Diputados aprobó el presupuesto universitario y quedó al borde de los dos tercios

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El proyecto recibió 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. Hubo respaldo total del peronismo cordobés. El debate pasa al Senado.

La oposición volvió a desafiar a Javier Milei y aprobó en la Cámara de Diputados una nueva ley de financiamiento universitario, por segundo año consecutivo, similar a la vetada por el presidente en 2024. Tras un debate con cruces, el proyecto recibió un amplio aval: 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. Ahora la discusión pasa al Senado, donde estarían los números para sancionar la norma.

El resultado de la votación debería preocupar a Milei: faltó un solo voto afirmativo para que fuera aprobada por dos tercios, la cifra necesaria para voltear un futuro veto. Fue gracias al apoyo de Unión por la Patria; la mayor parte de la UCR, incluido el del jefe del bloque, Rodrigo De Loredo; el respaldo de varios gobernadores que siguen tomando distancia del presidente Milei, como el cordobés Martín Llaryora, el tucumano Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz.

El PRO, que acaba de cerrar un acuerdo electoral con los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires, no dio quórum y votó, en su gran mayoría, en contra. Hubo solo tres a favor y uno de ellos fue el del cordobés Héctor Baldassi. Los gobernadores de ese partido Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) promovieron dos de las cinco abstenciones.

Qué dice el proyecto
El Poder Ejecutivo Nacional tendrá que actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior a la inflación del mismo período. El aumento será remunerativo y bonificable, y deberá hacerse efectivo al mes siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.
Un mes después de la sanción de la ley, el Ejecutivo estará obligado a convocar a paritarias del sector docente y no docente, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no menor a la inflación.
Por otra parte, el Ejecutivo deberá actualizar el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades al 1ro. de enero de 2025, según la variación acumulada de la inflación entre mayo y diciembre de 2024. Este monto además se deberá actualizar desde enero a diciembre de 2025, de forma bimestral, también según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los aumentos ya otorgados este año deberán tomarse a cuenta para el cálculo.
En otro orden, deberán recomponerse todos programas de becas estudiantiles por la variación acumulada del IPC entre el 10 de diciembre de 2023 y la fecha de sanción de la ley. También se establece el incremento progresivo de los estudiantes beneficiarios acorde a la matrícula de las instituciones públicas de los niveles superior y secundario.

La iniciativa que obtuvo luz verde fue consensuada entre Unión por la Patria, Encuentro Federal, los radicales críticos de Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Tiene como prioridad resolver el atraso salarial de docentes y no docentes, que acumula un 31%. También se actualizan los gastos de funcionamiento y las becas estudiantiles.

Desde Unión por la Patria, el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, apuntó al atraso salarial: “Los empleados públicos nacionales y los universitarios perdieron el 31% de sus ingresos en el gobierno de Milei. Es una cifra enorme, un verdadero desastre en términos de ingresos, que se refleja en el éxodo que hoy existe en muchas universidades. Estamos perdiendo los mejores cuadros, y esto tiene que ver con el deterioro salarial”.

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