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El Gobierno nacional evalúa extender la vigencia del DNU que congela alquileres y prohíbe desalojos


| Alquileres | El Gobierno nacional analiza dar forma a una nueva reglamentación para extender la vigencia del decreto que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de enero.


 

|Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat informaron que la prórroga “se está evaluando” y que “se está trabajando en conjunto con Jefatura de Gabinete en la reglamentación”, aunque sin brindar más precisiones sobre cuál puede ser el nuevo plazo de vigencia.

Entre las medidas económicas que se tomaron el año pasado por la pandemia de la Covid-19, se implementó el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos, así como el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA.

La medida vigente en la actualidad, que recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, vence el 31 de enero, y establece también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado en adelante.

 

De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.

 

En este contexto, el secretario general de la Cámara Inmobiliaria, Claudio Vodanovich, dio por sentada la extensión del plazo, a pesar de la oposición de este sector.

“Lamentablemente esta medida se va a extender, en principio hablan de 30 días”, dijo Vodanovich.

Según una encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional realizada en el último mes de 2020, el 40% de los inquilinos registran deudas.

Por otra parte, un relevamiento de Zonaprop indicó que con la nueva Ley de Alquileres los precios aumentaron un 62% interanual y la oferta se contrajo.

En este contexto, desde la Federación de Inquilinos Nacional observaron que “el Gobierno evalúa extender el decreto sólo un mes más”. Los inquilinos sostienen que el plazo de extensión debe ser mayor y que evalúan convocar a una movilización a Plaza de Mayo para hacer oír su posición.

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación, dijo en Radio 10 que “si se extiende el decreto solo por un mes, en realidad no es más que es darle un aviso a cientos de familias endeudadas de que tienen que ir armando los bolsos”.

Extender el decreto hasta el 28 de febrero “es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas el 1° de marzo; hay que extender mucho más la suspensión de desalojos y aumentos de precios”, remarcó.

Muñoz consideró que “mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas de corto plazo”.

Por otra parte, está planteada la situación de los créditos hipotecarios UVA, cuyas cuotas se encuentran congeladas también por decreto hasta el 31 de enero y que desde el colectivo de hipotecados afirman que, de liberarse, el incremento rondaría el 50% a partir de febrero.

Desde Hipotecados UVA señalaron que “la usura UVA es insostenible en el tiempo, necesitamos ser escuchados; estos créditos UVA fueron uno de los grandes fracaso de la gestión anterior, por eso pedimos que se revea la situación”.

     
 

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La ministra Bielsa ratificó la “vigencia del DNU que congela los alquileres y suspende los desalojos”


| Habitat | Alquileres. Lo confirmó la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y aseguró que realizan reuniones periódicas con entidades del sector para “monitorear tanto el impacto de los decretos como de la aplicación de la nueva ley de alquileres”.


 

|La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, ratificó la vigencia de los Decretos de Necesidad y Urgencia 320/2020 y 766/2020 que establecen el congelamiento del valor de los alquileres, las prórrogas de contratos y la suspensión de los desalojos hasta el 31 de enero del 2021, en tanto, la provincia de Buenos Aires lo amplió hasta marzo de 2021.

“Tanto los decretos que congelan alquileres, suspenden desalojos y prorrogan los contratos, como la nueva ley de Alquileres, están orientados a proteger a quienes van a salir más golpeados de esta crisis”, aseguró la ministra Bielsa en declaraciones difundidas mediante un comunicado.

Bielsa remarcó que el decreto 766/2020 publicado el 25 de septiembre en el Boletín Oficial, prorrogó a su similar anterior, el DNU 320, hasta el 31 de enero de 2021, con el objetivo de llevar tranquilidad a miles de familias que vieron afectados su ingresos en medio de la pandemia”.

La ministra indicó que en su ministerio realizan reuniones periódicas con entidades del sector para “monitorear tanto el impacto de los decretos como de la aplicación de la nueva ley de alquileres”.

Los decretos alcanzan a viviendas únicas urbanas o rurales, habitaciones en pensiones, hoteles o alojamientos similares, contratos vinculados a alquileres para actividades productivas, culturales y/o comunitarias, y a inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión, entre otros.

Además, el ministerio de Hábitat precisó que los decretos no suspenden el pago de alquileres, sino que aquellos que no pudieran abonarlo, acumularán la deuda y podrá saldarse a partir de febrero de 2021. No podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

Según la medida, los alquileres no abonados podrán pagarse en seis cuotas.

   
 

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El Gobierno Nacional oficializó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago


| CONGELAMIENTO | Alquieres, desalojos y créditos UVA. Los decretos 766/2020 y 767/2020, los detalles de la prórroga del congelamiento de alquileres, suspención de desalojos y las cuotas de créditos UVA.


 

|El Gobierno oficializó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Lo hizo a través de los decretos 766/2020 y 767/2020 publicados este viernes en el Boletín Oficial.

El primero de ellos extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.

Las norma prorrogó hasta febrero de 2021 el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago.

Por otra parte, se extendió la mediación obligatoria por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad.

En tanto, el segundo de los decretos prolongó el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios UVA para vivienda única hasta el 31 de enero próximo, con lo que seguirá vigente el de marzo cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país.

También dispuso suspender las ejecuciones hasta la misma fecha, sean “hipotecarias, judiciales o extrajudiciales”.

La norma además alcanza a los “lanzamientos ya ordenados” y que no se hubiesen llevado a cabo.

Al mismo tiempo, estableció que las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y deban pagarse entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 no podrán superar el valor determinado en un esquema de convergencia elaborado por el Poder Ejecutivo.

En tanto, se dispuso que hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35% de sus ingresos actuales.

Además, las instó a “contemplar situaciones especiales debidamente acreditadas que deriven en una variación de los deudores/codeudores considerados”.

En otro punto, se fijó que las deudas que pudieren generarse desde el 1 de octubre próximo y hasta el 31 de enero de 2021, originadas en la falta de pago o por pagos realizados fuera de plazo o por pagos parciales, podrán ser convertidas a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y refinanciadas a pagar a partir de la finalización del cronograma vigente del préstamo, en cuotas que no podrán superar la cuota original del préstamo.

Por otro lado, estableció que, de aplicarse intereses compensatorios, estos no deberán exceder la tasa de interés del préstamo original.

Finalmente, la norma publicada este viernes determinó que las deudas acumuladas previstas en el Decreto 319/2020 podrán ser refinanciadas, y agregó que “las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte deudora”.

       
 

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El Gobierno Nacional prorroga otros 60 días la prohibición de despedir sin justa causa


| EMPLEO | Prohibición de despedir sin causa. El decreto regirá hasta fines de noviembre y la extensión será oficializada este jueves en el Boletín Oficial.


 

|El Gobierno nacional oficializará este jueves la extensión por otros 60 días de la prohibición de producir despidos “sin justa causa y por razones de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, por lo que el decreto regirá hasta fines de noviembre, informó el Ministerio de Trabajo de la Nación.

La prohibición de producir cesantías se publicará este jueves en el Boletín Oficial, según aseguraron las fuentes oficiales, en el contexto de un decreto que firmará el presidente Alberto Fernández “en acuerdo general de ministros”, aseguraron voceros de la cartera laboral.

       
 

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El Gobierno Nacional prorrogó hasta fin de año la prohibición de cortar los servicios públicos


| PRÓRROGA | “Prohibición de cortar los servicios públicos”. Este DNU modifica plazos y fechas dispuestas en el decreto 311/2020 y extiende de tres a siete las facturas impagas para que se proceda a cortar o suspender el suministro.


 

|El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre la prohibición de cortar los servicios públicos por falta de pago de las facturas, según un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado hoy en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el DNU 756/2020, el Poder Ejecutivo dispuso que “las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta siete facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020”.

La norma especifica que “quedan comprendidos y comprendidas los usuarios y las usuarias con aviso de corte en curso. Si un usuario o una usuaria accediera a un plan de facilidades de pago en las condiciones que establezca la reglamentación, se considerará a los efectos del presente, como una factura pagada”.

Este DNU modifica plazos y fechas dispuestas en el decreto 311/2020 y extiende de tres a siete las facturas impagas para que se proceda a cortar o suspender el suministro.

En su artículo tercero el decreto también prorroga hasta fin de año el plazo de corte para los usuarios del sistema de servicio prepago de energía eléctrica. La norma también contempla el caso de usuarios y usuarias del sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet que no hubiesen abonado recargas para acceder al consumo y estira hasta el 31 de diciembre la obligación de los prestadores de “brindar un servicio reducido que garantice la conectividad”.

El Decreto N° 311/20 disponía que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital no podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a las usuarias y a los usuarios alcanzadas y alcanzados por dicha medida, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1° de marzo de 2020.

     
 

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Santiago Cafiero: “el Estado puede exigir políticas para los que menos tienen”


| DNU | Servicios públicos esenciales. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, valoró hoy la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e Internet.


 

|Santiago Cafiero valoró este lunes la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e Internet, al advertir que, de esta manera, “el Estado puede exigir políticas relacionadas a los sectores que menos tienen”.

Cafiero sostuvo que esa medida está concebida “a favor de usuarios y consumidores” y resaltó que el hecho de que “el Estado empiece a intervenir” permite “la posibilidad de exigir políticas relacionadas a los sectores que menos tienen”.

En ese sentido, indicó que “se puede desarrollar una tarifa social” y reiteró la postura oficial respecto de que esta iniciativa “no es en contra de nadie”.

“No atacamos a ninguna empresa. Queremos que las empresas se desarrollen en nuestro país, avancen, prosperen y ganen plata, pero no queremos que sea a costa del bolsillo de los trabajadores, con servicios a veces deficientes”, afirmó Cafiero en declaraciones al canal C5N, al reiterar que esa es la razón por la que el Estado debe “tomar cartas en el asunto”.

Al respecto, el ministro coordinador recordó que el 27 de octubre del año pasado “los argentinos votaron un cambio de prioridades” y que esa agenda que vino a cambiar el Presidente es el “contrato” del Gobierno con los argentinos y no se va a “resignar”.

   
 

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La Bicameral del Congreso emitió dictamen favorable para el DNU del Gobierno sobre servicios de telecomunicaciones


| DNU | Bicameral. La comisión parlamentaria avaló el DNU dictado por el Gobierno nacional, que congela los aumentos de precios hasta fin de año y declara como servicios públicos esenciales a la telefonía celular, internet y televisión paga.


 

|La Comisión Bicameral del Congreso emitió hoy dictamen favorable al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno que declara “servicios públicos esenciales” a la telefonía móvil y fija, internet y la TV paga, en un plenario que no contó con la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio.

El DNU -que también suspende hasta el 31 de diciembre próximo cualquier aumento en las tarifas de estas prestaciones– fue respaldado con la mayoría que ostenta el Frente de Todos, que tiene nueve de los 17 miembros en esa estratégica comisión conducida por el diputado oficialista Marcos Cleri.

En un plenario -que se extendió por espacio de casi tres horas-, los diputados y senadores del oficialismo defendieron la decisión de declarar como servicio esencial a la televisión paga, internet y la telefonía celular y fija, y la de suspender los aumentos hasta fin de año, a la vez que criticaron la decisión de los legisladores de Juntos por el Cambio de impugnar la convocatoria a la reunión.

Desde la oposición argumentaron -en una carta- que la citación a la comisión “no se realizó con 48 horas de antelación” y objetaron que el protocolo que permite el funcionamiento virtual venció en diputados el pasado 7 de agosto.

Desde el oficialismo, Cleri defendió la validez citación a la comisión al señalar que se hizo con 48 horas de anticipación y recordó que, por tratarse de una comisión especial, el cuerpo “puede funcionar de forma remota y dictaminar también en forma remota”.

De hecho, el diputado nacional del Frente de Todos puso de relieve que la comisión funcionó “antes que el protocolo esté vigente” y logró dictaminar sobre la validez de decretos del Poder Ejecutivo previo a la aprobación de ese acuerdo para que la cámara funcione de manera de remota, con la presencia de la oposición.

Desde Juntos por el Cambio, en un comunicado, señalaron que los legisladores oficialistas de la Comisión Bicameral “avanzaron en la aprobación de cuatro DNU violando el Reglamento de funcionamiento de la Cámara de Diputados y la ley de DNU, pese a que los legisladores de Juntos por el Cambio impugnaron la convocatoria a la reunión del día de hoy”.

En lo que respecta al dictamen, las rúbricas de los legisladores del oficialismo correspondieron, además por Cleri, a los diputados Pablo Gonzalez, Pablo Yedlin, Mara Brawer, y Lucia Corpacci, mientras que por los senadores estamparon sus firmas Ana Almirón, Maria Teresa Gonzalez, Daniel Lovera, Mariano Recalde y Guillermo Snopek.

Al exponer en la reunión de comisión, Pablo González subrayó que “el modelo de autoregulacion que aplicó el gobierno de Mauricio Macri, ha fracasado” y señaló que por eso se dicta este DNU para que “más gente se pueda conectar y no solo los que decidan los monopolios”.

El legislador puso de relieve que el “Estado es el que tiene que estar para poner las cosas en su lugar, nosotros volvemos a poner las cosas en su lugar”.

Desde la izquierda, la legisladora Romina del Pla dijo que el decreto si bien “avanza en declarar como esenciales” a las telecomunicaciones, “no altera el funcionamiento de estas empresas, por lo cual se mantienen grandes monopolios”

El decreto

El DNU 690/2020 -firmado en las últimas horas del viernes por el presidente Alberto Fernández- declara “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, al tiempo que ordena suspender “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos” hasta el 31 de diciembre próximo, una decisión que fue justificada por la emergencia causada por la pandemia de coronavirus.

Uno de los puntos centrales del decreto es la decisión de incorporar a la ley de Telecomunicaciones un artículo por el cual se establece que los “Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad”.

Otro punto clave es que sustituye el artículo 48 de la mencionada ley por el siguiente: “Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.

Previo al tratamiento del DNU sobre las telecomunicaciones, en la comisión se emitieron dictamenes sobre los decretos vinculados a la extensión de la moratoria para las pymes, sobre el programa Procrear, y otro vinculado a la creación de una agenda para el desarrollo tecnólogico.

     
 

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Senadores bonaerenses de Frente de Todos apoyan como derecho esencial el acceso a las telecomunicaciones


| DNU | Servicios públicos esenciales. En un comunicado difundido este domingo los legisladores oficialistas aseguraron que “la medida tomada por nuestro Gobierno recupera una herramienta regulatoria para ser usada a favor de los que menos tienen y desanda el camino oprobioso que el anterior gobierno emprendió”.


 

|El bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos apoyó la decisión del presidente Alberto Fernández resuelta mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que declara como esencial a los servicios de telefonía celular y fija, Internet y televisión paga, y congela los aumentos de tarifas hasta fin de año.

En un comunicado sostuvieron que “el acceso a los servicios de Telefonía Fija y Móvil, Internet y Televisión Paga es un derecho esencial para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y representa no sólo acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituye además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social de nuestra Nación”.

“Estamos viviendo en un mundo donde el capitalismo deshumanizado, depredador, financiero y especulativo nos ha llevado a la globalización de la indiferencia y el descarte de la persona humana”, dijeron.

Y añadieron que “en ese escenario, la medida tomada por nuestro Gobierno recupera una herramienta regulatoria para ser usada a favor de los que menos tienen y desanda el camino oprobioso que el anterior gobierno emprendió”, agregaron los senadores oficialistas.

Y enfatizaron que “volvemos a poner a la Argentina en la senda de la justicia social y damos un paso más hacia la igualdad, en medio de una pandemia que azota al mundo y que ha puesto a la vista las profundas y dolorosas desigualdades que vive nuestro pueblo”.

“La declaración de Servicios Públicos Esenciales no hace más que ratificar nuestro compromiso de reconstruir una Argentina donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades”, sostuvieron.

     
 

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Ministro Katopodis: “se debe garantizar un acceso igualitario a los servicios de telecomunicaciones”


| DNU | Servicios esenciales. Con este medida “no solo se va a regular el servicio” sino que se exigirá “que se garantice un mínimo de calidad”, expresó el ministro, para quien el sector de las telecomunicaciones “no está garantizándole a los argentinos un acceso igualitario”.


 
|El ministro de Obras Publicas, Gabriel Katopodis, respaldó este domingo la decisión del Gobierno de “garantizar un acceso igualitario” a los servicios de telecomunicaciones, a través del DNU que declaró públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e internet. “No solo se va a regular el servicio, sino que se garantice un mínimo de calidad”, expresó Katopodis, en diálogo con la AM750, en una entrevista en la que apoyó la decisión del Gobierno en el hecho de que el sector de las telecomunicaciones “no está garantizándole a los argentinos un acceso igualitario”. Consideró necesario “recuperar el derecho de los usuarios a que estos servicios sean bienes públicos regulados por el Estado para garantizar que no tengan incrementos que haga que la gente no pueda pagarlos”. Katopodis defendió también que este tipo de servicios “tenga un reconocimiento constitucional y sean bienes públicos”, para lo cual -dijo- “los tiene que regular el Estado”.”Los aumentos deberán estar vinculados a las inversiones y eso parte de las políticas que tenemos que ir ordenando en nuestro país”, advirtió el ministro. Por otra parte, Katopodis se refirió al plan de obras que se están instrumentado y remarcó que, al asumir, había “un ministerio desmantelado con el 70 por ciento de obras paralizadas”. “Ahora tenemos casi todas las obras en proceso de normalización”, subrayó y, como ejemplo, mencionó que “de los 4.000 kilómetros de ruta que prometieron (las autoridades del gobierno anterior) sólo construyeron 6 km y 300 km de autopista”. Dijo que eso constituye apenas “el 13% de lo que prometieron” y concluyó: “Fueron 4 años con mucha arbitrariedad”. “Se van hacer obras en las 24 provincias”, aseguró y evaluó que esos proyectos servirán como “palanca para mover la economía y una herramienta para combatir el hambre en la Argentina”.

 

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Fernanda Vallejos destacó la declaración de “servicios públicos” a la telefonía móvil, internet y TV paga


| DNU | Servicios esenciales. La diputada nacional Fernanda Vallejos remarcó la decisión del presidente Alberto Fernández y aseguró que con esta medida “el Estado argentino ratifica su compromiso con la defensa de derechos consagrados como lo son los de usuarios y consumidores”.


 

|La diputada nacional Fernanda Vallejos destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar “servicios públicos” a la telefonía celular, internet y a la televisión paga, al asegurar que con esta medida “el Estado argentino ratifica su compromiso con la defensa de derechos consagrados como lo son los de usuarios y consumidores”.

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“Vallejos presentó a fines de abril un proyecto para frenar los aumentos dispuestos en los primeros meses del año por las empresas de telefonía, internet y cable”.

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En un comunicado de prensa, la legisladora del Frente de Todos recordó que en abril pasado presentó un proyecto de ley para frenar los aumentos dispuestos en los primeros meses del año por las empresas de telefonía, internet y cable.

 

“Desde el comienzo de la pandemia venimos trabajando para garantizar a nuestro pueblo el acceso a los servicios esenciales”, sostuvo Vallejos en el comunicado.

 

“Con la telefonía, el cable y el servicio de internet, el Estado tenía la dificultad de que, al no ser un servicio público, no contaba con las potestades para regular estas tarifas, y esa situación fue permanentemente utilizada por las empresas prestadoras para impulsar aumentos, con una insensibilidad escalofriante, aún en medio de la pandemia”, agregó.

La iniciativa contó con la adhesión de cuarenta y nueve diputados, entre ellos, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, el titular del Partido Justicialista y tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el referente del radicalismo, Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, titular de la CTA, entre otros legisladores.     

     
 

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