El embajador boliviano en Naciones Unidas señaló que en paralelo al contrabando de material represivo, se dio la presencia “fuera de lo común” de un exagente de la AFI “de apellido Sánchez”, que en 2019 estaba apostado “en La Paz”, como también de otro espía argentino que intervenía desde Santa Cruz de la Sierra. Sigue leyendo El embajador boliviano en la ONU denunció que servicios de inteligencia argentinos estuvieron involucrados en el golpe de 2019
El próximo jueves, desde la Unión de Estudiantes Secundarios recordarán a los diez jóvenes que fueron secuestrados en la ciudad de La Plata y torturados por reclamar el boleto estudiantil, seis de los cuales continúan desaparecidos. Sigue leyendo Miles de estudiantes recordarán “la noche de los lápices”
Los actos de vandalismo ocurrieron en Mar de Plata frente a la Catedral sobre los simbólicos pañuelos que se encuentran sobre las baldosas y que fueron pintados encima con aerosol. Sigue leyendo Horacio Pietragalla repudió la vandalización que sufrieron los pañuelos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Mar del Plata
Sigue leyendo Una calle de la Ex ESMA ahora se llama “Son 30.000”
Los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro y Gisela Marziotta visitaron esta mañana la Casa “Ana Frank” guiados por el director del Centro, Héctor Shalom, en un encuentro que tuvo como eje el tratamiento de los discursos de odio y el papel fundamental de educar a la juventud desde la ética para construir esperanza.
“La respuesta de Ana inspira a combatir la violencia con la no violencia. Todos tenemos la obligación ética de aportar en la batalla contra el odio y la agresividad, nadie puede resultar indiferente”, sostuvo Santoro luego del finalizar el recorrido.
Durante la visita se dio especial importancia al poder que tuvo la palabra en el nazismo y en la dictadura cívico militar argentina y, en ese marco, Santoro destacó la figura de Ana Frank, quien uso ”la literatura, la poesía y el amor como herramienta de resistencia al odio y a la violencia”.
“La política tiene que encuadrar los debates de manera ética, racional y emocional. No solo desde la reflexión, sino desde los distintos planos del espíritu como este museo demuestra. Es más importante que estos debates circulen en la sociedad a que se den en el Congreso”, apuntó.
Más tarde, al ser consultado sobre cómo opera la violencia discursiva actualmente en Argentina, Santoro consideró que es “de baja intensidad” porque hay fenómenos aislados, por lo que “no son la regla”.
En ese marco, asumió que existen “golpes de odio” que le permiten a algunos dirigentes “ocupar espacios en los medios de comunicación”.
“Lo hacen de manera irresponsable sin medir las consecuencias de sus actos. Quiero creer es así porque, si atrás del discurso de odio hay una especulación de carácter electoral, estamos frente a un verdadero problema”, reflexionó.
Por otra parte, durante el recorrido, el director mostró una sala donde se exponen cortometrajes que permiten debatir sobre los límites de la libertad de prensa y expresión cuando se difunden discursos violentos y xenófobos.
Al respecto, Santoro expresó que se trata “de un dilema moral muy fuerte” y que lo ideal sería “la auto limitación” en la que se modere la bronca para evitar que se transforme en “una espiral de violencia”.
“Cuando la auto limitación desaparece y la moderación es mal vista porque se supone que uno tiene el derecho de decir y hacer lo que le parece sin medir el impacto en terceras personas se producen fricciones sociales que lastiman el tejido social”, reflexionó.
Por su parte, Marziotta destacó que lo más importante es tener presente las consecuencias de los discursos de odio porque si es “potenciado y reiterado” no se sabe dónde puede terminar y “puede ser realmente peligroso”.
“Ahora, por otros motivos, también estamos con la muerte muy cerca y nos necesitamos los unos a los otros para dejar la pandemia atrás”, puntualizó.
En ese sentido, destacó la importancia de visibilizar estos temas y ponerlos en agenda cuando no hay fechas importantes porque permiten “recordar de dónde venimos para no volver a esos lugares”.
“Vinimos a hacer este recorrido precisamente cuando no está en agenda porque sabemos que es un tema que hay que abordar con cierta responsabilidad. Vamos a trabajar profundamente en esto a partir del 10 de diciembre cuando estemos en el Congreso Nacional”, afirmó.
Al terminar el recorrido por todas las imágenes y registros históricos del museo, ambos legisladores recibieron una edición del diario de Ana Frank de Eudeba como obsequio del director, quien finalizó la visita destacando el trabajo de la institución con los jóvenes quienes “tienen muchas expectativas de ser protagonistas en este momento”.
“Ana Frank eligió leer y escribir en el momento más duro de su vida y se volvió un acto sublime de resistencia”, afirmó Shalom.
Y agregó que espera que potenciar su figura genere esperanza para demostrar que es posible “trascender el horror” y construir a partir del mismo.
El Gobierno consideró probada la participación del expresidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019 y amplió su denuncia ante la Justicia con la presentación de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional.
“Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando”, sostuvo el escrito firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el Ministro de Justicia, Martín Soria.
En su presentación, el Gobierno amplió la presunta responsabilidad a tres actores de la gestión macrista: el exjefe de Gabinete Marcos Peña; el exsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación Fulvio Pompeo (no estaban en la denuncia inicial) y el excanciller Jorge Faurie, por entender que la nueva información aportada “agrava” la situación de los tres.
El escrito da cuenta, en alusión a Peña y Pompeo, que “el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje”.
“Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia”, agregó la presentación.
Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, “se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero”, ya imputados en el expediente, al igual que Macri.
En diálogo con El Destape Radio, Soria reseñó que el envío de armamento, granadas y municiones a Bolivia fue descubierto en los registros “el mismo día en que se concretaba el golpe de Estado” en Bolivia y agregó que también “el mismo día del golpe, el gobierno de Macri mantenía en horas de la mañana una reunión en Casa Rosada” con varios miembros del gabinete.
“Primero, Macri con el canciller Faurie y más tarde, en el despacho de Marcos Peña. Allí se juntaba Bullrich con todos los jefes de todas las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad”, indicó Soria y contó que también asistió a ese encuentro “el titular de Gendarmería, el organismo del cual salieron las 70 mil municiones y más de 600 granadas de gas que fueron contrabandeadas”.
Un comunicado del Ministerio de Justicia consideró que “con la inclusión del nuevo material probatorio, se demuestra que las más altas autoridades políticas del gobierno macrista sostuvieron encuentros con los funcionarios de menor rango que instrumentalizaron el contrabando ilegal, horas antes de que despegue el avión militar con el cargamento ilegal con destino a Bolivia”.
“A partir de hoy, podemos saber casi al detalle cómo fue el paso a paso de la decisión y los trámites que derivaron en el envío de material represivo a las fuerzas golpistas de un país hermano”, sostiene la ampliación de la denuncia, que incorpora además un detalle cronológico de los hechos y un pedido de nuevas medidas de prueba.
De esta forma, la denuncia sumó registros de ingresos a la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019, horas antes de la partida del vuelo con el cargamento de más de 600 granadas y 70.000 municiones a Bolivia.
“Ese fue un día fundamental para los que diseñaron la maniobra ilícita, objeto de esta investigación”, remarcaron los denunciantes.
Durante esa mañana, Gendarmería “hizo los trámites para ampliar las autorizaciones de salida del país otorgadas por la Anmac” un día antes, con el objetivo de proteger la Embajada argentina en Bolivia.
El nuevo material incorporado el día 12 consistía en 70.000 municiones 12/70 AT y en centenares de granadas de gas HC, 2CN y CS; es decir, el mismo material que luego fue entregado a la Policía y a la Fuerza Aérea Boliviana”, se detalló
“A última hora de la noche, por su parte, partió rumbo a Bolivia el Hércules C-130 que trasladó a los gendarmes y al material represivo” consignó la presentación.
Ese 12 de noviembre, Macri tuvo dos reuniones que los denunciantes consideraron “trascendentales” para la maniobra de contrabando agravado que se investiga.
Una de ellas fue con Peña, Bullrich, el entonces director de Gendarmería Gerardo Otero y su secretario privado y directores de todas las fuerzas de seguridad.
Poco antes, Macri se había reunido con el entonces canciller Faurie, quien luego solicitó por nota el envío de gendarmes a Bolivia con el supuesto fin de dar protección a la Embajada argentina.
“Faurie no solo se reunió en privado con Macri, sino que además firmó –de puño y letra– una sospechosa nota, hasta ahora desconocida. Omitiendo utilizar el sistema electrónico y obligatorio de comunicaciones oficiales”, se puntualizó.
Soria ratificó que está “comprobada” la participación de Macri y de “gran parte de su gabinete” en el golpe de Estado en Bolivia, a partir de “registros oficiales” incorporados a la causa.
El ministro explicó que la ampliación de la denuncia fue decidida para aportar documentación “que da cuenta de la participación de Macri, (Patricia) Bullrich, (Oscar) Aguad, (Jorge) Faurie, (Fluvio) Pompeo y Marcos Peña en el golpe contra Evo Morales, que tenía mandatado hasta 2020 y lo derrocaron en el 2019”.
La causa es investigada en el fuero penal económico e interviene el fiscal Claudio Navas Rial, quien ante la ampliación de la denuncia deberá resolver si formula nuevas imputaciones.
La ampliación de la denuncia se presentó ante el juez en lo penal económico Alejandro Catania, quien por el momento está a cargo del caso, aunque debe resolverse un conflicto de competencia con su par Javier López Biscayart.
La expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) podría recibir la pena máxima de 30 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del golpe de Estado que derrocó al mandatario Evo Morales, reveló este miércoles el Gobierno boliviano a través del canciller Rogelio Mayta.
“En relación a las penas, hay que ser claros, se está ante delitos de lesa humanidad, los mismos tienen la máxima sanción. El Estatuto de Roma establece que un hecho como la masacre, las ejecuciones extrajudiciales, merecen 30 años y por la investigación que se tiene y se la califica como autora de los delitos de lesa humanidad, Áñez podría ser pasible a 30 años” de prisión, estimó el canciller.
Ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre la crisis política iniciada en 2019 y calificó de masacres a operaciones militares y policiales ordenadas por el Ejecutivo transitorio de Áñez, que dejaron decenas de civiles muertos y numerosos heridos.
Mayta señaló que ese informe establece de “forma clara” que en Sacaba, Cochabamba y Senkata (El Alto) “se perpetraron ejecuciones extrajudiciales y se cometieron delitos de lesa humanidad, al asesinar a connacionales, realizar un proceso de persecución, detenciones ilegales y torturas por parte del Estado”.
Actualmente, Áñez enfrenta otros procesos como el rompimiento constitucional, sedición y violación de la Constitución.
“El de las violaciones de derechos humanos debería ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que autorice el juicio penal por dos tercios de votos”, refirió el canciller.
Añadió que “si se da la autorización, se prosigue con la institucionalidad de la justicia” y consideró que “el informe del GIEI va a ser importante en ese proceso para que los parlamentarios puedan valorar la posibilidad de autorizar o no ese juicio contra Áñez”, reseñaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.
El GIEI que operó en Bolivia es el tercer grupo de este tipo constituido por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), después del que investigó la matanza de estudiantes de Ayotzinapa en México y la violencia política en Nicaragua.
Áñez, quien cumple prisión preventiva, fue hospitalizada esta mañana por tercera vez en una semana para realizarse exámenes médicos y devuelta al penal a las pocas horas, lo que indignó a su abogada, que insiste en que su salud está “muy afectada”, en disonancia con los informes médicos.
“La sacaron sin avisar a la familia ni a la defensa y recién ahora nos han llamado, cuando ya está ingresando de vuelta al penal”, se quejó ante la prensa su defensora Norka Cuéllar en las puertas de la cárcel femenina de La Paz.
Áñez fue llevada a primera hora a un hospital de El Alto, ciudad contigua a La Paz, donde se le realizaron estudios cardiológicos y otros solicitados por sus familiares y médicos que la atendieron la semana pasada, reveló una fuente de la Dirección de Penitenciarías.
Los médicos del Instituto del Tórax de La Paz que la examinaron dos veces la semana pasada le diagnosticaron hipertensión y ansiedad, pero fue retornada a prisión después de que la encontraran “totalmente estable”.
Cuéllar consideró una irregularidad y un riesgo sanitario el traslado de la exgobernante de 54 años a un hospital de El Alto, en una operativo que duró unas tres horas, sin previa notificación a sus familiares y representantes legales.
Áñez está detenida desde marzo a la espera de juicio, acusada del golpe de Estado de 2019, en el que el Morales fue forzado a renunciar y ella se proclamó presidenta transitoria.
Los archivos del Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar podrían contener información que permitiría esclarecer la causa que se sigue por “la Masacre de San Patricio”, según estiman desde la comunidad palotina que querella en este expediente.
Poco después de los asesinatos de cinco religiosos de esa orden, el nuncio apostólico Pio Laghi le encargó al sacerdote palotino Efraín Sueldo Luque una investigación sobre el caso.
El cura Sueldo Luque, que también era abogado, detectó numerosas irregularidades sobre el procedimiento policial llevado a cabo el 4 de julio de 1976, e incorporó en su informe las declaraciones de Guillermo Silva y Luis Pinasco, dos testigos clave de los hechos. Silva y Pinasco, vecinos de la parroquia, invitaron a entrar en esa fría noche al cabo Pedro Álvarez, custodio de la casa del interventor de Neuquén, el general José Andrés Martínez Waldner.
Álvarez salió al ver un patrullero que pasaba, y desde el vehículo, unos uniformados le advirtieron: “Si escuchás unos cohetazos no salgas. Vamos a reventar a unos zurdos”.
La conversación pudo ser escuchada por Silva, quien presenció en horas de la madrugada que unos hombres con armas largas rondaban la casa parroquial, donde fueron asesinados los religiosos palotinos, lo que también vio Pinasco.
El sacerdote y abogado Sueldo Luque remitió las declaraciones de los dos vecinos a la Curia, otra copia se envió a Roma, y es probable que otra copia haya terminado en la sede de la orden palotina en Irlanda, según creen los querellantes.
El juez Guillermo Rivarola y el fiscal Julio César Strassera tuvieron a cargo la causa judicial y cerraron las actuaciones en 1977, sin dictar procesamientos. Por iniciativa del sacerdote Cornelio Ryan, la causa se reabrió en 1984, y el fiscal Aníbal Ibarra solicitó que se incorporaran las declaraciones de Silva y Pinasco.
Pero tres años más tarde el juez federal Néstor Blondi cerró el caso a partir de la sanción de las leyes de impunidad del Punto Final y la Obediencia Debida.
Mucho después, un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos, desclasificado por el sitio WikiLeaks, dio cuenta de una reunión entre el embajador de ese país en Argentina en 1976, Robert Hill, con Pío Laghi.
En ese cable diplomático se informaba que Hill le contó que le confió al nuncio que un oficial de alto rango de la dictadura le había dicho que el régimen estaba dispuesto a “limpiar a la Iglesia”, y Laghi creyó que el crimen de los palotinos era “el primer paso” de esa supuesta purga.
“Creemos que puede haber documentación en la Iglesia sobre la ‘Masacre de San Patricio’ y que nos permitiría avanzar en la investigación. Por eso nos gustaría tener acceso a ella”, señaló en declaraciones Carlos Lozza, sobreviviente de la ESMA e integrante de “Justicia Ya”, colectivo de derechos humanos que colabora con la querella de la comunidad palotina de San Patricio.
Loza se refirió también al denominado “Sermón de las Cucarachas”, homilía que el padre Alfredo Kelly, una de las víctimas de la “Masacre de San Patricio”, pronunció semanas antes de ser asesinado.
“Hermanos: he sabido que hay gente de esta parroquia que compra muebles provenientes de casas de gente que ha sido arrestada y de la que no se conoce su destino. En todo el país surgen más y más de estos casos. Madres que no saben dónde están sus hijos, hijos que no saben dónde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados”, denunció el sacerdote de frente a los feligreses.
En un barrio acomodado de Buenos Aires, y en una iglesia concurrida por militares y personas socialmente influyentes, Kelly brindó de ese modo un valiente testimonio pero además remarcó: “Quienes medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas dejan de ser, para mí, ovejas para transformarse en cucarachas”.
Hubo una carta que circuló entre feligreses en la cual se solicitaba una juntada de firmas para remover a “ese cura comunista” y balas depositadas en la bolsa de las ofrendas a modo de amenaza, según aseguraron a esta agencia integrantes de la comunidad.
“Creemos que pudo haber gente de la comunidad, fieles que iban a misa e instigaron los asesinatos, escandalizados por las cosas que decía Alfredo y que luego se arrepintieron”, afirmó Ramiro Varela, fundador del colectivo “Palotinos por la Verdad, la Memoria y la Justicia”.
Al respecto, Varela recordó que en 1985, Héctor Ruiz Núñez escribió en la revista El Periodista de Buenos Aires que “una importante fuente” de la Iglesia le había dicho que “dos personas encumbradas de Belgrano, que pertenecían a la feligresía de San Patricio”, habían “tramitado ante la Santa Sede el levantamiento de sus excomuniones, motivadas por haber propulsado el asesinato de los religiosos”.
“Tener acceso a esos nombres nos permitiría tener información para que se avance en las complicidades que hubo con estos asesinatos”, indicó Loza.
En 2016, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina anunciaron que habían digitalizado los archivos de la Iglesia referidos a la última dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
Meses más tarde, el Episcopado anunció que los materiales sólo podrían ser consultados por víctimas y familiares de los desaparecidos durante la represión ilegal, en cumplimiento de un protocolo definido por las autoridades eclesiásticas que puede consultarse en el portal web www.episcopado.org
“Nos gustaría tener acceso a esos documentos y ver si podemos encontrar información para poder avanzar en la causa. Es una esperanza que tenemos”, puntualizó Varela.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
