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Fernanda Vallejos “les corrió el velo” y denunció “lobby del poder económico” en el reclamo por las clases presenciales


| Denuncia | “Lobby”. La diputada Nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos dijo que “el reclamo impulsado supuestamente por madres y padres en defensa de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires es en realidad sostenido por organizaciones de la sociedad civil patrocinadas por el poder económico más concentrado del país”.


 

|La diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos afirmó que detrás del “madres y padres” a favor de las clases presenciales “están las grandes empresas que respaldan la posición del Gobierno porteño, a través del apoyo a las fundaciones, ONG y cámaras de colegios privados que integran el colectivo #ALasAulas”.

 

 

“El reclamo impulsado supuestamente por madres y padres en defensa de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires es en realidad sostenido por organizaciones de la sociedad civil patrocinadas por el poder económico más concentrado del país, y, en algunos casos, en alianzas con el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta”, la diputada del Frente de Todos.

 

En un comunicado, Vallejos señaló que “como veníamos denunciando, los ‘papis’ por la presencialidad eran militantes de Juntos por el Cambio, Clarín y la embajada”.

En ese sentido señaló que “la red funciona siempre así: ONG fachada del poder económico, vínculos con la embajada, sus medios de propaganda, jueces adictos y, obvio, el macrismo”.

 

Agregó: “”Piedra libre para Fundación Noble (Clarín), Fundación La Nación, además de la Cámara de Comercio de USA en Argentina, La Rural, JP Morgan y demás corporaciones detrás de ONG que militan la rentabilidad empresaria y la desestabilización política, con una idea bien clara: la vida es una mercancía”, cuestionó Fernanda Vallejos.

     
 

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Luana Volnovich denunció que en la Ciudad a cargo de Larreta hay heladeras llenas de vacunas sin usar. Ya interviene un fiscal de oficio


| Denuncia | Ciudad de Buenos Aires. La directora ejecutiva del PAMI remarcó que varios centros vacunatorios se encontraban “vacíos”, pese a que el distrito cuenta con las dosis previstas. Ya interviene de oficio un fiscal.


 

|La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, planteó sus dudas sobre la campaña de vacunación que lleva adelante el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, tras advertir que varios centros vacunatorios se encontraban “vacíos”, pese a que el distrito cuenta con las dosis previstas.

 

“No puedo creer lo que ven mis ojos. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos las heladeras llenas de vacunas contra el COVID; pero los puntos de vacunación, vacíos. Vine personalmente a ver qué estaba pasando”, escribió hoy Volnovich en su cuenta de Twitter.

 

La funcionaria adjuntó a su posteo varias fotos en las que se observa salas de espera vacías o con poca gente y las dosis en sus estuches en los centros de vacunación.

“Esto me hace dudar de toda la campaña de vacunación en CABA: ¿Cómo asignan las prioridades? ¿Cómo distribuyen turnos y vacunas? ¿Por qué hay personas mayores que esperan hace dos meses y otros se vacunan en 48 horas? y ¿Por qué no asignan más turnos a los vacunatorios de PAMI? ¿Qué está pasando en la Ciudad?”, se preguntó en las redes sociales.

 

Sumó a su publicación otra realizada por el propio Larreta, en la que el jefe comunal afirmó que el distrito “tiene toda la logística preparada para cuando lleguen más vacunas”.

 

“Yo veo lo contrario: tenemos vacunas pero falla la logística de la Ciudad”, retrucó Volnovich.


 

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Un fiscal denunció a Macri por “instigación al delito y desobediencia”, pidió a los intendentes no apoyar las medidas del Gobierno nacional


| Denuncia | Medidas sanitarias. La presentación la hizo Javier Ignacio Baños, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante la fiscalía general de ese departamento.


 

|Un fiscal de Morón denunció al expresidente Mauricio Macri por “instigación al delito y desobediencia” por un posteo en sus redes sociales en el que pidió a los intendentes de la provincia de Buenos Aires “no apoyar las medidas” del gobierno nacional y mantener las clases presenciales.

La denuncia la impulsó Javier Ignacio Baños, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante la fiscalía general de ese departamento.

Según la presentación, el fiscal pidió que se investigue si Macri cometió los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia, que prevén penas de entre seis meses y dos años de prisión.

El tuit del ex presidente

En el escrito se citó un tuit del expresidente de este jueves en el que posteó: “Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”.

El fiscal consideró que “sucintamente, el expresidente de la Nación Argentina realiza a través de la mentada red social un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

“Es que, más allá que puedan no resultar de su agrado, todas las medidas que los Estados -el provincial y los municipales- adopten para hacer frente a la pandemia y que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, serán siempre limitadas temporalmente, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y por lo tanto legítimas y obligatorias”, graficó.

“El derecho a la libre expresión no es absoluto”

Agregó que en este marco de situación “debemos recordar que el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio”.

“En particular, como en el caso, cuando los dichos emanan de un anterior primer mandatario y los mismos conllevan una gravedad institucional tal que invita al caos en el Gobierno provincial”, resaltó.

Sostuvo también que con sus manifestaciones “arenga adicionalmente al público en general para que desobedezca disposiciones lícitas emanadas del Ejecutivo provincial, y en definitiva, frustrándose toda legitimación y eficiencia concreta de los protocolos que se buscan implementar”.

     
 

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Denuncian al gobierno de Larreta por irregularidades en la inscripción para vacunarse en la Ciudad de Buenos Aires


| Denuncia | Ciudad de Buenos Aires. Carlos Alberto Negri, de 73 años, intimó al Gobierno de la Ciudad que rechazado reiteradamente sus pedidos para empadronarse. “Si no se resuelve, este lunes presentaré una demanda judicial”.


 

|Un abogado de 73 años denunció irregularidades en el sistema de inscripción para recibir la vacuna contra el coronavirus en la ciudad de Buenos Aires, tras ser rechazado en reiteradas oportunidades por pertenecer a la obra social de la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de Carlos Alberto Negri, un vecino jubilado del barrio porteño de Balvanera con patologías preexistentes de riesgo como una miocardiopatía isquémica y asma que presentó una nota de intimación al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y al ministro de Salud, Fernán Quirós.

En la denuncia, Negri relató que aún no se encuentra empadronado en la ciudad, a pesar de haber insistido por distintos canales para que resuelvan su caso, debido a que el sistema implementado por el Gobierno porteño lo rechaza de forma automática por pertenecer a la obra social de la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires (CASA).

“Sigo sin estar inscripto y nadie me da una solución a algo que sería fácil de resolver, pero hay una incapacidad por parte de la Ciudad. Soy de riesgo por mi edad y por mis enfermedades, pero ya agoté todos los canales de comunicación y por eso presenté la nota de intimación al Gobierno de la Ciudad y si no se resuelve este lunes presentaré una demanda judicial”, adelantó Negri.

Al respecto, el vecino porteño consideró que “esta irregularidad ocurre también porque el Gobierno de la Ciudad decidió privatizar parcialmente la campaña de vacunación al haber introducido en el plan a algunas obras sociales y prepagas, sino tendría que haber una sola lista y no habría este problema”.

Negri afirmó que al comunicarse con la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires, desde esa obra social admitieron que “son varios los casos ya reportados con la misma problemática en la Ciudad, pero desde esa entidad no pueden resolver nada”.

El caso del letrado jubilado comenzó el 1° de abril cuando se inscribió en el sistema de la Ciudad para recibir la vacuna contra el coronavirus, pero cuatro días más tarde recibió un email oficial -desde la cuenta infovecinos@buenosaires.gob.ar- en el que le comunicaban que había sido rechazado.

“Detectamos que tenes una cobertura de salud que forma parte de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y aplica la vacuna a sus afiliados. Podes conocer el plan correspondiente a tu obra social o prepaga ingresando en la web. Conoce tu plan de vacunación. Muchas gracias”, decía el mensaje enviado por correo electrónico por el sistema de la Ciudad.

Para Negri, “se trata de un error porque mi obra social (CASA) no forma parte de la campaña de vacunación”, ya que a las entidades que el Gobierno porteño eligió para que suministren la inmunización a sus afiliados son Osuthgra (Gastronómicos), OSECAC (empleados de comercio) y OBSBA (municipales) y las prepagas del Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC.

Rechazos reiterados

Ante esta situación que le impedía inscribirse, el vecino porteño se comunicó al día siguiente con el 147 donde la operadora lo atendió “cordialmente” y lo volvió a empadronar.

Sin embargo, al día siguiente volvió a recibir un nuevo correo electrónico de la Ciudad con el mismo mensaje de rechazo a la inscripción tras ser reempadronado de forma manual.

“Me volvió a comunicar con el 147 y me querían volver a reempadronar nuevamente y le dije que mejor me inscriba en la lista del crematorio del cementerio de la Chacarita”, ironizó.

En esa comunicación con el 147 el reclamo de Negri fue “derivado al Ministerio de Salud porteño”, aunque “todavía nadie se comunicó conmigo y aun no estoy empadronado para la vacunación en un momento severo por los altos contagios que hay en esta segunda ola”.

La nota de intimación presentada por el letrado ante el Gobierno de la Ciudad pide que “dentro de las 24 horas corridas se informe lugar, fecha y hora de la vacunación bajo apercibimiento de accionar judicialmente contra la Ciudad y ustedes -Larreta y Quirós- personalmente si procediere, no solo por la concreción de la vacunación sino por los daños y perjuicios”.

En febrero, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, fueron denunciados penalmente, en dos presentaciones en paralelo, por la presunta “privatización de la vacunación contra el coronavirus” al “entregarles dosis a algunas obras sociales y medicinas prepagas para uso exclusivo de sus afiliados”.

     
 

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El gobernador Kicillof respaldó la denuncia penal realizada por la Oficina Anticorrupción contra el expresidente Mauricio Macri


| Denuncia | La OA presentó este viernes una denuncia penal contra Macri y varios funcionarios de su gobierno por “defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos” por procedimientos aplicados para el acuerdo suscripto en 2018 con el FMI.


 

|El gobernador bonaerense Axel Kicillof respaldó este sábado la denuncia penal realizada ayer por la Oficina Anticorrupción (OA) contra el expresidente Mauricio Macri por la toma de deuda externa mediante un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), al señalar que “se hizo el préstamo más grande de la historia de la humanidad sin cumplir con los pasos administrativos y después hubo fuga de capitales”.

Este viernes, la OA presentó una denuncia penal contra Macri y varios funcionarios de su gobierno por “defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos” por procedimientos aplicados para el acuerdo suscripto en 2018 con el FMI para la concesión de un préstamo por más de 44 mil millones de dólares.

La presentación se basa en informes suministrados por el Banco Central de la República Argentina y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación y alcanza al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el exministro de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.

“En la denuncia por la deuda, se está diciendo que se hizo el préstamo más grande de la historia de la humanidad sin cumplir con los pasos administrativos”, dijo el mandatario bonaerense en declaraciones a radio AM 750, donde además apuntó que “después de recibir el préstamo, hubo fuga de capitales”.

Asimismo, el exministro de Economía remarcó que “se conoció que hubo funcionarios norteamericanos que incidieron en que se otorgara el préstamo del FMI, por lo que claramente fue una ayuda de la administración de (Donald) Trump para que Macri ganara las elecciones”.

“El ministro de Economía (Martín Guzmán) ya habló del tema con el FMI y creo que es al revés (no va a perjudicar la negociación). Macri había dicho que no iban a ir al Fondo y se festejó el crédito más grande de su historia”, recordó el funcionario.

Para Kicillof, “el préstamo con el FMI fue mal tomado, mal usado y mal negociado”.

Respecto a la deuda externa de la provincia de Buenos Aires, Kicillof aseguró: “Continúan las negociaciones por la deuda de la provincia. No estamos esperando particularmente nada en la negociación”.

“El criterio que planteó Guzmán de la sostenibilidad de deuda es correcto. Se está negociando para ver qué se puede pagar y el acceso a los dólares”, señaló.

     
 

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La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal por defraudación y malversación contra Macri por el préstamo del FMI


| Denuncia | Oficina Anticorrupción. La denuncia por “defraudación y malversación de caudales públicos” incluye a funcionarios de su gobierno como Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.


 

|La Oficina Anticorrupción (OA) presentó este viernes una denuncia penal contra el expresidente Mauricio Macri y varios funcionarios de su gobierno por “defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos” por procedimientos aplicados para el acuerdo suscripto en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la concesión de un préstamo por más de 44 mil millones de dólares.

La presentación se basa en informes suministrados por el Banco Central de la República Argentina y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación y alcanza al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris.

Desde la OA informaron que el organismo que encabeza Felix Crous formalizó esta denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5.

La denuncia

En la presentación reseña que el 20 de junio de 2018, el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado “a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados”.

Con esos fondos, los funcionarios del gobierno de Macri “ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional”.

La decisión de suscribir “con urgencia y a como diera lugar el mayor empréstito otorgado por el FMI en su historia -con la correspondiente complacencia del organismo- “se expresó en la violación de las normas esenciales para esa decisión”.

La OA recordó las manifestaciones del ex asesor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y actual presidente del BID, Mauricio Clever Carone, quien en su exposición en el Consejo de Relaciones Internacionales de Chile explicó las razones de la concesión de un préstamo “inédito” a Argentina.

“La razón no era otra que ayudar a la reelección presidencial del por entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri”, se recalca en la denuncia del organismo, y se afirma que para “comprender cabalmente la maniobra es necesario obtener, en el transcurso de la pesquisa, tanto el listado completo de las personas físicas y jurídicas beneficiadas por la maniobra ilícita, así como determinar el tipo de vinculación que pudieran mantener con los funcionarios denunciados”.

La OA solicitó “conocer si existieron vínculos entre los funcionarios y los compradores, y si estos pudieron prevalerse de información privilegiada -y quién la suministró-, para asegurar esas ganancias, que son el espejo del perjuicio que debe afrontar la mayoría del pueblo argentino”.

Para el organismo oficial, el gobierno de Macri evitó “cumplir con los procedimientos legales para la toma de la decisión del endeudamiento evitando al Congreso de la Nación, hasta falsear los objetivos del empréstito”.

“Lo cierto es que entre mayo de 2018 y hasta que fueron restablecidos tardíamente los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI se desembolsaron casi USD 44,5 mil millones. Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los USD 45,1 mil millones, una salida de capitales especulativos por USD 11,5 mil millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por USD 36,9 mil millones”, se subraya.

En el texto de la denuncia se insiste en que “el FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento del empréstito como con el control de su ejecución”, algo que no resulta casual sino causal la coincidencia de las sumas, en tanto los USD 44,5 mil millones obtenidos mediante el empréstito con el FMI resultan muy cercanos a los USD 45,1 mil millones fugados por capitales especulativos y los USD 46,1 mil millones de Lebacs emitidos a junio de 2018″.

Por tanto, el proceso “fue espurio porque las autoridades no optaron por ninguna otra medida que evitara la sobredemanda de dólares y la salida de estos de la plaza local, garantizando con su deliberada pasividad la toma de ganancias de los especuladores a expensas del patrimonio público”.

Las imputaciones

“Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central de la República Argentina, tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos.

Todos ellos “violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (arts. 75 inc. 4 y 7 de la CN), y eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma (art. 6 de la ley Nº 20.305)”.

De esta forma se soslayó la emisión del dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y la autorización del Jefe de Gabinete de Ministros para el inicio de las negociaciones de la operación.

“Se trató de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con fidelidad. Las omisiones y violaciones a sus deberes de los funcionarios fueron las formas mediante las cuales se materializó parte del fraude”, subraya la denuncia.

Esta presentación está en línea con la decisión del presidente Alberto Fernández de iniciar una querella criminal contra Macri y varios funcionarios de su gobierno por el endeudamiento contraído con el FMI, y que se anunció el 1 de marzo durante la apertura de la sesiones ordinarias del Congreso.

     
 

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El ministro Gollan denunció ante la Justicia la “pérdida” de 400 dosis de la vacuna Sputnik en Olavarría


| Denuncia | Vacunas. Según precisó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, se inició un sumario administrativo y se realizó la denuncia judicial para determinar los motivos por los cuales se perdió la cadena de frío.


 

|El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, denunció ante la Justicia la pérdida de 400 dosis de la vacuna Sputnik contra el coronavirus que quedaron inutilizadas tras perder la cadena de frío en un hospital de Olavarría, mientras que el fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, dijo que se investiga si el hecho se trató de una “falla eléctrica” o “un atentado”.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, calificó como “muy lamentable” la pérdida de las dosis por un desvío en la cadena de frío en el Hospital Oncológico de Olavarría, mientras que el intendente de esa ciudad, Ezequiel Galli, advirtió que si fue un sabotaje “habrá que ir hasta las últimas consecuencias”.

El ministro de Salud bonaerense explicó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) que cuentan con “160 puntos de vacunación” y sostuvo que esos centros tienen “sus respectivos freezer y termómetro de control, grupo electrógeno por si falla la electricidad y su propio sistema de monitoreo”.

“Iniciamos un sumario e hicimos la denuncia judicial”, expresó el funcionario al ser consultado sobre la situación registrada en el mencionado centro de salud.

Gollan manifestó que “la perilla que fue dejada a una temperatura a la noche fue girada a 26 grados” y consignó que “la única cámara de seguridad que enfocaba allí, fue apagada”.

El ministro consideró que el hecho “es llamativo” y sostuvo que “esto nos lo informaron las autoridades (del Hospital), que una cámara dejó de funcionar en el mismo momento en que la perilla cambió de posición, esa fue la única cámara que dejó de funcionar”.

“Queremos que se investigue qué sucedió allí”, expresó el ministro.

La investigación judicial

El fiscal general la localidad bonaerense de Azul, por su parte, explicó en declaraciones al canal C5N y a la radio El Destape que la denuncia fue radicada por la directora del Hospital Oncológico ante la Fiscalía N° 10 de Olavarría y precisó que había unas 450 dosis en el centro de salud, que debían permanecer “a una temperatura de entre -18° y -40°”.

“Ayer a la mañana, se encontraron con que la graduación del freezer estaba en 26°, con lo cual había que descartar 400 dosis -dado que otras 50 ya se habían inoculado al personal de salud- porque perdieron la cadena de frío”, sostuvo Sobrino.

El fiscal apuntó que “se está investigando si fue algo del orden de una falla eléctrica en el freezer o un atentado”, afirmó que “se analizan las dos opciones” y agregó que “para eso se tomó rápidamente la denuncia y la fiscal enseguida comenzó con las actuaciones”.

Sobrino manifestó que se realizarán pericias técnicas “respecto del freezer” y agregó que se analizarán las cámaras de seguridad “para ver quién ingresó al lugar el fin de semana” y determinar si se manipuló el artefacto.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, en tanto, calificó en declaraciones a la radio AM 750 como “muy lamentable” la pérdida de las vacunas y pidió “una exhaustiva investigación” sobre el hecho.

“Que no se hayan podido aplicar me parece muy lamentable y merece una exhaustiva investigación”, destacó Salvarezza y agregó que “es un momento en el cual las dosis son muy apreciadas y esas eran para 400 trabajadores de la salud que son los que están más expuestos con el incremento del número de casos“.

   
 

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La titular de la AFIP Marcó del Pont denunció “hostigamiento fiscal” contra Cristina Kirchner durante el gobierno macrista


| Denuncia Judicial | “Hostigamiento Fiscal”. La presentación judicial lleva la firma de Marcó del Pont e incorpora documentación que también expone “graves irregularidades a las que fueron sometidos los hijos de la vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner”.


 

|La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, amplió este lunes la denuncia por “hostigamiento fiscal” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte del organismo durante el Gobierno de Mauricio Macri, con la presentación de documentos que exponen “graves irregularidades” a las que fueron sometidos la expresidenta y sus hijos.

Se trata de una ampliación de la denuncia realizada a comienzos de febrero -que se tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11- e incluye los resultados de los procedimientos, investigaciones y auditorías realizadas por las distintas áreas del organismo a lo largo de los últimos meses.

“Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del hostigamiento fiscal experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri”, dice la presentación, según dijeron este lunes fuentes judiciales.

En ese sentido, destacaron que “de las auditorías internas se desprende la posible comisión de ciertos hechos, por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli que podrían resultar encuadrables en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”.

La exposición plantea que hubo irregularidades en procedimientos de determinación de oficio de deudas así como evidencia de “prácticas enquistadas en el ámbito de la AFIP reñidas con principios fundamentales del Estado de Derecho”.

“La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado”, sostiene la presentación realizada este lunes ante la justicia federal.

Allí se sostuvo que los hallazgos “dan cuenta de una matriz de persecución” durante el gobierno que presidió Mauricio Macri, ya que, entre 2016 y 2019, se desplegaron desde la AFIP “prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias, entre otros, del principio de igualdad”.

Los informes producidos por la Subdirección General de Auditoría Interna, que nutrieron la presentación judicial, consignan las irregularidades en los procedimientos cuestionados que, tras ser analizados, dieron lugar a distintas acciones tanto por parte de la Dirección General Impositiva como de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos.

Una de las irregularidades detectadas fue la falta de notificación de las fiscalizaciones vinculadas con sus obligaciones tributarias, a pesar de que la normativa vigente establece que corresponde notificarla o ponerla en conocimiento de los distintos procedimientos.

Entre las más graves irregularidades se encontró una “inusitada cantidad de consultas sistémicas sobre información fiscal” vinculada a la vicepresidenta y sus hijos” sin fundamento legal siquiera aparente a cargo de un nutrido grupo de agentes del organismo, según se señaló en la presentación judicial.

También se detectó que hubo actuación de funcionarios de la AFIP en causas judiciales en supuesta representación del organismo, sin autorización para ello y que se crearon de grupos de trabajo constituidos para analizar la situación de ciertos contribuyentes, y de sus empresas, cuya integración fue determinada por las autoridades políticas de ese momento.

En febrero de este año la AFIP había presentado una denuncia en la que se daba cuenta de una presentación administrativa realizada por la vicepresidenta ante el ente recaudador y se había comprometido a aportar, cuando estuvieran concluidas, los resultados de las investigaciones y auditorias que se pusieron en marcha tras aquel planteo.

     


 

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La ministra Frederic apoyó la denuncia penal presentada el viernes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación


| DDHH | Denuncia. La ministra de Seguridad apoyó la denuncia presentada el viernes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante la justicia porteña contra el Gobierno porteño por la represión desatada durante el velatorio de Diego Maradona por parte de la Policía de la Ciudad.


 

|La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó que “para despolitizar lo mejor es que la justicia investigue”, al apoyar la denuncia presentada el viernes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante la justicia porteña contra el Gobierno porteño por la represión desatada durante el velatorio de Diego Maradona por parte de la Policía de la Ciudad.

En declaraciones a radio Mitre, la Ministra dijo esta mañana que es una modalidad “habitual” de la secretaría de Derechos Humanos, y sostuvo que “para despolitizar lo mejor es que la justicia investigue”.

“Es la rutina de que se abran sumarios y en caso de encontrar irregularidades se da intervención a la justicia”, según explicó la funcionaria.

La denuncia penal fue presentada este viernes contra el jefe de Gobierno porteño Larreta, y contra Diego Santilli, vicejefe a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad comunal.

En la denuncia, se solicita que se investigue a las máximas autoridades del Gobierno de la Ciudad por los delitos de intimidación pública, abuso de autoridad y abandono de persona (artículos 211, 248 y 106 del Código Penal) “por el violento accionar llevado adelante por efectivos policiales”.

La presentación incluye un compilado de imágenes “que prueban la represión violenta y desmedida”, añadieron las fuentes.

En tanto, Frederic afirmó que “es falso” el argumento de las autoridades porteñas de que el Gobierno nacional le ordenó que cortara la fila de personas que querían participar del velorio en la Casa de Gobierno, a la altura de la Avenida de Mayo y 9 de Julio.

“Nosotros no dimos la orden. Yo no puedo dar una orden a la policía de la Ciudad”, insistió la Ministra.

“El Gobierno de ciudad de Buenos Aires es quien tiene la responsabilidad de la seguridad ciudadana en la ciudad, y nosotros acordamos con ellos apoyar ese operativo con fuerzas federales, así que el incidente fue provocado por este desbande que motivó la represión”, aseguró Frederic.

 

En esa línea, sostuvo que fue “una decisión inconsulta” de las autoridades del Gobierno porteño, y consideró que “las dificultades en la Casa Rosada fueron provocadas por esa decisión que en vez de atenuar, incrementaron” los incidentes.

En ese sentido, puntualizó que “nuestro comando no contaba con un oficial de la Ciudad, no fue un comando unificado, como sí sucedió durante la pandemia del coronavirus con los controles”.

“Los hechos que ellos relatan son falsos. La ética se la construye y se la defiende con veracidad de la información y yo soy absolutamente transparente”, enfatizó la funcionaria nacional.

Además, precisó que “no hubo un millón de personas” en las calles para participar de la ceremonia: “Con suerte fueron 100.000, ayer estuvimos haciendo el cálculo con la Policía Federal, esa es nuestra estimación”, destacó

Finalmente, subrayó -sobre la duración del velatorio- que hubo una decisión del presidente Alberto Fernández “de respetar el deseo de la familia (de Maradona), y de tratar de equilibrar ese deseo con el deseo de aproximadamente 100.000 personas, que fueron las que trataron de llegar al féretro” del ídolo fallecido.

   
 

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Por orden directa del intendente Gustavo Menéndez el Municipio de Merlo denunció a funcionarios por estafa


“La denuncia fue realizada por la Municipalidad de Merlo, por orden directa del Intendente Menéndez”.

Tras una denuncia realizada por el Gobierno Municipal ante la Justicia de Morón, se realizó un allanamiento en la Dirección de Tierras y Viviendas que concluyó en la detención de cuatro funcionarios de diversa jerarquía.


 

|Los funcionarios detenidos vendían lotes fiscales en la localidad de Mariano Acosta, lo que resultaba en una estafa tanto al patrimonio público como a los compradores de los lotes.

 

Vecinos de Mariano Acosta pusieron en conocimiento al equipo de la oficina privada del Intendente Gustavo Menéndez, quien, al informarse de lo ocurrido, ordenó directamente que se hiciera la investigación pertinente.

 

Así, ante la confirmación de los hechos, el intendente Menéndez ordenó la denuncia directa ante la UFI 3 de Morón.

 

La Dirección de Tierras y Viviendas es una de las áreas municipales que depende de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, a cargo de la Secretaria Karina Menéndez.

“Karina estaba al tanto de la denuncia judicial. Es ella quien me alerta de la presunta situación irregular que involucraba a funcionarios de su área. Ahí empezamos a prestar atención, y luego llegaron denuncias de vecinos”, expresó el jefe comunal Gustavo Menéndez.

 

En el allanamiento a la dependencia se secuestraron cajas con documentación que acreditaría las maniobras en las que estaría involucrado uno de los funcionarios detenidos. Los domicilios de los detenidos también fueron allanados.

Las maniobras fraudulentas llegaron a partir de las declaraciones de los compradores de estos terrenos. Las autoridades policiales llegaban a desalojarlos y ellos se defendían mostrando los papeles de la supuesta adquisición legal.

 

La denuncia fue realizada por la Municipalidad de Merlo, por orden directa del Intendente Menéndez.

 

Las personas estafadas también realizaron declaraciones ante la UFI N° 3 de Morón en donde tramita la causa. Los funcionarios detenidos serán indagados por el fiscal Mario Ferrario de la UFI N° 3 de Morón, que reconfirmo que la denuncia fue realizada por la Municipalidad de Merlo, por orden directa del Intendente Menéndez.

     
 

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