.

La denuncia había sido presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, ante el juzgado federal número 5 y sostenía que a través de la violación de una serie de normas el gobierno de Macri había contraído una millonaria deuda con el FMI cuyo monto, además, era idéntico al de la cifra de dólares que se habría fugado en el mismo período de tiempo.

 

“Vengo a solicitar que el Estado nacional sea tenido como parte querellante en las actuaciones antes individualizadas, a fin de que se esclarezcan y en su caso se sancionen, conductas que prima facie comprometerían la responsabilidad del ex presidente de la nación, ingeniero Mauricio Macri” y de sus exministros y expresidentes del Banco Central de la República Argentina, Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, dice la presentación.

 

El texto lleva la firma de Zannini y del subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quienes señalaron que “a través de la violación de múltiples normas legales y reglamentarias se asumieron obligaciones de orden financiero que comprometieron el crédito de la República por un importe del orden de los 44.5 millones de dólares estadounidenses”.

Los representantes de la pretensa querella señalaron que según la información y antecedentes aportados por el Banco Central de la República Argentina y por la Sindicatura General de la Nación “un monto de moneda extranjera similar al de la totalidad de los desembolsos efectuados por el FMI fue adquirido, en el mismo periodo, por personas jurídicas y humanas, para concretar inmediatamente la formación de activos externos de la libre disponibilidad (comúnmente edificada como ‘fuga de divisas)”.

En su presentación ante el juzgado que conduce la jueza María Eugenia Capuchetti, Zannini y Diez remarcaron que “la pretensión estatal de dirigirse en querellante de modo alguno tiene por finalidad impulsar la criminalización de la política económica que desarrolló la gestión gubernamental iniciada el 10 de diciembre de 2015”.

“En el caso del último endeudamiento asumido por la nación con el Fondo Monetario Internacional se presentan conductas que, en principio, resultarían reprochables en términos penales”, señalaron.

Tal como fue anticipado en la denuncia de la Oficina Anticorrupción, los pretensos querellantes aseguraron que “existen elementos de juicio que fundadamente permiten atribuir a los funcionarios del gobierno argentino responsable de las operaciones celebradas con el FMI el incumplimiento de múltiples normas de orden público de naturaleza constitucional y administrativa”.

El acuerdo con el FMI -aseguraron- “fue celebrado prima facie en violación a normas procedimentales y de asignación de competencias, circunstancia que vicia desde el punto de vista jurídico lo actuado por funcionarios del gobierno argentino intervinientes en la operación”.

La querella fue presentada luego de que así lo dispusiera el presidente Alberto Fernández a través de un decreto que se publicó el último viernes en el Boletín Oficial y que llevó también la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria, y de su par de Economía, Martín Guzmán.

En el marco de la Asamblea Legislativa del 1 marzo pasado, el Presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Zannini.

Allí el Presidente reveló que había “instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

     
 

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Ex juez Canicoba Corral: “Ha habido lawfare y una persecución en el gobierno de Macri”


| Lawfare | Persecusión judicial. El ex magistrado federal dijo que “nunca” vio cosas como “las que se resolvieron en estos últimos cuatro años”.


 

|El ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral aseguró este sábado que existió el lawfare y que “ha habido una persecución” durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

 

“Es un término muy técnico pero sí creo que ha habido, está probado, no es un tema de creencias. Ha habido una persecución clara de determinados personajes, y de eso hablo cuando digo que no lo había visto en tantos años”, aseguró Canicoba Corral.

 

El ex magistrado renunció a mediados de 2020 al borde de cumplir la edad que marca la ley para jubilaciones en la Justicia, sumado a la tensa situación que vivió durante los últimos años con el macrismo.

“Fue una presión. Por supuesto que hay un componente político en todo esto, todo esto se hace por política para alinear a los jueces e hicieran lo que se suponía que tenían que hacer. Tengo 30 años en el fuero federal y otros 25 en provincia, nunca vi las cosas que se resolvieron en estos últimos cuatro años”, afirmó en declaraciones radiales.

 

Canicoba Corral se refirió además a la información que se conoció sobre jueces que tenían que resolver casos de corrupción y visitaron Casa Rosada o la Quinta de Olivos durante el macrismo, como los casos de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

 

“El problema es si hay correlación entre esas visitas y determinadas disposiciones judiciales. Hay algunas que son ‘extrañas’, raras, infrecuentes ¿No es cierto? Entonces la correlación entre esas resoluciones, esas visitas, y algunas noticias que publican algunos de los medios hegemónicos, es lo que se está viendo todos los días”, agregó.

Por otra parte, al ser consultado sobre las denuncias en su contra por presunto enriquecimiento, el juez Canicoba Corral dijo que hubo “presión” y que estuvo sometido 3 años a investigación y no se encontró nada.

     
 

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Mariano Recalde: “Las reuniones de Macri con Borinsky coincidían con las resoluciones que dictaba el juez”


| Lawfare | “Esto es muy grave porque coincide con las decisiones que tomaron para perseguir a la principal dirigente política opositora”, indicó el senador nacional del Frente de Todos.


 

|El senador nacional Mariano Recalde afirmó este domingo que el expresidente Mauricio Macri y el juez de Casación Penal Mariano Borinsky “estuvieron reunidos por lo menos 15 veces”, según los datos que se conocieron de los registros de la Quinta Presidencial de Olivos.

Consideró que el tema “es muy grave” porque coincide “con las decisiones que después tomaron (en la Justicia) para perseguir a la principal dirigente opositora de ese entonces”, la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Recalde aseveró que el juez y el entonces mandatario “estuvieron reunidos por lo menos 15 veces” y que los encuentros “coincidían con resoluciones que dictaban tanto Borinsky como el juez (Gustavo) Hornos, como el fiscal (Raúl) Pleé”, también señalados por visitas al expresidente.

Para Recalde todo se hizo “con mucha impunidad y con mucho silencio” y mientras “se reunían con estos jueces, la acusaban a Cristina (Kirchner) de haberse reunido una vez con (el juez Sebastián) Casanello”.

“Se escandalizaban por una supuesta y comprobada falsa reunión con Casanello”, apuntó Recalde.

Para el senador “esto es muy grave” porque además coincide “con las decisiones que después tomaron (en la Justicia) para perseguir a la principal dirigente opositora de ese entonces”.

Recalde fue más allá y comparó lo que pasó en la Argentina con lo sucedido en Brasil. “Hubo un plan sistemático en toda América Latina de perseguir a los dirigentes populares para que no lleguen al Gobierno o sacarlos, como pasó con Lula da Silva”, opinó.

Para el senador del Frente de Todos en “Brasil, Ecuador, Bolivia pasó exactamente igual” y esto “no es casualidad”.

“En otro momento la forma de incidir en la políticas y sacar a los representantes de las mayorías era con la dictaduras, ahora está el mecanismo que denominamos lawfare (guerra judicial) y lo vemos con prueba documental”, concluyó.

Recalde se refirió además a su estado de salud por el coronavirus: “La semana que viene me hago los últimos estudios y creo que ya me dan el alta”, dijo, pero contó: “La pasé muy mal.

En este sentido recordó que estuvo “cuatro días internado y con neumonía” luego de contraer coronavirus.

     
 

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El Presidente Fernández se refirió a la visita de jueces y fiscales a la quinta de Olivos durante la gestión de Mauricio Macri


| Justicia | El mandatario aludió a la reciente información según la cual magistrados como Mariano Borinsky, entre otros, se reunieron durante el anterior mandato más de 15 veces con el entonces titular del Ejecutivo, Mauricio Macri, en Olivos.


 

|El presidente Alberto Fernández se refirió a las visitas de jueces y fiscales a la quinta de Olivos durante la gestión de Mauricio Macri y señaló que si bien “no hay delito en que un juez hable con un presidente”, advirtió que “sí hay delito si el presidente le da órdenes”.

“El problema es que el juez vaya a rendirle cuentas o que el presidente le diga lo que tiene que hacer”, precisó Fernández este mediodía en declaraciones a la radio AM750.

Al ser consultado por los ingresos de jueces de Casación a la residencia de Olivos durante la administración de Macri, el mandatario aseguró que “hay casos muy llamativos” en el vínculo entre magistrados y el gobierno de Cambiemos.

En ese sentido, mencionó el caso del “juez (Gustavo) Hornos yendo a la Casa de Gobierno a anunciar las medidas que iba a tomar, que luego fueron tapa de los diarios”, un hecho al que consideró “gravísimo”.

“En campaña yo expliqué que había un circuito en la Justicia penal que empezaba en los fallos de Claudio Bonadio y Julián Ercolini, seguía con (Leopoldo) Bruglia y (Martín) Irurzun y terminaba con Hornos y (Juan Carlos) Gemigniani”, recordó, y luego definió toda esa trama como “un circuito cuidado”.

“Lo que pasó durante el gobierno de Cambiemos no había pasado nunca en Argentina”, evaluó en este punto el Jefe de Estado, tras lo cual concluyó: “Durante el macrismo el Poder Ejecutivo utilizó a la Justicia (…) Hubo muchos jueces que se prestaron a eso”.

Fernández, a la luz de los hechos que se revelan, remarcó que uno de sus principales objetivos es “que nunca más se use la Justicia para perseguir opositores”.

“Cuando se habla de corregir a la Justicia quiero que nadie use a la Justicia para perjudicar o perseguir a nadie que no deba ser perseguido porque ha violado la ley”, subrayó.

Fernández hizo estas declaraciones al ser consultado por las visitas reiteradas de magistrados y miembros del ministerio público a Olivos entre 2015 y 2019, que en el caso del juez Mariano Borinsky llegaron a ser al menos 15, según consta en los registros oficiales a los que accedió el portal El Destape a partir de un pedido de acceso a la información pública.

     
 

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Gobernador Kicillof: “Queremos leyes que avancen en equidad y se debatan con participación popular”


| PBA | La Plata. En una conferencia de prensa que brindó la tarde del lunes en la ciudad de La Plata para presentar una agenda con seis iniciativas legislativas, el mandatario bonaerense remarcó que “queremos llegar a una amplia participación social”.


 

|El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reafirmó la voluntad de su Gobierno en impulsar “leyes que avancen en equidad y se debatan con participación popular”, al presentar una agenda con seis iniciativas legislativas, entre ellas, un nuevo Código Procesal de Familias, Civil y Comercial con perspectiva de género, que busca consensuar con sindicatos, universidades y ONGs.

 

 

“No queremos hacer una norma que se discuta sólo en el ámbito legislativo, sino que tenga participación popular. Pretendemos que sean las universidades nacionales con sede en la provincia, los sindicatos, las ONGs, los organismos de la constitución, los colegios de abogados y magistrados y la oposición los que participen, debatan discutan la forma final antes de ser presentadas al Poder Legislativo”, explicó Kicillof.

Kicillof presentó una agenda con seis Códigos y Leyes que el Gobierno bonaerense pretende poner en debate de la sociedad para su consenso antes de su envío a la legislatura provincial.

Se trata de un nuevo Código Procesal de Familias, Civil y Comercial, con perspectiva de género; la revisión de la ley de Procedimiento Laboral 15.057; la ley de Régimen Pericial que jerarquice la función pericial; una nueva la ley de Abogada del Niño, Niña y Adolescente, adecuada a las normas internacionales; una Ley de Responsabilidad del Estado y ley de Ética Pública y Transparencia.

“Estas seis leyes o Códigos que estamos poniendo sobre la mesa cuentan con un procedimiento: en 45 días, a lo sumo 60 días, vamos a poner a disposición de la sociedad los anteproyectos de cada una de estas normas, en una plataforma de acceso universal”, explicó Kicillof.

El gobernador destacó que “queremos leyes que avancen en el sentido de equidad, igualdad; leyes que tengan especial mirada en la eficacia, la velocidad de un sistema judicial que, de respuestas, y el acceso democrático a la justicia”.

“No queremos leyes que reproduzcan inequidades, desigualdades, no sólo por la naturaleza de la sentencia sino por la imposibilidad de acceder a la justicia”, aseguró.

Kicillof aclaró que su Gobierno “no se hará el distraído por más complejos que sean los asuntos a tratar, ponemos estas seis primeras normas en discusión y nos proponemos afinar un instrumento que es esta modalidad de trabajo donde discutan todos”.

En ese sentido, planteó la necesidad de “una democracia participativa donde estén todos los factores y beneficiarios y las víctimas de la imposibilidad de acceder, que sean parte de este proceso de actualización de la normativa de la provincia de Buenos Aires”.

El mandatario bonaerense brindó esta conferencia junto a la vicegobernadora, Verónica Magario; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak y secretario general bonaerense, Federico Thea.

Alak recordó que, en diciembre próximo, cumplirá 200 años el Poder Judicial bonaerense y es “fecha propicia” para analizar el sistema normativo judicial de la provincia.

“Nos motoriza la necesidad de cubrir los vacíos normativos que esta Provincia ha generado en los últimos años, al no sancionar normas indispensables para el funcionamiento del Poder Judicial para acercar la justicia a la población y solucionar sus problemas”, afirmó.

Destacó la necesidad de un Código Procesal de Familias, Civil y Comercial y una ley que amplíe las competencias del Abogado y la Abogada del Niño, Niña y Adolescente; una ley de Régimen pericial que permita contar con más de estos profesionales y agilizar su trabajo que actualmente demora entre un año y medio y dos años.

Remarcó además que se pondrá en agenda una Ley de Ética Pública y Transparencia que pretende “sea ley obligatoria para la administración pública y se incluya en los programas de estudios”.

El secretario general Federico Thea recordó que el actual Código Procesal Civil y Comercial data de 1968 y, agregó “está escrito en clave mercantil, tiene más de 800 artículos, y solo 50 se dedican a conflictos de familias. Eso queremos revisarlo, queremos que el nombre de ese Código sea Código Procesal de Familias, Civil y Procesal y se tenga en cuenta las situaciones de desfavorabilidad”.

Thea sostuvo que “hay que mejorar el proceso de selección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, hay un porcentaje alto de vacantes y necesitamos agilizar los proceso y dar más claridad a la cobertura de vacantes, pero podemos tener mejores jueces, pero si estos jueces y juezas no cuentan con Legislaciones que permitan romper esas desigualdades, vamos a seguir teniendo los mismos problemas”.

     
 

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Alberto: “Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”


En un posteo en redes, el Presidente consideró “imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”.


 

|El presidente Alberto Fernández consideró que “es muy difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos”.

“Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”, señaló Fernández en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

El jefe de Estado se refirió en las redes sociales a un hilo de tuits publicados por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, referidos a la escasa confianza que los argentinos tienen en el proceder de los funcionarios judiciales.

Las publicaciones de Fernández y Losardo se produce tras la decisión adoptada el viernes por la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso que la causa por espionaje ilegal que involucra a exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri pase a ser instruida en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

La decisión del máximo tribunal penal del país se produjo antes de que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a cargo de la investigación, pudiera resolver la situación procesal de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, para quienes los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían reclamado sus procesamientos.

El expediente estará ahora en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y tendrá como fiscal a Carlos Stornelli, quien se encuentra procesado por espionaje ilegal en una causa que se tramita en el juzgado federal de Dolores que encabeza Alejo Ramos Padilla.

     
 

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La Justicia de Entre Ríos resolvió ampliar las cautelares en la disputa de los hermanos Etchevehere


| Cautelares | “Casa Nueva”. El juez subrogante les pidió a las partes que “requieran una autorización por escrito si existe la necesidad de ingresar equipos o materiales, necesarios para la subsistencia personal y realización de trabajos de laboreo”; detallando cincunstanciadamente el pedido.


 

|El juez subrogante de la ciudad entrerriana de La Paz, Raúl Flores, resolvió mantener las medidas cautelares dictadas y ampliarlas al disponer la prohibición de realizar cualquier acto que implique impedir el egreso de las personas que se encuentran en el interior del predio rural “Casa Nueva”, donde se encuentra”Voy a declarar y voy a contar mi verdad. Cómo lo vengo haciendo durante todos estos años en los que sufrí muchos. Este hombre es un violento y es peligroso”.

Además, el juez pidió a las partes que designen una nómina de seis personas que podrán ingresar y salir del campo para poder llevar alimentos a ese lugar en disputa entre Dolores y sus hermanos Luis Miguel (exministro de Agroindustria de Mauricio Macri), Juan Diego y Arturo Sebastián, quienes se oponen a que en ese predio se desarrolle un emprendimiento agroproductivo denominado como “Proyecto Artigas”.

Las medidas fueron resueltas ante la presentación realizada por los fiscales Oscar Sobko y la fiscal auxiliar María Constanza Bessa, según indicaron fuentes judiciales de la provincia de Entre Ríos.

Durante toda la jornada de este sábado, los hermanos y un grupo de personas se instalaron en la puerta del establecimiento rural e impedían que pudieran ingresar o egresar personas y vehículos del predio “Casa Nueva”

El magistrado les pidió a las partes que “requieran una autorización por escrito si existe la necesidad de ingresar equipos o materiales, necesarios para la subsistencia personal y realización de trabajos de laboreo”; detallando cincunstanciadamente el pedido.

Además, se llamó a una audiencia de conciliación para este domingo a las 9:00 en el juzgado de Garantías de la Ciudad de La Paz, donde deberán concurrir las partes personalmente, o patrocinadas por letrado.

“Hoy siento que estoy privada de la libertad. No puedo dejar este campo. Luis Miguel es una persona violenta que no acepta que se haga su voluntad. Esto ha sido así durante los últimos 11 años. Yo respeto la Justicia, que dijo aquí no hay usurpación”, señaló Dolores en declaraciones a la señal televisiva C5N.

Los tres hermanos varones presentaron una denuncia por extorsión y presunta violencia económica contra Dolores, que el lunes deberá declarar por video conferencia ante el fiscal federal Federico Delgado.

“Voy a declarar y voy a contar mi verdad. Cómo lo vengo haciendo durante todos estos años en los que sufrí mucho. Este hombre es un violento y es peligroso”, subrayó Dolores sobre su hermano Luis Miguel, exfuncionario macrista.

     
 

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Ministra Gómez Alcorta: “hay que construir nuevos sistemas de administración de justicia”


| Reforma Judicial | “Construir nuevos sistemas”.  “Si no logramos construir otro servicio de administración de justicia, no hay posibilidad de sostener por lo menos, hacia el futuro, el principio democrático como eje rector de nuestra vida política”, expresó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.


 

|La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó este miércoles que para conseguir “mayores niveles de democratización hay que construir nuevos sistemas de administración de justicia”, al presentar el libro “La Justicia Acusada”, escrito por el presidente Alberto Fernández.

La presentación fue realizada en el marco de la jornada académica “Justicia y Democracia”, que organizó la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), se informó oficialmente.

“Nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas o que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más. Porque una Justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada”, sostiene la reseña del libro del Presidente.

Gómez Alcorta, al presentar la obra, planteó que el texto “habilita una serie de interrogantes sobre las nuevas formas del ejercicio del poder y las democracias contemporáneas” y describió que se trata de “veinte artículos”, que pueden leerse “por separado”, pero si se lo hace en forma completa “se lee una época”.

La ministra juzgó necesario “analizar el rol del Poder Judicial y las tensiones y conflictos que se expresan en el seno de la legitimidad del orden político”.

“Si no logramos construir otro servicio de administración de justicia, no hay posibilidad de sostener por lo menos, hacia el futuro, el principio democrático como eje rector de nuestra vida política”, expresó Gómez Alcorta.

La funcionaria repasó algunos hechos de la historia del país para identificar con claridad cuál fue la intervención del Poder Judicial en los asuntos políticos: mencionó la Acordada de 1930, los más de 8.335 hábeas corpus rechazados durante la dictadura cívico-militar y el plan sistemático de represión ilegal.

“Mientras desaparecían personas, se apropiaban de bebés y niños, se robaba, se violaba y se mataba, el Poder Judicial no fue un obstáculo”, advirtió.

Al referirse al atentado a la AMIA de 1994, Gómez Alcorta condenó el papel de la entonces SIDE, que “con apoyo del Poder Ejecutivo, de la Policía Federal y del Ministerio Público Fiscal desviaron la investigación judicial” del ataque a la mutual judía.

“Esa maquinaria está intacta”, afirmó y, sobre el cierre de su presentación, Gómez Alcorta invitó a “romper con la falacia de la independencia del Poder Judicial y de sus magistrados y magistradas”.

“La idea que sigamos hablando de justicia, asociado a que los jueces y las juezas son gente proba, con fuertes lazos para desempeñarse sin ningún tipo de contralor legal o social, a diferencia del resto de los poderes públicos, efectivamente lo que hace es poner en duda la capacidad que tenemos de desarrollo en términos de democratización y de justicia social”, argumentó.

En esa línea, concluyó: “Cualquier proyecto político que pretenda construir mayores niveles de democratización necesariamente tiene que asumir el compromiso de construir nuevos sistemas de administración de justicia con legitimidad social y democrática”.

Durante el encuentro, aportaron sus reflexiones Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y co-autor del libro; Mauro Benente y Federico Thea, compiladores de la obra y Alejandro Villar, rector de la Universidad Nacional de Quilmes.

     
 

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Ministra Gómez Alcorta: “es inadmisible que existan prácticas judiciales que siguen avasallando los derechos de las mujeres”


| Justicia | Fallos que vulneran derechos de la mujer. Gómez Alcorta criticó fallos que cuestionaron la ILE y del caso de Diana Sacayán. “Es inadmisible que existan prácticas judiciales como las de los jueces Rizzi y Anzoátegui, que siguen avasallando los derechos de las mujeres y desconociendo los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.


 

|La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó su rechazo al fallo de los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi que cuestionaron el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aplicado en el caso de una niña de 13 años que había sido violada.

Los jueces calificaron a los médicos que practicaron el Protocolo ILE como “sicarios” y “asesinos a sueldo”, según indicó un comunicado de la cartera que conduce Gómez Alcorta.

La funcionaria también mostró preocupación por el fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal que modificó la calificación jurídica de la condena dictada por el Tribunal Oral Criminal 4 en junio de 2018 en el caso de Diana Sacayán eliminando el agravante vinculado al odio por identidad de género.

“Es inadmisible que existan prácticas judiciales como las de los jueces Rizzi y Anzoátegui, que siguen avasallando los derechos de las mujeres y desconociendo los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo la ministra.

Indicó además que estas acciones “se suman a otras, como la de la Cámara Nacional de Casación Penal en el caso Diana Sacayán y evidencian la falta de perspectiva de género en la administración de justicia de nuestro país. La necesidad de transformación es urgente”.

Por su parte, la subsecretaria de Programas Especiales de la Secretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Carolina Varsky, afirmó que el Protocolo ILE “es una herramienta central para garantizar el acceso a los abortos no punibles que cumplen con las causales establecidas en el Código Penal desde 1921”.

El ILE, agregó, “brinda un criterio unificado para la atención de las personas en todos los centros de salud, lo que permite que toda aquella que lo necesite pueda acceder a este derecho en igualdad de condiciones en cualquier punto del país”.

“Calificar al Protocolo ILE como un manual de salvajadas humanas es desconocer por completo la ley y los derechos de las personas gestantes”, indicó la funcionaria.

En relación al fallo en el que los integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal quitaron el agravante de “odio a la identidad de género”, la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda y Varsky aseguraron que los jueces “están negando la identidad de género travesti por fuera del binarismo sexual y esto constituye un grave retroceso ya que el fallo en primera instancia había reconocido por primera vez en la historia judicial argentina el concepto de travesticidio. Esta es la cuestión de fondo”.

     
 

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Ministro Cabandié: “la Justicia tiene que actuar frente a los incendios”


| INCENDIOS FORESTALES | Ministerio de Ambiente. “Es importante destacar que hay varias situaciones que generan estos incendios, a veces es lo inmobiliario, otra lo agrícola ganadero y la imprudencia, pero nadie se le escapa que muchas veces es con intencionalidad”, destacó el ministro.


 

|El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó este domingo que “los Estados apagamos los incendios pero, como sucede muchas veces, luego se vuelven a encender” y aseguró que es “la Justicia la que tiene que actuar”, durante su visita a San Luis para mantener una reunión con autoridades locales y recorrer las zonas afectadas por el fuego, se informó oficialmente.

Asimismo, indicó que el Sistema Nacional de Manejo del Fuego “está siempre a disposición de las provincias” que requieran recursos, tal como se asiste actualmente a San Luis, Córdoba, la zona del delta del Paraná, Jujuy, Catamarca y Corrientes donde están controlados los incendios pero trabaja un avión hidrante.

El ministro Cabandié mantuvo reuniones con la Jefa de Gabinete local, Natalia Zabala Chacur y el Jefe de San Luis Solidario, Damián Gómez, para analizar laa situación de los incendios forestales en la provincia iniciados hace diez días mientras se mmntenían tres focos activos en Papagayo, El Morro y Carpintería.

Cabandié llegó a San Luis desde Córdoba, donde debió realizarse un test sobre coronavirus que le dio resultado negativo.

Además de las reuniones con funcionarios, el ministro monitoreó el operativo y mantuvo encuentros con los combatientes de incendios forestales enviados por el Ministerio de Ambiente a suelo puntano, los que se sumaron a complementar la tarea de los brigadistas locales.

“Llegamos a San Luis a colaborar como lo venimos haciendo en varias provincias del país, ya que es una situación que consideramos grave y necesario una articulación rápida para poder controlar este daño que está recibiendo el medio ambiente y que está afectando a muchos ciudadanos”, expresó.

El ministro anunció que, además de los 76 brigadistas enviados del Plan Nacional Manejo del Fuego, se sumó otro avión hidrante al que ya había que permitirán combatir los incendios.

Por otro lado, destacó el proyecto que modifica la ley 26.815 del Manejo del Fuego presentado por el presidente del bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que tiene como objetivo la protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios provocados o intencionales y también evitar la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras.

“Es importante destacar que hay varias situaciones que generan estos incendios, a veces es lo inmobiliario, otra lo agrícola ganadero y la imprudencia, pero nadie se le escapa que muchas veces es con intencionalidad, así que considero que ese proyecto va ayudar, hay antecedentes que así lo demuestran”, expresó el ministro.

Agregó: “En el código penal no está tipificado el delito de desmonte, tenemos que hacerlo rápido. Desde la Nación venimos trabajando con asociaciones, movimientos campesinos y organizaciones de la sociedad civil para que podamos mejorar la ley de bosques nativos que es del 2007″.

“Va a ser clave tipificar el delito de desmonte, porque si bien es cierto que la norma ayudó ya que bajó la curva de desmonte, también es cierto que en los últimos 13 años desde que está en vigencia hubo 2,8 millones de hectáreas deforestadas en el país”.

El parte diario sobre incendios forestales indicó este domingo que el delta del Paraná se encuentra sin focos activos, en tanto, además de San Luis, se registran focos ígneos activos en Córdoba, Jujuy, Catamarca, Misiones, Salta, Tucumán, Formosa y Chaco.

     
 

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