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El Senado aprobó la validez de una decena de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández


| DNU | Senado de la Nación. De igual modo, la Cámara alta rechazó dos de esos instrumentos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri.


 

|El Senado presidido por Cristina Fernández de Kirchner aprobó la validez de una decena de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández, al tiempo que rechazó dos de esos instrumentos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los siguientes son los DNU aprobados en el Senado:

-DNU 408/20. Prorroga hasta el 10 de mayo de 2020, inclusive, la vigencia del Decreto original sobre el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, ya prorrogado por otros dos decretos previos.

-DNU 459/20. Prorroga hasta el 24 de mayo la vigencia del Decreto sobre Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

-DNU 409/20. Prorroga la vigencia del decreto sobre Cierres de Fronteras, actualizado dos veces más con instrumentos similares anteriores.

-DNU 426/20. Prorroga hasta el 31 de mayo de 2020, inclusive, la vigencia de la obligación establecida en el Decreto 311/20 sobre la imposibilidad de suspender el servicio prepago de telefonía móvil o internet por falta de abono.

-DNU457/20. Se modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020. El Decreto amplía las partidas presupuestarias por más de 382 mil millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento se destinarán a la ANSES. Además, suspende por un año el artículo de la ley de Administración Financiera que pone límites a la reestructuración de partidas en manos de la Jefatura de Gabinete y establece que superado el 5 por ciento del gasto presupuestario deberán pedir autorización al Congreso.

-DNU 425/20. Prorroga hasta el 30 de junio lo dispuesto en el DNU 312/20 sobre Cierre de Cuentas Bancarias.

-DNU 391 y 404/20. Reestructuración de títulos públicos emitidos bajo ley extranjera. Sobre Canje de Deuda.

-DNU 52/19. Se dispone la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo de 180 días.

-DNU 487/20. Prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días.

-DNU 488/20. Establece un valor fijo para la comercialización del petróleo crudo para refinerías locales hasta el 31 de diciembre de 2020. Barril Criollo.

Rechazó los siguientes Decretos de Necesidad y Urgencia:

-DNU 265/15. Se transfiere el Departamento de Interceptación y captación de las Comunicaciones (DICOM), dependiente de la Procuración General de la Nación, a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

-DNU 102/17. Se reformula el plazo de vigencia de los mandatos de las autoridades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación. Estableció que por única vez se podrá mantener por el plazo de tres (3) años, contados a partir de su publicación, a los jueces que fueran designados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la acordada 2/2016, cumpliendo las funciones de director general y subdirector general, en esa repartición.


 

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El Senado tendrá este jueves su tercera sesión virtual para debatir educación a distancia, alquileres y otros 12 DNU


| SESIÓN VIRTUAL | Senado de la Nación. Este jueves a las 14 horas se debatirán los proyectos de educación a distancia y la nueva reglamentación sobre los contratos de alquiler, entre otros doce decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo.


 

|El Senado debatirá este jueves los proyectos de educación a distancia y la nueva normativa sobre los contratos de alquiler, en la tercera sesión por videoconferencia que se realizará desde que rige el aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Los senadores debatirán además el aval a una docena de decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo para mitigar los efectos de la expansión del virus.

La sesión fue convocada para las 14 por la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

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El proyecto sobre educación a distancia fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados y obtuvo ayer dictamen de la comisión de Educación de la Cámara alta, por lo que sería mañana convertido en ley.

La iniciativa amplía el artículo 109 de la Ley de Educación para permitir el aprendizaje a distancia para menores de 18 años -ya que solo se habilitaba a los adultos y escuelas rurales- cuando existan razones excepcionales en las que no se pueda realizar el ciclo lectivo en forma presencial.

El proyecto de alquileres que también obtuvo dictamen ayer y fue incluido en el temario extiende la duración del plazo de locación de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).

El artículo referido a ese cálculo fue uno de los que mayor debate generó ayer en el debate en la Comisión de Legislación General, ya que algunos senadores sospechan que podría dejar abierta la posibilidad de que haya más aumentos que los prometidos en la norma.

Además, los legisladores tratarán doce decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo durante la pandemia.

En la lista se incluyó el decreto 457 que modifica el Presupuesto y suspende por este año la limitación que tiene el jefe de Gabinete para reformular las partidas presupuestarias, y recibió cuestionamientos de la oposición.

Sobre esa norma, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que “no se trata de superpoderes” y afirmó que “en momentos extraordinarios” se requiere un Estado “activo y flexible”.

También se incorporaron al temario los decretos de prorroga del aislamiento social, el 409 sobre prórroga de cierre de fronteras por la pandemia y el 426 que prorroga la vigencia de la obligación de la imposibilidad de suspender el servicio prepago de telefonía móvil o internet por falta de abono.

Los senadores tratarán además el decreto 256 de transferencia del departamento de interceptación y captación de las comunicaciones (Dicom) dependiente de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema y el DNU 102 que reformula el plazo de vigencia de los mandatos de las autoridades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial.

Ambas medidas fueron ordenadas durante la anterior gestión de Cambiemos y senadores de ese espacio ya anticiparon su rechazo al tratamiento de temas no vinculados a la pandemia, como la radical Silvia Elías de Pérez, que cuestionó esta tarde su inclusión en el temario.

También se incluyeron los DNU 391 y 404 sobre reestructuración de títulos públicos emitidos bajo ley extranjera, el decreto 52 de 2019 de intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo prorrogable de 180 días y el DNU 487 que prohíbe los despidos sin justa causa y por causales de falta o disminución de trabajo por fuerza mayor por 60 días.

El último de los DNU que se tratará es el 488 emitido el 21 de mayo por el cual se establece un valor fijo para la comercialización del petróleo para refinerías locales hasta el 31 de diciembre de 2020.


 

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El Presidente Alberto Fernández ante la necesidad de “un Estado ágil y flexible” envió al Congreso 6 DNU que se tratan este lunes


| EMERGENCIA SANITARIA | Fuentes parlamentarias confirmaron que el Gobierno giró seis DNU que serán tratados por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.


 

|El presidente Alberto Fernández envió al Congreso un nuevo paquete de decretos de necesidad y urgencia (DNU), entre ellos, el que eliminó el límite para que la Jefatura de Gabinete reasigne partidas presupuestarias.

Fuentes parlamentarias confirmaron que el Gobierno giró seis DNU que serán tratados el próximo lunes, a partir de las 17:00, por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que encabeza el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri.

De esta manera, el Presidente buscará, ante la crisis que generó la pandemia, el aval parlamentario para la labor del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, entre otras de las medidas adoptadas por DNU en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El DNU es el 457/2020, que eliminó el límite que tenían los jefes de Gabinete para reasignar partidas por hasta el 5% del Presupuesto Nacional, fijado por la Ley de Administración Financiera.

Cafiero negó días atrás que el jefe de Estado le haya otorgado “superpoderes”, al tiempo que aseguró las modificaciones presupuestarias se podrán hacer “únicamente cuando estén relacionadas con la emergencia sanitaria” y señaló que el DNU obedece a la necesidad de “un Estado ágil y flexible” para atender la crisis.


 

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La Bicameral de Trámite Legislativo convocó para el lunes a sus miembros para dictaminar sobre el DNU 457


| CONGRESO NACIONAL | La comisión bicameral de Trámite Legislativo deberá analizar una serie de decretos de Necesidad y Urgencia, entre los que se encuentra el que suspende por este año la limitación que tiene el Jefe de Gabinete para reformular las partidas presupuestarias.


 

|El presidente de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, Marcos Cleri (Frente de Todos) convocó para el próximo lunes a ese cuerpo para analizar una serie de decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo, entre los que se encuentra el 457/20, que suspende por este año la limitación que tiene el Jefe de Gabinete para reformular las partidas presupuestarias.

Ese DNU había sido fuertemente cuestionado por la oposición, que lo consideró como un otorgamiento de ‘superpoderes’ al funcionario del Ejecutivo, y que, incluso, pidió su derogación en la sesión virtual del pasado miércoles.

“No se trata de superpoderes. En momentos extraordinarios, necesitamos un Estado activo y flexible para poder proteger a todas y todos los que habitan este territorio”, sostuvo Cafiero en su cuenta de la red social Twitter, en respuesta a esos reclamos.

Ahora, el Frente de Todos habilitó su tratamiento en la reunión de la bicameral que se realizará el próximo lunes a las 17 a través de videoconferencia, en una agenda que incluye además otros cinco expedientes.

Más allá de las críticas opositoras al DNU 457, el oficialismo tiene mayoría en la comisión para obtener dictámenes de mayoría, por lo que se descuenta que todos los decretos lograrán el visto bueno.


 

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El Presidente Fernández firmó el DNU que extiende el aislamiento y regula excepciones


| AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO| Prórroga. Se trata del Decreto de Necesidad y Urgencia 335/2020 por el cual prorroga el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto ante la pandemia de coronavirus hasta el 26 de abril con la posibilidad de establecer “excepciones”.


 

|El Poder Ejecutivo Nacional publicó, en el Boletín Oficial, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 335/2020 por el cual prorroga el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto ante la pandemia de coronavirus hasta el 26 de abril con la posibilidad de establecer “excepciones” a las medidas de prevención vigentes.

En su artículo 2, el DNU establece que el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” podrá, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, y a pedido de los gobernadores y jefe de gobierno porteño, disponer excepciones del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Cafiero tendrá la posibilidad de “exceptuar la prohibición de circular, al personal afectado a determinadas actividades y servicios o a las personas que habiten en áreas geográficas específicas y delimitadas”, siempre que “medien” determinadas “circunstancias”.

En ese sentido, fija que los mandatarios provinciales deberán hacer sus requerimientos “por escrito, previa intervención y asentimiento de la máxima autoridad sanitaria local, en atención a la situación epidemiológica respectiva”.

Ese requerimiento, tendrá que estar acompañado de “un protocolo de funcionamiento correspondiente, dando cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad nacionales y locales”.

La normativa indicó además que “las autoridades de las jurisdicciones y organismos del sector público nacional en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales y municipales dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de los protocolos vigentes y las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias”.


 

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El Presidente Fernández habilita a los municipios a controlar precios


| LOS MUNICIPIOS CONTROLARÁN PRECIOS | DNU. El Presidente Alberto Fernández adelantó que por medio de un DNU modificará la ley que controla los precios y habilitará así a los municipios a ser autoridad de aplicación.


 

|El presidente Alberto Fernández adelantó que en las próximas horas firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la Ley de Defensa de la Competencia y poder declarar a los municipios como autoridad de aplicación, con el objetivo de frenar la suba de precios en los negocios de cercanía.

“Los aumentos ocurren en los distribuidores a veces y, fundamentalmente, en los negocios de cercanías”, dijo el Presidente en un reportaje con el portal web El Cohete a la Luna.

“Estoy preparando un DNU que estará listo el lunes para cambiar la Ley de Defensa de la Competencia y declarar autoridad de aplicación a los intendentes. El problema para que el Estado llegue a los negocios de cercanías es detectarlo”, señaló.

A modo de ejemplo citó lo que sucede en las carnicerías, donde los distintos actores de la cadena se echan la culpa unos a otros al momento de explicar la situación.

“Hay un montón de aumentos de precios que ocurren incomprensiblemente y que ocurren en las carnicerías y en los distribuidores de la carne y en matarifes menores”, dijo el jefe del Estado.

“Con ese DNU vamos a lograr que los intendentes puedan aplicar la Ley de Defensa de la Competencia y que puedan sancionar directamente a esos lugares”, sostuvo Fernández


 

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El gobierno congeló alquileres y créditos hipotecarios hasta el 30 de septiembre, además suspendió desalojos por falta de pago


| CUARENTENA | DNU. La medida, dispone además el congelamiento del valor de las cuotas de los créditos prendarios UVA y la suspensión de las ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles destinados a vivienda única.


 

|El gobierno publicó en el Boletín Oficial el DNU que permitirá congelar el precio de alquileres y créditos hipotecarios, hasta el 30 de septiembre próximo, además de suspender desalojos por falta de pago. El decreto prevé que el valor del alquiler se mantenga a marzo y establece una prórroga en la vigencia de contratos.

La medida alcanza a inmuebles destinados a viviendas, habitaciones y pensiones alquilados por familias; actividades culturales; espacios para la producción rural, locales alquilados por micro, pequeñas y medianas empresas; y cooperativas de trabajo.

Esta iniciativa surge como forma de apoyar a determinados sectores que ven perjudicada su economía a causa de la medida de aislamiento preventivo para frenar la propagación de la pandemia del COVID-19, indicaron fuentes oficiales.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, suspende los desalojos por falta de pago y prorroga la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria hasta el 30 de septiembre.

También dicta el congelamiento de los precios de los alquileres al valor de marzo y que la deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente acordado en los contratos se pague recién a partir de octubre.

“Nos encontramos ante una emergencia sanitaria que obliga al gobierno a adoptar medidas y decisiones con el objetivo de velar por la salud pública, pero, también, para paliar los efectos de las medidas restrictivas dispuestas, que afectarán el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad comercial, entre otros muchos efectos”, sostiene el DNU 320/2020.

El decreto, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todo su gabinete de ministros, establece que la situación exige “extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social” y que, por lo tanto, debe velar por derecho a la vida pero también por el derecho a la vivienda.

En esa línea, advierte que la emergencia “torna de muy difícil cumplimiento, para una importante cantidad de locatarios y locatarias, hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos” ya que “ven afectados fuertemente sus ingresos por la merma de la actividad económica”.

“Ante estas situaciones, muchos locatarios y locatarias, en el marco de esta coyuntura, pueden incurrir en incumplimientos contractuales, y ello, a su vez, puede desembocar, finalmente, en el desalojo de la vivienda en la cual residen. Ello agravaría aún más la compleja situación que atraviesan y las condiciones sociales imperantes”, sostiene el documento oficial.

Por este motivo, las deudas que se produzcan por falta de pago deberán pagarse recién a partir de octubre, en tres cuotas iguales y consecutivas, a pagar en un plazo máximo de seis meses partir del pago de la primera cuota.


 

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El gobierno dicta un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre alquileres y créditos


| ALQUILERES Y CRÉDITOS | DNU. Ante dificultad del Congreso para sesionar, medidas sobre alquileres y créditos salen por DNU. Se suspenden por 180 días desalojos y ejecuciones hipotecarias, congelan por seis meses los precios de los alquileres y los valores de las cuotas hipotecarias.


 

|Todas las iniciativas fueron impulsadas por el presidente Alberto Fernandez para aliviar la situación de inquilinos y tenedores de créditos hipotecarios afectados por el impacto económico de la pandemia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó que el congelamiento de los valores de los alquileres y prestámos “se van a disponer por un DNU” debido esa iniciativa “tiene que estar vigente antes del 1 de Abril y había muchas dificultades para hacer un sesión antes de esa fecha”.

Massa dijo que en la cámara baja, debido a las medidas preventivas para mitigar la epidemia, hay legisladores que “forman parte de la población de riesgo y había muchas dificultades para que puedan viajar a Buenos Aires por los retenes que hay en las rutas ” y “necesitamos esa ley urgente”.

También señaló que aún no se trató el proyecto para poder realizar sesiones en forma virtual y confirmó que mañana se realizará una videoconferencia con los presidentes de bloques para avanzar en la tarea parlamentaria.

Massa y los jefes de los bloques parlamentarios habían manifestado la voluntad de buscar los mecanismos para realizar una sesión en la Cámara de Diputados, pero en el Senado ya había señalado que era muy complicado poder deliberar en un marco de aislamiento.

En tanto, El jefe del bloque del Frente de Todos del Senado, José Mayans, aseguró hoy que las medidas previstas por el gobierno nacional como el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus pueden adoptarse a través de decretos de necesidad y urgencia, ante las dificultades para reunir al Congreso.


 

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El gobierno oficializó la prohibición de cortar los servicios por falta de pago


| SERVICIOS PÚBLICOS | DNU. Así se dispuso mediante un decreto de necesidad y urgencia de inminente publicación en el Boletín Oficial en el marco de la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. La medida tendrá un plazo de 180 días.


 

|La decisión del Gobierno nacional de prohibir a las empresas de servicios disponer cortes de servicios “en casos de mora o falta de pago” a usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, como forma de mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus, quedó oficializada hoy con su publicación en el Boletín Oficial.

Se trata del Decreto de Necesidad y Urgencia 311/2020, que abarca a los servicios de electricidad, gas por redes, agua corriente, telefonía fija y móvil, internet y TV por cable.

De acuerdo con lo establecido por la norma, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: y de los ministros del Gabinete, la vigencia de esta medida será de 180 días corridos.

“Las prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas”, ordena el artículo 1°.

Esta medida alcanza a las facturaciones con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020, y además “quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”.

“Si se tratare de servicios de telefonía fija o móvil, internet, y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las empresas prestatarias quedarán obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se establezca en la reglamentación” y sólo quedarán exceptuados “aquellos cortes o suspensiones dispuestos por las prestadoras por razones de seguridad”.

El artículo 2° del decreto aborda la situación de los usuarios que cuentan con sistema de servicio prepago de energía eléctrica, a quienes -en caso de que no abonaren la correspondiente recarga para acceder al consumo-, “las empresas prestadoras deberán brindar el servicio de manera normal y habitual durante el plazo de 180 días”.

“Si los usuarios que cuentan con sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet, no abonaren la correspondiente recarga para acceder al consumo, las empresas prestadoras deberán brindar un servicio reducido que garantice la conectividad, según lo establezca la reglamentación”, agrega la norma.

Los alcances del decreto serán de aplicación respecto de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

También contempla a jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y a trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Además están contemplados los usuarios que perciben seguro de desempleo; electrodependientes, beneficiarios de la Ley N°27.351, usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (26.844); y exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

En cuanto a los usuarios no residenciales, la medida es de aplicación respecto de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES).

También las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

En todos los casos, las empresas prestadoras de los servicios detallados por el decreto deberán otorgar a los usuarios, “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas, conforme las pautas que establezcan los entes reguladores, o las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios”, según dispone el DNU publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial.

El decreto también aborda los precios máximos de referencia para la comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en las garrafas, cilindros o granel con destino a consumo del mercado interno, los que “continuarán con los valores vigentes a la fecha de publicación de la medida, durante 180 días”.


 

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Coronavirus: el presidente Fernández firmó el decreto que amplía la emergencia sanitaria por un año


| EMERGENCIA SANITARIA | Decreto presidencial – descargalo aquí. La medida firmada por el presidente Alberto Fernández prevé la suspensión de vuelos internacionales provenientes de las zonas afectadas por 30 días y otras medidas para contener la extensión del virus COVID-19.


|El presidente Alberto Fernández firmó un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia sanitaria a un año y ordena la suspensión por 30 días de los vuelos internacionales provenientes desde las zonas más afectadas por el coronavirus, entre otras medidas de prevención para hacer frente a la pandemia.

El presidente Fernández firmó el decreto que amplía la emergencia sanitaria por un año.

El decreto, que faculta a la cartera de Salud como autoridad para su aplicación y lo compromete a brindar informes diarios, instrumenta el “aislamiento obligatorio” de manera preventiva durante 14 días para quienes ya cuenten con el diagnóstico por coronavirus, a quienes hayan arribado al país desde las “zonas afectadas” y a quienes revistan la condición de “casos sospechosos” o hayan mantenido “contactos estrechos” con esas personas, informaron desde Presidencia de la Nación.

Serán considerados “casos sospechosos” los cuadros de personas que presenten “fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que “además, en los últimos días tengan historial de viaje a ‘zonas afectadas’ o hayan estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19”.

“La definición podrá ser actualizada por la autoridad sanitaria, en función de la evolución epidemiológica”, se aclara en la información difundida por el Gobierno.

También establece que “en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas” por el decreto presidencial, quedan habilitados funcionarios, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que “tomen conocimiento de tal circunstancia, a radicar la denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205 y 239 y concordantes del Código Penal”.

Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas” están obligadas a “brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción”, añade.

“No podrán permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria”, se informó.

Hasta el momento, son consideradas “zonas afectadas” por la pandemia “todos los países de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán”, aunque está sujeto a actualizaciones diarias según la evolución epidemiológica.

Sobre los eventos masivos, el decreto abre la posibilidad de que se pueda disponer del “cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público” y de la “suspensión de espectáculos públicos y todo otro evento masivo”, además de imponer “distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones”.

El Gobierno informó que “las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deberán reportar de inmediato dicha situación a los prestadores de salud” y que la “infracción a las medidas previstas” en el decreto dará lugar a las “sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar”, contempladas en el Código Penal.

También quedan habilitadas tanto la cartera de Salud como de Desarrollo Productivo a “fijar precios máximos para el alcohol en gel, los barbijos” y otros “insumos críticos”, a la vez que podrán adoptar las “medidas necesarias para prevenir su desabastecimiento”.


 

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