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Por irregularidades en colocación de deuda pública durante el gobierno de Macri procesaron al entonces secretario de Finanzas


| Procesado | Deuda Pública. Se trata de Santiago Bausili, integrante del gobierno de Cambiemos y acusado de “negociaciones incompatibles con la función pública” por participar de la contratación del Deustche Bank.


 

|El exsecretario de Finanzas Santiago Bausili, integrante del gobierno de Cambiemos, fue procesado hoy por “negociaciones incompatibles con la función pública” por participar de la contratación del Deustche Bank como intermediario en la colocación de deuda pública pese a que había trabajado en esa entidad bancaria hasta poco antes de asumir en la función estatal.

El procesamiento, sin prisión preventiva, fue dictado por el juez federal Sebastián Casanello, quien además ordenó trabarle un embargo hasta cubrir la suma de 10 millones de pesos, según surge del fallo.

El exsecretario de Finanzas “prestó conformidad para que, entre otras cosas, el Deutsche Bank, entidad de la cual él tenía acciones y otras por recibir, fuese designado como banco colocador y reciba, por ello, un 0,12% del monto colocado, recuérdese nuevamente las cifras: 7 mil millones de dólares”, dijo Casanello.

“El rol ocupado por Bausili excedía el marco formal -al momento de tomar decisiones- de nexo administrativo entre el órgano coordinador y el rector, tal como fuera deslizado por la defensa. En efecto, el nombrado comentó que tenía reuniones constantemente con (Luis) Caputo y que allí debatían las condiciones que debían presentar los bancos para ser elegidos”, repasó el magistrado.

Del expediente judicial surge que Bausili se desvinculó del Deustche Bank en 2016 y lo sobrevivió, hasta 2018, un plan de pagos acordado entre el encartado y el banco por su desempeño en años anteriores a su despido.

“Al considerar la relación laboral y que el Deutsche Bank tuvo obligaciones pecuniarias con Bausili que finalizaron dos años después de su nombramiento en la función pública -conforme lo establece la ley de ética pública-, éste debió abstenerse de intervenir en todos los asuntos que tuvieran vinculación con esa empresa por al menos tres años”, remarcó Casanello.

En ese sentido, y tal como había señalado el fiscal Federico Delgado al requerir la indagatoria del exfuncionario, el juez sostuvo que “se vislumbra, con meridiana claridad, que Bausili no podía intervenir en ningún asunto relacionado o vinculado a su ex empleador hasta septiembre de 2021”, por lo que remató: “En otras palabras, todas las acciones llevadas a cabo por el nombrado, en ese período, se encontraban prohibidas por ley”.

La prueba reunida en el expediente “demuestra el desapego por parte de Bausili de los altos estándares de ética y transparencia que su rol le exigía. El caso bajo análisis excede un mero conflicto de interés. El nombrado conocía desde su ingreso a la función pública que tenía vedada la intervención en actos vinculados con el Deutsche Bank”, añadió el juez.

En concreto, se le endilgó al exfuncionario “haberse interesado, en miras a la obtención de un beneficio propio y de terceros, mientras se desempeñaba, en primer lugar, como Subsecretario de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, y luego como Secretario de Finanzas del Ministerio de Finanzas Públicas de la Nación (posteriormente la secretaría quedó bajo la órbita del Ministerio de Hacienda de la Nación), en los procesos administrativos de designación y pago de los bancos que intervinieron en la colocación de los títulos de deuda pública”.

Esos títulos, recordó, fueron “emitidos por el Estado argentino (en el marco de la reestructuración de la deuda pública -ley 27.249-), entre los cuales se encontraba postulado el Deutsche Bank”.

El actuar interesado del imputado, dijo, “nace a partir del estrecho vínculo que lo unía a esa firma”: fue director del área Latin American DCM en Treasury Solutions de ese banco (entre los años 2007 y 2016) y tenía acciones de dicha compañía. El 31 de enero de 2016, al desvincularse del Deutsche Bank, recibió en cuotas un total de 13.025 acciones de la entidad, con un valor nominal en la bolsa de Nueva York de U$S 13.80 cada una, que terminó de cobrar en el mes de septiembre del año 2018.

El Deutsche Bank fue elegido de manera directa para intervenir en los pagos acordados en el llamado “Megacanje II”, según había definido el fiscal Delgado al referirse a la colocación de deuda pública para pagar a los fondos buitre durante el gobierno de Macri.

     
 

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El ministro Soria vuelve a reclamar la reforma judicial: “Casación es un tribunal que ha quedado muy contaminado”


| Reforma Judicial | Casación – Ministerio Público – Comodoro Py. El ministro de Justicia volvió a pedir que se apruebe la reforma judicial y los cambios en el Ministerio Público para avanzar en la designación de un reemplazante del procurador Eduardo Casal.


 

|El ministro de Justicia, Martín Soria, consideró que la Cámara de Casación es un “tribunal que ha quedado muy contaminado” y volvió a pedir que se apruebe la reforma judicial y los cambios en el Ministerio Público para avanzar en la designación de un reemplazante del procurador Eduardo Casal.

En un reportaje en Página/12 publicado este domingo, el funcionario nacional manifestó su preocupación por “la fuerte politización de la justicia” y cuestionó a los miembros de Casación que rechazan excusarse en causas vinculadas al expresidente Mauricio Macri pese a que salieron a la luz sus visitas a la Casa de Gobierno y a la residencia presidencial de Olivos durante la gestión de Cambiemos.

“La Casación es un tribunal que lamentablemente, por culpa de unos pocos, ha quedado muy contaminado. Ha quedado con algunos integrantes que demuestran la intoxicación de los tribunales con la política”, dijo el ministro de Justicia.

Soria recordó que “en las últimas semanas han salido a la luz los ingresos a escondidas a Casa Rosada y las visitas a Olivos, los mensajes que intentó borrar el secretario privado del expresidente Macri, que era un recordatorio de que tenían que hablar con Mariano Borinsky sobre una denuncia”.

“A esto se le suma el hecho de que, cuando les pidieron informes sobre quiénes ingresaban a Olivos y a la Rosada, ese mismo secretario, Darío Nieto, alteró los registros. Es evidente que estaba mal, que no era lícito lo que estaban haciendo con la mesa judicial que crearon para presionar a la justicia y para armar causas, para perseguir a opositores, a empresarios, a todo aquel que se opusiera a su modelo económico”, agregó el titular de Justicia.

 

Sobre la decisión de algunos jueces de rechazar la excusación en su contra, Soria señaló: Recusan a un juez por el escándalo público de haber ido a Olivos, supuestamente a jugar al paddle mientras intervenía en causas que eran del interés del entonces presidente, y había mensajes del secretario de Macri que decía que tenían que hablar de causas, o sea no era solamente una relación deportiva. El umbral de la vergüenza de algunos de estos personajes está por el suelo”

“Hay que ver qué dice el Código Procesal sobre qué es lo que debe hacer un juez: yo me considero imparcial, pero no es algo que deba resolver yo, le remito el expediente a un colega para que resuelva. Lo que hizo este magistrado de Casación fue, una vez más, tirar el Código a la basura al resolver él mismo rechazar su recusación. Borinsky resolvió que Borinsky es imparcial. Es insólito”, aseveró el funcionario.

También señalo que le “corresponde al Consejo de la Magistratura determinar si actuaron con imparcialidad e independencia, si debieron haberse inhibido en causas en las que el principal interesado era Macri y su gobierno”.

Soria también destacó la necesidad de una reforma de la Justicia y señalo que “es un poder que “ha quedado con las estructuras del siglo XIX, asociado a privilegios corporativos”.

“Algunos quieren aferrarse a sus privilegios corporativos y creen que nada va a avanzar o que cuentan con la complicidad de aquellos que los utilizaron para sus fines políticos o económicos”, advirtió en ese sentido.

Sobre si impulsará la creación de una bicameral parlamentaria para analizar el funcionamiento del Poder Judicial, Soria señaló que “en la historia del Poder Legislativo, no es la primera vez que se crean este tipo de comisiones para analizar distintas situaciones. Se creó la bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal. La oposición se opone a todo: desde el diálogo hasta la posibilidad de crear una bicameral para analizar el funcionamiento o cómo se afectó la independencia del Poder Judicial”

El ministro de Justicia también se quejó del rechazo de la oposición a reformar la ley del Ministerio Público y dijo que “se van a oponer a cualquier reforma al Ministerio Público, pero ni siquiera han leído los proyectos que ellos mismos presentaron. Ahora Garavano va a la OEA, pero están los registros de cuando él mismo hablaba de reformar las mayorías para elegir al procurador”.

   
 

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Félix Crous y la investigación de la deuda con el FMI: “Queremos saber si los dólares están bajo un colchón o en las off shore”


El titular de la Oficina Anticorrupción se refirió a la investigación que se lleva adelante para determinar si hubo “administración fraudulenta y malversación de caudales públicos” por parte de Mauricio Macri en la toma de deuda con el FMI.


 

|El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, dijo este sábado que con la investigación que busca determinar si existió “administración fraudulenta y defraudación” por parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se busca determinar si “los dólares están bajo un colchón o en las off shore”.

“Queremos que se investigue si hubo una administración fraudulenta y malversación de caudales públicos”, dijo Crous en declaraciones a Radio 10, tras puntualizar que con la toma de la deuda bajo la gestión de Cambiemos “como nunca se endeudó al país para garantizar que los que estaban especulando con las letras del Tesoro pudieran obtener ganancias”.

“No tenemos información precisa pero lo que sí se puede rescatar es si el dinero se fue o se quedó dentro del país, si está en un colchón o en las off shore”, y que “antes de eso necesitamos saber quién los compró para saber quienes se beneficiaron”.

“Queremos saber si dentro de ellos están los mismos funcionarios que dictaron estas medidas”, sintetizó.

Este viernes,el Gobierno instruyó al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante en representación del Estado en la causa que investiga si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” por parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el Fondo.

La decisión fue tomadas a través del Decreto 239/2021 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.

En sus declaraciones, Crous deseó que “pronto la jueza levante el secreto bancario” y aseguró también que “fue monstruoso cuántos dólares se fugaron entre las PASO y el 10 de diciembre del 2019”.

“Argentina fugó la mitad de toda la deuda que tomó la dictadura”, graficó el titular de la OA.

También dijo que en el caso de toma de deudas “hay dictámenes que deben emitir organismos competentes que tienen que ver con la factibilidad de las decisiones del préstamo que no se hicieron bajo la gestión de Cambiemos, para evitar ser controlados”.

Sobre la evaluación que debe hacer la Sigen, Crous sostuvo que “es un órgano muy robusto y calificado” que hizo “un trabajo muy afinado en la evaluación normativa que para nosotros fue de mucha utilidad y todo el tiempo está haciendo este tipo de auditorías”.

“De manera que con el trabajo del Banco Central y la Sigen podemos tener pronto una idea del daño producido”, finalizó Crous.

     
 

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Ex juez Canicoba Corral: “Ha habido lawfare y una persecución en el gobierno de Macri”


| Lawfare | Persecusión judicial. El ex magistrado federal dijo que “nunca” vio cosas como “las que se resolvieron en estos últimos cuatro años”.


 

|El ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral aseguró este sábado que existió el lawfare y que “ha habido una persecución” durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

 

“Es un término muy técnico pero sí creo que ha habido, está probado, no es un tema de creencias. Ha habido una persecución clara de determinados personajes, y de eso hablo cuando digo que no lo había visto en tantos años”, aseguró Canicoba Corral.

 

El ex magistrado renunció a mediados de 2020 al borde de cumplir la edad que marca la ley para jubilaciones en la Justicia, sumado a la tensa situación que vivió durante los últimos años con el macrismo.

“Fue una presión. Por supuesto que hay un componente político en todo esto, todo esto se hace por política para alinear a los jueces e hicieran lo que se suponía que tenían que hacer. Tengo 30 años en el fuero federal y otros 25 en provincia, nunca vi las cosas que se resolvieron en estos últimos cuatro años”, afirmó en declaraciones radiales.

 

Canicoba Corral se refirió además a la información que se conoció sobre jueces que tenían que resolver casos de corrupción y visitaron Casa Rosada o la Quinta de Olivos durante el macrismo, como los casos de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

 

“El problema es si hay correlación entre esas visitas y determinadas disposiciones judiciales. Hay algunas que son ‘extrañas’, raras, infrecuentes ¿No es cierto? Entonces la correlación entre esas resoluciones, esas visitas, y algunas noticias que publican algunos de los medios hegemónicos, es lo que se está viendo todos los días”, agregó.

Por otra parte, al ser consultado sobre las denuncias en su contra por presunto enriquecimiento, el juez Canicoba Corral dijo que hubo “presión” y que estuvo sometido 3 años a investigación y no se encontró nada.

     
 

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El Estado querellante en causa contra Macri por la deuda con el FMI: “La mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”


| Estado Nacional | Querella a Macri. El Procurador del Tesoro Nacional Carlos Zannini recibió este viernes la instrucción del Gobierno nacional. El Presidente había definido el endeudamiento como “la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.


 

|El Gobierno instruyó al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante en representación del Estado en la causa que investiga si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” por parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La decisión fue tomadas a través del Decreto 239/2021 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.

En el artículo 1° del decreto se “instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019 ‘Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública'”.

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal.

La norma sostiene la necesidad de que el Procurador “coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado”.

La decisión presidencial

El endeudamiento asumido durante el gobierno de Cambiemos con el FMI, fue definido por el presidente Alberto Fernández en marzo pasado -al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso- como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

En ese marco, el Presidente anunció que impulsará una querella criminal para abrir la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos.

En tanto, en el artículo 2° del decreto también se instruye al Procurador “a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.

Del mismo modo, determina que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) debe analizar “la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios”.

Las autoridades también solicitan la “colaboración” del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en sus materias de competencia.

En relación a esta situación, la Comisión Bicameral Parlamentaria de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Externa acordó hoy invitar al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a funcionarios de la Sindicatura General de la Nación, el Banco Central y la Oficina Anticorrupción para que brinden informes sobre nivel de endeudamiento y negociaciones en curso.

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, al ser ratificado hoy como presidente del cuerpo, accedió al pedido de senadores y diputados de ambas bancadas en una reunión que se realizó por videoconferencia.

En ese marco,el diputado nacional del oficialismo José Luis Gioja planteó también la necesidad de convocar a autoridades de la SIGEN, de la Procuración General del Tesoro, de la Oficina Anticorrupción y del Banco Central para que ofrezcan precisiones sobre la causa del endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri.

Desde Juntos por el Cambio, el senador radical Ernesto Martínez, pidió la presencia del ministro Guzmán para dar precisiones sobre la renegociación de la deuda emprendida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de Paris.

Al aceptar la propuesta,Mayans dijo que “la renegociación con ambos organismos es la más difícil que la Argentina tiene por delante” y consideró que “puede servir para cambiar los valores del sistema financiero de nuestro país, sobre todo de estas tasas que son realmente monstruosas e impiden el desarrollo de nuestra economía”.

El senador por Formosa explicó que el Gobierno nacional procura “bajar los intereses y mejorar los tiempos para que la Argentina asuma un compromiso que pueda cumplir”.

El Parlamento “deberá también resolver si va a acompañar o no la negociación por la deuda”, agregó.

El 1° de marzo pasado, en el marco de la Asamblea Legislativa, el Presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Zannini.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente anunció que había “instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

       
 

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Carlos Beraldi pidió investigar al exsecretario privado de Mauricio Macri por el registro de ingresos a Olivos


| Lawfare | Carlos Beraldi pidió realizar medidas de prueba y “de ser corroboradas las incongruencias entre la información aportada por Nieto y los registros oficiales”, se amplíe la declaración indagatoria del exsecretario privado de Mauricio Macri.


 

|El abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió a la fiscalía a cargo de las causas por espionaje ilegal en Lomas de Zamora que investigue si el exsecretario privado de Mauricio Macri, Dario Nieto, omitió entregar información sobre ingresos de funcionarios judiciales a la Quinta presidencial de Olivos.

En un escrito presentado en la causa en la que es querellante, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, solicitó que se ordenen medidas de prueba y en caso de surgir sospechas, se cite a Nieto a una ampliación de su declaración indagatoria.

Beraldi se refirió en concreto a los casos del juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y al fiscal ante esa instancia Raúl Plée y remarcó que ambos intervinieron en los planteos para que la pesquisa deje el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora y pase a Comodoro PY.

“Según dan cuenta distintos medios periodísticos, el imputado Darío Hugo Nieto, en su carácter de Subsecretario de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales (Secretaría General de la Presidencia) evacuó, el 24 de enero de 2019, una solicitud de información efectuada por “Poder Ciudadano””, recordó Beraldi.

La ONG recibió una “lista con nombres y apellidos ordenados alfabéticamente de las personas que habían ingresado a la Residencia Presidencial de Olivos”, una respuesta que “adolecía de serias deficiencias, a saber, no se especificaban, entre otras cosas, los motivos por los cuales las personas enumeradas habían ingresado a la Quinta de Olivos, así como tampoco la fecha ni hora de entrada y salida”.

Poder Ciudadano impugnó el informe en el ámbito administrativo y judicial y “como resultado de esta última, aparentemente recién con el cambio de gestión gubernamental se dio respuesta en debida forma a la solicitud ya mencionada”, agregó el escrito.

“Al respecto, es interesante destacar, por su directa vinculación con el objeto del proceso, que en la información que Nieto aportara a “Poder Ciudadano”, si bien se daba cuenta del ingreso de Gustavo Arribas a la Quinta de Olivos, como ocurría con el resto de los casos tampoco se exteriorizaron los motivos de su/s visita/s ni los datos cronológicos de la/s misma/s”, agregó.

Beraldi advirtió que luego y por la investigación periodística de “El Destape” “habría quedado acreditado que en la respuesta brindada por Nieto, a las irregularidades ya mencionadas, se le sumaban ahora omisiones de significativa trascendencia”.

Por ejemplo “no se daba cuenta del ingreso de varios magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal a la Quinta de Olivos, destacándose, entre tales omisiones, las reiteradas visitas del juez Mariano Borinsky (15 oportunidades), así como también del Fiscal General Raúl Plée (una oportunidad)”.

“Como se sabe, los nombrados magistrados han tomado intervención directa en el trámite de este proceso, y de manera específica, en el planteo de inhibitoria de competencia que promoviera, justamente, la defensa del imputado Darío Nieto, en el cual dictaminaron y resolvieron de conformidad con lo solicitado por el nombrado”, concluyó.

En el escrito se recordó que en el celular secuestrado a Nieto en la causa por espionaje, en la que tiene falta de mérito, “aparece una mención en la que se hace referencia al juez Borinsky, con la siguiente indicación “Hablar con Borinsky. Tema denuncia, administrativo y penal””.

Beraldi pidió realizar medidas de prueba y “de ser corroboradas las incongruencias entre la información aportada por Nieto y los registros oficiales, así como también cualquier otra circunstancia que pudiera guardar relación con el objeto del proceso (vgr., el ingreso de alguna de las otras personas imputadas en autos que no hubiese sido debidamente registrada) se amplíe la declaración indagatoria del nombrado Nieto”.

     
 

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Graciana Peñafort: “Los jueces y fiscales que iban a Olivos eran funcionarios que violaban la ley”


| Lawfare | Jueces y fiscales. La directora de Asuntos Jurídicos del Senado pidió “no bajarle el precio a la gravedad” de las reuniones en la residencia presidencial durante la gestión de Macri y aseguró que esos actos repercutirán en las causas en las que intervienen.


 

|La abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, remarcó este miércoles que “no hay que bajarle el precio” a la “gravedad” de las visitas de jueces y fiscales a Olivos durante la gestión de Cambiemos porque se trató de “funcionarios públicos que violaban las leyes”.

“No hay que bajarle el precio: Eran funcionarios públicos y violaban la ley”, definió Peñafort en declaraciones a Radio Cooperativa.

Peñafort consideró que “habrá consecuencias sobre las causas que llevaban adelante” los camaristas cuyas reuniones quedaron en registros oficiales, mientras tramitaban causas de interés político.

“Que un juez o un fiscal sean amigos del Presidente no es delito, pero sí lo es que ese juez intervenga en casos en los que ese Presidente tiene interés. Eso es causal para que esa sentencia sea nula, por eso es tan increíble lo que hicieron (los camaristas Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky de seguir interviniendo”, agregó.

La letrada también dijo que si esa cuestión hubiera sido “pública”, ella “como abogada hubiera impugnado, por ejemplo”.

Peñafort insistió en que las causas deben ser juzgadas “por un juez imparcial” por lo que es “grave” lo sucedido ya que los magistrados emitieron “sentencias nulas” que, además, “han causado mucho daño”.

En particular, sobre Borinsky dijo que, si bien “ya estaba complicado” con la difusión “de la agenda de Darío Nieto que dice que iba (a una reunión) por una causa penal, se demuestra la falsedad de la primera explicación, cuando Borinsky dijo que iba (a Olivos) por la reforma del Código Penal y a jugar al paddle”.

Peñafort añadió que ahora “el peligro es que no pase nada” con esta información.

Consultada sobre la decisión de la justicia de finalizar la intervención en los complejos Hotesur y Los Sauces, consideró “absurdo que sea noticia” porque “es una medida procesal más, como fue en su momento, una medida procesal que se la quitaran”.

“La Argentina tiene como noticia actos procesales”, lamentó la abogada, tras sostener que “por supuesto me alegra que las cosas se establezcan”.

     
 

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Viceministro de Justicia Juan Martín Mena sobre las visitas de jueces y fiscales a Macri: “Han intervenido para garantizar impunidad”


| Lawfare | Jueces y fiscales. “Nadie cuestiona las relaciones sociales, lo que no se puede hacer es las dos cosas al mismo tiempo. Lo que completa la irregularidad es que al mismo tiempo que se daban estas visitas resolvían casos de enorme trascendencia”, opinó el viceministro de Justicia de la Nación.


 

|El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, aseguró este lunes que los jueces y fiscales que visitaban la Quinta de Olivos durante la gestión de Mauricio Macri luego “intervinieron para garantizar impunidad” del expresidente.

“Lo que ha tornado irregular esta situación es que estos jueces y fiscales intervinieron para garantizar la impunidad de Macri y son los espadachines de la persecución contra Cristina Kirchner y parte de su Gobierno”, evaluó Mena al hablar por radio La Red.

De este modo, Mena se refirió a las visitas de jueces y fiscales -entre ellos los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos- a Olivos durante la presidencia de Macri.

“Nadie cuestiona las relaciones sociales, lo que no se puede hacer es las dos cosas al mismo tiempo. Lo que completa la irregularidad es que al mismo tiempo que se daban estas visitas resolvían casos de enorme trascendencia”, indicó el funcionario.

Mena relató en este sentido un caso que lo involucra al recordar que está procesado “por el caso del Memorándum con Irán” y explicó que él era “funcionario del Ministerio de Justicia” y fue al Congreso “a dar las explicaciones”.

“Estas mismas personas que confirmaron mi procesamiento, si yo sabía que jugaban con Macri al paddle cada 15 días los hubiera recusado”, aseveró.

El viceministro de Justicia consideró que “la presión para estos jueces era muy grande” y “venía del propio Gobierno” de Macri.

Sobre cómo debe seguir la investigación a partir de la conducta de estos magistrados, indicó que “en parte es la Corte Suprema la que debería intervenir, pero también tendrá que pronunciarse el Consejo de la Magistratura”.

Al ser consultado sobre si el Gobierno promoverá el juicio político de los magistrados que visitaban a Macri, Mena señaló: “Todavía no lo hemos analizado, pero lo que sí se van a impulsar son investigaciones administrativas y penales”.

“En el caso de Hornos -precisó- ya existe una investigación en curso en el Consejo de la Magistratura”.

Al referirse al camarista Borinsky, quien según los registros ingresó 15 veces a la Quinta de Olivos durante la gestión de Cambiemos, indicó que “deberían tramitarse las actuaciones administrativas”.

“Hay que recordar que el juicio político es el resultado de una investigación ante el Consejo y lo que yo creo es que tiene que haber una investigación y que tienen que dar explicaciones”, completó.

En este sentido, apuntó que “en el teléfono del secretario privado de Macri había una nota que decía `recordar hablar con Borinsky tema denuncia penal y administrativa´”.

“Por lo tanto, creo que los partidos de paddle no eran una actividad meramente recreativa. Y sobre eso tendrán que dar explicaciones Borinsky y el propio secretario de Macri”, apuntó.

En otro orden, y al ser consultado sobre la situación judicial de Milagro Sala y Luis D´Elía, Mena sostuvo que se ha “denunciado la irregularidad con la que se tramitaron causas en estos últimos cuatro años, en los que se detuvo gente sin justificación legal, dirigentes que no eran del agrado de Macri”.

Por último, ante una consulta, descartó que haya habido una suelta masiva de presos durante el año pasado al indicar que “en 2018 egresaron bajo todo concepto 13.200 personas del Servicio Penitenciario Federal”.

“Este número fue en 2019 del 15.200 personas, mientras en 2020 egresaron 9.108 personas. No existió ninguna suelta de presos, esa discusión es de una irresponsabilidad absoluta”, aseveró.

“Obviamente que hubo jueces que firmaron solturas anticipadas, pero porque correspondían por ley. Y luego podemos analizar casos concretos, pero no existió una política global de suelta de presos, eso es un disparate”, afirmó.

Asimismo, indicó que “el Poder Ejecutivo no dispone la libertad ni el apresamiento de nadie”.

   
 

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Carlos Beraldi sobre las visitas de jueces a Macri: “Cuando un juez no es imparcial las decisiones que tomó en las causas son inválidas”


| Lawfare | Jueces y fiscales. Beraldi afirmó que las visitas de jueces y fiscales a Olivos muestran “la grave situación en que estuvo el Poder Judicial”.


 

|El abogado Carlos Beraldi dijo que la visita de jueces y fiscales a la Quinta Presidencial de Olivos durante el Gobierno de Mauricio Macri “muestra la grave situación en la que estuvo el Poder Judicial durante casi cinco años”, observó “la necesidad de avanzar en procesos de juicio político contra cada uno” de esos funcionarios judiciales y puso en duda sus actuaciones, al señalar que “cuando un juez no es imparcial las decisiones que tomó en las causas son inválidas”.

Para Beraldi, la investigación realizada por El Destape y publicada en las últimas horas “pone al descubierto una serie de presunciones” que fueron teniendo durante el desarrollo de las causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de quien es su abogado, y que llevan a la “conclusión de que todas las causas estaban armadas y direccionadas desde el poder político”.

En esa línea, marcó que “la necesidad de avanzar en procesos de juicio político contra cada uno de estos magistrados y funcionarios y analizar cuál es relevancia que tiene todo esto en cada una de estas actuaciones”.

El abogado habló de “visitas en manada que hacían funcionarios judiciales”, que eran los mismos “que después intervenían en los expedientes de Cristina, que de manera invariable resolvían” contra la actual vicepresidenta.

 

En diálogo con El Destape Radio, el letrado puntualizó que la situación “muestra la grave situación en que estuvo el Poder Judicial durante casi cinco años”.

“Venimos planteando desde el comienzo la nulidad de estos procesos por las interferencias del poder político que nos privaban de la garantía básica de tener un juez imparcial y un fiscal objetivo”, remarcó el letrado.

 

Beraldi recordó en este punto que los jueces señalados como protagonistas de varias visitas a Macri cuando era Presidente, “(Mariano) Borinsky y (Gustavo) Hornos firmaron la resolución en la causa del Memorándum”.

“Algo parecido pasa en las causas de Los Sauces y Hotesur, en las que también han tomado intervención”, recalcó.

Sin embargo dijo que no va a apresurar: “Quiero ir viendo las decisiones que tomaron estos jueces, que no eran imparciales, y la validez o nulidad que se va a difundir a partir de esas resoluciones”.

 

Beraldi marcó que será un trabajo técnico, pero recordó que “cuando un juez no es imparcial las decisiones que tomó en las causas son inválidas”.

 

Finalmente, recordó que “en octubre de 2016, Cristina le dijo en la cara al juez (Julián) Ercolini que los procesos estaban direccionados y que había una interferencia del poder político”. Pero sus reclamos “los rechazaron los mismos jueces que están apareciendo en estos listas de entradas a la Casa Rosada y Olivos”.

Señaló entonces que lo que pasó en Brasil con el expresidente de Brasil Ignacio Lula da Silva “es premonitorio” y dijo: “Acá debería ocurrir lo mismo” en la Justicia.

“Creo que el Poder Judicial debe encontrar el recurso para que los mismos jueces revisen las inconductas que tuvieron sus colegas y se apliquen las sanciones correspondientes”, concluyó Beraldi.

   
 

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Justicia Legítima advirtió que las visitas de jueces a Macri en Olivos “revisten una gravedad institucional extrema”


| Lawfare | Jueces y fiscales. A través de un comunicado, Justicia Legítima sostuvo que “los registros publicados muestran que las reuniones se concretaron en fechas que resultan coincidentes con pronunciamientos de esos mismos jueces o de los tribunales que integran, en causas seguidas en contra de integrantes de la oposición política, empresarios o titulares de medios de comunicación”.


 

|La asociación Justicia Legítima advirtió que las visitas de jueces y fiscales a la residencia de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri “revisten una gravedad institucional extrema” porque implican una “ruptura grosera del principio de división de poderes”.

A través de un comunicado, Justicia Legítima sostuvo que “los registros publicados muestran que esas reuniones se concretaron en fechas que resultan coincidentes con pronunciamientos de esos mismos jueces o de los tribunales que integran, en causas seguidas en contra de integrantes de la oposición política, empresarios o titulares de medios de comunicación”.

Esos fallos, añadió la asociación, “fueron siempre en sentido favorable a las expectativas y exigencias del Gobierno de aquel momento -muchas veces hechas públicas-, acerca de cómo debía actuar el sistema de administración de justicia en esas causas”.

Por eso, la asociación de jueces consideró que esas visitas “revisten una gravedad institucional extrema, ya que conllevan una ruptura grosera del principio de división de poderes, al revelar una vinculación espuria y de sujeción del sistema de administración de Justicia al poder político, económico y mediático (art. 109 CN), colocando a la ciudadanía a merced de las decisiones judiciales tomadas a requerimiento de esos sectores, eliminando así el último resguardo de esa ciudadanía frente a la arbitrariedad en cualquiera de sus formas”.

“La salud institucional y democrática de la república exige una rápida intervención de los estamentos legalmente previstos para los casos de conductas incompatibles con la función judicial o en el Poder Ejecutivo que desempeñan estas personas, a efectos de poner fin de manera tajante y ejemplificadora a esas prácticas que configuran el mecanismo denominado lawfare”, indicó.

Y concluyó: “Ningún funcionario/a ni magistrado/a perteneciente a Justicia Legítima llevó a cabo conductas a las que se hace referencia”.

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, evaluó que los jueces y fiscales que visitaban a Macri durante su gestión son los “espadachines” de la persecución judicial desplegada por Cambiemos contra Cristina Fernández de Kirchner, mientras el Consejo de la Magistratura recibió una nueva denuncia por esas visitas, esta vez del camarista federal Mariano Borinsky.

     
 

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