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“Este es un Gobierno de CEOs fracasados que le cuesta muy caro a la Argentina. Paralizan la ejecución de más de 100.000 viviendas en las que el Estado había invertido más de 3.000 millones de dólares. Generan un enorme déficit habitacional imposible de saldar ni siquiera en el mediano y largo plazo”, apuntó el secretario general de ATE Nacional Rodolfo Aguiar.
A partir de la publicación del Decreto 70/25 que establece una reestructuración del Ministerio de Economía que incluye la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “este es un Gobierno de CEOs fracasados que le cuesta muy caro a la Argentina” porque “ahora paralizan la ejecución de más de 100.000 viviendas en las que el Estado había invertido más de 3.000 millones de dólares”.
“Siguen destruyendo puestos de empleo, no sólo en el Estado, sino también en el sector privado, cerrando y fusionando organismos, pero no han podido explicar cuáles son los beneficios para la sociedad. Propagandizan y se jactan de supuestos ahorros multimillonarios y no hicieron ni una sola obra, no construyeron ni 10 metros de asfalto, no cambiaron una lámpara del alumbrado público y ni siquiera están pagando deuda porque en solo un año la duplicaron. Aplican un programa económico totalmente inútil y destructivo”.
Rodolfo AGUIAR
Según un relevamiento del sindicato, la mayoría de las viviendas cuyas obras están paralizadas ya cuentan con el 80%, 90% y hasta el 100% de su construcción completada.
“El acceso a la vivienda es un derecho que estaba vulnerado y esta medida lo termina de aniquilar. A partir de ahora, el Gobierno genera un enorme déficit habitacional imposible de saldar ni siquiera en el mediano y largo plazo”, agregó Rodolfo Aguiar.
En este marco, el Secretario General de ATE Nacional concluyó: “El Ministerio de Economía dice que estos cambios permitirán una mejor coordinación de las políticas económicas, pero está claro que lo único que quieren mejorar es la coordinación de los negociados que le están garantizando a un puñadito muy chiquito de empresarios”.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, vulnera ilegalmente los derechos adquiridos de 500 trabajadores que quedarían en disponibilidad.
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