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Por irregularidades en contratos de peajes allanan las concesionarias de la autopista Panamericana y del Oeste


| IRREGULARIDADES | Denuncia. Allanaron las oficinas de las concesionarias de Panamericana y el Acceso Oeste. Lo solicitó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en el marco de una investigación por irregularidades en la renegociación de contratos de peajes.


                                                                         

|El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó hoy allanamientos a oficinas de las empresas concesionarias de la autopista Panamericana y del Oeste, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la renegociación de contratos por peajes con el Estado nacional durante el gobierno de Cambiemos, informaron fuentes judiciales.

 Por irregularidades en contratos de peajes allanan las concesionarias de la autopista Panamericana y del Oeste.

Los operativos en busca de documentación sensible para la investigación judicial fueron realizados, en simultáneo, en cinco sedes distintas de las empresas Autopistas del Sol (Ausol), Concesionario Oeste y Natal inversiones por efectivos de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, detallaron las fuentes.

En la causa se investiga si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión a pesar de que las firmas Ausol y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.

La denuncia

De acuerdo a la denuncia formulada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, para avanzar con la negociación irregular se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.

La denuncia ante el CIADI fue presentada días antes de que Macri asumiera la presidencia de la Nación en 2015 y retirada años después, sin mayor trámite, cuando el gobierno de aquel entonces acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las firmas una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado.

En los allanamientos se buscaron documentos vinculados con la negociación, el trámite ante el Ciadi, los balances de las empresas y las composiciones accionarias, por lo que fueron secuestrados discos rígidos, entre otros elementos, según las fuentes consultadas.

La firma Natal Inversiones, situada en la Ciudad de Buenos Aires, fue la que en 2017 le compró a Sideco, una de las sociedades del Grupo Macri, su participación accionaria en Autopistas del Sol, transacción que también está siendo analizada por la justicia.

En esta causa se investiga el eventual papel en las supuestas maniobras irregulares del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, del ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, del ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y del propio Macri, entre otros.

La relación de Macri con Ausol fue formalmente reconocida cunado la ex vicepresidenta Marta Gabriela Michetti debió firmar el decreto de la prórroga de la concesión, para evitar eventuales conflictos de interés, por recomendación de la entonces jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

     
 


 
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El Procurador del Tesoro Carlos Zannini pidió el “salvataje” del Correo y el desplazamiento de sus autoridades


| IRREGULARIDADES & VACIAMIENTO | Correo Argentino. En un escrito presentado ante la Cámara Nacional en lo Comercial argumentó que hubo “vaciamiento” de la empresa y diversas “irregularidades” que perjudican al Estado, el principal acreedor de la firma.


                                                                         

|El Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, pidió que se inicie el procedimiento de “salvataje” del Correo Argentino, que se desplace a sus autoridades y se nombre un inventor judicial en la empresa, informaron hoy fuentes vinculadas a la causa.

Carlos Zannini pidió el “salvataje” del Correo y el desplazamiento de sus autoridades.

En un escrito presentado ante la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, Zannini coincidió con el dictamen presentado hace casi una semana por la fiscal Gabriela Boquín, en el que la representante del Ministerio Público opinó que durante años hubo un “vaciamiento” de la empresa.

El texto, también firmado por el subprocurador Horacio Diez, menciona “irregularidades” con “entidad suficiente para lesionar seriamente” los intereses del Estado, principal acreedor del concurso, que “ve disminuída día a día su posibilidad de satisfacer su acreencia”.

EL dictamen de la fiscalía

Días atrás, Boquín afirmó que, durante 15 años, el Correo Argentino ”perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa” cuando dictaminó sobre la apertura de un registro para iniciar el procedimiento de salvataje (cramdown).

Para Boquín hubo un “uso abusivo del procedimiento concursal” y la empresa se valió del mismo “para defraudar la ley y los derechos de los acreedores”, por lo que pidió esas medidas y advirtió que si se las niegan acudirá vía recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia.

La fiscal decidió además, para “los efectos que estimen corresponder”, remitir copias de su dictamen a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 8 y al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, Secretaría 7.

“Luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown –según lo ordenara la Cámara el 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa”, expresó Boquín.

     
 


 
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Por irregularidades en el impuesto al tabaco denuncian a Massalin y funcionarios del ex Presidente Macri


| DENUNCIA | Irregularidades en el impuesto al Tabaco. La pyme nacional Tabacalera Sarandí (TS), acusó al gigante mundial Philip Morris-Massalin Particulares, de realizar maniobras junto a funcionarios de la administración del ex Presidente Mauricio Macri, para aprobar la reforma impositiva al tabaco que reduce alícuotas para grandes corporaciones e introduce un impuesto mínimo, perjudicando a las pequeñas y medianas empresas, según se informó hoy en un comunicado.


                                                                         

|Representantes de Tabacalera Sarandí denunciaron que es importante alertar que en estos procesos participaron importantes ministros, secretarios, y directores de AFIP, ligados al macrismo, tendientes a favorecer prácticas monopólicas, y que además obtienen voluntades de funcionarios que no defienden los intereses de un país, sino de empresas extranjeras acostumbradas a girar cientos de millones de dólares por año, durante muchas décadas. Son los verdaderos dueños de la economía y el esfuerzo de los argentinos”.

Por irregularidades en el impuesto al tabaco denuncian a Massalin y funcionarios del ex Presidente Macri.

La querella fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 por la causa Nro. 5076/2019. La compañía denunció irregularidades en el proceso al afirmar que funcionarios del Estado Nacional “omitieron dar intervención a la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria – ley 27.260 – para que se analizara y evaluara el proyecto de ley”.

“El mensaje del Poder Ejecutivo número MEN 2017-126 APN-PTE de fecha 15/11/2017, ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación el mismo día, fue suscripto por Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda, Marcos Peña, ex jefe de Gabinete de Ministros y Mauricio Macri, ex presidente de la Nación”, finaliza el documento.

     
 


 
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