La Justicia brasileña ordenó este jueves 8 de febrero la confiscación del pasaporte del expresidente Jair Bolsonaro, a quien prohíbe salir del país, en el marco de la investigación por el asalto a las sedes de los tres poderes del país, ocurrido en enero de 2023. En medio del operativo, los agentes cumplieron con órdenes de registro y prisión preventiva en una decena de estados del país. Entre las personas que son objeto de las disposiciones de búsqueda y captura se encuentran militares y miembros de la Administración del exmandatario, su círculo más cercano.
Partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invaden las sedes de los tres Poderes del Estado en Brasilia, Brasil. 8 de enero 2023 REUTERS
Con información de las Agencias Reuters, AP y EFE | Se estrecha el cerco en torno al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. La Policía lanzó este jueves 8 de febrero un extenso operativo a lo largo del país, que incluyó la orden de confiscación del pasaporte del exmandatario y la prohibición de abandonar el país, así como varias disposiciones de captura, 33 de registro y cuatro de prisión preventiva, en diez estados del gigante suramericano.
Las acciones tienen lugar en el marco de una investigación a cargo del juez Alexandre de Moraes por el asalto a las sedes de los tres poderes del país, ocurrido el 8 de enero de 2023, el peor ataque al corazón de la democracia brasileña. Los hechos ocurrieron solo una semana después de que el actual presidente Luis Inácio Lula da Silva asumiera el Ejecutivo, una victoria que no fue reconocida por su antecesor, que intentó fallidamente la reelección.
Una fuente de la Policía federal directamente involucrada en la operación señaló que la incautación de pasaportes puede indicar la posibilidad de futuros arrestos y obliga a los sospechosos a permanecer en territorio brasileño para enfrentar cualquier cargo ante la Justicia.
El exjefe de Estado cumplirá la solicitud de entregar su identificación de viaje, indicó el portavoz de la familia Bolsonaro, Fabio Wajngarten, luego de que los agentes visitaran la casa de playa del expresidente este jueves y le solicitara la entrega de ese documento.
Asimismo, Bolsonaro ha sido informado de que no podrá comunicarse con ninguno de los involucrados en la pesquisa, ni siquiera a través de sus abogados.
¿Cuáles son los indicios de la investigación?
La pesquisa de las autoridades apunta a que antiguos miembros del gobierno de Bolsonaro y militares conformaron una organización criminal que coordinó acciones para intentar mantener al líder político en el poder, pese a su derrota electoral.
Según la decisión del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes que desencadenó la operación de este jueves, en noviembre de 2022 Bolsonaro recibió un proyecto de decreto para revocar los resultados electorales y emitir órdenes de arresto contra Moraes, el también magistrado del tribunal supremo, Gilmar Mendes, y el líder del Senado, Rodrigo Pacheco.
A petición de Bolsonaro, el proyecto de decreto fue modificado, pero se mantuvo el arresto de Moraes y la exigencia de nuevas elecciones, según la orden judicial que cita investigaciones policiales.
Después de modificar el decreto, el entonces mandatario convocó a los comandantes militares y los presionó para que presuntamente apoyaran un golpe de Estado, según el relato de la Policía basado en registros telefónicos y testimonios del otrora ayudante de campo del exdirigente del país sobre acuerdos de culpabilidad.
El grupo investigado se habría preparado antes de las elecciones de 2022 para alegar fraude electoral “con el fin de permitir y legitimar una intervención militar”, aseguró la Policía.
Entre las personas contra quienes están dirigidas las órdenes de captura se encuentran el general y exministro de Defensa, Walter Braga Netto, el también militar y antiguo encargado del gabinete de seguridad de Bolsonaro, Augusto Heleno, el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira y el exministro de Justicia, Anderson Torres; así como varios asesores y militares del círculo cercano del expresidente.
Entre las órdenes de prisión preventiva más destacadas se encuentra la de Filipe Martins, principal asesor de Bolsonaro. Las otras tres están dirigidas a varios militares, uno de los cuales no ha podido ser arrestado debido a que se encuentra en Estados Unidos.
Los nuevos pasos de las autoridades representan una escalada en la investigación contra el expresidente, un hombre que se presentó como una versión brasileña del exmandatario estadounidense Donald Trump, pero cuya vida política ha caído en picada.
El 6 de junio de 2023, Bolsonaro fue declarado inelegible para cargos públicoshasta 2030 por difundir falsedades electorales y enfrenta otras investigaciones penales que podrían llevarlo a la cárcel. Sin embargo, el exgobernante rechaza las acusaciones y considera que las pesquisas en su contra tienen motivaciones políticas.
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