Judiciales repudiaron las presiones del gobierno de Milei sobre la jueza que liberó a los detenidos en la marcha de los jubilados

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La AJB defendió a la jueza que ordenó la liberación de todos los detenidos durante la marcha de los jubilados. La magistrada Karina Andrade había advertido que la libertad de expresión y el derecho a la protesta son fundamentales en un sistema democrático.


 

 

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) expresó su rechazo a las presiones y amenazas efectuadas por el Gobierno nacional sobre la titular del Juzgado Contravencional Nº 15 del fuero Penal, Contravencional y Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los manifestantes detenidos durante la marcha de los jubilados.

 

En el comunicado que emitió la organización gremial conducida por Hugo Russo, los judiciales advirtieron que “estas maniobras buscan condicionar la independencia del Poder Judicial“, y alinear las decisiones de los magistrados con los intereses políticos del oficialismo, que el miércoles pasado ordenó la detención ilegal de más de 100 personas.

En ese sentido, desde la AJB señalaron que la jueza Andrade “actuó con apego a la ley y en defensa de los derechos constitucionales”, garantizando la libertad de las más de 130 personas que habían sido detenidas arbitrariamente en la manifestación que se llevó a cabo en las inmediaciones del Congreso.

 

Sin embargo, las autoridades del gremio que nuclea a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires denunciaron que el Gobierno nacional desplegó “acciones coercitivas” para forzar a la jueza del Juzgado Contravencional Nº 15 del fuero Penal a tomar fallos contrarios a la legalidad.

 

              Comunicado completo de la AJB en defensa de Karina Andrade.

 

En tanto, el gremio de los judiciales bonaerenses remarcó que este tipo de presiones forman parte de un “deterioro institucional” más amplio, donde se registraron abusos de poder, represión y violaciones a derechos fundamentales. Como ejemplo, la AJB recordó que la represión de la protesta dejó 650 heridos y múltiples denuncias de violencia y abuso policial.

 

En ese sentido, la AJB advirtió que cualquier intento del Gobierno nacional de influir en el Poder Judicial representa una amenaza directa contra la democracia y el Estado de derecho, y exigió el cese de las presiones políticas contra Karina Andrade. “La independencia judicial no es negociable ni puede ser vulnerada por intereses partidarios o gubernamentales”, completó el comunicado.

 

En última instancia, el gremio realizó un expreso llamado a la comunidad y a las instituciones, en el que pidió defender las garantías constitucionales y frenar cualquier intento de condicionamiento sobre los jueces. “Basta de presiones”, concluyó el comunicado de la AJB.

 

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