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La CGT presentó el amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Enrique Lavie Pico. La Ley fue promulgada este viernes en el Boletín Oficial.
La CGT presentó este viernes un amparo en la Justicia contra la ley de Reforma Laboral que fue promulgada por la mañana en el Boletín Oficial con el decreto 137/2026. La Confederación solicitó que se suspenda el traspaso del Fuero Laboral de la Justicia a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. La presentación se hizo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico.
En el amparo, la CGT reclamó “el dictado de una medida cautelar de no innovar que suspenda de inmediato la operatividad de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral y del acuerdo de Transferencia aprobado por el art. 90 en cuanto disponen el cierre de treinta (30) Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la CNAT y la progresiva eliminación y cierre de la Justicia nacional del Trabajo, así como de las transferencias cuestionadas en el presente pedido de amparo”.
También pidió que “se dicte sentencia declarando nulo el Acuerdo de Transferencia e inconstitucionales los arts. 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral”.
El artículo 90 de la reforma, que la CGT quiere impugnar, establece el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 9 de febrero de 2026”.
Y el 91 encomienda al Poder Ejecutivo a “transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando el adecuado funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo”.
La presentación de la Confederación General del Trabajo se produce horas después de que se publicara en el Boletín Oficial el Decreto firmado por el presidente Javier Milei en el que promulga la ley aprobada el viernes pasado en el Senado. El lunes, marcharon a Tribunales para realizar un pedido al Poder Judicial para que declare la inconstitucionalidad de la ley votada por el congreso a pedido del Ejecutivo.
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