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DECLARAN INCONSTITUCIONALES LAS COMISIONES MÉDICAS DE LA NUEVA LEY DE ART

VIOLA LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO El Juez Ricardo Hierrezuelo a cargo del Juzgado Nº 42 del fuero laboral, consideró en su fallo que el paso obligatorio por las Comisiones Médicas (instancia administrativa) viola el principio de acceso a la justicia, desestimó su competencia previa y habilitó el trámite directo de los tribunales laborales.  “Lo fundamentó porque los galenos son empleados de las aseguradoras”

                                                                                      

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, estimó un crecimiento exponencial de demandas laborales, pasaron de 63 mil en 2012 a más de 120 mil en la actualidad. En 2016 fueron presentadas unas 100 causas diarias promedio mensuales y por juzgado, es decir, más del doble de lo asumible.

En ese marco, el Gobierno nacional impulsó y el Congreso aprobó la nueva Ley 27.348, a fin de disminuir los reclamos, en tanto la cartera de Trabajo dictó la Resolución 214, que destinó fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a financiar gastos de las Comisiones Médicas, lo que fue cuestionado por abogados y la CGT.

La nueva Ley 27.348 de ART. “Obliga al personal accidentado o con enfermedades profesionales a aguardar el dictamen de la Comisión Médica para asistir a Tribunales, pero algunos Jueces laborales hicieron lugar a un amparo para que se declarase la ilegalidad del registro de accidentes de trabajo, en el que debían consignarse los datos de los abogados que reclamaban la inconstitucionalidad de esa norma”

Al respecto, el Juez Ricardo Hierrezuelo (foto de portada) en su fallo declaró inconstitucionales las comisiones médicas de la nueva Ley de ART, sostuvo que la CSJN ya se habí­a expedido en cuatro fallos sobre esos temas (Castillo, Venialgo, Marchetti y Obregón) y destacó que no existí­an motivos para apartarse de ese criterio, y que una de las crí­ticas posibles a la Ley es que reemplazó la competencia de los tribunales laborales para resolver aspectos de reparación de accidentes de trabajo por verdaderos tribunales administrativos (comisiones). “Eso viola las garantías del debido proceso establecido en el artí­culo 18 de la Constitución Nacional”, afirmó Hierrezuelo.

“Lo que se cuestiona no es la existencia de una instancia administrativa obligatoria, ya existente en el procedimiento laboral desde la Ley 24.635, sino la imposibilidad de habilitar una ví­a judicial plena, amplia y suficiente, ya que las determinaciones de las Comisiones Médicas jurisdiccionales y central solo pueden ser cuestionadas por el limitado camino recursivo, y es insuficiente que haya un patrocinio letrado obligatorio para garantizar el principio del debido proceso” subrayó el Juez Ricardo Hierrezuelo.

      
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EL MÁXIMO TRIBUNAL DEL TRABAJO ORDENÓ REINCORPORAR DESPEDIDOS DE PEPSICO

DESPIDOS, REPRESIÓN & REINCORPORACIÓN “El despido sin causa es un hecho ilícito”. Horas después de la brutal represión, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que la empresa PepsiCo no cumplió con el procedimiento preventivo de crisis y por lo tanto no están dadas las condiciones para el despido de los empleados. Ordenan reinstalar a despedidos de PepsiCo

                                                                                       

La orden fue dictada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y revocó un fallo de primera instancia adverso a los trabajadores. El fallo de inmediato acatamiento, es bajo el apercibimiento de imponer multas diarias en caso de desobediencia judicial por parte de la empresa multinacional  PepsiCo.

“El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo  favorece a un grupo de operarios y para los despedidos  de PepsiCo sienta un precedente a partir del cual todos deben ser reincorporados”. Sostiene que “Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad” y “sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia”

Nota relacionada: ¿SIN APURO?

Uno de los delegados de los trabajadores despedidos de PepsiCo señaló “El fallo se firmó dos horas después del operativo, eso evidencia la voluntad de represión que tiene el Gobierno. El operativo se podría haber evitado”

Aseguran que el accionar de la Jueza Andrea Rodríguez Mentasty, quien autorizó el desalojo, fue “ilegal” y tuvo un argumento “inverosímil”. El letrado defensor de los trabajadores afirmó “En las horas previas al desalojo no nos permitieron ver el expediente”.

Los Jueces de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Juan Carlos Fernández Madrid, Luis Raffaghelli y Graciela Lucía Craig concluyeron que PepsiCo no demostró haber cumplido con el “procedimiento preventivo de crisis” que la misma empresa había invocado para cesantear a todo su plantel de la planta fabril ubicada en Vicente López. De esta manera, el Tribunal concedió la medida cautelar pedida y dispuso que la demandada cumpla con el “deber de ocupación” de Leandro Javier Gómez, Elizabeth Myriam Vique Laime, Facundo Javier Guzmán, Mónica Ruiz, Orlando Daniel González, Angel David Gramajo, Estefanía Herbas, María Ester Albornoz, Myrna Beatriz Vega y Juan Carlos Romero.

Esta mañana, en diálogo con Radio El Mundo, el camarista laboral (integrante de la Sala VI) Luis Raffaghelli sostuvo “Hay preocupación entre los Jueces por ser denunciados por el contenido de los fallos”. El magistrado, que ordenó la reincorporación de 10 trabajadores de Pepsico, se refirió así a las acusaciones que realiza el Gobierno a los magistrados del fuero. Sobre el caso de Pepsico, aclaró que “el empleador no tiene derecho a echar a su personal” y que “el despido sin causa es un hecho ilícito”.

      
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LA BANCARIA EXPRESÓ SU REPUDIO AL GOBIERNO Y EL JUEZ ARIAS GILBERT FORMULÓ UNA DURA DENUNCIA

REPUDIO AL GOBIERNO El líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, señalo que “los Jueces actuaron correctamente” avalando el acuerdo salarial de ese gremio. La Agrupación nacional de Abogados de Trabajadores emitió un comunicado. El Juez Enrique Arias Gilbert afirmó que la denuncia de Triaca “puede hacer desaparecer la división de poderes”. Palazzo repudió la decisión del Gobierno de pedir juicio político a los magistrados

Por Oscar Dufour |                                             

El Secretario general de la Asociación Bancaria, y líder de la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), Sergio Palazzo, repudió la decisión del Gobierno nacional de pedir juicio político a los magistrados que avalaron el acuerdo salarial de ese gremio. “Los Jueces actuaron correctamente” así lo afirmó Palazzo.

“Repudiamos el pedido de juicio político a los jueces que avalaron la paritaria. Las negociaciones salariales van a ser más tensas este año que en los anteriores”

El pedido de juicio político contra los Jueces de la Sala de Feria de la Cámara Nacional del Trabajo, Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, -quienes autorizaron el acuerdo salarial de los bancarios- fue presentado ayer lunes por el Ministerio de Trabajo de la Nación a cargo de Jorge Triaca, denunciando que “los camaristas tuvieron mal desempeño, falta de idoneidad y negligencia grave por arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución.

El Secretario general nacional de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, reafirmó que “las paritarias son libres”, al tiempo que advirtió “el Gobierno viene por la baja de lo que llaman el ‘costo laboral argentino’”. Además finalizó sentenciando “no tiene ningún tipo de asidero el pedido, salvo el de intimidar pero creo que van a lograr el efecto contrario, esto se enmarca en una agresión a la Justicia para tratar de amedrentarla”.

LA AGRUPACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DE TRABAJADORES TAMBIÉN EXPRESÓ SU REPUDIO

A través de un comunicado manifiestan su “profunda preocupación respecto a las amenazas y amedrentamiento a los Jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, por parte del Ministro de Trabajo Jorge Triaca”. Y llamaron a las agrupaciones de abogados a declarase “en estado de alerta”.

Además señalan que “Habla a las claras del intento de sometimiento de los jueces del trabajo a las políticas flexiblizadoras, en un marco de continuo ataque a la justicia Nacional del trabajo”.

DURA DENUNCIA  EL JUEZ DE LA CÁMARA DE APELACIONES DE TRABAJO, ENRIQUE ARIAS GILBERT, SEÑALÓ QUE LA DENUNCIA DE TRIACA “PUEDE HACER DESAPARECER LA DIVISIÓN DE PODERES”

       Enrique Arias Gilbert

El Juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Enrique Arias Gilbert, perseguido por homologar la paritaria bancaria fue contundente al expresar en declaraciones a Radio 10 “hay una policía de pensamiento”, señaló que es Juez desde 1989 y que “nunca ocurrió algo así en democracia”.

Consideró que los fallos de un Juez “no pueden ser motivo de denuncia por parte del Poder Ejecutivo porque se estaría poniendo en riesgo la división de poderes”. Puntualmente respecto a aval expresado a La Bancaria conjuntamente con la Juez Graciela Marino concluyó “Una opinión de un Juez, expresada en un fallo, no puede ser motivo de denuncia. Si se sanciona a las personas por opinar algo que al otro no le gusta existe una policía de pensamiento”.

Los que quieran oír…que oigan

                 

 

 

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LA JUSTICIA CONDENÓ A LOS BANCOS A PAGAR EL ACUERDO SALARIAL

#URGENTE La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo condenó a todos los Bancos a pagar el acuerdo salarial, aún a los que no firmaron. NO NOS DOBLEGARON SEÑALA LA BANCARIA

                                                                                     

A comienzos de diciembre de 2016, la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) se negó a pagar la suma pactada en la negociación paritaria que La Bancaria liderada por Sergio Palazzo había firmado con las cámaras ABAPPRA y ADEBA. El Ministerio de Trabajo de la Naciónen un hecho de extrema gravedad considerado ilegal– además rechazó homologar el acuerdo salarial acordado en noviembre último.

Nota relacionada:

LA BANCARIA DE SERGIO PALAZZO CRUZÓ A LOS BANQUEROS Y AL MINISTRO TRIACA

El pasado 27 de enero, el líder de La Bancaria y la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), Sergio Palazzo, cargó duramente contra el Ministro Jorge Triaca porque consideró que no garantizó la seguridad jurídica, y redobló la apuesta calificando de “sinvergüenzas y estafadores” a los dueños de los Bancos.

Ahora, La Bancaria señala que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en un fallo conocido a última hora, dispuso hacer lugar a la medida cautelar solicitada, “estableciendo la obligatoriedad de las cláusulas del acuerdo firmado al ámbito empresarial de representación comprendido en el convenio de actividad y ordenar al Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N) que no interfiera en el cumplimiento del acuerdo mientras el mismo se encuentre en conocimiento judicial (artículo 109 de la Constitución Nacional)”.

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LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO SUSPENDE LA INTERVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN AZUCARERA

RECURSO & SUSPENSIÓN  La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar a un recurso interpuesto por la FEIA, y suspendió la intervención dispuesta por el Ministro Triaca. Ahora los azucareros podrán sentarse a negociar paritarias

                                                                                      

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar a un recurso interpuesto por la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), y resolvió otorgar efecto suspensivo a la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación a cargo de Jorge Triaca, que había designado a un “delegado normalizador” en el gremio, y declarar la acefalía por ineficiencia jurídica de un proceso eleccionario.

Nota relacionada:

TUCUMÁN: TRIACA INTERVINO LA FEIA

Al respecto, el Secretario General de la FEIA, Juan Correa, señaló “A partir de este momento por disposición de la Cámara de Trabajo, el Sr. Marcos Díaz (delegado normalizador) queda suspendido en sus funciones. Nosotros habíamos Iniciado una presentación ajustándonos al artículo 62º de la Ley 23.551, que es la única vía que nos concedía la suspensión del acto administrativo de la designación de este interventor, el cual por los actos administrativos que tomó demostró que no era ningún delegado normalizador”.

Ayer, la Delegación de Tucumán del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, representada por Gonzalo Guerra, y el interventor suspendido, Marcos Díaz, fueron notificados de la resolución judicial, “bajo apercibimiento de abuso de autoridad, desacato judicial y usurpación de cargo” explicó Juan Correa.

     

 

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