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El ministerio de Justicia denunció en la justicia federal el “hallazgo de documentos de empresas de Báez en el despacho de Mahiques”

| “MESA JUDICIAL” | Denuncia. El Ministerio de Justicia de la Nación presentó una denuncia para que se investiguen si una serie de documentos vinculados con empresas del empresario detenido Lázaro Báez pudieron haber sido utilizados por el gobierno de Mauricio Macri para el desarrollo de las actividades de la llamada “mesa judicial” acusada de interferir en el desempeño de la Justicia.

 

|La presentación fue realizada el viernes por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós, ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González que tiene la causa en la que se investiga si el gobierno de Cambiemos ejerció presiones indebidas sobre el Poder Judicial para lograr distinto tipo de resoluciones.

La documentación fue hallada el 22 de junio, en la oficina del cuarto piso del ministerio, ubicado en Sarmiento al 300, que hasta el 10 de diciembre del 2019 ocupó el exsubsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relación con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, Juan Bautista Mahiques, quien en la actualidad se desempeña como fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los documentos fueron encontrados dentro de un sobre en el que además tenía escrito un apellido y un número de teléfono en el marco de la reacomodación de oficinas y la mudanza al edificio de la flamante subsecretaria Garrigós de Rébori.

“Se encontraron documentos originales correspondientes a la firma austral Construcciones, aparentemente vinculadas con acciones de índole comercial desarrollada por esa empresa y su apoderado Martín Báez con la empresa YPF Gas S.A.”, informaron las fuentes consultadas por esta agencia.

Los documentos fueron encontrados dentro de un sobre en el que además tenía escrito un apellido y un número de teléfono en el marco de la reacomodación de oficinas y la mudanza al edificio de la flamante subsecretaria Garrigós de Rébori.

El hallazgo de la documentación y su contenido específico fue certificado por un escribano público convocado para la ocasión, según informaron las fuentes que, además, aseguraron que no se detectó ningún elemento que justificara que esa documentación estuviera allí.

Para quienes encontraron el sobre, su contenido “podría relacionarse con las actividades de la llamada mesa judicial del gobierno anterior”, por lo que lo presentaron ante el juzgado de Ramos, donde ya se tramita un expediente vinculado con esa materia.

La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada “mesa judicial” durante la gestión de Cambiemos e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo, mientras estuvo a cargo del expresidente Mauricio Macri.

En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza Ana María Figueroa, quien dijo en un programa de la Radio AM750, que en 2015 recibió la visita de un funcionario del ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración) que le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum con Irán.

Los denunciantes sindicaron como “responsables de los hechos” a los funcionarios “de altísimo nivel en el gobierno del presidente Macri”, que integraron lo que públicamente se conoció como “la mesa judicial” de aquella administración.

En ese sentido, apuntaron al expresidente; su jefe de asesores, José Torello; el exministro de Justicia, Germán Garavano; el exsecretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el exconsejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; el último procurador general del Tesoro del anterior gobierno, Bernardo Saravia Frias, el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el expresidente de Boca, Daniel Angelici.

La semana pasada también quedaron imputados en el expediente el exjefe de Gabinete, Marcos Peña, señalado como quien convocaba a las reuniones de la “mesa judicial” y el exministro de Trabajo, Jorge Triaca, acusado de visitar jueces laborales con el objetivo de acordar resoluciones judiciales durante la gestión de Cambiemos.

       
 

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El fiscal federal de Reconquista investiga delitos de lesa humanidad contra trabajadores de Vicentin

| VICENTIN | Delitos de Lesa Humanidad. La causa que avanza en el juzgado federal de Reconquista, se inició con el relato de un ex trabajador de la empresa, quien reveló que fue secuestrado en enero de 1976, poco antes del inicio de la dictadura y luego en noviembre de ese mismo año.

 

|La Fiscalía Federal de Reconquista, en Santa Fe, investiga si en la empresa Vicentin hubo complicidad con el terrorismo de Estado durante la última dictadura, tras recibir esta semana la declaración de Oscar Zarza, un ex trabajador de la cerealera que contó que en 1976 fue secuestrado en dos oportunidades por su actividad gremial.

El fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, escuchó el pasado jueves el testimonio de Zarza, quien contó que fue secuestrado en enero de 1976, poco antes del inicio de la dictadura y luego en noviembre de ese mismo año, informaron fuentes judiciales.

“Me detuvieron en la fábrica, a poco de entrar a trabajar, y me hicieron un acta con una máquina de escribir que les dio personal de la empresa. Me llevaron a una sala y el que facilitó todo era un capataz que le decíamos ‘El Sapo’ Vicentin, pero no era parte de la familia que era dueña de la firma”, señaló Zarza.

El trabajador, quien en la actualidad tiene más de 70 años, vive en la ciudad santafesina de Avellaneda y es conocido con el apodo de “Cacho”, relató que lo liberaron en febrero de 1976 y que se reintegró a la empresa.

El 2 de noviembre de ese año volvió a ser secuestrado en horas de la tarde, cuando retornaba de su trabajo en Vicentin a su casa. Según el testimonio que brindó ante la Fiscalía, ese día las fuerzas de seguridad secuestraron a 14 trabajadores que tenían actividad como delegados sindicales en Vicentin.

En su declaración aseguró haber visto a efectivos del II Cuerpo de Ejército, pertenecientes al batallón 621, que llegaron desde Rosario para llevar a cabo este operativo.

Zarza, quien también tenía actividad sindical en la firma, dijo que tras su secuestro fue trasladado a la III Brigada Aérea, donde recibió “golpes y patadas” por parte de sus captores.

Luego fue trasladado a la Guardia de Infantería Reforzada de la ciudad de Santa Fe, una dependencia policial donde funcionó un centro clandestino de detención. Zarza terminó “legalizado” en la cárcel de Coronda, a disposición del Poder Ejecutivo, y desde allí recuperó su libertad en la navidad de 1978.

Estos hechos le permitirán a la Fiscalía iniciar un segundo tramo de la causa 050, en la cual se investigaron delitos de lesa humanidad en la zona Reconquista durante la última dictadura militar.

Ese expediente fue instruido por Salum y terminó con un juicio en el que resultaron sentenciados en 2013 el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez, ambos de la Fuerza Aérea, y los policías Carlos Nickisch, Horacio Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Eduardo Luque.

En ese proceso oral y público se comprobó la existencia de un circuito represivo que comenzaba en la III Brigada de Reconquista, seguía en los centros clandestinos de detención ilegales cercanos a la capital santafesina y si los detenidos eran “blanqueados” concluía en las cárceles de Coronda, Devoto o algún penal del Sur del País.

Ahora, la fiscalía aguarda que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe le aporte información y datos para avanzar en la investigación.

La Federación Aceitera, gremio de trabajadores del sector, adelantó su intención de revisar sus archivos para brindar datos que permitan avanzar con la investigación.

“Creemos que como gremio debemos asistir a nuestros afiliados ante la justicia y vamos a revisar nuestros archivos para analizar actas de asambleas y ver si podemos aportar información para la causa en relación a si se llevaron delegados que hablaron en las asambleas”, señaló el abogado Juan Combi, representante legal de Aceiteros.

El sindicato pretende presentarse en esta causa como querellante, algo que hizo en 2014 en la investigación sobre los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la planta de Avellaneda (Buenos Aires) de la empresa Molinos.

“La actual intervención de Vicentin por parte del Estado nos genera alguna expectativa en relación a la información que podamos encontrar en los registros de la empresa”, indicó Combi. Además del gremio, también se presentará como querellante la Liga por los Derechos del Hombre para impulsar esta investigación.

       
 

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Telefónica, Telecom y Telecentro imputadas por “incumplimientos en el servicio”

| DENUNCIAS | Faltas por incumplimiento. La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (Ssadc) imputó a las empresas Telefónica, Telecom y Telecentro por presuntos incumplimientos en el servicio técnico, faltas administrativas y demoras en la entrega de productos.

 

|La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (Ssadc) imputó a las empresas Telefónica, Telecom y Telecentro por presuntos incumplimientos en el servicio técnico, faltas administrativas y demoras en la entrega de productos.

En un comunicado, la Ssadc indicó que “a través de los reclamos de las y los consumidores, detectó que el 22% de las denuncias ingresadas durante mayo en la Ventanilla Única de Reclamos de Defensa del Consumidor y del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo fueron relativas a problemas con servicios de comunicaciones, convirtiéndose en el rubro que más quejas recibió”.

La repartición remarcó que “según los reclamos, tanto Telefónica de Argentina S.A. (Telefónica y Movistar) como Telecom Argentina S.A. (Telecom, Personal, Fibertel y Cablevisión) y Telecentro S.A. brindarían un servicio técnico ineficiente debido a que no solucionan los desperfectos en las comunicaciones de telefonía, ni los inconvenientes en las conexiones de TV e internet”.

Más adelante, señala que las compañías “se excusaron en las restricciones que impone la emergencia sanitaria para no realizar reparaciones, a pesar de que las compañías cuentan con protocolos específicos que establecen pautas para el ingreso a los hogares, cuando es absolutamente indispensable”.

La Ssadc puntualizó que “las quejas a las tres empresas apuntaron también a incumplimientos administrativos ya que no realizarían el procesamiento de la baja del servicio o el cambio de plan en tiempo y forma y le generan al usuario deudas impropias”.

En el caso de Telefónica, se sumó la demora en los plazos de entrega de productos adquiridos y problemas con los trámites de portabilidad, ya que se indicó que la compañía no envía el chip, o lo hace con retrasos.

Sin embargo, la facturación del servicio se ejecuta como si el usuario estuviera disponiendo del producto con normalidad. Asimismo, se registraron inconvenientes con la ejecución de la garantía de los productos adquiridos, ya que la empresa no informa y no arbitra los medios para soluciones excepcionales en el marco de la pandemia.

En Telecentro, además, los usuarios indicaron que los canales de atención al público son deficientes, tanto telefónicamente como a través de la web. Una vez lograda la comunicación pautan una cita al domicilio del consumidor, la cual incumplen en sucesivas oportunidades. Incluso señalaron que no se le realizan los descuentos de los períodos en los cuales la empresa no les brindó el servicio.

Por su parte, la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español indicó: “Son necesarios los reclamos formales de las y los consumidores para hacer efectivos sus derechos”.

Español señaló que “tras el análisis de las denuncias y al identificar la operatoria sistemática de las empresas, estamos actuando de oficio en representación de todos los damnificados y encarando acciones administrativas o judiciales para que no se vulneren los derechos de las y los consumidores”.

En este sentido, en los expedientes se agregaron las denuncias que permiten graficar que no se trata de problemas individuales, sino que son prácticas sistemáticas que lesionan los derechos de un conjunto de consumidores, y los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad debido a que estos servicios se convirtieron en esenciales para la cotidianidad en el marco de la emergencia por la pandemia.

     
 

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La Vicepresidenta Cristina Kirchner denunció una reunión de agentes de AFI en Casa de Gobierno en 2016

| “PRODUCCIÓN DE ESPIONAJE ILEGAL” | AFI macrista. En un escrito presentado este martes a través de su abogado Carlos Beraldi, la vicepresidenta -en su rol de querellante en el caso- pidió investigar esta reunión, que se sumó a otras informadas al juzgado el viernes último.

 

|La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció la existencia de otra reunión en Casa de Gobierno, en 2016, entre el ex secretario general de la presidencia de Mauricio Macri, Fernando de Andreis, y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ahora investigados por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido a la ex mandataria como víctima.

A través de su abogado, Carlos Beraldi, la vicepresidenta denunció que algunos de los espías y ex espías investigados habían sido antes miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fuerza con la cual participaron de procedimientos realizados en el marco de la causa Hotesur, por la que fueron procesados la ex mandataria y sus hijos Máximo y Florencia.

De acuerdo con los registros, los ex espías Leandro Araque y Jorge “Turco” Saez -ahora investigados por espionaje ilegal- participaron como policías de procedimientos ordenados en el 2015 por el juez Claudio Bonadio.

En un escrito presentado este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, a través de su abogado, la vicepresidenta -en su rol de querellante en el caso- pidió investigar la reunión ocurrida en 2016 entre los espías y de Andreis, que se sumó a otras informadas al juzgado el viernes último, informaron fuentes judiciales.

“Respetuosamente solicito que se arbitren todas las diligencias que resulten necesarias para constatar la información proporcionada” y “disponer las medidas correspondientes”, pidió Beraldi en el escrito ante el juez que lleva adelante la investigación por presunto espionaje ilegal a funcionarios, ex funcionarios, políticos, periodistas y otras víctimas durante el macrismo.

La vicepresidenta se presentó como querellante en la investigación de una supuesta asociación ilícita que realizó maniobras de espionaje ilegal desde la AFI.

La reunión denunciada este martes se habría concretado en 2016, de acuerdo a la información del registro de ingresos a la Casa Rosada a la que se accede a través del sitio web http://poderciudadano.org/quienes-ingresaron-a-la-casa-de-gobierno-en-los-ultimos-8-anos/ , según detalló el letrado.

Ese encuentro, según esos registros, tuvo lugar el 21 de enero de 2016 entre las 10.21 y las 13.04 en la sede de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, cuyo titular durante la gestión de Mauricio Macri fue Fernando de Andreis.

Del encuentro formaron parte Javier Bustos y Jonatan Nievas, quienes según constancias de la causa judicial “habrían prestado funciones en áreas de inteligencia”.

“Asimismo, por la coincidencia horaria, en este encuentro también habría participado, entre otros, Rodrigo Simón”, un integrante de la Policía Metropolitana, se agregó en el escrito.

Según la información que consta sobre anteriores reuniones, se habrían concretado unas doce entre los imputados en el caso Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez con la entonces funcionaria Susana Martinengo, quien estaba encargada del área de “Documentación” de Presidencia.

     
 

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La Comisión Provincial por la Memoria denuncia que fue un “crimen” el caso de los jóvenes atropellados por un patrullero en San Nicolás

| VIOLENCIA INSTITUCIONAL | Policía de San Nicolás. Así calificó el hecho ocurrido el 1° de junio pasado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) , que descartó la hipótesis de un accidente.

 

|La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que los dos jóvenes que circulaban en una moto y murieron atropellados por un patrullero el 1 de junio pasado luego de una persecución en la localidad bonaerense de San Nicolás en pleno aislamiento por el coronavirus, fueron víctimas de un crimen y descartó la hipótesis del accidente.

En tanto, el fiscal de la causa, Darío Giagnorio, aguardaba el resultado de los peritajes en los vehículos involucrados en el hecho para determinar cómo fue el impacto y si se trató de un “doble homicidio culposo” en perjuicio de Ezequiel Corbalán (30) y Ulises Rial (25), tal como está caratulado el expediente hasta el momento, o, si efectivamente, hubo dolo.

 

“La CPM remarcó la necesidad de inscribir el hecho como un caso de violencia estatal y uso letal de la fuerza. El homicidio de los dos jóvenes no fue un accidente. Fue un homicidio doloso calificado por ser ejecutado por funcionarios policiales”, sostuvo el organismo que se presentó, a través de sus abogados, como patrocinante de las familias de las dos víctimas.

De hecho, en las últimas horas, los abogados de la CPM mantuvieron un encuentro con el fiscal y el secretario del Juzgado de Garantías 1, Román Parodi.

“La persecución policial que termina con la muerte de los dos jóvenes es una muestra más de la desprofesionalización de la fuerza y la falta de racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza”, afirmó la CPM, para la cual el caso fue “un claro ejemplo de ese accionar arbitrario y discrecional: el simple hecho de esquivar un control policial no puede justificar el operativo que se desplegó posteriormente y que causó este doble crimen”.

El hecho se registró alrededor de las 3.30 de la madrugada del lunes 1 de junio último, cuando Corbalán y Rial iban a bordo de una moto Corven 150 cilindradas y efectivos que se desplazaban en un patrullero quisieron identificarlos ya que estaban violando el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional.

Sin embargo, Corbalán aceleró rápidamente y comenzó un operativo cerrojo tras irradiar un alerta, pero la persecución solo duró algunas cuadras, hasta las calles Carbajo y Piaggio del barrio San Martín, de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Según las fuentes, allí un patrullero que venía de frente chocó a la moto en la parte izquierda y ambos jóvenes, que no tenían el casco puesto, cayeron contra el asfalto.

Rial murió casi en el acto como consecuencia de las lesiones sufridas y Corbalán quedó internado en grave estado en un hospital local hasta el viernes 5 de junio que también falleció.

Por su parte, el fiscal Giagnorio, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de San Nicolás, estableció que el móvil involucrado en el hecho no tenía puestas las sirenas ni las balizas porque estaban rotas desde diciembre del año pasado y que iba a unos 20 kilómetros por hora cuando se cruzó de carril.

Sin embargo, el funcionario judicial espera para esta semana próxima una serie de peritajes accidentológicos para determinar fehacientemente la mecánica del choque.

“Mi hermano vivía en Villa Constitución (Santa Fe) y trabajaba en una cadetería, tenía un permiso para circular con el que habrá pasado para San Nicolás con su amigo”, contó Brian Corbalán.

El joven relató que habían estado “tomando mate” en la casa de la madre de Rial y en la madrugada salieron en la moto, aunque no sabe por qué motivo.

“Mi hermano se quiso escapar para que no le saquen la moto, entraron en el barrio y lo interceptó el auto”, dijo Brian y aseguró que “el patrullero venía con las luces apagadas”.

De acuerdo a su testimonio, la moto “tuvo el choque del lado izquierdo” y consideró que “el operativo cerrojo consiste en encerrar pero no en matar”.

“Quiero aclarar que mi hermano no era ningún chorro, trabajaba, era un pibe como cualquiera que tomaba una cerveza o fumaba un ‘faso’ pero él no estaba robando ni en algo ilegal, solamente estaba incumpliendo la cuarentena”, aseguró Brian y añadió: “Debían demorarlo unas horas o llevarlo hasta la casa”.

Al respecto, los voceros confirmaron que los jóvenes no estaban armados y que la persecución comenzó cuando quisieron identificarlos por incumplir el aislamiento.

 

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Beraldi presentó un escrito y señaló: “Todo indica que es una asociación ilícita que se inserta al nivel de Presidencia”

| “ESPIONAJE ILEGAL” | El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito con datos que revelan que los espías mencionados en la investigación “mantuvieron diversas reuniones en la propia Casa de Gobierno en una oficina que está situada a no más de 50 metros del despacho que ocupaba Macri”.

 
|El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, aseguró los nuevos elementos incorporados a la causa por supuesto espionaje ilegal contra la ex mandataria y otros dirigentes indican que se trató de una “asociación ilícita que se inserta al nivel de la Presidencia de la Nación” durante el período en el que gobernó Mauricio Macri. Beraldi presentó el viernes en el juzgado de Lomas de Zamora un escrito con datos que revelan que los espías mencionados en la investigación a cargo del juez Federico Villena “mantuvieron diversas reuniones en la propia Casa de Gobierno en una oficina que está situada a no más de 50 metros del despacho que ocupaba Macri”. La información sobre los ingresos de los espías a Casa Rosada durante la presidencia de Cambiemos surge de un registro de acceso público dado a conocer por la organización Poder Ciudadano y robustece la información surgida de los celulares secuestrados, en el marco de la investigación judicial en los que se hablaba de infiltraciones y seguimiento a la ex Presidenta y a su espacio político. De la información aportada al expediente por la Vicepresidenta y su abogado surge que los espías investigados en la causa de Lomas de Zamora ingresaron al menos 12 veces a la Casa Rosada entre mayo de 2018 y junio de 2019 y mantuvieron reuniones en el ámbito de la oficina de documentación presidencial, entonces a cargo de Susana Martinengo. En el registro público de ingresos a la Casa Rosada surge que quienes ingresaban eran los ex espías Facundo Melo (abogado), Leandro Araque (actualmente policía porteño) y Jorge “El Turco” Sáez, quien -según pudo averiguar esta agencia- tenía conocimiento previo de Martinengo que, indicaron fuentes judiciales, solía decirles que lo que tuvieron para reportar “podía interesar arriba”. Los ex espías, sostienen desde sus entornos, respondían a las órdenes del entonces director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, quien reportaba directamente a la conducción de la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, según pudo reconstruir esta agencia.
 

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La Vicepresidenta Cristina Fernández denunció que la AFI macrista contrató narcotraficantes para realizar atentados

| AFI macrista | “Producción de espionaje ilegal”. “La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno, y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes”, cuestionó la vicepresidenta.

 

|La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró este lunes que durante el gobierno de Mauricio Macri la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno”, y cargó contra la Corte Suprema por no sancionar a quienes difundieron escuchas ilegales de sus conversaciones.

“La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno, y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes”, aseguró la vicepresidenta en un video que publicó en sus redes sociales mientras se dirigía desde su domicilio al juzgado de Lomas de Zamora, donde hoy se presentó ante el juez Federico Villena como damnificada y, probablemente, para aceptar ser querellante.

Además, cuestionó a la Corte Suprema de Justicia por no intervenir cuando se difundieron “en radio y en televisión, durante meses, anunciadas con bombos y platillos” las “ya célebres escuchas” de sus conversaciones con Oscar Parrilli.

“Si hubiesen sancionado responsables, es probable que esta causa no hubiese existido”, dijo en un audio que se escucha mientras desde adentro del auto se ven las calles que recorrió al salir de su domicilio.

La vicepresidenta se refirió así a la denuncia por escuchas ilegales por parte de la AFI durante el período macrista, en el cual se habrían espiado a cientos de periodistas, dirigentes de la oposición y del propio gobierno de ese entonces, además de religiosos y personalidades de la sociedad civil.

En el video que subió a sus redes sociales, la ex presidenta indicó: “Estoy yendo al Juzgado Federal de Lomas de Zamora. A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era (el fallecido juez Claudio) Bonadio en Comodoro Py, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto”.

“¿Qué cosa, no? En aquellas oportunidades llegaron a ser dos motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad. Es raro que no me sigan, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo”, sostuvo.

“Inédito escándalo diría yo. ¿Por qué lo digo? Escuchá bien: la AFI que dependía en forma directa de Mauricio Macri utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes”, aseveró la vicepresidenta.

“Increíble. El Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, le vendió a todos los argentinos y argentinas que venían a combatir el narcotráfico. ¡Dios mío! ¡Cuánta mentira y cuánto pero cuánto cinismo, por Dios!”, agregó.

“Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho desde la AFI macrista y no puedo evitar recordar otros episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años sin que nadie hiciera nada”, indicó la vicepresidenta.

Y recordó: “Me acuerdo por ejemplo cuando, en marzo de 2017 se difundieron las ya célebres escuchas de mis conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Debo confesar que cuando sucedió aquel episodio de difundir por radio y por televisión conversaciones privadas, la verdad es que en ese momento pensé que la Corte iba a intervenir”, expresó.

Pero “sin embargo, nada de eso ocurrió, al contrario. Se anunciaba su transmisión con bombos y platillos cual estreno cinematográfico y nadie hacía nada para impedirlo”, cuestionó la dirigente.

“Y no sucedió una vez, lo hicieron durante meses. Durante meses difundieron ilegalmente conversaciones privadas. Siempre me pregunto qué hubiera pasado si la Corte hubiese tomado medidas y sancionado a los responsables”, dijo.

“Es probable que esta causa no hubiera existido, y un montón de ciudadanos y ciudadanas no hubieran sido ni espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados. En fin: de aquellos lodos, estos barros”, finalizó Cristina.

     
 

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La AFI denunció “inteligencia ilegal” contra 500 personas durante el gobierno de Mauricio Macri

| DENUNCIA | Espionaje ilegal. La denuncia de la interventora de la agencia, Cristina Caamaño, incluye como espiados a políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y miembros de diversos organismos de la sociedad civil, además de unos 400 periodistas.

 

|La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia por “producción de inteligencia ilegal” durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri en perjuicio de unas 500 personas, entre ellos políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y miembros de diversos organismos de la sociedad civil, además de unos 400 periodistas.

Según consignaron fuentes judiciales, la información que sustenta la presentación fue hallada a fines de enero en una caja fuerte del organismo y estaba contenida en tres sobres que tenían las inscripciones “2017”, “Periodistas G-20” y “Varios”.

Por un sorteo realizado por la Cámara Nacional en los Criminal y Correccional Federal, la denuncia recayó el Juzgado Criminal y Correccional Federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien delegó la investigación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal que dirige Paloma Ochoa.

Caamaño pidió en el escrito que se cite a declaración indagatoria al ex director general de la AFI Gustavo Arribas; a la ex subdirectora general de la Agencia, Silvia Majdalani; y al ex presidente Mauricio Macri “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional.

De acuerdo con la presentación, entre los materiales encontrados hay de 403 fichas de periodistas, quienes habían solicitado su acreditación para la Cumbre del G-20 de 2018, que se llevó a cabo en noviembre de ese año.

“En las 403 fichas confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales y visadas por la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia respecto a periodistas de distintos medios”, se hallaron “28 fichas de personas con vinculaciones académicas”.

Además se encontraron otras “58 fichas con información colectada de distintas personas que habrían sido observadas en la acreditación para la participación de estos eventos”.

En el documento presentado ante la Justicia, se consigna la existencia de un “informe cuyo asunto reza “OMC”, el cual contiene información de inteligencia vinculada al Partido de los Trabajadores Socialistas”.

Se trata de un material que se remite al el mes de junio de 2017, cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación elaboró y dio a conocer un documento interno con lineamientos de seguridad en el marco de la XI Conferencia Ministerial de la OMC que se llevaría a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 10 al 13 de diciembre de de ese años.

El documento calificado como “confidencial” establecía, entre otras cuestiones, las locaciones donde se desarrollaría en la conferencia, “con una estimación de recursos necesarios que debían comprometerse en cada una de ellas”.

“Así como también una breve reseña de las experiencias anteriores llevadas a cabo en otros lugares del mundo respecto a la seguridad”, subraya la denuncia.

“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido, ello con manifiesta connivencia de la autoridad máxima del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”, añade.

Entre el listado hallado en la AFI están incluidos cronistas, reporteros gráficos, técnicos y camarógrafos de medios gráficos, electrónicos y audiovisuales de Argentina y el exterior.

En esa nómina se incluyen caracterizaciones como “Siempre con posturas contra el Gobierno”; “Se opone fuertemente al kirchnerismo”, “Hay una (foto) con Estela de Carlotto (titular de Abuelas de Plaza de Mayo)”; “Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista”, sostiene la denuncia.

También “se destaca que en FB la única pagina de políticos a la que le dio ‘Me Gusta’ es a la de Laura Alonso (titular de la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Macri)”, o “En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos”.

Además, se detalló en la denuncia que en “la AFI se encontraron 28 fichas de personas vinculadas al mundo académico y otras 59 adicionales, producidas con motivo de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC del año 2017”.

“Todas con la correspondiente fotografía y detallan información privada de las personas, como datos bancarios, vínculos familiares, propiedades y automóviles, participación en sociedades y hasta el salario de empleadas domésticas”, detalla el escrito presentado ante la Justicia.

El escrito también incluye “un informe de inteligencia sobre organizaciones sociales y políticas que planteaban objeciones a los eventos, como el Transnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo ‘Julio Godio’.

También se halló un relevamiento “con información obtenida de ‘fuentes propias’ sobre una reunión política convocada contra estos eventos”, en relación a la Cumbre del G-20.

Caamaño remarcó en la denuncia que “si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20”.

“Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”, fundamentó la interventora de la AFI.

En ese sentido, la funcionaria solicitó también “la citación a declaración indagatoria de los agentes involucrados”, de quienes debe preservarse la identidad, en los términos de la Ley Nacional de Inteligencia.

 

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El fiscal federal Di Lello imputó a Macri y Arribas por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos

| IMPUTACIÓN | Investigación. El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó hoy la investigación de la denuncia al ex presidente Mauricio Macri y ex funcionarios de su gestión, por supuesto espionaje ilegal presentada esta semana por la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Graciela Caamaño.

 

|El fiscal federal Jorge Di Lello abrió hoy una investigación e imputó al ex presidente Mauricio Macri y al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su gobierno, Gustavo Arribas, a raíz de una denuncia por supuesto espionaje ilegal, presentada esta semana por la interventora de la central de espías, Cristina Caamaño.

La imputación también alcanzó a la ex número dos de la AFI, Silvia Majdalani, al ex jefe de Gabinete de ese organismo, Darío Biorci, y a dos agentes (identificados como A y B), cuya identidad se mantiene bajo reserva, según el dictamen entregado al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

El fiscal Di Lello solicitó una batería de medidas de prueba antes de resolver si pide la citación a declaración indagatoria de los imputados en el caso y le pidió al juez que, tras la realización de las mismas, se le vuelva a correr vista a fin de expedirse “sobre el mérito de las conductas denunciadas”.

La denuncia

Caamaño había remarcado que, en su calidad de presidente de la Nación, Macri fue “el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.

Al explicar cómo se encontró la información, en la denuncia se había señalado que durante las tareas de relevamiento de la agencia de inteligencia se había encontrado un disco rígido marca Western Digital, en el que se hallaron rastros digitales que daban cuenta de la conexión de dispositivos externos en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales entre otros.

Al analizar el dispositivo surgió que estaba borrada la información pero no de manera segura, razón por la cual fue posible reestablecerla con algunas falencias y recuperar datos que permitieron detectar el registro de conexión de dispositivos extraíbles “pen drives”, en los cuales se había realizado un proceso sistémico de colección de información ilegal sobre distintas personas.

Según la denuncia de Caamaño, se hallaron evidencias de espionaje ilegal sobre cuentas de correos electrónicos privados de 85 personas entre las que se encontraban dirigentes de la entonces oposición, como la actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, y los políticos Rodolfo Tailhade, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti entre otros.

Entre los supuesto espiados, también estaban los periodistas Luis Majul y Gerardo Arangure, dirigentes gremiales como Héctor Daer y varios políticos, que por entonces formaban parte de las filas del oficialismo, como el diputado Nicolas Massot, el radical Ernesto Sanz y quien encabezaba la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Entre las medidas que la fiscalía requirió al juez Martínez De Giorgi, figura un pedido a la AFI para que remita a tribunales los legajos completos de los agentes identificados como “A” y “B” y “una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019”.

Además, requirió un “diagrama completo de la estructura de la secretaria desde el año 2015 al año 2019” y “todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia”, toda vez que se sospecha que el espionaje fue realizado sin ninguna orden judicial.

También, que se cite en calidad de testigos al personal contratado “para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados, por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani”.

Además y preservando su identidad en base a la Ley 25.520 de Inteligencia, se reclamó que declaren como testigos los actuales “funcionarios y empleados de la AFI que participaran en el protocolo de recolección de datos” hecho sobre el disco rígido Western Digital “a fin de determinar con exactitud cuál fue el procedimiento de recuperación de datos del mismo”.

El fiscal pidió al juez que ordene una “pericia oficial con personal especializado en el tema digital” sobre el disco rígido para -entre otros puntos- individualizar los “correos electrónicos que surgen”, y, “si es posible, determinar su titularidad” y su “asunto”, archivos adjuntos y contenido de los mails.

La actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Gómez Alcorta, se convirtió esta mañana en una de las primeras en solicitarle al juez de la causa ser tenida por parte querellante dado que aparece en la nómina de presuntos espiados.

 

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Judiciales, Politica, Sociedad

Marcelo Tinelli también acusa al gobierno de Macri: “Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP”

| DENUNCIA | Espionaje. Luego de su mensaje, el conductor de Showmatch ironizó sobre las críticas que le hicieron “trolls macristas”.

 

|El conductor Marcelo Tinelli se quejó de que el Gobierno de Mauricio Macri tenía “un aparato del Estado para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse”.

“Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse”, sostuvo el productor de televisión.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de Showmatch se refirió a la denuncia que hizo la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre presunto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.

 

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