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LOS JUDICIALES BONAERENSES AFIRMARON QUE LA CÁMARA PENAL DE MAR DEL PLATA ES “CORPORATIVA, ANTIDEMOCRÁTICA Y PATRIARCAL”

   

| FEMICIDIO & REPUDIO| Así calificó la AJB a la presentación efectuada por los camaristas penales de Mar del Plata con motivo de los cuestionamientos del gremio judicial al fallo por el femicidio de Lucía Pérez. “La AJB solicita el más amplio repudio a la respuesta corporativa y al ataque de estos magistrados contra la organización sindical”

                                                                                  

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) repudia la presentación efectuada recientemente por los magistrados integrantes de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, mediante la cual exigen a la Suprema Corte provincial una respuesta institucional -con pedido de sanciones incluido- frente al cuestionamiento público que organizaciones sindicales, sociales, políticas, organismos de derechos humanos y colectivos feministas efectuaron ante el fallo machista y misógino dictado por el Tribunal en lo Criminal N°1 de esa ciudad, por el que resultaron absueltos los acusados del femicidio de Lucía Pérez.

| Cruces entre el gremio judicial y la Cámara por el caso Lucía Pérez |

Los camaristas sostienen que el cuestionamiento popular constituye un ataque a la independencia e imparcialidad de la judicatura, soslayando que las sentencias judiciales constituyen actos de gobierno, y por lo tanto la crítica pública de la ciudadanía sobre aquéllas configura una manifestación propia del régimen republicano vigente bajo un Estado democrático de derecho, que bajo ningún aspecto afecta la necesaria imparcialidad e independencia que el Poder Judicial debe tener frente a los otros poderes del Estado.

| “La AJB solicita el más amplio repudio a la respuesta corporativa y al ataque de estos magistrados contra la organización sindical” |

El posicionamiento de los integrantes de la Cámara Penal de Mar del Plata expresa una reacción corporativa, en su doble carácter de magistrados y varones, representativa de un Poder Judicial que mayoritariamente ignora el amplio y contundente consenso social existente en torno a la imperiosa necesidad de avanzar hacia procesos judiciales y fallos con perspectiva de género. Fallos y procesos que no garanticen impunidad, sino la reparación integral de la víctima y el castigo estatal de aquellos que cometen actos de violencia de esa naturaleza.

El Estado argentino tiene la obligación legal de prevenir, sancionar y erradicar las violencias hacia las mujeres y las disidencias, en cumplimiento con las garantías que establece la Constitución Nacional, la CEDAW, la Convención Belén Do Pará y la Ley 26.485.

Fallos como el del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata y la solicitud de los magistrados de la Cámara Penal, lejos están de garantizar la erradicación de ese tipo de violencias, cuando dejan impune el femicidio de una joven y exigen la aplicación de sanciones a quienes se manifiestan en contra de ese fallo.

Por otro lado, la solicitud de una respuesta institucional de carácter disciplinario a la Suprema Corte frente a la medida de fuerza impulsada por los Judiciales Bonaerenses constituye un claro avasallamiento a la libertad sindical. La Asociación Judicial Bonaerense tiene la facultad de disponer todas las medidas de acción que estime necesarias en defensa de los intereses laborales -individuales y colectivos- de sus representados, como así también de expresar su opinión sobre cuestiones políticas, económicas y sociales que pudieran afectar la convivencia en una sociedad de la cual los trabajadores son parte fundamental.

La AJB solicita el más amplio repudio a la respuesta corporativa y al ataque de estos magistrados contra la organización sindical, y reafirma su compromiso de continuar bregando por la construcción de un Poder Judicial con perspectiva de género, independiente y al servicio del Pueblo.

       

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LOS JUDICIALES BONAERENSES REPUDIAN LA CONDECORACIÓN DEL JUEZ JULIO CASANELLO

   

| DERECHOS HUMANOS & DELITOS DE LESA HUMANIDAD | La AJB, junto a diversas organizaciones, realizó un acto de repudio por la distinción que le otorgaría la Suprema Corte al magistrado, quien fuera Intendente durante la última dictadura militar. Repudio a la condecoración del Juez Julio Casanello (foto de portada)

                                                                         

El pasado 15 de noviembre, en el edificio sede del fuero penal del Departamento Judicial Quilmes, la AJB (Asociación Judicial Bonaerense) junto a diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas, realizaron una asamblea de repudio a la entrega de la distinción por cumplir treinta años de servicio en el Poder Judicial al actual integrante de la Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Julio Casanello. Al actual magistrado se le cuestiona haber sido Intendente de Quilmes durante la última dictadura militar, desde octubre de 1979 hasta fines de 1982. Casanello finalmente decidió no asistir a la distinción.

En la oportunidad, Mariano Fernández, Secretario de Derechos Humanos de la AJB manifestó que “durante la ejecución del plan de exterminio implementado por la última dictadura cívico-militar el Poder Judicial fue cómplice, y esa complicidad se manifestó en el rechazo sistemático de todos los hábeas corpus que familiares de detenidos desaparecidos presentaban ante tribunales federales y/o provinciales. Al extremo que en la Provincia de Buenos Aires la Corte emitió una resolución en 1977, que recomendaba a todos los magistrados bonaerenses no pedir informes a las dependencias militares antes las presentaciones de hábeas corpus”.

“Una vez vuelta la democracia, la complicidad consistió en garantizar la impunidad de los ejecutores del horror, y una muestra de ello es que el Poder Judicial mantiene, en roles de alta responsabilidad institucional, a ex funcionarios de la dictadura militar como Casanello, quien goza de fueros por su condición de Juez sobre los que podría resguardarse ante una eventual imputación penal por delitos de lesa humanidad”.

Al cierre del acto Gonzalo Cianis, secretario general de la Departamental Quilmes y secretario de Interior de la AJB, subrayó que “es inconcebible que un ex funcionario de un gobierno de facto, que actuó al margen de la Constitución Nacional y pisoteó las garantías constitucionales de toda la población, sea en democracia aquél que desde un rol de magistrado deba garantizar su vigencia”.

Además, recordó también que era tal “el compromiso de Casanello con la dictadura, que siendo funcionario participó en la organización del encuentro de Videla con la selección juvenil campeona del mundo en 1979, con cuya publicidad el gobierno de facto intentaba desviar la atención de la opinión pública en el contexto de la visita de una misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país por las denuncias existentes en el orden internacional contra Argentina”.

Por último, sentenció que “si fue parte de ese gobierno no puede ser Juez y menos aún, condecorado por su trayectoria en el Poder Judicial”.

Oportunamente, la Asociación Judicial Bonaerense -tanto a nivel provincial como departamental- realizó una presentación a la Suprema Corte junto a un conjunto de organismos de derechos humanos de Quilmes, solicitando que no entregase la distinción por cumplir treinta años de servicio en el Poder Judicial a Julio Casanello. La presentación nunca tuvo respuesta alguna.

En la antesala de la asamblea, el Honorable Consejo Deliberante del Municipio de Quilmes emitió una declaración de rechazo al otorgamiento del reconocimiento y en igual sentido se manifestaron en el Congreso de la Nación los diputados Mayra Mendoza, Juan Manuel Huss, Eduardo E. de Pedro, Adrián E. Grana, Fernanda Vallejos, Mónica Fernanda Macha, José Arnaldo Ruiz Aragón, Roberto Salvarezza, Cecilia Moreau, Horacio Pietragalla, Romina Del Pla y Luana Volnovich.

La asamblea contó con la presencia del cuerpo de delegados ATE de la Universidad Nacional de Quilmes; Walter Ornazabal, de la APDH Quilmes; Nora Huertas, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Viviana Buscaglia , por el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Quilmes; CORREPI Quilmes; Agrupación Poder Popular; Pedro Gómez, de Nuevo Encuentro; Oscar Troya por el Centro de Derechos Humanos Paulo Freyre; Alicia Juárez por Encuentro por la Memoria; y contó además con la adhesión del Dr. Martín Almada, premio Nobel Alternativo de la Paz, integrante de la mesa ejecutiva de la Asociación Americana de Juristas y descubridor de los Archivos del Plan Cóndor en Paraguay.

          

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PARITARIA 2018 | LA ACCIÓN JUDICIAL IMPULSADA POR LA AJB REBELA LA FALTA DE INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL BONAERENSE

   

| En contra de los trabajadores | El máximo Tribunal provincial resolvió conceder el recurso federal del Ejecutivo, por lo que será la Corte Suprema de la Nación quien resuelva sobre la efectividad de la medida cautelar. Paritaria 2018 de los Judiciales Bonaerenses

                                                                             

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -integrada con Eduardo De Lazzari y seis Jueces del Tribunal de Casación Penal-, finalmente resolvió conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la Fiscalía de Estado. A partir de esta decisión, la Corte Suprema federal deberá resolver la suerte de la medida cautelar que ordenó al Ejecutivo retomar la negociación paritaria con la AJB y la actualización de los salarios por inflación hasta que se arribe a un nuevo acuerdo salarial.

Con la oposición de De Lazzari y Víctor Violini el Tribunal, luego de un mes de deliberaciones, dicta una resolución contraria a la que había resuelto el pasado 12 de septiembre, en oportunidad de analizar la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley. Al voto de los jueces de Casación Carlos Natiello, Fernando Mancini y Mario Kohan, se sumó el llamativo y repudiable viraje producido por Ricardo Maidana y Daniel Carral, que en la primera resolución habían conformado la mayoría por el rechazo del recurso. En esta oportunidad Maidana decidió cambiar su voto, mientras que Carral se escuda detrás de una licencia para no votar, luego de tener a disposición el expediente durante tres semanas.

La decisión de la Suprema Corte completa un proceso en el cual -salvo honrosas excepciones que resulta necesario reconocer-, el Poder Judicial garantiza impunidad a un Poder Ejecutivo que decidió mantenerse al margen de la ley, negando sistemáticamente el derecho constitucional a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras judiciales.

Esa impunidad no sólo es atribuible a los magistrados que tomaron esta última decisión, sino también a quienes fueron partícipes de una demora de cuatro meses en la resolución sobre la vigencia de la medida cautelar. Tal es el caso de los magistrados del Tribunal de Trabajo 3 de San Martín, que en su oportunidad como Tribunal de feria concedió sin fundamentos el recurso de inaplicabilidad de ley; así como de los Ministros de la Suprema Corte (Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani y Negri), que luego de un mes de demorar el expediente se excusaron con argumentos falaces para no asumir el costo de un virtual enfrentamiento con el Poder Ejecutivo.

El resultado de la acción judicial impulsada por la AJB pone de manifiesto la falta de independencia del Poder Judicial provincial, cuya obligación inexcusable es imponer el cumplimiento del orden jurídico vigente a los otros poderes del Estado.

La subordinación a las necesidades del poder político marca un perfil de magistrados y magistradas más preocupados por mantener sus privilegios que por asumir la responsabilidad propia del Poder Judicial como último garante de los derechos fundamentales de la población.

       

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LOS JUDICIALES BONAERENSES REPUDIAN EL ARCHIVO DE UNA DENUNCIA CONTRA EL FISCAL FERNÁNDEZ GARELLO

   

| DELITOS DE LESA HUMANIDAD | La AJB (Asociación Judicial Bonaerense) expresa su rechazo a la resolución del Procurador General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conté Grand. Dispuso el cierre y archivo de las actuaciones seguidas al Fiscal Fabián Fernández Garello. “Delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar”

                                                                                 

| Derechos Humanos | A través de la resolución 728/18, el Procurador General de la Suprema Corte, Julio Conté Grand, dispuso el cierre y archivo de las actuaciones seguidas a Fabián Fernández Garello, actual Fiscal General del Departamento Judicial Mar del Plata. El magistrado había sido denunciado ante las autoridades del Ministerio Público por su participación en delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.

| La denuncia | Fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, en base a la información que se desprende de los legajos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que el organismo de derechos humanos gestiona desde el año 2001.

Los documentos de la DIPPBA involucran al actual Fiscal General de Mar del Plata en la causa por los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982, y de la detención de otros tres militantes de la misma organización el 23 de Julio de 1981. Fernández Garello reconoció en el Jury de enjuiciamiento haber participado en procedimientos de detención de personas en julio de 1981. Sin embargo, intentó minimizar su intervención afirmando que la misma se había limitado a la redacción de las actas de procedimientos en los domicilios donde se producían las detenciones, mientras que la custodia de los detenidos se encontraba a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Policía con sede en Caseros.

| Los procesos judiciales | Durante todos los procesos judiciales donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar quedó de manifiesto que la tarea de espionaje desplegada por los organismos estatales de inteligencia fue clave para la ejecución del plan represivo. Por ello resulta llamativo que frente a las pruebas obrantes en contra del Fiscal, el Procurador Julio Conte Grand haya decidido cerrar el sumario disciplinario sin profundizar la pesquisa de esos hechos, justo en momentos en que la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, Alicia Vence, dispuso recientemente la ampliación de la declaración indagatoria del magistrado en la causa penal donde se investigan los mismos hechos denunciados ante la Procuración General..

| Desestiman la investigación | Inexplicablemente, a pesar de conocer todo este material probatorio el Procurador General, Julio Conté Grand, resolvió desestimar la investigación en base a meros formalismos y razones endebles que no sólo desconocen la gravedad institucional de este hecho, sino que contrarían las obligaciones propias de la Procuración General en su rol de Superintendencia.

| Repudio de la AJB | “Resulta preocupante que Conté Grand argumente que el tema excede los límites de su actuación por tratarse de hechos anteriores y ajenos a la función actual de Fernández Garello, dada la gravedad institucional que implica que un Fiscal General de la democracia haya sido parte del aparato represivo y que, además, haya ocultado su condición de ex espía de la DIPPBA en sus antecedentes al momento de concursar por ese cargo”, señaló Mariano Fernández, Secretario de Derechos Humanos de la AJB

“La propia Constitución provincial indica que todos los funcionarios judiciales deben acreditar solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los Derechos Humanos. Es por eso que la decisión tomada implica, en los hechos, la protección del Fiscal y la tolerancia de actos contrarios al estado de derecho por parte un miembro destacado del Ministerio Público Fiscal, cuya función esencial es defender los intereses generales de la sociedad”, finalizó Fernández.

Es por ello, que la Asociación Judicial Bonaerense repudia la decisión tomada por el Procurador General y reitera el pedido de destitución del Fiscal General de Mar del Plata.

       

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LOS JUDICIALES BONAERENSES PARAN ESTE JUEVES EN TODA LA PROVINCIA

   

| PARITARIA 2018 | Los Judiciales nucleados en la AJB rechazan el aumento unilateral que dispuso el Gobierno Bonaerense y paran este jueves 8 de noviembre por la continuidad de la paritaria además del cumplimiento de la medida cautelar. Los Judiciales Bonaerenses también participarán de la carpa instalada frente a la Legislatura provincial para debatir el presupuesto 2019

 

   Por Oscar Dufour | (*)  

 

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convocó a un paro total con acciones locales para este jueves 8 de noviembre, es en rechazo al aumento salarial impuesto en forma unilateral por el Ejecutivo provincial. La medida de fuerza fue resuelta por mandato mayoritario de las asambleas realizadas el pasado 2 de noviembre.

| CARPA & DEBATE PARA DEBATIR EL PRESUPUESTO 2019 | La AJB participará -a partir de las 10 horas- en un panel donde se debatirá la situación de la Justicia y los Derechos Humanos en la Provincia de Buenos Aires, y su relación con la inversión presupuestaria en esas áreas.

La actividad se realizará en el marco de la carpa que un importante número de organizaciones sindicales y sociales acordaron instalar frente a la Legislatura provincial, donde durante toda la semana se debatirá contra el proyecto de presupuesto 2019 que la Gobernadora María Eugenia Vidal presentó el lunes 5.

| LOS JUDICIALES EXIGEN LA URGENTE CONVOCATORIA A PARITARIAS | Con esta nueva medida de fuerza el gremio judicial exige al Ejecutivo provincial la urgente convocatoria a paritarias y el cumplimiento de la medida cautelar que obliga al Gobierno a retomar las negociaciones con la AJB y a ajustar los salarios según la evolución del índice inflacionario publicado por el INDEC.

Finalmente, la AJB también le exige a la Suprema Corte y la Procuración bonaerense la continuidad de las mesas de diálogo suspendidas unilateralmente, a fin de dar solución en otros reclamos, a las demandas sectoriales de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones, Choferes, y Jardines Maternales.

Los que quieran oír… que oigan

(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista. Director General de 5minutosdenoticias y Revista Tiempo 30. Columnista de medios internacionales. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires.

                 

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LOS JUDICIALES BONAERENSES RECHAZAN UNA REFORMA CONTRARIA A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

   

| PROCEDIMIENTO LABORAL | La Legislatura provincial sancionó una nueva ley de procedimiento laboral que agravará los problemas del fuero, haciendo los procesos más lentos y engorrosos. Rechazo de la AJB (Asociación Judicial Bonaerense)

                                                                               

La nueva ley de procedimiento laboral elimina los Tribunales del Trabajo y crea un sistema de doble instancia similar al existente en la Justicia Nacional del Trabajo. Este sistema no sólo no resolverá los problemas que actualmente presenta el fuero del trabajo, sino que previsiblemente los agravará, extendiendo el plazo de resolución de los litigios. Como consecuencia de ello, la posibilidad de reclamar judicialmente por la violación de derechos laborales será cada vez más difícil para los trabajadores y las trabajadoras de la Provincia.

| Desde hace muchos años el funcionamiento del fuero laboral presenta serios problemas | Procesos que se prolongan durante años, falta de integración de los tribunales por la demora en la designación de Jueces, vacantes en la planta administrativa y de funcionarios cuya cobertura se posterga indefinidamente, infraestructura obsoleta y deficiente, e imposibilidad de las asesorías periciales y del sistema público de salud en general para responder adecuadamente a las demandas que surgen de los reclamos laborales en trámite ante los Tribunales de Trabajo. A esto deben sumarse los serios inconvenientes que trajo una digitalización mal planificada y peor ejecutada.

Estos problemas se agravan ante una cantidad creciente de reclamos laborales, que han pasado de alrededor de 46.218 causas en 2007 a un máximo de 91.215 en 2017, sin que este aumento haya sido acompañado por la asignación de mayores recursos por parte del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de la Provincia (frente a un incremento del 97% en el ingreso de causas, el aumento de personal en el fuero sólo alcanzó el 24% en el período mencionado).

| Lamentablemente, la reforma aprobada por la Legislatura estará lejos de resolver estas cuestiones | En primer lugar, porque su tratamiento no fue precedido de un diagnóstico acerca de las causas de los problemas que actualmente enfrenta el fuero laboral, cuya resolución está más vinculada a decisiones del Poder Ejecutivo y de la Suprema Corte de Justicia que a obstáculos derivados del procedimiento laboral, aun cuando éste siempre pueda ser perfectible.

En segundo lugar, porque la creación de un sistema de doble instancia, si no va acompañada de un incremento sustancial del presupuesto asignado al fuero, no hará más que empeorar la situación actual. Los problemas de los tribunales colegiados se trasladarán a los juzgados unipersonales y a las cámaras de apelaciones, duplicando trámites e instancias. En este contexto, los plazos procesales que se establecen en el texto de ley serán materialmente incumplibles en la práctica y el incentivo para arribar a un acuerdo conciliatorio será cada vez mayor para los trabajadores y las trabajadoras, situación que implicará una renuncia parcial a sus derechos.

Cabe destacar que el proyecto original era aún más regresivo, en tanto directamente habilitaba que las sentencias laborales fueran revisadas, en segunda instancia, por las Cámaras de Apelación Civil y Comercial hasta tanto se pusieran en funcionamiento las Cámaras del Trabajo, lo que presumiblemente demoraría años. Dicha solución desnaturalizaba por completo la especialización que requieren los reclamos por violaciones al derecho del trabajo. Este aspecto fue duramente cuestionado desde la Asociación Judicial Bonaerense en conjunto con la Asociación de Abogados Laboralistas -criterio también compartido por el Colegio de Magistrados-, y fue dejado de lado en el proyecto aprobado por la Legislatura.

| Impacto negativo | Finalmente, el nuevo procedimiento, tal como está planteado, también impactará negativamente sobre la situación y derechos de los trabajadores y las trabajadoras judiciales que prestan tareas en el fuero laboral, que enfrentarán una sobrecarga de trabajo con recursos manifiestamente insuficientes. En este sentido, desde la Asociación Judicial Bonaerense vuelven a señalar que es necesario impulsar acciones urgentes para mejorar el funcionamiento del fuero laboral, comenzando por garantizar los niveles básicos en materia de infraestructura y cantidad de personal y de organismos.

El nuevo sistema, en las actuales condiciones, no sólo no aborda estos problemas, sino que tiende a agravarlos, haciendo aún más difícil el ejercicio de los derechos laborales para los trabajadores y las trabajadoras de la Provincia.

       

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ACTO HOMENAJE A 20 AÑOS DE LOS JUICIOS POR LA VERDAD EN LA UNLP

   

| ACTO HOMENAJE – JUICIOS POR LA VERDAD | Al cumplirse 20 años del inicio de los “Juicios por la Verdad”, en La Plata este miércoles 31 de octubre a las 18 se realizará un merecido acto homenaje en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Fue un procedimiento fundamental para sentar en el banquillo a los genocidas responsables de la última dictadura militar argentina. “El propósito de investigar y conocer el destino final de los desaparecidos por la máquina represiva del Estado”

     Por Oscar Dufour | (*)     

Aquel procedimiento judicial no penal conocido como “Juicios por la Verdad”, que se inició en el año 1998 en las ciudades de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Mendoza, y que fue de vital importancia para recolectar testimonios, documentación y evidencia necesarios para avanzar con el procesamiento de los genocidas al quedar sin efecto las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, cumple este miércoles 31 de octubre 20 años. En la foto de portada el Dr. Ernesto “Coco” Lombardi (izq.) y el Dr. Pablo Llonto (Der.) dos emblemas en busca de Memoria, Verdad y Justicia, dos abogados que ad-honorem desde el retorno de la democracia investigan crímenes de Lesa Humanidad ocurridos durante la última dictadura militar (1976-1983).

| INVITACIÓN & CONVOCATORIA | El Programa Permanente de Derechos Humanos de la FAU (PPDDHH_fau), organizado por la Cátedra Libre Jaime Glüzmann, invita a participar del Acto Homenaje que tendrá lugar a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (Calle 48 N°582) 2° Piso – Salón de los Espejos. Organismos de DDHH, organizaciones políticas y sindicales entre las que se destaca la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) son también convocantes.

| JUICIOS POR LA VERDAD | Hace 20 años, producto de la lucha popular comenzaban a desarrollarse en la ciudad de La Plata los denominados Juicios por la Verdad. Estos procesos tenían como propósito investigar y conocer el destino final de los desaparecidos por la máquina represiva del Estado, ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, por efecto de la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, como así también por los indultos concedidos por el gobierno de Menem a los integrantes de las Juntas Militares.

| ACCIÓN JUDICIAL | El 1º de Abril de 1998, Antonio Cortina -Secretario General de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Plata, asesor letrado y militante de la Asociación Judicial Bonaerense-, presentó ante la Cámara Federal platense una acción judicial con el propósito de materializar el derecho a la verdad de los familiares y del conjunto de la sociedad. El 21 de abril de ese mismo año, el Tribunal resolvió favorablemente el pedido y el 30 de octubre se iniciaba efectivamente el proceso, en audiencias semanales que se realizaban los días miércoles.

| PRECEDENTE “VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ | Esa estrategia jurídica se respaldaba en el criterio fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el precedente “Velásquez Rodríguez”, según el cual “el deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance”.

“Si bien la estrategia jurídica fue de vital importancia en la búsqueda de la verdad, la misma se sustentó en base a la permanente movilización en reclamo de justicia, como fue la movilización masiva al cumplirse los veinte años del golpe de Estado, realizada el 24 de marzo de 1996”, señaló Mariano Fernández, Secretario de Derechos Humanos de la AJB.

| LOS PROCESOS | Estos procesos luego se reprodujeron en Bahía Blanca, Mar del Plata y Mendoza, y no sólo permitieron investigar la verdad sobre el destino final de las víctimas, sino que también permitieron desengranar el funcionamiento del aparato de exterminio montado desde el Estado e identificar a sus ejecutores, obteniendo valiosísima información que luego fue de superlativa importancia en el juzgamiento de sus responsables.

“La construcción y desarrollo del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro País contó con una destacada participación de la AJB. Antonio Cortina, Hugo Cañón -Fiscal Federal de Bahía Blanca-, Luis Cotter -Juez de la Cámara Federal bahiense- y Víctor Mendibil -integrando la Comisión que se presentó en España ante el Juez Baltazar Garzón promoviendo la aplicación de la jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad en Argentina- fueron las figuras destacadas de nuestro sindicato que aportaron convicción, militancia y coherencia a la lucha contra la impunidad”, destacó Fernández.

Los que quieran oír… que oigan

(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista. Director General de 5minutosdenoticias y Revista Tiempo 30. Columnista de medios internacionales. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires.

                   

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JUDICIALES BONAERENSES | ESTE JUEVES PARO Y MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DEL SALARIO

   

| PARO & MOVILIZACIÓN | En el marco de un paro de actividades, este jueves 18 de octubre los trabajadores judiciales bonaerenses movilizan a la ciudad de La Plata junto a gremios estatales provinciales. Continúan sin convocatoria a paritarias

                                                                                   

Atento la falta de convocatoria del Gobierno provincial para retomar la negociación paritaria, y habida cuenta del mandato mayoritario de las asambleas realizadas en el transcurso de la semana pasada, la AJB dispuso un paro de 24 horas este jueves 18 de octubre, con movilización a la ciudad de La Plata.

| CONTINÚAN SIN PARITARIAS | “El Ejecutivo provincial, en una clara decisión de ignorar el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores judiciales, continúa sin convocar a paritarias y mediante un decreto dispone en forma unilateral un nuevo incremento salarial que a todas luces resulta insuficiente para enfrentar el aumento de la inflación”, señaló Pablo Abramovich, Secretario General de la AJB (Asociación Judicial Bonaerense).

La medida de fuerza consensuada entre una decena de gremios estatales se hizo pública este martes al mediodía, en el marco de la conferencia de prensa realizada en la sede de SUTEBA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La AJB convocó a concentrar a las 9.30 horas frente al edificio de la Suprema Corte, para luego marchar con el resto de los gremios.

Finalmente, desde el gremio judicial bonaerense informan que en la sede provincial de calle 50 Nº712, funcionará el espacio de cuidado para los hijos de los trabajadores judiciales que participen de la movilización.

       

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EL GOBIERNO DE VIDAL CRIMINALIZA LA PROTESTA Y DENUNCIA PENALMENTE A DIRIGENTES DE ATE

   

| CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA | La AJB (Asociación Judicial Bonaerense) se solidariza con Oscar de Isasi y Francisco Banegas, dirigentes de ATE denunciados penalmente por el Ejecutivo provincial. Los trabajadores reclamaban políticas de reactivación del Astillero Río Santiago. Solidaridad de todo el arco gremial

                                                                             

Oscar “colo” De Isasi, Secretario General de ATE y CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, y Francisco “Pancho” Banegas, dirigente de ATE Ensenada, fueron denunciados por el Ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, por la permanencia que los trabajadores del Astillero Río Santiago llevaron a cabo el pasado 18 de septiembre en la sede de la cartera a su cargo.

| Reclamaban por su fuente de trabajo | Los trabajadores reclamaban políticas de reactivación del Astillero, la conservación de sus fuentes de trabajo y una recomposición salarial acorde con la crítica realidad socioeconómica. El Gobierno, que había motivado la protesta al cumplir con un acta acuerdo firmada horas antes del episodio, lejos de concentrar esfuerzos en resolver el conflicto, eligió como respuesta la denuncia penal a ambos dirigentes.

“En el sistema penal subyace una política criminal de selectividad, que se refleja en la dirección del castigo estatal hacia los sectores populares vulnerables, luchadores sociales y dirigentes sindicales; y que deja impune al delito de cuello blanco, las grandes redes de corrupción política, tráfico y comercialización de estupefacientes, trata de personas y delitos financieros” expresó Mariano Fernández, Secretario de Derechos Humanos de la AJB.

| Solidaridad con los dirigentes de ATE denunciados por luchar | Desde la AJB se solidarizan con “los compañeros denunciados por llevar adelante acciones colectivas en defensa de la industria nacional, las fuentes de trabajo y la dignidad de los trabajadores de Astillero y sus familias”.

También exigen que “el Poder Judicial no se constituya en una herramienta de reaseguro de la aplicación de políticas de ajuste -criminalizando la protesta que ellas generan-, sino en garante de la plena vigencia de derechos económicos, sociales y culturales en beneficio de los trabajadores y del Pueblo bonaerense”.

     

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LA DESTITUCIÓN DEL JUEZ LUIS ARIAS, UNA DECISIÓN POLÍTICA Y UN INTENTO DE DISCIPLINAR A LA JUSTICIA

   

| JURY PARA DISCIPLINAR LA JUSTICIA | Con 9 votos a favor, el voto mayoritario del Diputado massista (Frente Renovador) Jorge D’Onofrio, en sintonía con los dos legisladores de la Alianza CAMBIEMOS el Senador Roberto Costa y el Diputado Walter Carusso, el Presidente de la Suprema Corte bonaerense -Eduardo Pettigiani, también titular del Jury- junto a los cinco representantes de los abogados de la colegiatura: Fabián Ramón González (Morón), Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora), Osvaldo Enrique Pisani (San Isidro), Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino) y José Alberto Apaz (San Martín); y 2 en contra, los Diputados Santiago “Lalo” Révora (Unidad Ciudadana) y Pablo Garate (FR); este miércoles fue destituido Luis Arias, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata. Luis Arias, un Juez que privilegió defender los derechos del Pueblo, del bien común, al impedir la implementación automática de tarifazos en servicios públicos

     Por Oscar Dufour | (*)       

Afortunadamente en Argentina en estos tiempos tan difíciles se multiplican los héroes y heroínas en todos los frentes y en todos los sectores. Hoy es el turno de uno de ellos, el exJuez Luis Arias, destituido por un Jury que “contó con una composición política oficialista y de enemistad manifiesta contra el Juez; de 11 integrantes, tres son legisladores oficialistas y los cinco abogados de la judicatura lo parecían”. Sin duda una decisión política y un nuevo intento de disciplinar a la Justicia.

¿Quién es el Juez Luis Arias? | En una apretada síntesis, Luis Arias es el Juez que el 30 de Diciembre de 2015 frenó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente Macri para fusionar el AFSCA y AFTI bajo el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El que impidió con sus Resoluciones los descuentos por días de paro aplicados a los trabajadores estatales bonaerenses. El que emitió Resoluciones que prohibieron a la Policía Bonaerense detener menores de edad, como así también denunció “connivencia” entre los miembros de esa fuerza y los delincuentes. El que impidió al ARBA a cargo entonces de Santiago Montoya de tomar medidas que avasallaban a los contribuyentes. El Magistrado que obligó al Estado provincial a llevar adelante negociaciones colectivas en el ámbito del empleo público. El Juez que investigó y denunció ante el silencio de muchos el número real de víctimas de la inundación que azotó a la ciudad de La Plata durante el 2013. El que suspendió desalojos colectivos como el de Gorina y Abasto por citar algunos de tantos. El Juez que impidió la implementación automática de tarifazos en servicios públicos que impulsó el Gobierno del Presidente Macri y la Gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

El Colegio de Abogados de La Plata había elegido en 2017 a su Juzgado como uno de los mejores del fuero en lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, tengo la certeza que esto último, -impedir la implementación automática de tarifazos- motivó la decisión política de impulsar el Jury, un acto que a la luz de lo acontecido en los últimos meses es lo más parecido a un “Jury de facto”, es decir “de hecho” que es lo opuesto a “de derecho”, un acto realizado sin reconocimiento jurídico, por la fuerza de los hechos. Ser víctima de “una persecución política” afirmó Luis Arias tras ser destituido como Juez.

La defensa. Ahora, desde lo técnico-jurídico, la defensa de Luis Arias adelantó que discutirá la sentencia y harán un planteo de inconstitucionalidad de uno de los artículos de la Ley de Jurados de Enjuiciamiento, además presentarán un recurso extraordinario ante la Suprema Corte Bonaerense, y las instancias superiores en caso de rechazo, como la Corte Suprema de Justicia de La Nación y las Cortes internacionales.

Repudios & Solidaridad. En las últimas horas, se sumaron un cúmulo de repudios a la destitución de Luis Arias al tiempo que innumerables expresiones de apoyo. Destaco solamente algunas, como la de la Comisión Provincial por la Memoria que incluirá el caso del Jury en #informeCPM de este año, sus vecinos de Villa Elisa, las personas que trabajaron con él y también aquellas a quienes Arias protegió con sus procedimientos e investigaciones lo acompañaron durante todo el Jury y protestaron frontalmente por su destitución. Los gremios que nuclean a los Judiciales también alzaron su voz, Vanesa Siley Secretaria General de FESITRAJU (Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales) sostuvo “Una vez más, CAMBIEMOS interfiere en el Poder Judicial persiguiendo Jueces”. En tanto, la AJB (Asociación Judicial Bonaerense) que lidera Pablo Abramovich afirmó entre otros conceptos que “Las decisiones judiciales que fue adoptando Arias dejan en claro qué derechos privilegió defender el Juez, como así también quiénes son los beneficiados con su destitución”.

Uno de los Jueces que a través de sus fallos más enfrentó a la Gobernadora Vidal, fue Luis Arias, por lo tanto, no podemos ni debemos admitir que se aparten a Jueces porque sus sentencias incomodan al poder político de turno.

Más allá de las resoluciones que benefician a los más poderosos y que alejan aún más a la Justicia, siempre vamos a recordar a Luis Arias como un Juez del Pueblo, como un verdadero Juez de la democracia. Un blasón que nada ni nadie jamás podrá arrancarle de su corazón.

Los que quieran oír… que oigan

(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista. Director General de 5minutosdenoticias y Revista Tiempo 30. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires.

                  

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